El gobierno peruano ha reintroducido el toque de queda y ha ampliado el estado de emergencia y las cuarentenas de carácter militar en 14 de las 25 regiones del país hasta finales de agosto, tras un número récord de infecciones por coronavirus. Las restricciones de movimiento, decretadas por primera vez en marzo, no se han aplicado al lucrativo sector minero, que el gobierno proempresarial del presidente Martín Vizcarra acordó reiniciar gradualmente cuando clasificó la minería como una "industria esencial" a principios de mayo.

Con 478.024 casos de coronavirus, el Perú es el tercer país de América Latina con más infecciones y, con más de 21.000 muertes, tiene el mayor número de muertes per cápita de la región. La Organización Panamericana de la Salud está investigando si el país no ha contabilizado otras 27.000 muertes causadas por el COVID-19, lo que elevaría la cifra de muertos a casi 50.000. El Washington Post informó la semana pasada de que miles de certificados de defunción en los que figuraba COVID-19 como una de las diversas causas de muerte no se incluyeron en la cifra oficial del país "porque las víctimas no se sometieron a una prueba de coronavirus antes de morir".

Subyacente a este inmenso sufrimiento y muerte están las décadas de programas de ajuste estructural valorados por el capital financiero. Iniciados por el presidente autoritario Alberto Fujimori en 1990, las masas peruanas han sido objeto de políticas orientadas a satisfacer las exigencias de los intereses financieros y empresariales: despidos masivos mediante la privatización de las industrias estatales, la eliminación de las leyes de seguridad laboral y la indexación de los salarios, la privatización de los sistemas de seguridad social y de pensiones y la eliminación de los subsidios a los alimentos básicos y los insumos. El vaciamiento sistemático de los presupuestos de salud a lo largo de los años ha dejado a una nación de 33 millones de habitantes con un total de 1.606 camas de UCI en hospitales privados y públicos, y el 90 por ciento de ellas están en uso.

Si bien las consecuencias de estas políticas se ocultaron parcialmente debido al rápido crecimiento de la inversión extranjera directa en el sector minero durante el decenio de 2000, cuando el Perú abrió su economía a la superexplotación, la pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto su verdadero costo social.

La gran mayoría de los trabajadores se encuentran en el sector informal. Millones de ellos viven una existencia precaria sin seguridad laboral, sin protección del salario mínimo y sin acceso a la seguridad social. Lima, la capital del país, con unos 10 millones de habitantes, ha concentrado la mayoría de los casos de coronavirus en sus superpoblados y empobrecidos distritos obreros.

En las regiones más aisladas, donde las comunidades indígenas y campesinas residen entre inmensas explotaciones mineras gestionadas por empresas transnacionales, la extrema desigualdad social hace que haya una falta de acceso a instalaciones y asistencia médica adecuadas en medio de un crecimiento exponencial de los casos de coronavirus. Arequipa, la segunda ciudad más poblada del Perú, con un millón de habitantes, y el centro comercial e industrial de los Andes meridionales, sólo tuvo siete casos en marzo. A finales de la primera semana de agosto, Arequipa, ahora en cuarentena, registró 18.190 infecciones y 869 muertes.

El WSWS informó que en los primeros 10 días del brote de marzo, las regiones andinas donde se concentran las grandes explotaciones mineras de exportación —incluidas Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Puno, Moquegua y Tacna en el sur y Cajamarca en el extremo norte— no habían registrado ni un solo caso de coronavirus. Hoy en día, cada una de estas regiones tiene miles de casos y muchos cientos han muerto: Huancavelica 2.148 infecciones (41 muertes), Ayacucho 4.603 (81), Apurímac 1.206 (42), Puno 3.211 (98), Moquegua 4.244 (128), Tacna 3.918 (44) y Cajamarca 7.974 (239).

Más de 3.000 de estos casos de coronavirus se dan entre los trabajadores del sector minero, aunque esta cifra es incompleta, ya que el último registro oficial de casos en la industria minera fue de principios de julio. El Ministerio de Energía y Minas ha tratado de restar importancia a este hecho afirmando que las infecciones notificadas representan sólo el 2% de todos los trabajadores que han regresado a las operaciones en la actualidad, pero ha desatado la furia entre los mineros y las poblaciones locales:

*Más de 300 trabajadores de la mina de Pan American Silver en La Arena, en la región de La Libertad, dejaron sus herramientas para protestar por el creciente número de casos de COVID-19 en la mina y por la falta de pruebas. Los trabajadores temen que puedan transmitir la enfermedad a sus familias cuando se toman un descanso, según un comunicado de la FNTMMSP, el sindicato nacional de trabajadores mineros y metalúrgicos.

*La población del Valle del Tambo inició protestas en contra de la reactivación del proyecto de cobre Tía María de Southern Copper, en la región sur de Arequipa, por temor a nuevas infecciones y por la preocupación por la contaminación de los desechos tóxicos.

*Las organizaciones sociales y las comunidades campesinas denunciaron la "excesiva presencia" de camiones que transportaban minerales para la empresa minera Las Bambas, en la región de Apurímac, lo que expuso a los trabajadores y las comunidades a COVID-19.

A principios de año, el gobierno respondió a la crisis económica desencadenada por la pandemia del coronavirus con la puesta en marcha de "Reactiva Perú", un programa con un valor de unos 60.000 millones de soles (16.900 millones de dólares) —un monto equivalente al 11 por ciento del PIB. Su principal objetivo era evitar el colapso del crédito privado mediante el establecimiento de un fondo de garantía de préstamos para las empresas. Se prometió a los más pobres una miserable suma de estas grandes sumas, ya que más de un tercio de la fuerza de trabajo perdió su empleo debido a la pandemia.

En una espiral de crisis económica y política, el presidente Vizcarra se vio obligado por segunda vez en menos de un mes a reorganizar su gabinete después de un voto de censura del Congreso controlado por la oposición la semana pasada. Vizcarra reemplazó al prominero Pedro Cateriano por el general retirado Walter Martos, quien dejó claro que su prioridad será la continuación de la agenda de reapertura de la economía en condiciones en las que el banco central de Perú prevé una caída del 12,5 por ciento del producto interior bruto este año.

"La economía tiene que ser reactivada gradualmente. Tenemos que ser muy cuidadosos, pero creo que volver a una cuarentena total, en este momento, sería muy complicado", dijo Martos a TV Perú.

El gobierno peruano, al igual que sus contrapartes en otros países latinoamericanos fuertemente ligados a las exportaciones de la industria extractiva, ha buscado mantener las minas en funcionamiento. En marzo, aunque las gigantescas empresas nacionales e internacionales que explotan el Perú se vieron obligadas a reducir su fuerza de trabajo, no dejaron de funcionar. En julio, mientras Vizcarra intentaba reabrir la economía a pesar del repunte de los casos, el Ministerio de Energía y Minas informó de que la minería estaba operativa en un 90 por ciento.

La minería es el sector dominante de la economía peruana. Cientos de miles de millones de dólares de inversión directa han fluido hacia la exploración y explotación minera en los últimos 20 años, y otros $58 mil millones debían ser invertidos directamente para el año fiscal 2020-2021 antes de que la pandemia paralizara las actividades de exploración. El gobierno ha destinado otros 30 mil millones de soles ($8,4 mil millones) para reactivar la industria minera.

Perú es uno de los principales productores mundiales de minerales, que representan más del 60 por ciento de las exportaciones del país y el 10 por ciento de su PIB. El cobre y el oro son los minerales más importantes que se exportan en valor, pero también hay enormes reservas de plata, zinc, plomo y estaño. Se estima que el sector minero, directa e indirectamente, emplea a 1,5 millones de trabajadores.

China es el mayor inversionista extranjero en los proyectos mineros del Perú, pero el imperialismo estadounidense, canadiense, australiano y británico ejerce una inmensa influencia a través de los consorcios que controlan operaciones y proyectos mineros multimillonarios. Los actores mundiales más importantes, entre ellos Anglo-Americanos, Rio Tinto, BHP Billiton, Glencore, Freeport-McMoRan, MMG, Newmont, Pan American Silver, Barrick, Gold Fields, Southern Copper, Doe Run Perú, Consorcio Minero Horizonte y ZINSA, disfrutan de algunas de las leyes corporativas más laxas del mundo.

Las leyes y reglamentos peruanos no discriminan entre empresas nacionales y extranjeras. No hay restricciones a la repatriación de ganancias, a las transferencias internacionales de capital o a las prácticas de cambio de divisas. La remesa de dividendos, intereses y regalías no tiene restricciones. En virtud de un sistema fiscal revisado, las empresas mineras ahora pagan regalías basadas en sus ganancias operativas en lugar de en las ventas.

"Los cambios fiscales introducidos fueron apoyados en gran medida por las empresas mineras y, según los analistas de la industria, no han afectado negativamente a las decisiones de inversión ni al grado de competitividad del sector minero del Perú en comparación con otros países", informa un sitio web dedicado a proporcionar información sobre inversiones para el sector minero.

Tal es la dependencia que, en medio de esta catástrofe sanitaria y social, Vizcarra ha tratado de facilitar una mayor explotación de las riquezas no explotadas de la nación modificando los reglamentos de las actividades mineras, prescindiendo incluso de un mínimo de protección ecológica y permitiendo que los consorcios pasen por encima de las necesidades de las poblaciones.

El diario peruano proempresa G estión informó de que una enmienda del Reglamento de Protección Ambiental para la Exploración Minera tiene por objeto proporcionar "previsibilidad" en la adopción de decisiones, reducir los costos de transacción para los titulares de licencias de minería y ayudar a aumentar la inversión en el sector. En otras palabras, cualquier proyecto de exploración seguirá adelante con poca interferencia del Estado.

El motor de esta insaciable y criminal reapertura de la economía es la caída del 20,4 por ciento de la producción de cobre en la primera mitad de 2020 en comparación con el mismo período en 2019. La producción de oro cayó un 34,7 por ciento y la de zinc un 23,7 por ciento. Las ganancias perdidas deben ser recuperadas, sin importar las consecuencias. Esto es especialmente apremiante hoy en día, ya que el precio del oro ha alcanzado un máximo histórico y el cobre superó los 6.000 dólares por tonelada en junio, lo que supone un aumento de alrededor del 30 por ciento desde marzo, cuando tanto China como Europa comienzan a reabrir sus puertas.

La actividad minera siempre plantea riesgos ambientales. Sin embargo, es posible prever científicamente los peligros y determinar los métodos de extracción más seguros para evitar impactos mortales en los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente. Esto no entra en los cálculos de los gigantes mineros transnacionales y nacionales ni de los gobiernos que sirven a sus intereses. Los innumerables desastres catastróficos causados por BHP Billiton, Río Tinto, Barrick, BP y otros, debido a la anarquía e irracionalidad de la producción capitalista con fines de lucro, son sólo una muestra de lo que está por venir en el Perú y América Latina y el resto del mundo si la clase obrera no interviene políticamente con un programa socialista para resolver las crisis políticas, sociales y económicas que enfrenta la humanidad.

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(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de agosto de 2020)