A pesar de haberse comprometido a revertir las políticas antiinmigrantes de la administración Trump, el presidente Joe Biden ha supervisado la deportación de cientos de inmigrantes y refugiados desde que asumió el cargo el 20 de enero. La semana pasada, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a 15 personas a Jamaica el jueves y 269 personas a Guatemala y Honduras el viernes. Más vuelos de deportación están programados para el próximo lunes.

Después que la Casa Blanca anunciara una moratoria de 100 días sobre las deportaciones muy publicitada, un juez federal en Texas dictaminó el 26 de enero que no se podía hacer cumplir. Sin embargo, el fallo no requería que el gobierno los programara. El juez fue designado por el presidente Donald Trump y aprobó una impugnación presentada por el fiscal general del estado, Ken Paxton, quien redactó una demanda impugnando los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en nombre de Trump.

“Dentro de los 6 días posteriores a la toma de posesión de Biden, Texas ha DETENIDO su congelación de deportación ilegal”, tuiteó Paxton luego de la decisión. “*Esto* fue una insurrección sediciosa de izquierda. Y mi equipo y yo lo detuvimos”.

El juez federal de distrito Drew Tipton otorgó la orden de restricción temporal contra la aplicación de la moratoria de 100 días que entró en vigor el 22 de enero. Tipton dijo que la administración Biden había violado la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y no dejó en claro por qué era necesaria una pausa en las deportaciones.

El viernes, Tipton dijo que extendería su orden hasta el 23 de febrero. El Departamento de Justicia de Biden no ha presentado una apelación a Tipton ni a un tribunal federal para bloquear la orden.

No está claro cuántos inmigrantes deportados cayeron bajo las nuevas pautas dadas al Departamento de Seguridad Nacional y sus agencias que entraron en vigencia el lunes.

En El Paso, Texas, las autoridades deportaron a una mujer que presenció la masacre de 2019 en un Walmart que dejó 23 muertos. Según su abogado, había aceptado ser testigo contra el agresor y se había reunido con la oficina del fiscal de distrito local.

Rosa, quien solo fue identificada por su nombre de pila por temor a perder su vida en Juárez, México, una ciudad plagada de pandillas y violencia, fue detenida el miércoles pasado por una luz de freno rota y fue detenida en base a órdenes de tránsito anteriores. Luego fue entregada a ICE y deportada antes que pudiera comunicarse con su abogado.

ICE había emitido una orden de detención, un medio por el cual los inmigrantes son detenidos por violaciones de inmigración el mismo día en que son arrestados. La oficina del fiscal de distrito en El Paso confirmó que le habían dado a los abogados de Rosa los documentos necesarios para solicitar una visa estadounidense para víctimas de delitos, pero en un comunicado también dijo que Rosa “no es víctima del caso de tiroteo de Walmart”.

Las autoridades hondureñas también confirmaron que 131 personas aterrizaron el viernes en un vuelo de deportación desde Estados Unidos. Un vuelo que aterrizó en Guatemala tuvo 138 personas que llegaron el viernes, y se espera que otras 30 personas lleguen el lunes siguiente, según funcionarios allí.

El presidente Biden firmó tres órdenes ejecutivas el martes que afirmó que crearían un sistema de inmigración más “justo, ordenado y humano”. Biden también declaró que un grupo de trabajo supuestamente reuniría a los niños migrantes separados de sus familias por cruzar la frontera entre Estados Unidos y México.

La elección de Biden para el cargo de secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el primer latino en encabezar la represiva agencia, también fue confirmada por el Senado esta semana.

“Se habla mucho, con razón, sobre la cantidad de órdenes ejecutivas que he firmado. No estoy haciendo una nueva ley, estoy eliminando las malas políticas ", dijo Biden al hablar con los periodistas en la Oficina Oval al firmar las tres órdenes.

Biden calificó la separación de los niños en la frontera como una “vergüenza moral y nacional”. Cabe señalar que esta política se mantuvo durante los ocho años de la anterior administración Obama-Biden, que deportó y dividió a más familias de inmigrantes que cualquier otra administración en la historia de los Estados Unidos. En 2014 se tomaron imágenes impactantes de niños retenidos detrás de vallas, cuando Biden era vicepresidente.

Los cambios contenidos en la orden de Biden son completamente cosméticos, con la intención de eliminar los aspectos políticamente más vergonzosos de las políticas antiinmigrantes de la última administración, mientras aún retienen, y en algunos casos expanden, la vasta maquinaria de deportación del gobierno.

El grupo de trabajo para niños separados no hará cumplir nada, sino que simplemente brindará recomendaciones sobre cómo reunir a las familias y emitirá un informe dentro de los 120 días y, a partir de entonces, cada 60 días sobre su progreso.

Una declaración del abogado de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), Lee Galernt, a NPR [Radio Pública Nacional] dijo: “Lo que necesitamos ahora es un compromiso inmediato con remedios específicos, incluida la reunificación en los Estados Unidos, el estatus legal permanente y la restitución para todas las más de 5.500 familias separadas por la administración Trump.”

Añadió: “Cualquier cosa que no sea eso será extremadamente preocupante dado que el gobierno de los Estados Unidos ha estado involucrado en abuso infantil deliberado”.

La segunda orden de Biden revocó el programa de Protocolos de Protección al Migrante, o el programa “Permanecer en México”, como lo denominó Trump. El protocolo condenó a los migrantes y refugiados a permanecer en México mientras sus casos de asilo se desarrollaban en Estados Unidos de manera indefinida, esencialmente negándoles refugio.

Los detalles exactos del plan de Biden y cómo ayudará a los migrantes atrapados en campos miserables en la frontera no estaban claros. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas que reduzcan sus expectativas de una reforma migratoria inmediata, diciendo: “Eso llevará algún tiempo. No va a suceder de la noche a la mañana”.

Los defensores de los inmigrantes han expresado su decepción con las nuevas órdenes ejecutivas de Biden, incluida Linda Rivas, abogada de inmigrantes y directora del Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas, que representa a las personas atrapadas en el programa “Permanecer en México”.

Ella le dijo a CNN cómo ha estado tratando de consolar a sus clientes durante la última semana, incluida una madre hondureña que fue violada mientras esperaba en México bajo la política de Trump y ahora está preocupada por su hijo de 11 años. Rivas explicó la situación actual de los solicitantes de asilo: “Definitivamente una pérdida de esperanza. El trauma que están soportando es inimaginable”.

La tercera orden requiere una “revisión de arriba a abajo de las regulaciones, políticas y guías recientes que han establecido barreras a nuestro sistema de inmigración legal”. Esto incluyó la revocación de la regla de “carga pública” de Trump, que impedía a los inmigrantes obtener una tarjeta verde o residencia permanente, si tenían o era probable que recibieran asistencia pública, como subsidios de vivienda.

Mientras tanto, la administración Biden ha dejado en claro que ampliará la cantidad de niños inmigrantes detenidos en campamentos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México al reabrir una instalación en Carizzo Springs, Texas, diseñada para albergar a más de 700 niños y tal vez más si es necesario.

El campamento encarcelará a niños no acompañados mayores de 13 años que estén médicamente aprobados de la cuarentena COVID-19, según la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la agencia dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que es responsable de los niños inmigrantes.

Actualmente, hay unos 4,730 niños en poder de la ORR. La agencia también se ha ocupado de las infecciones por COVID-19 entre los niños y el personal, con un total de 1,748 casos confirmados entre los niños. Según la agencia, se han realizado más de 21,000 pruebas de coronavirus y la “mayoría” de los infectados se han recuperado y salieron de la cuarentena.

El Departamento de Seguridad Nacional bajo Biden también está listo para expandir su capacidad de procesamiento con la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) construyendo estructuras de lados blandos en Donna, Texas, cerca del Valle del Río Grande, porque un centro de procesamiento cercano está siendo cerrado por renovación.

Las continuas deportaciones y la expansión de los campos de detención bajo Biden se burlan de quienes afirmaron que una administración demócrata revertiría las políticas antiinmigrantes de Trump y proporcionaría un santuario humano e inmediato para los refugiados y solicitantes de asilo. Sólo se han anunciado los cambios más superficiales, y apenas se han aplicado, mientras que se han mantenido muchas de las mismas políticas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de febrero de 2021)