Con la pandemia de COVID-19 una vez más saliéndose de control, el gobierno de Perú ha sido arrojado a una crisis por noticias de que el expresidente del país, ministros del gabinete actual y otros altos cargos consiguieron en secreto vacunas para el coronavirus saltándose el turno, al tiempo que esta le era negada a la población del país.

La ministra de exteriores de Perú, Esther Elizabeth Astete, dimitió el lunes tras revelarse que recibió en secreto una dosis de la vacuna de Sinopharm fabricada en China en septiembre pasado. Esto se produjo después de la renuncia el pasado viernes de la ministra de sanidad Pilar Mazzetti, quien renunció después de que el Congreso peruano exigiera que rindiera cuentas por la vacunación secreta del expresidente Martín Vizcarra y su esposa en octubre pasado.

Vizcarra, que actualmente es candidato al Congreso, al principio insistió en que él había formado parte de los ensayos peruanos de la vacuna de Sinopharm, afirmando que había sido "un acto de valentía" y que había guardado silencio solo para evitar perturbar el "desarrollo normal del ensayo". Ulteriormente, sin embargo, la Universidad Cayetano Heredia de Perú, que había realizado el ensayo, informó que ni Vizcarra ni su esposa figuraban entre los 12.000 peruanos que participaron.

Se han planteado acusaciones de que la aceptación de las supuestas vacunaciones de "cortesía" de Sinopharm podrían considerarse corrupción en relación con la negociación del contrato firmado con la compañía farmacéutica china.

El diario peruano La República informó de que por lo menos 50 cargos en total recibieron la vacuna, todos ellos de los ministerios de sanidad y de exteriores.

El domingo, el Ministerio de Salud (MINSA) de Perú informó de 212 nuevas muertes por COVID-19 y 8.093 nuevos contagios, lo que se acerca a las cifras récord que se alcanzaron el año pasado durante la primera ola de la pandemia. Con 43.703 muertes por COVID-19 reportadas por el MINSA, Perú iguala a México en términos del mayor número de bajas per cápita en América Latina. Cifras publicadas por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del país muestran un abrupto aumento de las muertes no violentas respecto a los años anteriores, lo que apunta a que la cifra real del COVID-19 puede que sea el doble de las cifras oficiales.

La extensión del virus ha sido además alimentada por la llegada a Perú de la cepa británica, más contagiosa y más mortal, así como de la cepa brasileña, que ha llegado por el Amazonas desde la ciudad de Manaos, azotada por el COVID-19.

El sistema sanitario peruano está al borde del colapso, con casi todas las camas de cuidados intensivos (UCI) ocupadas y pacientes muriendo por falta de oxígeno, gran parte del cual ha sido comprado por las empresas mineras para emplearlo en la producción.

La semana pasada, el gobierno anunció una extensión de una cuarentena parcial impuesta en los grandes sectores del país que están más afectados por el virus hasta finales de este mes, cuando se espera que se la vuelva a prorrogar.

Las primeras 300.000 dosis de Sinopharm para las vacunaciones masivas llegaron apenas la semana pasada, con otras 700.000 entregadas a lo largo del fin de semana. El gobierno dijo que los primeros en vacunarse serían los trabajadores sanitarios de primera línea. Por lo menos 105 enfermeros y unos 300 médicos han muerto por el COVID-19 desde que llegara la pandemia a Perú hace menos de un año.

El presidente Francisco Sagasti condenó las acciones de su predecesor: "Me siento indignado y furioso, porque esto pone en peligro los esfuerzos de muchos peruanos en la primera línea contra el COVID-19. Todavía no puedo entender cómo algunos funcionarios no tuvieron en cuenta esta situación".

Sagasti fue puesto en el cargo por el parlamento peruano en noviembre pasado tras manifestaciones de masas por el juicio político del congreso a Vizcarra por acusaciones infundadas de "incapacidad moral", y su breve remplazo por el presidente del Congreso, Manuel Merino, a la cabeza de un gabinete ultraderechista. Manifestaciones populares contra lo que equivalía a un golpe de Estado por parte del congreso se intensificaron abruptamente cuando la policía mató a tiros a dos jóvenes manifestantes.

Que Sagasti se las dé de indignado y furioso viene motivado por el temor a que las revelaciones por las vacunaciones ilegales de Vizcarra y otros altos cargos del gobierno desencadenen levantamientos populares renovados en una población ya indignada por la catastrófica mala gestión del gobierno de la pandemia e irritada bajo los confinamientos escalonados que han dejado a muchos sin trabajo ni ingresos, mientras aparenta hacer poco por parar la diseminación del virus.

Aunque se lo promociona como un tecnócrata capaz de restaurar la confianza en el Estado peruano que está infestado de corrupción, Sagasti, de 76 años, un veterano funcionario del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, ha visto cómo su popularidad se iba desplomando durante sus tres meses en el cargo.

A partir de diciembre pasado, su gobierno se confrontó con una rebelión de los trabajadores agrícolas del país, que cortaron las principales rutas, amenazando con interrumpir los suministros de comida a Lima, la capital y ciudad más grande, para presionar por su demanda de un salario decente. Sagasti respondió enviando a más de 700 soldados del ejército y vehículos blindados para romper los cortes de ruta, matando a por lo menos cinco personas e hiriendo a muchas más.

También ha crecido la agitación entre los mineros del país, que han sufrido grandes números de contagios y muertes por COVID-19 en las condiciones abarrotadas de los campos mineros. El gobierno peruano exoneró a las compañías mineras multinacionales de las restricciones de los confinamientos para asegurar un flujo continuo de ganancias para la burguesía nacional y el capital extranjero. La operación continuada de sus instalaciones ha ayudado a extender el virus por todo el país al volver muchos de los mineros a sus casas desde los campos. Ha habido repetidos paros en las minas por la falta de seguridad y provisiones sanitarias.

Y en la ciudad andina del sureste, Cusco, se convocó una huelga a partir de hoy para protestar contra la subida del precio de la gasolina, junto con la falta de lugares de trabajo e ingresos.

Con elecciones previstas para el 11 de abril, ninguno de los candidatos presidenciales ha sacado más de un 11 por ciento de apoyo en los sondeos. Cada partido político e institución del Estado ha quedado totalmente desacreditados, no solo por al manejo catastrófico de la pandemia de COVID-19, sino también por la corrupción sistémica del gobierno, con todos los expresidentes vivos de Perú envueltos en el masivo escándalo de sobornos y mordidas que implica a contratos de obras públicas concedidos al gigante brasileño de la construcción, Odebrecht, y sus socios peruanos, y la mitad de los congresistas están acusados de corrupción.

Ello es cierto también para Verónika Mendoza, una política pseudoizquierdista que se presenta a presidenta. Le dio el visto bueno a Sagasti en noviembre pasado, afirmando que dirigiría "un gobierno de transición ... sin golpistas ni corruptos".

La difusión incontrolable del coronavirus, la profunda crisis económica peruana y la exposición cada vez más abierta de las vastas desigualdades sociales están creando las condiciones para una explosión revolucionaria.

(Publicado originalmente en inglés el 15 de febrero de 2021)