Trabajadores y estudiantes en todo el Líbano han mantenido sus protestas, a pesar de la lluvia torrencial, contra el gobierno del primer ministro Saad Hariri. Las protestas ahora abarcan ocho días, rechazan sus llamadas reformas económicas y exigen la renuncia de todo su gobierno.

Las protestas estallaron la semana pasada, sacando a la calle a una cuarta parte de los seis millones de los habitantes del país después de que el gobierno buscara imponer otro impuesto más para hacer que la clase trabajadora profundamente empobrecida del país pague por una crisis económica cada vez más profunda: un impuesto de $6 al mes sobre los mensajes de WhatsApp. Los intentos de utilizar al ejército y la policía para disolver las protestas solo sirvieron para inflamar la ira popular y fueron abandonados en gran medida.

Las protestas masivas fueron alimentadas por la ira profundamente arraigada por la desigualdad social que se ha disparado desde el final de la guerra civil en 1990. El uno por ciento más rico monopoliza el 58 por ciento de la riqueza de la nación, mientras que el 50 por ciento más pobre posee menos del uno por ciento, en un país que funciona como un paraíso fiscal y un patio de recreo para los cleptócratas de la región.

Las protestas han unido a trabajadores y jóvenes a pesar de la división sectaria y nacional, y están participando refugiados palestinos y sirios, contra quienes la élite gobernante libanesa ha estado provocando durante mucho tiempo tensiones xenófobas como medio para desviar la acción de clase unida. Hay alrededor de 1,5 millones de sirios que han huido de la feroz guerra mediante representantes impulsada por los Estados Unidos que envuelve a su país, a quienes el Líbano se ha negado a otorgar el estatuto de refugiado o asilo, así como cientos de miles de refugiados palestinos que llevan allí mucho tiempo y que tienen derechos muy limitados en el país.

Hariri, desconcertado por la magnitud de las protestas, retrocedió. Abandonó el impuesto y, amenazando con renunciar si no lo hacía, obligó a sus frágiles socios de la coalición a acordar un presupuesto para 2020 que no impusiera impuestos adicionales a la clase trabajadora.

Si bien el presupuesto hace gestos simbólicos, como reducir a la mitad los salarios y beneficios de los políticos actuales y anteriores, y requiere que el banco central y los bancos privados contribuyan con $3,3 mil millones a un “déficit cercano a cero” para el presupuesto de 2020, abre la economía del Líbano a los inversores privados, a más privatizaciones y deudas, todo lo cual impacta negativamente en el nivel de vida. Con una deuda nacional de $86 mil millones, recientemente reducida al estado de bonos basura por las agencias de calificación crediticia, el gobierno debe satisfacer las onerosas condiciones económicas y fiscales para acceder a los $11 mil millones en préstamos prometidos en la conferencia internacional del año pasado en apoyo del desarrollo y las reformas del Líbano (CEDRE) en París.

Pero el presupuesto de Hariri solo sirvió para enfurecer a las masas en las calles, que despreciaron sus medidas cínicas contra los políticos y los bancos. ¿Por qué, preguntaron, no se habían tomado tales medidas, y otras más, hace años?

Los manifestantes exigieron el fin de la corrupción que impregna todos los poros de la vida económica y social en el país, la renuncia de todo el gobierno y elecciones libres y justas que no se basen en el marco sectario divisivo de las elecciones anteriores. Gritaban consignas como: “Somos un pueblo unido contra el Estado. Queremos que caiga” y “¡Revolución, revolución!”.

Ningún partido político se ha librado de su ira. En el sur del Líbano, una región predominantemente chiíta, los manifestantes denuncian tanto a Nabil Berri, presidente del parlamento del Líbano y jefe del Movimiento Amal aliado de Hezbollah, como al líder de Hezbollah Hassan Nasrallah. Si bien el apoyo anterior de Hezbolá se basaba en gran medida en sus organizaciones de bienestar social que brindaban servicios de educación y atención médica, las sanciones estadounidenses al grupo han limitado sus recursos.

A pesar del llamado del gobierno para que las escuelas y universidades vuelvan a abrir, estas, junto con los bancos, han permanecido cerradas, deteniendo gran parte de la vida económica, con carreteras bloqueadas por manifestantes y largas filas de vehículos en las estaciones de servicio mientras el combustible se iba terminando. Se teme que cuando los bancos vuelvan a abrir, limitarán los retiros.

El jueves, las estaciones de televisión emitieron una declaración mal editada y pregrabada por el presidente Michel Aoun, quien permaneció en silencio durante la crisis. Apeló a las masas con una promesa de apoyo para el levantamiento del secreto bancario y la inmunidad legal de los políticos contra el enjuiciamiento, declarando que se haría rendir cuentas a los que habían robado dinero público.

El fiscal anunció que había iniciado un proceso judicial contra el multimillonario exprimer ministro Najib Mikati, su hermano e hijo y el Banco Audi por cargos de corrupción. Aoun dijo: “Estoy listo para reunirme con sus representantes que expresan sus inquietudes y escuchar sus demandas específicas”.

Si bien agregó que había “una necesidad de revisar el gobierno actual”, insinuando una reorganización, advirtió a los manifestantes que no toleraría los continuos disturbios. Él dijo: “Discutiremos qué podemos hacer juntos para lograr sus objetivos sin causar colapso y caos, abrir un diálogo constructivo que pueda conducir a un resultado constructivo y definir opciones que conduzcan a los mejores resultados”.

Los socios de la coalición de Hariri son los señores de la guerra y los beneficiarios del sistema de poder compartido sectario introducido por los Acuerdos de Taif de 1990 que pusieron fin a la guerra civil de 15 años y se incorporaron a la Constitución libanesa el mismo año. Dijo que cualquier reorganización estaría en línea con los “mecanismos constitucionales”, es decir, el orden político sectario del Líbano del que se benefician las dinastías políticas, incluido el multimillonario Hariri.

Las principales potencias imperialistas, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, permanecieron en silencio durante días, antes de instar nerviosamente al Líbano a prestar atención a las “frustraciones legítimas” de los manifestantes y frenar la corrupción.

Pero el presidente Aoun no logró impresionar a las masas. “Lo hemos escuchado todo antes” y “Estamos aquí hasta que el gobierno caiga”, dijeron.

Al igual que sus homólogas en Sudán y en otros lugares, la protesta tiene una atmósfera de carnaval y nacionalista. Los manifestantes abrumadoramente jóvenes y predominantemente de clase trabajadora carecen de una perspectiva política clara y elaborada, que articule la oposición al imperialismo y a todas las facciones de la burguesía libanesa, lo que los deja a merced de las fuerzas burguesas que sí están organizadas.

Las fuerzas derechistas de los partidos cristianos, el Partido de las Fuerzas Libanesas, cuyos cuatro miembros del gabinete renunciaron al gabinete de Hariri el fin de semana pasado, el Movimiento Patriótico Libre y el partido fascista Kata'ib, han participado en las protestas, pidiendo la renuncia del gabinete y elecciones anticipadas con la esperanza de posicionarse mejor más adelante. Sin duda, también alentarán a los manifestantes a realizar ataques precipitados contra la propiedad del gobierno y las fuerzas de seguridad.

Al mismo tiempo, muchos otros grupos, incluidos los profesionales, están formando sus propias organizaciones para perseguir sus propias agendas. Se ha pedido que se haga cargo un gobierno tecnocrático, mientras que otros han pedido que el ejército tome el control si continúan las protestas y los disturbios.

Las capas burguesas y pequeñoburguesas, independientemente de su oposición al gobierno de Hariri, no ofrecen ninguna solución a los trabajadores y los pobres del Líbano.

La lucha del Líbano se lleva a cabo en medio de una creciente ola de militancia de la clase trabajadora en todo el Medio Oriente y África del Norte, ejemplificada por las huelgas y manifestaciones en Argelia, Sudán, Egipto y, más recientemente, Irak. Es a estas fuerzas y trabajadores a nivel internacional a quienes deben dirigirse los trabajadores libaneses.

La única forma de establecer un régimen democrático en el Líbano que satisfaga las aspiraciones económicas y sociales básicas de las masas es a través de una lucha dirigida por la clase trabajadora, independientemente y en oposición a las fuerzas liberales y pseudoizquierdistas de la clase media, para tomar el poder, expropiando la riqueza ilícita del régimen en el contexto de una amplia lucha internacional de la clase trabajadora, que una a los trabajadores árabes, judíos, kurdos, turcos e iraníes contra el capitalismo y por la construcción del socialismo.

(Publicado originalmente en inglés el 26 octubre 2019)