Se reunieron funcionarios estadounidenses el martes en México con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para discutir medidas que detengan la ola de solicitantes de asilo que intentan escapar de la crisis humanitaria en Centroamérica.

La esencia de las medidas anunciadas, sin embargo, es un mayor control estrangulador sobre los Gobiernos locales por parte del imperialismo estadounidense, que ha sido la principal causa histórica de la pobreza y violencia detrás de la migración masiva.

Tal fue el carácter neocolonial de los oficiales estadounidenses que los reporteros acreditados para sus ruedas de prensa le preguntaron a López Obrador el martes si había sido una “visita de supervisión” de las políticas a cambio de vacunas. López Obrador respondió enojado, “no somos colonia, protectorado”, pero luego añadió mansamente, “Nosotros hemos señalado que es muy buena la política migratoria del presidente Biden”.

Al tiempo en que promete atender las “causas de raíz” de la migración, el Gobierno de Biden ignora completamente la causa más inmediata y devastadora de la crisis humanitaria en Centroamérica: la pandemia.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU informó el mes pasado que el número de personas que pasan hambre en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua se ha cuadruplicado en los últimos dos años, lo que ha duplicado el porcentaje de personas con planes concretos para emigrar.

“La crisis económica inducida por el COVID-19 ya había vuelto inaccesibles los alimentos en los estantes para las personas más vulnerables cuando los huracanes gemelos Eta e Iota los golpearon aún más”, explica el PMA.

En lugar de ayudar a aliviar la crisis de la pandemia en Centroamérica, el Gobierno de Biden sigue acaparando vacunas, mientras emplea un suministro limitado para extorsionar a México para que acepte militarizar aún más su frontera sur y bloquear el paso a los migrantes.

Después de que Biden anunciara la semana pasada que Estados Unidos enviaría unos 4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a México, una vacuna que aún no está aprobada en Estados Unidos, el Gobierno de López Obrador puso fin a todos los viajes no esenciales desde Guatemala a México. Esto acompañó el despliegue de más tropas de la Guardia Nacional y oficiales de inmigración con drones, gafas de visión nocturna y otros equipos para patrullar la frontera con Guatemala.

Tras su visita a México, el funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de Biden, Juan González, y el recién nombrado enviado especial al Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, anunciaron en una conferencia de prensa en línea la creación de una Fuerza de Tarea Anticorrupción con los Gobiernos regionales, la “sociedad civil” y el sector privado.

Este grupo establecerá una “relación preferencial con los actores dedicados a los esfuerzos anticorrupción”, explicaron. Es una vieja táctica del imperialismo estadounidense hacerse de la vista gorda cuando favorece a los políticos corruptos hasta que caen en desgracia. El ejemplo más claro fue la ruptura con el dictador panameño Manuel Noriega, un antiguo “activo” de la CIA que fue derrocado en una invasión estadounidense en 1989.

Como vicepresidente de Obama, Biden supervisó el trabajo de las comisiones “anticorrupción” patrocinadas por EE.UU. en Guatemala y Honduras, que persiguieron selectivamente algunos casos para presionar a las élites gobernantes locales a fin de que adoptaran políticas favorables a los bancos y corporaciones de EE.UU., mientras se oponían a la influencia de sus rivales geopolíticos, principalmente China.

Estas cruzadas también se emplearon para enfocar la política local en cuestiones de corrupción, y lejos de la desigualdad social, la austeridad y la explotación. En 2015, las protestas masivas contra el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fueron efectivamente encaminadas por políticos y ONGs apoyados por EE.UU. en apoyo a la comisión “anticorrupción” patrocinada por la ONU, la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y sus investigaciones sobre Molina, que luego fue reemplazado por otra Administración austera y represiva.

El miércoles, Biden designó a la vicepresidenta Kamala Harris para que asuma su antiguo papel de tratar la migración con los Gobiernos regionales.

La nueva fuerza de trabajo de Biden patrocinará directamente a los jueces, fiscales y políticos favorecidos por Washington, en lugar de depender de las comisiones independientes, que finalmente fueron clausuradas por la presión de las oligarquías locales.

Una visita planeada ayer a Guatemala, donde los funcionarios estadounidenses iban a hacer presión en defensa de varios jueces y fiscales favorecidos, fue pospuesta después de que el aeropuerto internacional del país fuera cerrado debido a las nubes de ceniza del cercano volcán Pacaya.

Los funcionarios de la Casa Blanca hablaron ayer a los periodistas de “un sentido de decencia al tratar a los migrantes como seres humanos... y al tratar a nuestros vecinos con respeto y dignidad”.

Esto viene de un Gobierno que está sacrificando cientos de miles de vidas en una pandemia para salvaguardar las ganancias de Wall Street. El Congreso y el Gobierno de Biden, además, han pasado los últimos meses acomodando sus políticas a los cómplices republicanos del golpe de Estado de Trump del 6 de enero, un conjunto de fanáticos antiinmigrantes vinculados a fuerzas paramilitares fascistas.

El Gobierno de Biden ha respondido a la presión de los republicanos intensificando el asalto contra los solicitantes de asilo y repitiendo hasta la saciedad: “¡No vengan! ¡La frontera está cerrada!”.

En su primera rueda de prensa, Biden se jactó ayer de que “la gran mayoría, la abrumadora mayoría de las personas que llegan al cruce fronterizo están siendo devueltas, miles, decenas de miles... Estamos tratando de resolver ahora con México su voluntad de recibir a más de esas familias”. Asimismo, insistió en abordar las “causas de raíz” de la migración.

En un comunicado de prensa del 11 de marzo, el presidente pro tempore del Senado, el demócrata Patrick Leahy, advirtió que el sistema judicial estaba siendo llenado con “compinches de las otras ramas del Gobierno” en Guatemala; “la corrupción permea los más altos rangos del Gobierno” en Honduras; y “El Salvador se está convirtiendo en un Estado unipartidista”. Concluyó que estos regímenes “son la antítesis de socios creíbles”.

Aliado con dictaduras asesinas en toda África y Oriente Próximo, a Washington no le preocupan los socios creíbles, sino que teme la incapacidad de estos regímenes para lidiar con un estallido de la lucha de clases.

En la década de 1970, la última vez que Centroamérica experimentó una caída del nivel de vida como la actual, estallaron rebeliones masivas de campesinos, trabajadores y jóvenes contra los regímenes títeres de Estados Unidos. Entre 1945 y 2000, Centroamérica vivió ocho veces más años de conflictos violentos entre Gobiernos e insurgentes que el promedio mundial, según el investigador Fabrice Lehoucq. Los países centroamericanos pasaron en promedio el 72 por ciento del período entre 1900 y 1980 bajo dictaduras y sufrieron un total de 38 golpes de Estado.

El imperialismo estadounidense apoyó y entrenó sistemáticamente los ejércitos como un bastión de su propio control. Entre 1946 y 1992, proporcionó 1.800 millones de dólares en ayuda militar a la región, que se utilizó para aplastar los movimientos de izquierda.

Durante un breve intervalo, entre 1962 y 1972, Estados Unidos gastó 617 millones de dólares en Centroamérica en el marco de la Alianza para el Progreso iniciada por John F. Kennedy, que se utilizó para construir escuelas, carreteras, hospitales y otras infraestructuras clave.

El Plan para Centroamérica de Biden, al igual que la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de Obama, se centrará en fortalecer el aparato estatal represivo de los países de la región y en proporcionar mayores incentivos a las corporaciones transnacionales estadounidenses, al tiempo en que se involucra más a la clase dirigente mexicana en la represión antiinmigrante.

Sin embargo, incluso las intenciones de Kennedy eran socavar la influencia de la Unión Soviética y la amenaza de revoluciones sociales. La clase dominante estadounidense en la actualidad, que se enfrenta a una crisis existencial ante el declive de su hegemonía global y la creciente inestabilidad de su dominio de clase en casa, responderá a la crisis social y a la amenaza de revoluciones en América Latina con una brutalidad sin cuartel.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de marzo de 2021)