Con garrotazos, puñetazos, patadas, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos, el ejército guatemalteco atacó el domingo a una caravana de miles de migrantes y refugiados que salieron de Honduras durante el fin de semana, muchos de ellos viajando en familia.

Los vídeos muestran claramente la valentía y desesperación de los trabajadores y jóvenes cuando se estrellan contra el muro de tropas mientras son brutalmente golpeados. De manera amenazante, otros soldados aguardaban en el fondo con armas de fuego. Los trabajadores de primeros auxilios informaron de docenas de personas heridas, incluyendo niños. Algunos tuvieron que ser transportados al hospital.

Dos meses después de que los huracanes Eta e Iota devastaran la región y mientras la crisis de la pandemia continúa, los miembros de la caravana explicaron a los medios que están escapando de condiciones de pobreza absoluta.

Estas condiciones van acompañadas de la violencia generalizada de las pandillas, represión estatal y la negligencia hacia la catástrofe humanitaria y la pandemia por parte del régimen títere de los EE.UU. de Juan Orlando Hernández en Honduras.

Oscar García, un trabajador de una plantación bananera, dijo a Reuters: “Estamos sufriendo de hambre. Es imposible vivir en Honduras, no hay trabajo, no hay nada”.

Durante la represión en Guatemala, Dixón Vázquez dijo a AFP que la plantación donde trabajaba en Lima fue destruida. “No tienen corazón”, dijo. “Estamos arriesgando nuestras vidas. No hay trabajo en Honduras, sobre todo después de los dos ciclones y la pandemia... Nuestra meta es llegar a los Estados Unidos”.

En sus últimas estimaciones, el UNICEF informó que los huracanes Eta e Iota afectaron a 9,3 millones de personas en total, incluyendo 4,66 millones en Honduras, y dejaron a 294 personas muertas o desaparecidas, 110 de ellas en Honduras. Miles de hectáreas de cultivos y cientos de caminos y puentes fueron arrasados.

Tras sobrevivir semanas casi continuas de inundaciones, desprendimientos y vientos huracanados –en medio de una pandemia que ha abrumado el ya colapsado sistema de salud—, millones de personas se vieron despojadas de sus hogares, lugares de trabajo, escuelas, carreteras, agua, electricidad y otros medios de vida básicos.

En diciembre, en un intento anterior, alrededor de 500 hondureños fueron hostigados, amenazados y devueltos por la policía hondureña antes de llegar a la frontera con Guatemala.

La última caravana partió de San Pedro Sula los días 14 y 15 de enero y entró en Guatemala por el paso fronterizo de El Florido en tres grandes grupos. Un grupo más pequeño, de unas 150 personas, intentó cruzar el 14 de enero por el cruce de Corinto, pero fue detenido y regresado inmediatamente.

El sábado por la noche, el grueso de la caravana se reagrupó en Vado Hondo, Chiquimula, donde la barrera de cientos de tropas y policías los detuvo violentamente.

Las autoridades de migración guatemaltecas informaron el domingo que más de 9.000 personas entraron en el país con la caravana, mientras que 1.383 ya habían sido deportadas a Honduras. El grupo de Vado Hondo está compuesto por unos 6.000 migrantes y refugiados y, al momento de escribir este artículo, seguía bloqueado allí.

Según la Policía Nacional de Guatemala, el lunes, ha acorralado a varios pequeños grupos de hondureños que llegaron al departamento norteño de Petén, fronterizo con México.

Bajo las órdenes de la Casa Blanca de Trump, que durante meses ha sido el centro de una operación para establecer una dictadura fascista que incluyó el asalto del 6 de enero al Capitolio de los EE.UU., los Gobiernos regionales están utilizando tropas y policías antidisturbios para violar el derecho de asilo protegido por el derecho internacional de miles de hondureños que escapan de una catástrofe humanitaria.

Las autoridades de Washington, México y Guatemala han afirmado que están tratando de hacer cumplir los protocolos de COVID-19 impidiendo el cruce de la caravana. Mientras tanto, los tres Gobiernos han reabierto las actividades económicas no esenciales y han adoptado una política deliberada de “inmunidad colectiva”, causando contagios masivos a fin de salvaguardar las ganancias de los mayores bancos y empresas.

El presidente derechista de Guatemala, Alejandro Giammattei, declaró el estado de emergencia en los departamentos situados a lo largo de la ruta migratoria de Chiquimula hasta el Petén, en la frontera con México. Ha insistido en que los extranjeros deben tener un pasaporte y una prueba COVID-19 negativa.

Por su parte, el Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha desplegado cientos de soldados de la Guardia Nacional con equipo antidisturbios en la ciudad de Tapachula en la frontera con Guatemala. López Obrador también ha amenazado a los refugiados y migrantes con penas de prisión de hasta diez años por infringir las normas de COVID-19.

En su única aparición pública desde el intento de golpe de Estado del 6 de enero, Donald Trump hizo un discurso el 12 de enero en la frontera entre Estados Unidos y México para agitar a sus partidarios fascistas que planean más ataques, incluso utilizando a los migrantes como chivos expiatorios.

Al obedecer fielmente las órdenes de atacar las caravanas, las autoridades regionales están ayudando directamente al intento de golpe de Trump. De hecho, Trump agradeció directamente a su “amigo” López Obrador por haber desplegado “27.000 soldados mexicanos cuidando nuestras fronteras en los últimos dos años”.

“Cambien el nombre de las caravanas por el tren de recompensas sin costo [gravy train]”, añadió Trump, “porque eso es lo que están buscando. Esta será una calamidad sin límites para la seguridad nacional, la seguridad pública y la salud pública. Destruiría millones y millones de empleos y cobraría miles de vidas inocentes”.

¡Culpar a los trabajadores migrantes por la calamidad en los Estados Unidos es absurdo! La Administración de Trump, con la colaboración de ambos partidos patronales, ha hecho llover sobre los principales bancos y empresas billones de dólares de “recompensas sin costo” —lo que la propia prensa financiera ha llamado “dinero gratis”— mientras que ha rechazado todas las medidas necesarias para detener la propagación de la pandemia.

Mientras tanto, los trabajadores migrantes de los Estados Unidos han asumido una parte agobiante de la carga de prestar servicios esenciales durante la pandemia, al tiempo que sufren desproporcionadamente de infecciones y muertes por COVID-19.

Al mismo tiempo, cualquier esperanza que tuvieran los refugiados centroamericanos de que la Administración de Joe Biden ayudaría a proporcionar el tan necesitado asilo y socorro fue inmediatamente rechazada por el equipo de Biden. El domingo, un oficial de su equipo de transición declaró a NBC News que “no van a poder venir a los Estados Unidos inmediatamente”. Los cambios “llevarán tiempo”, dijo, y “la gente de la región no le debe creer a nadie que diga la mentira de que nuestra frontera estará abierta a todo el mundo el próximo mes”.

El propio presidente electo Biden dijo en una entrevista el 22 de diciembre que “lo último que queremos es detener inmediatamente el acceso al asilo como se está haciendo ahora y acabar con demasiada gente en nuestra frontera”.

La respuesta de Biden y el Partido Demócrata al golpe del 6 de enero constituye otra advertencia aún más seria. Han intentado encubrir la participación en el golpe de los coconspiradores de Trump en el Partido Republicano y han buscado legitimar la integración de la derecha fascistizante y sus demandas políticas en la corriente principal de la política. Un proceso similar ha ocurrido con los partidos neofascistas Alternativa para Alemania y Vox en España, y fuerzas similares en toda Europa.

La caravana de migrantes y refugiados hondureños debe ser apoyada por todos los trabajadores. En todo el mundo, la ofensiva contra los derechos de los refugiados y los trabajadores migrantes por parte de la clase dirigente se está utilizando para encabezar un ataque más amplio contra los derechos democráticos y sociales de toda la clase obrera.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 19 de enero de 2021)