Es urgente movilizar a la clase obrera en toda Europa y a nivel internacional en una huelga general para detener el actual resurgimiento de COVID-19. Tras el prematuro levantamiento de los cierres impuestos esta primavera, el impulso de los Gobiernos europeos para reabrir completamente las escuelas, los lugares de trabajo y los lugares públicos ha abierto la puerta a un resurgimiento devastador del virus.

Ya han estallado las primeras protestas, con ocupaciones de escuelas y huelgas de médicos, trabajadores portuarios y de aerolíneas en toda Grecia, junto con protestas masivas en Madrid. Sin embargo, la naturaleza del virus, que ignora las fronteras y no necesita un pasaporte, hace que las acciones para combatirlo no puedan ser de carácter local ni nacional. Solo la movilización de la clase obrera en toda Europa en una huelga general internacional puede detener las campañas de regreso a la escuela y al trabajo lanzadas por la Unión Europea (UE), y así reinstituir los cierres para cumplir con el distanciamiento social y evitar una horrible pérdida de vidas.

Un resurgimiento del virus, ya perceptible desde julio, está ahora en pleno apogeo. En España, Francia y Reino Unido se diagnostican diariamente cerca de 10.000 casos de COVID-19, superando las cifras registradas en el punto álgido de la pandemia en la primavera, como es el caso de la República Checa. En Turquía, donde la pandemia está repuntando, el número de muertes diarias ha superado 70 por primera vez desde principios de mayo. En todos los principales países europeos, el número de casos está aumentando rápidamente.

Los funcionarios estatales son muy conscientes de que este nivel de propagación del coronavirus amenaza con una pérdida masiva de vidas. El lunes, los funcionarios británicos informaron que la pandemia se está duplicando cada semana, con infecciones que alcanzarán los 50.000 por día en el país para mediados de octubre. Después de que estas 50.000 personas pasen por el período de incubación, semanas más tarde, cientos o miles comenzarían a morir cada día.

Este escenario, en el que millones de personas estarían infectadas y miles morirían cada mes en todos los principales países europeos, es un peligro inminente. Europa ya ha visto más de 218.000 muertes por COVID-19. Un informe del Ministerio del Interior alemán del 18 de marzo, publicado en línea este verano, señaló que la mayoría de los científicos, “cuando se les preguntó qué pasaría si no se hace nada, respondió con el peor de los escenarios en el que más de 1 millón de personas mueren en 2020 solo en Alemania”.

Sin embargo, los Estados europeos han hecho a un lado el llamado a la acción de la Organización Mundial de la Salud del 17 de septiembre, ya que la semana pasada se diagnosticaron 300.000 nuevos casos en Europa. En su lugar, siguen al presidente-banquero francés Emmanuel Macron, quien dijo que Francia debe “aprender a vivir con el virus”. Las limitadas medidas locales de “restricción” adoptadas en Madrid y en el norte de Inglaterra no impiden el trabajo en industrias no esenciales o las clases presenciales. Estas medidas, que limitan el acceso de los trabajadores a los parques y a los bares a última hora de la tarde, no logran el distanciamiento social ni frenan significativamente las infecciones.

Por el contrario, los Gobiernos de toda Europa están adoptando medidas para perseguir a los padres que se nieguen a llevar a sus hijos a la escuela y limitar los días que los trabajadores pueden pasar refugiándose en casa o cuidando a los niños en sus días de vacaciones.

La lucha que los trabajadores enfrentan contra el COVID-19 es una lucha política internacional contra el sistema capitalista y una política de muertes a escala masiva perseguida deliberadamente por la aristocracia financiera. Los funcionarios europeos han pedido una política favorable a la propagación del COVID-19. En marzo, el asesor científico principal británico, sir Patrick Vallance, dijo: “No es posible impedir que todos lo contraigan, ni tampoco es deseable, porque se quiere tener cierta inmunidad en la población para protegernos en el futuro”.

El caso a favor de la muerte fue planteado sin rodeos por el presidente del Parlamento alemán, Wolfgang Schäuble, famoso por su campaña de austeridad de la UE en Grecia. Argumentando en abril a favor del regreso al trabajo, denunció las “terribles consecuencias” de los cierres: “Si hay un valor absoluto en nuestra Constitución, es la dignidad humana. Es sacrosanta. Pero eso no nos impide tener que morir”.

Al preguntársele por qué su Gobierno no había actuado más rápidamente contra el COVID-19, dijo: “La verdad es que ninguno de nosotros esperaba que la situación fuera tan mala”. Sin embargo, esta es una mentira. Un mes antes, el Ministerio del Interior informó que la inacción llevaría a más de un millón de muertes solo en Alemania.

La pandemia de COVID-19 es un evento desencadenante, que revela claramente los problemas políticos que enfrenta la clase trabajadora internacional. La UE, fundada en 1992 tras la restauración estalinista del capitalismo en Europa del Este y la disolución de la Unión Soviética, es una dictadura brutal de los bancos. Construida para consolidar la influencia global de las potencias imperialistas europeas junto con una agresiva política comercial y militar, la UE buscó arremeter despiadadamente contra la clase obrera, imponiendo las relaciones de mercado en el antiguo Bloque del Este, mientras recortaba implacablemente los niveles de vida de los trabajadores en occidente.

El apoyo de los funcionarios de la UE a la propagación masiva de una pandemia que es especialmente mortal entre los jubilados no puede separarse de su campaña de décadas de recorte de los gastos de pensiones. Un informe de julio de la consultoría XPS Pensions Group en Londres señaló que las empresas financieras que manejan planes de pensiones están “ansiosas por información sobre cómo el COVID-19 afectará su plan”. El informe de XPS encontró que el COVID-19 podría “reducir los pasivos de los planes de pensiones hasta en 90 mil millones de libras”.

Los banqueros y los funcionarios de los ministerios de finanzas de toda Europa están sin duda calculando cómo el regalo del dios financiero del COVID-19 matará a los jubilados y por lo tanto reducirá drásticamente el gasto en pensiones. Los científicos han estimado que la “inmunidad colectiva” requeriría que el 60-70 por ciento de la población contraiga y sea inmune al COVID-19. Un estudio científico, titulado “Evaluación del impacto potencial de COVID-19 en la esperanza de vida”, calculó que si el 70 por ciento de los europeos contrae el COVID-19, la esperanza de vida caerá enormemente, probablemente en unos 6,5 años, pero potencialmente hasta 10,9 años.

Tal caída de la esperanza de vida en toda Europa permitiría a los bancos redirigir cientos de miles de millones de euros cada año para financiar los actuales rescates corporativos de billones de euros y los aumentos del gasto militar, mientras la UE intenta desarrollar una política exterior independiente a Washington. Estas motivaciones son discutidas en la prensa. Observando los “intereses geopolíticos” implicados en la política de vuelta al trabajo en abril, Der Spiegel escribe: “Los ejecutivos corporativos quieren fortalecer el mercado europeo para actuar como contrapeso al poder económico de China y Estados Unidos”.

Esto implica una renovada embestida contra el nivel de vida y los derechos sociales fundamentales de la clase trabajadora europea. Millones de personas han perdido sus empleos, los beneficios de desempleo están siendo recortados para decenas de millones de trabajadores desempleados o subempleados en toda Europa, y los economistas estiman que los bancos podrían destruir hasta 59 millones de puestos de trabajo en la UE durante la crisis capitalista tras la pandemia.

A nivel internacional, la desigualdad social está alcanzando niveles incompatibles con las formas democráticas de gobierno. En los Estados Unidos, la Administración de Trump está declarando que no renunciará después de las elecciones presidenciales, convirtiendo efectivamente las elecciones en un golpe de Estado. La burguesía europea no es en definitiva menos fascistizante que Trump. Mientras entrega billones de euros de fondos públicos a los mercados financieros y a los superricos, prepara niveles masivos de contagios y de desempleo que solo un régimen autoritario podría tratar de imponer a los trabajadores.

La clase obrera puede detener las políticas criminales de las élites gobernantes. Fue una ola de huelgas espontáneas en fábricas clave de automóviles, maquinaria y procesamiento de alimentos en Italia y en toda Europa la que impuso los cierres iniciales esta primavera.

Sin embargo, esta lucha solo puede tener lugar a nivel internacional, como una lucha política consciente e independiente de las burocracias sindicales y sus partidos “populistas de izquierda” aliados. Las protestas incipientes entre la juventud y los trabajadores plantean la necesidad de organizar comités independientes de seguridad en cada lugar de trabajo y de forzar una respuesta racional y científica contra el COVID-19. Sin embargo, esta política no puede negociarse con los Gobiernos de la Unión Europea, sino que solo puede llevarse a cabo mediante la lucha para organizar huelgas generales con el objetivo de derribar estos Gobiernos y transferir el poder a la clase obrera.

Las burocracias sindicales y sus aliados políticos son plenamente cómplices de las políticas de regreso a la escuela y al trabajo, que están ayudando a aplicar al tiempo que plantean algunas críticas tácticas menores. La Federación de Sindicatos de Alemania (DGB) y las principales federaciones sindicales de Francia firmaron una declaración que apoya explícitamente el último rescate de la UE de 750.000 millones de euros acordado por Berlín y París. Los sindicatos españoles no han movilizado ninguna oposición a la política de inmunidad colectiva de la UE. Su aliado, el partido “populista de izquierda” Podemos, está ayudando a implementarla desde el Gobierno.

No debería haber complacencia: el apoyo de los sindicatos y los partidos “populistas de izquierda” a la política de la UE no demuestra que la “inmunidad colectiva” sea segura, sino que estas organizaciones son herramientas pequeñoburguesas sobornadas de los bancos. Esperan que una parte de los miles de millones en rescates pase por las oficinas empresariales y llegue a los consejos laborales.

Los acontecimientos han confirmado las advertencias del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI). Semanas antes de que se adoptaran los cierres en Europa, el CICI exigió una respuesta de emergencia coordinada a nivel mundial ante la pandemia, exponiendo los planes reaccionarios de los Gobiernos en Berlín, Londres, París y de toda Europa y el mundo. Ha trabajado con secciones clave de maestros, trabajadores del transporte y automotores, que establecieron comités independientes de seguridad en sus lugares de trabajo.

Las secciones europeas del CICI y su grupo simpatizante en Turquía reiteran los llamamientos que han hecho a una huelga general contra las políticas asesinas de regreso al trabajo y a la escuela. La tarea que ahora suscita la creciente movilización y radicalización política de la clase obrera en Europa es la lucha por apoderarse de los recursos robados por la clase dirigente a lo largo de años de obscenos rescates corporativos, derribar los gobiernos de la UE, derrocar el sistema capitalista y sustituir la reaccionaria UE por los Estados Unidos Socialistas de Europa.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de septiembre de 2020)