Brasil superó la sombría marca de las 300.000 muertes por COVID-19 el miércoles. En cada uno de los estados y regiones del país, la población brasileña ha presenciado un brutal desperdicio de vidas, el resultado de la indiferencia criminal de su élite gobernante.

Aún no han pasado ni tres meses este año y más de 100.000 brasileños han perdido sus vidas por el COVID-19 en este breve tiempo. La pandemia se ha acelerado rápido desde el inicio del año, viendo un aumento de contagios diarios de 36.000 a 77.000. El alza se mantiene, tras un récord de 100.158 casos registrados el jueves.

El avance desenfrenado del virus en el país ha provocado que “mayor colapso sanitario y hospitalario en la historia” de Brasil, según la institución de salud pública Fiocruz. Miles de pacientes críticos esperan a que haya camas de UCI disponibles en listas de aproximadamente 900 personas en Paraná, 750 en la gran área de São Paulo, 700 en Minas Gerais, 500 en Río de Janeiro, 500 en Ceará, 400 en Goiás y cientos más en prácticamente todos los estados de Brasil.

Los médicos ya se ven obligados a elegir quién recibirá tratamiento y a quién se deja morir. Pero existe la amenaza inminente de que el agotamiento de los suministros hospitalarios, incluido el oxígeno médico y los medicamentos para la intubación, comprometa seriamente la capacidad de atender incluso a los que han conseguido ocupar una cama hospitalaria.

Los pronósticos para las próximas semanas son aterradores. Si no se toman medidas inmediatas, los investigadores de Fiocruz han advertido que Brasil alcanzará en abril un promedio de 4.000 a 5.000 muertes diarias.

Pero la catástrofe de Brasil tiene un impacto que va mucho más allá de sus fronteras, y es que el coronavirus no necesita ni pasaporte ni visado para cruzarlas. El miércoles, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió de la devastadora amenaza que supone la expansión de la pandemia en Brasil para los países sudamericanos vecinos.

Las regiones de Venezuela, Perú y Bolivia que limitan con el norte de Brasil han informado de graves aumentos de casos en los últimos días. En la frontera sur de Brasil, Paraguay se enfrenta a un colapso hospitalario, y Uruguay, que tuvo cifras excepcionalmente bajas durante la primera ola de la pandemia, está sufriendo una rápida escalada de infecciones y muertes.

Los esfuerzos de los Gobiernos de estos países por blindar sus poblaciones con controles fronterizos y restricciones a la entrada de brasileños se ven seriamente socavados por la profunda integración transfronteriza de la vida económica y social. Además, la variante brasileña P.1 COVID-19, que es más infecciosa y constituye un factor importante en la explosión de casos en Brasil, ya se ha extendido ampliamente a los países vecinos, así como a otras partes del mundo.

La incapacidad de ejercer cualquier tipo de control sobre la propagación de la pandemia en Brasil no solo ha llevado a una reproducción acelerada de esta cepa virulenta, sino que está convirtiendo al país en un laboratorio al aire libre para la generación de otras mutaciones de COVID-19, y posiblemente incluso de un nuevo virus, un SARS-CoV-3 aún más infeccioso y letal.

Un estudio publicado recientemente por investigadores de la Red de Vigilancia Genómica de COVID-19 de Fiocruz ha identificado mutaciones relevantes en 11 secuencias de SARS-CoV-2 procedentes de cinco estados brasileños diferentes. Los científicos concluyen: “Estos hallazgos apoyan que la actual transmisión extendida del SARS-CoV-2 en Brasil está generando nuevos linajes virales que podrían ser más resistentes que las variantes parentales a la neutralización”.

Los ominosos peligros que supone para la población brasileña y mundial esta catastrófica evolución de la enfermedad son tratados con el más burdo desprecio por el presidente fascistizante de Brasil, Jair Bolsonaro. Él sigue llevando la política de inmunidad colectiva asesina de su Gobierno hasta sus últimas consecuencias, exigiendo que los brasileños dejen de “quejarse” por las muertes masivas y vuelvan a trabajar.

Bolsonaro está luchando por prevenir que las medidas para contener la propagación del virus entren en conflicto con los intereses económicos del capitalismo brasileño. Reafirmando sus amenazas dictatoriales, advirtió que su Gobierno y su ejército están preparando “medidas duras” contra cualquier decreto de cierres, para garantizar el “derecho del pueblo a trabajar”.

Para obligar a los trabajadores a acudir a centros de trabajo al tope de contagios, se apoya, sobre todo, en las inmensas presiones económicas que sufren las masas. La explosión del desempleo, el aumento de los precios de los alimentos y el recorte de la ayuda de emergencia por parte del Gobierno están imponiendo niveles de desesperación social sin precedentes en todos los sectores de la clase trabajadora.

Según el investigador de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), Daniel Duque, en el último año, 22 millones más de brasileños cayeron en la pobreza. Tres de cada 10 brasileños viven bajo algún grado de inseguridad alimentaria. En las favelas, los barrios pobres de clase trabajadora de los centros urbanos de Brasil, el 68 por ciento de los residentes no tiene dinero para comer, según indica una encuesta del Centro Favelas Unidas (CUFA).

La combinación de las insoportables dificultades económicas y el inconmensurable sufrimiento causado por la pandemia están alimentando un crecimiento explosivo de la oposición social en Brasil. En los últimos días han estallado huelgas y protestas entre profesores, trabajadores petroleros, conductores de autobús, repartidores de aplicaciones móviles y otros sectores de la clase trabajadora. Los trabajadores exigen seguridad en el trabajo, salarios dignos y cambios políticos.

Conscientes de esta amenaza desde abajo, varios sectores de la élite capitalista temen que las políticas de Bolsonaro vayan a provocar una explosión social y económica que ponga en cuestión su dominio de clase sobre la sociedad.

Esa postura fue expuesta en una “carta abierta” de economistas y empresarios que critican el manejo de Bolsonaro de la pandemia. Entre sus firmantes se encuentran exministros y expresidentes del Banco Central, el director de la mayor corporación empacadora de carne de Brasil y el presidente de la junta directiva del Banco Itaú, el mayor conglomerado financiero del hemisferio sur. A ellos se unió el autor del programa económico del pseudoizquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

La carta afirma que “mientras la pandemia no sea controlada a través de una acción competente del Gobierno federal” la recesión económica “no será superada”. Su recomendación, repetida una y otra vez, es que el Gobierno gaste la menor cantidad posible de dinero que baste para contener una explosión social.

Su primera y principal exigencia es la aceleración de la compra y distribución de vacunas. Hasta ahora, solo el 6 por ciento de la población ha recibido una primera dosis. La carta afirma que “la relación costo-beneficio de las vacunas es de un orden de magnitud de seis veces por cada real gastado en su compra y aplicación”. A continuación, aboga por la distribución gratuita de mascarillas y el fomento gubernamental de su uso, afirmando que tendría “un bajo costo en comparación con los beneficios de la contención de COVID-19”.

Aunque proclama que “debe evaluarse la necesidad de un confinamiento”, la carta expresa una extrema preocupación por el “alcance de las actividades involucradas” y su duración. Afirma que “la mejor combinación es la que maximice los beneficios en términos de reducción de la transmisión del virus y minimice los efectos económicos”. El mismo criterio se aplica a la ayuda financiera, que debe ser escasa y centrarse en los sectores más afectados de la población.

La carta también ataca con saña el cierre de las escuelas, afirmando que la experiencia criminal de la reapertura de las escuelas en São Paulo, que provocó miles de infecciones de educadores y alumnos y decenas de muertes, fue una prueba del “nivel relativamente bajo de contagio en las escuelas.”

Esta supuesta oposición dentro de la clase dirigente a Bolsonaro es un completo fraude. Nada de lo que se propone garantiza una contención efectiva de la pandemia. Si bien plantea diferencias cosméticas con las políticas de Bolsonaro, este programa se fundamenta en la misma hostilidad a las determinaciones de la ciencia y a los intereses de preservar vidas.

Este mismo programa esencial encuentra su expresión política en la podrida alianza, ampliamente celebrada en los medios de comunicación burgueses, entre el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el tradicional partido de la derecha brasileña, materializada en el Foro Nacional de Gobernadores. Los gobernadores representados en este organismo han mantenido abiertas todas las actividades económicas en sus estados y han promovido la reapertura homicida de las escuelas. Con la única diferencia de que no atacan el uso de mascarillas y la aplicación de vacunas, como hace Bolsonaro, tienen la misma responsabilidad criminal en el desastre del COVID-19 en Brasil.

Este es también, fundamentalmente, el programa de los sindicatos, que han actuado como brazos de las corporaciones para mantenerlas operando sin importar los riesgos para los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Los sindicatos han saboteado sistemáticamente las luchas de los trabajadores por el cierre de empresas y escuelas. Estas organizaciones también han respondido con nerviosismo a la agitación entre sus filas y, al igual que el sector burgués que está detrás de la “carta abierta”, han exigido la aceleración de la vacunación de sus trabajadores para que la explotación capitalista vuelva a la normalidad.

Combatir la catástrofe creada por la pandemia requiere un programa independiente de la clase obrera, que apunte en una dirección radicalmente diferente.

En lugar de un cierre parcial, basado en un análisis de costo-beneficio que sopesa los beneficios frente a las vidas humanas, la clase obrera debe luchar por un cierre de todas las actividades no esenciales para la sociedad. Las actividades que se mantengan deben funcionar bajo el control de los trabajadores y con la ayuda de científicos y profesionales de la salud para garantizar la seguridad de los trabajadores. Hay que proporcionar un ingreso pleno, no pagos de hambre, a todas las familias trabajadoras.

La implementación de este programa es necesaria para salvar las vidas no solo de los trabajadores en Brasil, sino de sus hermanos de clase en todo el planeta.

La naturaleza global de la pandemia del COVID-19 demuestra la necesidad de la abolición del sistema capitalista de Estado nación. Las luchas de los trabajadores de Brasil deben unirse a las de la clase obrera internacional para detener la propagación del coronavirus y aplicar medidas socialistas, incluyendo la expropiación de la oligarquía financiera y el fin de la propiedad privada de los medios de producción para dar paso a una economía mundial científicamente organizada y democráticamente controlada que anteponga las vidas humanas al lucro.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de marzo de 2021)