Una caravana de más de 3.000 migrantes hondureños fue despiadadamente disuelta en una operación militar ordenada por el Gobierno guatemalteco de extrema derecha del presidente Alejandro Giammattei.

Esta es la primera caravana después de que la pandemia de coronavirus interrumpiera un flujo constante de intentos similares desde 2018 de trabajadores y campesinos que escapan de la violencia y la pobreza en Honduras, El Salvador y Guatemala para llegar a los Estados Unidos.

Considerando los riesgos para la salud, junto con las amenazas oficiales de represión e incluso de penas de prisión, la caravana es señal de que capas cada vez mayores de la población de Honduras y de la región han alcanzado un nuevo nivel de desesperación social, un fenómeno acompañado de crecientes manifestaciones populares.

La caravana entró en Guatemala el viernes sin impedimentos, pero Giammattei —sin duda bajo la presión de la Casa Blanca— anunció entonces que haría valer un “estado de excepción”, alegando que la caravana constituía un peligro de contagio de COVID-19. Suspendiendo los derechos democráticos en los departamentos implicados, la Administración desplegó soldados y policías para detener y acorralar violentamente a los migrantes.

Para el domingo, las autoridades guatemaltecas afirmaron que habían deportado a más de 2.000 de los miembros de la caravana, mientras que grupos más pequeños y desarticulados seguían intentando llegar a México por rutas paralelas. Al día siguiente, Guatemala elevó la cifra a 3.384, es decir, prácticamente toda la caravana.

El Gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador contribuyó a disuadir a los migrantes con una muy publicitada muestra de fuerza en la que participaron oficiales fronterizos y tropas en la frontera sur, donde ya se habían desplegado más de 26.000 soldados mexicanos contra los migrantes por orden de la Administración de Trump.

López Obrador, que amenazó explícitamente a los participantes de la caravana con penas de prisión de hasta 10 años, citando las normas de COVID-19, hizo la afirmación infundada y reaccionaria de que la caravana era el producto de una conspiración para ayudar al Partido Demócrata en las elecciones de los Estados Unidos.

Mientras se congracian con el presidente fascistizante en la Casa Blanca deteniendo el flujo de trabajadores y campesinos que escapaban de las amenazas de muerte y el hambre, Giammattei y López Obrador han levantado las restricciones contra el COVID-19 y han sacrificado miles de vidas para salvaguardar las ganancias de las corporaciones transnacionales y las elites locales.

En toda Centroamérica, las reaperturas económicas están alimentando una propagación ininterrumpida de la pandemia. La región alcanzó una cifra oficial de más de 10.000 muertes confirmadas de COVID-19 y 408.258 casos hasta ayer.

En julio, durante el pico de la primera ola de infecciones, los Gobiernos de Honduras y Guatemala iniciaron la reapertura gradual de las actividades económicas no esenciales. Desde entonces, Guatemala ha levantado todas las restricciones, abriendo cines, bares, deportes recreativos y parques. En ambos países se ha observado una fluctuación constante en el promedio de 7 días de aproximadamente 500 a 900 casos diarios.

A finales de agosto, el Gobierno salvadoreño levantó temerariamente todas las restricciones de COVID-19 sobre las actividades económicas, simplemente pidiendo a la gente que “respeten las normas de protección personal”. Esto ha llevado a una segunda ola de infecciones.

Continuando con el levantamiento gradual de las restricciones a las actividades económicas desde finales de agosto, el Gobierno costarricense está reabriendo bares y casinos, mientras ve un crecimiento constante de nuevos casos diarios. Durante el mismo período, Panamá ha llevado a cabo una plena reapertura económica que puso fin a una ligera disminución de los nuevos casos

Los viajes aéreos comerciales se han reanudado en todos los países de la región, después de que Belice comenzara a recibir turistas el 1º de octubre.

Si bien todos los Gobiernos han adoptado en la práctica una política de “inmunidad colectiva”, el Gobierno de Daniel Ortega de Nicaragua es el que la ha aplicado con mayor agresividad. Las muertes de personas con los síntomas de COVID-19 se cuentan sistemáticamente como por “gripe” y otras afecciones, mientras que el Gobierno convoca desfiles públicos y no proporciona ningún tipo de ayuda a los trabajadores ni las pequeñas empresas. Las escuelas reabrieron a mediados de julio, un paso que otros Gobiernos regionales no han tomado.

Si bien Honduras es el país más pobre del istmo, la pandemia ha llevado a nuevas profundidades la catástrofe social para los trabajadores de la región. Naciones Unidas estima que la crisis hundirá en la pobreza a 1,5 millones de personas más en Centroamérica, llevando el total a 20 millones de los 50 millones de habitantes.

Estas condiciones y la respuesta criminal de las élites gobernantes están provocando una creciente resistencia de la clase trabajadora.

Los cierres del coronavirus fueron testigos de oleadas de manifestaciones y bloqueos de carreteras en Panamá, El Salvador, Guatemala y Honduras en las que participaron trabajadores de las capas más empobrecidas de la población que exigían ayuda económica. En ocasiones, estos fueron acompañados por trabajadores de la salud que exigían equipos de protección adecuados.

Más recientemente, las protestas han adquirido un carácter más amplio y cada vez más político. Grupos de estudiantes y trabajadores protestaron en la Ciudad de Guatemala el 22 de agosto contra “el hambre, la pobreza y la desigualdad”, así como contra la austeridad en la educación pública, al tiempo que exigían la caída de la administración derechista de Giammattei.

En Panamá, el 15 de septiembre, estudiantes, sindicatos y grupos de campesinos organizaron protestas masivas y bloqueos amplios de carreteras para protestar los recortes en la educación, una reforma laboral regresiva y para exigir tierras y servicios públicos para las comunidades rurales. Más recientemente, los trabajadores de la construcción y los conductores de autobuses han llevado a cabo manifestaciones.

Más significativamente Costa Rica está entrando en su segunda semana de bloqueos de carreteras que han casi frenado el país, con crecientes llamamientos en redes sociales y en las bases sindicales para que se realice un paro nacional indefinido de los sectores público y privado. Éstas se han centrado exigir la cancelación de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, después de que se anunciara un posible acuerdo que implicaba, en su mayor parte, impuestos regresivos y la venta de empresas e instituciones estatales.

En cada caso, los sindicatos y figuras de “oposición” dentro de la élite política han apelado a los sentimientos nacionalistas para subordinar la oposición que proviene desde abajo a negociaciones con los Gobiernos nacionales corruptos, que son totalmente sumisos al capital extranjero.

Las manifestaciones han demostrado que los trabajadores de toda la región y a nivel internacional se enfrentan a las mismas preocupaciones y a los mismos enemigos, las oligarquías capitalistas y sus patrones imperialistas. Las caravanas de migrantes son otra expresión más de la misma lucha de los trabajadores y los campesinos de toda la región.

Resumiendo los resultados de un nuevo estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) basado en entrevistas a migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras en camino a los Estados Unidos, El Faro escribe:

“Pidieron trabajaos estables, con una mejor remuneración y las prestaciones de ley, así como una mayor inversión en servicios públicos e infraestructura, sobre todo en zonas rurales. Algunas personas hicieron hincapié en que se debería dar prioridad a la inversión social, no a la inversión en seguridad”.

Por el contrario, mientras llevan a cabo las reaperturas homicidas, los Gobiernos están reanudando la austeridad social y explotando el aumento de la pobreza y el desempleo como un mazo para recortar los salarios y las prestaciones sociales. Estas medidas tienen por objeto, en última instancia, intensificar la explotación neocolonial por parte del imperialismo que es responsable de los asombrosos niveles de desigualdad y pobreza.

Un documento de política publicado la semana pasada por el Atlantic Council titulado “Reactivación económica de América Central en un mundo COVID-19”, insiste en que el desafío clave es “sostener la reactivación de su economía en un mundo COVID-19”, independientemente del número de muertos resultante.

Luego, a mediano y largo plazo, los países deben explotar su proximidad a los EE.UU., sus “salarios competitivos” y su “mano de obra grande y joven” como medio para “atraer las empresas multinacionales”, especialmente las que buscan alternativas de mano de obra barata a China debido a la guerra económica liderada por los EE.UU. Esto requiere, según el documento, “el Estado de derecho” y la promoción de un “entorno favorable a los negocios”, citando como ejemplo las zonas libres exentas de impuestos.

(Publicado originalmente en inglés el 7 de octubre de 2020)