La ira popular y la agitación en la isla de Puerto Rico, un territorio estadounidense, sigue tras la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló y el fallo de la Corte Suprema de esta semana según el cual el nombramiento de su sucesor, Pedro Pierluisi, fue inconstitucional. La gobernadora actual, Wanda Vázquez Garced, exsecretaria de justicia es, si cabe, aún más odiada que Pierluisi.

Las manifestaciones más grandes de la historia de Puerto Rico han sido impulsadas por la ira por la corrupción desenfrenada, la desigualdad social creciente, y la criminalidad del gobierno en relación con la devastación causada por el Huracán María en septiembre de 2017. En cuanto a Washington, los políticos republicanos y los demócratas por igual están aterrados por la idea de que protestas comparables pudieran estallar en el continente.

Una demanda central planteada en las protestas de masas ha sido la expulsión de la “junta”, es decir, la Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB, siglas en inglés), que fue establecida por la administración de Obama para imponer medidas de austeridad a la población puertorriqueña para reembolsar a los acreedores de la isla de Wall Street.

Es en este contexto que la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, miembro de los Demócratas Socialistas de América, ha intervenido para darle una tapadera política a Wall Street, enturbiar los asuntos fundamentales implicados en la crisis, y ayudar a sofocar las protestas antes de que se salgan de control.

El jueves, Ocasio-Cortez, junto con la representante Nydia Velázquez, el senador Bob Menendez y el representante Raúl Grijalva, todos demócratas, enviaron una carta abierta a José B. Carrión III, director del FOMB. Este preside la junta de siete miembros no electos que representa intereses financieros poderosos, incluyendo antiguos y actuales directores ejecutivos y banqueros.

La carta empieza explicando que su objetivo es “instar” a la FOMB “a reevaluar las medidas de austeridad impuestas a instituciones gubernamentales cruciales de la isla”, particularmente sanidad y educación.

Los congresistas demócratas dejan claro, sin embargo, que no se oponen a la existencia de la FOMB. Tampoco se oponen por principio a la austeridad. Citan de manera no crítica un informe del Centro para una Nueva Economía (CNE) que “corregir la crisis fiscal [esto es, las medidas de austeridad] ayudaría a restaurar un sentido de estabilidad macroeconómica a la economía puertorriqueña, pero eso por sí mismo no va a renovar el crecimiento económico”. También citan una declaración del cuerpo del Tesoro estadounidense que “la austeridad sola no es una vía hacia la recuperación” para Puerto Rico.

La legitimidad de la crisis de deuda de Puerto Rico, que es el producto de un estatus semicolonial de la isla y cabildeos financieros secretos, queda totalmente indiscutido, como lo es la autoridad de la FOMB para tomar decisiones que afectan a millones de personas.

La carta procede a lamentar moderadamente la decisión de hacer recortes en sanidad y educación al tiempo que expresa su comprensión de que instituciones tales como la Universidad de Puerto Rico, que se prevé que reciba un recorte presupuestario de $400 millones, deban aceptar “medidas de rendición de cuentas para cumplir con importantes iniciativas académicas y operativas”. Sin embargo, insta a que esto se haga sin recortes al Fondo General y sin aumentar la matrícula o recortar el sistema de pensiones.

En otras palabras, aboga por que se encuentren recortes en otra parte. Es más, la declaración, al hacerse eco de las demandas de los banqueros de “responsabilidad”, plantea la pregunta: ¿responsable ante quién, exactamente? ¿La junta de siete miembros no electos de banqueros y directores ejecutivos que representan a los tenedores de bonos? ¿O quizás el gobierno puertorriqueño local que quedó expuesto como títere de esta misma junta?

La carta dice que los autores esperan que la FOMB “considere” algunos cambios, e “invita a la FOMB a dar un paso atrás y reconsiderar estos profundos recortes”, añadiendo que los puertorriqueños solo están pidiendo “un poco de espacio para respirar”.

La declaración más significativa es la conclusión: “El pueblo de Puerto Rico lo ha dicho alto y claro; está exigiendo acciones prontas y responsables de sus dirigentes. Como congresistas, nos solidarizamos con los puertorriqueños al pedir a su gobierno que rinda cuentas en tiempos de aguas políticamente inexploradas [sic]. Esperamos consideren estos cambios par asegurar los albores de una nueva era para Puerto Rico”.

El lenguaje servil acepta enteramente la legitimidad de “los líderes” en Puerto Rico —es decir, los títeres corruptos de Wall Street que son los responsables de la catástrofe económica y social en la isla. Sobre todo, acepta la autoridad de la FOMB, la junta financiera de los bancos. Con “aguas políticamente inexploradas” la carta se refiere al surgimiento de protestas sociales por fuera del marco de los partidos del establishment, que podría tener consecuencias revolucionarias si la FOMB no “considera” algunos cambios menores para ablandar la oposición y asegurar unos “nuevos albores”.

¿A quién, exactamente, Ocasio-Cortez y compañía le dirigen su súplica? La FOMB es esencialmente una institución dictatorial creada para llevar a cabo un ataque total a la clase trabajadora para asegurar los pagos a los tenedores de bonos, un ataque que fue intensificado tras el Huracán María. Las acciones de esta institución son responsables de la muerte de miles de trabajadores y una proliferación sin precedentes de la miseria social en la isla.

La abolición de la FOMB ha venido siendo una demanda central de los manifestantes, que con razón ven a esta institución como una dictadura financiera. Desafiar a la FOMB es desafiar implícitamente la legitimidad del gobierno de la aristocracia corporativa y financiera que está en el corazón del sistema capitalista. Por esta razón la demanda se ha quedado fuera por lo general de la cobertura de los medios de comunicación del sistema.

Los que estuvieron implicados en redactar el proyecto de ley que creó la junta (la ley PROMESA) eran cabilderos de los principales fondos de cobertura y fondos buitre de Wall Street que son dueños de la mayor parte de la deuda de Puerto Rico. La junta de siete miembros puestos a dedo para supervisar el saqueo incluye a representantes de intereses financieros poderosos que son bien conscientes de lo que están haciendo.

Carlos García, por ejemplo, es el director ejecutivo de BayBoston Managers LLC y socio gerente de BayBoston Capital LP. Se lo considera el arquitecto de la polémica Ley 7 de Puerto Rico, que le permitía al gobierno declarar temporalmente una emergencia fiscal y despedir a miles de empleados públicos en respuesta a la crisis fiscal.

José R. González ocupó varios cargos en servicios bancarios y financieros, incluyendo en Credit Suisse First Boston y el Banco de Desarrollo del Gobierno de Puerto Rico. También es director ejecutivo y presidente del Federal Home Loan Bank de Nueva York. Tanto González como García fueron reclutados para esos cargos por el español Banco Santander, que fue uno de los bancos que se benefició enormemente de las maquinaciones financieras que llevaron directamente a la crisis de deuda de Puerto Rico.

Y, desde luego, José B. Carrión III, a quien va dirigida la carta. Es el presidente y socio principal de HUB International CLC, LLC. Había ocupado anteriormente varios cargos en el gobierno de Puerto Rico, incluyendo la Junta de Compensación de Trabajadores.

El carácter del llamamiento queda expresado asimismo por aquellos que figuran allí como firmantes. De particular importancia es la implicación de Bob Menendez. Menendez tiene largos antecedentes de defender las políticas más derechistas y más proimperialistas, incluyendo votar a favor de la Patriot Act en 2001 y su reautorización en 2006. También sirvió por un tiempo como director de la Comisión del Senado para Relaciones Exteriores en enero de 2013 antes de dimitir en abril de 2015 al ser acusado de corrupción federal.

El papel de Ocasio-Cortez y los Demócratas Socialistas de América en Puerto Rico es totalmente coherente con su papel respecto a todas las otras cosas: darle al Partido Demócrata un barniz “izquierdista” mientras los demócratas imponen las políticas exigidas por los grandes negocios y el aparato militar y de inteligencia.

Esto se vio recientemente cuando Ocasio-Cortez y unos pocos otros designados desempeñaron un papel crítico en asegurar la promulgación de la ley que brinda fondos a las políticas fascistas de Trump de seguridad fronteriza al votar a favor de una resolución de llevar la versión de la Cámara del proyecto de ley de financiación para ser discutida. Luego, como se acordara previamente con la portavoz demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, votaron contra la ley, sabiendo que sería aprobada. Ocasio-Cortez luego se unió a los demócratas en votar a favor de una resolución presupuestaria de dos años que incluye un récord de $738 mil millones para el ejército estadounidense.

La lucha de los trabajadores y los jóvenes de Puerto Rico contra la FOMB y la devastación de Puerto Rico requiere la unificación de sus luchas con las de la clase trabajadora de todo Estados Unidos en una ofensiva común contra la clase gobernante y el sistema capitalista. Tal lucha debe ser librada contra los republicanos y los demócratas, incluyendo los pseudosocialistas del DSA.

(Publicado originalmente en inglés el 10 de agosto de 2019)