El miércoles, una jueza federal del distrito Este de Nueva York accedió a una petición sin precedentes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de retirar todos los cargos, incluyendo de tráfico de drogas y lavado de dinero, contra el general retirado Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de Defensa de México de 2012 a 2018.

La liberación y las maniobras entre bastidores ponen de relieve, sobre todo, la relación de sumisión entre el Gobierno mexicano y el imperialismo estadounidense, así como los graves peligros que esto presenta para los trabajadores y jóvenes nacionales e inmigrantes de ambos países.

La solicitud fue anunciada en una declaración conjunta del fiscal general estadounidense William Barr y su homólogo mexicano Alejandro Gertz Manero, quienes explican que se le entregó el caso a México “en aras de demostrar nuestro frente común contra todas las formas de criminalidad”.

Cienfuegos “podrá ser investigado y, si procede, acusado, de acuerdo con la ley mexicana”, dice la declaración.

El 11 de noviembre, la agencia antidrogas estadounidense DEA les entregó a las autoridades mexicanas un expediente de 743 páginas de pruebas contra Cienfuegos. La acusación de los Estados Unidos, ya cerrada, afirmaba que los fiscales tenían miles de comunicaciones incriminatorias de BlackBerry Messenger entre Cienfuegos y el cártel H-2.

Estos intercambios supuestamente muestran que Cienfuegos recibió sobornos para localizar cargamentos de droga en el océano, presentar a los líderes del cártel a otros funcionarios mexicanos y atacar a organizaciones rivales. Esto ayudó al cártel H-2 a expandir su alcance a Mazatlán y a todo el estado de Sinaloa, la base del cártel de Sinaloa.

Sin embargo, después de que un avión del Gobierno de los Estados Unidos lo dejara en México el miércoles, Cienfuegos se sometió a una prueba médica y se le permitió salir del aeropuerto de Toluca como un ciudadano libre, sin restricciones de viaje.

La Fiscalía General de la República (FGR) en México emitió un comunicado indicando que “el Agente del Ministerio Público de la Federación le notificó formalmente al General Cienfuegos de la existencia de una investigación en la que él se encuentra involucrado”, con base en la información recibida del Gobierno de los Estados Unidos.

Sin embargo, su abogado en México, Rafael Heredia, explicó a CNN en la noche del jueves que Cienfuegos no ha sido informado de ninguna investigación “en su contra” y que no enfrenta ningún cargo en México.

Durante su última audiencia en la corte antes de ser liberado, Cienfuegos dijo sin rodeos que no le preocupaba ser procesado en México. En los medios de comunicación mexicanos, varios expertos legales han indicado que las pruebas del caso estadounidense, reunidas mediante operaciones de intervención telefónica, se considerarán ilegales e inválidas en los tribunales mexicanos.

Se espera que Cienfuegos disfrute de su jubilación como un general de cuatro estrellas sumamente rico.

El jueves por la mañana, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, dieron una conferencia de prensa para negar las afirmaciones de que México presionó a Washington de alguna manera para liberar a Cienfuegos. Ebrard afirmó que EE.UU. simplemente tomó la decisión de reconocer que había violado un acuerdo de intercambio de información de 1992.

Mientras que la imputación fue realizada por un gran jurado de Brooklyn el 14 de agosto de 2019, los funcionarios estadounidenses han dicho que temían que el ejército mexicano encubriera a Cienfuegos, y que una solicitud de extradición moriría en la burocracia mexicana. Para todos los propósitos prácticos, este fue el resultado final.

La respuesta inicial de López Obrador al arresto de Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles el 15 de octubre fue generalmente favorable, prometiendo no “encubrir a nadie” como parte de la pretensión central de su gestión de combatir la corrupción.

Luego se reunió con su actual secretario de Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, quien presuntamente describió una rebelión que se estaba gestando en el alto mando del Ejército, que consideraba el arresto como una afrenta contra ellos. Política Online informó en ese momento un “clima anti-EE.UU.” dentro de la cúpula militar mexicana, así como discusiones sobre la suspensión de la cooperación con la DEA.

Dos días después del arresto, López Obrador cambió su tono y comenzó a expresar su disgusto. Denunció a la DEA por “estar metida completamente en la Secretaría de Marina” cuando se perpetraron los supuestos crímenes.

“Deberían los de la DEA informar sobre su participación en todos estos casos, porque indudablemente ellos convivieron tanto con [Genaro] García Luna como con el general secretario de Defensa [Cienfuegos] del sexenio pasado”, explicó, refiriéndose al exsecretario de Seguridad Pública García Luna, quien permanece bajo custodia estadounidense, acusado de proteger al Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, López Obrador añadió inmediatamente: “Le agradezco al presidente Donald Trump porque cuando hemos tenido problemas difíciles, me ha hablado para decirme te envío ayuda. ... Claro, él no lo hace en el plan de quererse meter en México, de mandar en México, lo hace para ayudar, para cooperar, pero es importante decir que México es un país independiente, soberano”.

López Obrador le instruyó al canciller Ebrard que enviara una carta de protesta al Departamento de Estado de los EE.UU. Ebrard también mantuvo repetidas conversaciones con Barr, al parecer para expresar que se había roto la “confianza” y que México estaba considerando adoptar medidas de represalia en materia de cooperación en seguridad nacional.

El New York Times, el Washington Post y Vice informaron sobre afirmaciones anónimas de funcionarios de EE.UU. que atribuyen la liberación de Cienfuegos principalmente a las amenazas de México de expulsar a los funcionarios de la DEA. Tales afirmaciones, sin embargo, deben tomarse con sospecha, especialmente en medio de los esfuerzos por apaciguar el descontento reportado dentro de la DEA y otras agencias ante la decisión.

Reuters escribe que Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, “expresó su escepticismo de que México enjuicie a Cienfuegos, y sugirió que la eliminación de los cargos fue un 'regalo' del presidente estadounidense Donald Trump para recompensar a López Obrador por no reconocer a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos”.

El fiscal interino Seth DuCharme le dijo a la jueza federal Carol B. Amon en la audiencia del miércoles que “el interés más amplio de mantener esa relación de manera cooperativa supera el interés del Departamento en continuar con este caso en particular”.

El caso de Cienfuegos no solo ha aumentado las sospechas hacia la Administración de López Obrador y el Ejército mexicano, cuya cúpula sigue compuesta en gran parte por generales nombrados por o cercanos a Cienfuegos. Los casos de García Luna y Cienfuegos, así como la liberación de este último, también han expuesto aún más la utilización por parte de las sucesivas Administraciones estadounidenses de la catastrófica guerra en México para afianzar su control neocolonial sobre México y fortalecer el aparato represivo del país.

Durante todo el escándalo sobre Cienfuegos, López Obrador demostró la magnitud de su sumisión al ejército, sobre el cual dependen cada vez más la clase gobernante mexicana y el imperialismo estadounidense para imponer sus medidas de austeridad social y su política de “inmunidad colectiva” ante el coronavirus.

La liberación de Cienfuegos presagia una nueva escalada en la represión de los trabajadores y jóvenes mexicanos, así como de los migrantes que huyen de la violencia estatal, de las pandillas, de las tormentas catastróficas y de la devastación económica provocada por la pandemia en Centroamérica.

Mientras que López Obrador no ofrece más que servilismo, Trump ha insultado a los mexicanos en repetidas ocasiones, ha amenazado con imponer aranceles perjudiciales y con invadir México con tropas estadounidenses, y ha promovido a fuerzas fascistas dentro de los Estados Unidos que son violentamente hostiles a los inmigrantes, como parte de su campaña para establecer una dictadura presidencial.

Ante esta realidad, López Obrador se jactó el miércoles de que la liberación de Cienfuegos significaba que: “Esa intromisión violatoria de nuestra soberanía, nunca más. Desde luego, [habrá] cooperación. Y vuelvo a decirlo: esto se ha entendido muy bien durante la Administración del presidente Donald Trump”.

(Publicado originalmente en inglés el 21 de noviembre de 2020)