El 24 de enero, la sección alemana del Comité Internacional de la Cuarta Internacional, el Sozialistische Gleichheitspartei (Partido Socialista por la Igualdad, SGP), presentó una demanda contra el Ministerio Federal del Interior ante el Tribunal Administrativo de Berlín. La demanda cuestiona la clasificación del SGP como "extremista de izquierda" en el Informe 2017 de la Verfassungsschutz (Oficina para la Protección de la Constitución), el servicio secreto del Ministerio del Interior. Con esta designación, el SGP queda sujeto a vigilancia por parte de Verfassungsschutz .

El SGP justificó su queja sobre la base de que su inclusión en el informe y la vigilancia por parte del servicio secreto fue una violación masiva e ilegal de sus derechos democráticos. El Verfassungsschutz no alegó que el SGP fuera violento o anticonstitucional. Reconoció explícitamente perseguía sus objetivos por medios legales. El Gobierno justificó la vigilancia del SGP exclusivamente sobre la base de que el SGP promueve un programa socialista y se opone al capitalismo.

Ahora, el Ministerio del Interior ha respondido a la queja del SGP con una declaración detallada escrita por el Profesor Dr. Wolfgang Roth del bufete de abogados Redeker Sellner Dahs. Esta respuesta no es, en esencia, un argumento legal sino una diatriba contra el marxismo y toda forma de pensamiento socialista, de izquierda y progresista. Podría haberse escrito en la sede del partido neofascista la Alternative für Deutschland (AfD, Alternativa para Alemania). La respuesta expone hasta qué punto el Verfassungsschutz se ha convertido en un portavoz de la extrema derecha.

Según el Ministerio del Interior, "la lucha por una sociedad democrática, igualitaria y socialista" y "la agitación contra el presunto ‘imperialismo’ y el ‘militarismo’ son anticonstitucionales. El Gobierno está tratando de imponer una prohibición al pensamiento, incluido el "pensar en categorías de clase" y la "creencia en la existencia de clases opuestas irreconciliablemente opuestas".

El tribunal recibió el documento del Ministerio del Interior dos semanas antes del ataque neonazi contra el político Walter Lübcke, miembro de la gobernante Unión Demócrata Cristiana (CDU). El asesinato es el más reciente de una serie de ataques violentos llevados a cabo por terroristas neonazis que operan con protección estatal de alto nivel. El sospechoso, Stephan E., miembro de una red de organizaciones violentas neonazis, tiene un largo historial de condenas por agresiones violentas. Esta red se ha infiltrado con docenas de agentes de Verfassungsschutz, que efectivamente ejecutan sus operaciones. El terrorista neonazi NSU (Movimiento clandestino del nacionalsocialista) que asesinó a nueve inmigrantes y un oficial de policía, es parte de esta red.

Si bien Verfassungssch utz protege a los terroristas y financia y dirige el entorno extremista de la derecha con sus propios funcionarios, se dirige a organizaciones e individuos que se oponen a las pandillas de asesinatos de la derecha. Esto incluye no solo al SGP, sino también a grupos de izquierda, juveniles e incluso al concierto Rock Against the Right en Chemnitz, que fue difamado como "extremista de izquierda" por el Verfassungsschutz del estado de Sajonia.

El SGP se ha colocado en la mira de Verfassungsschutz porque está librando una campaña política contra el militarismo y el cambio masivo hacia la derecha de todo el sistema político, expresando así la amplia oposición a estos desarrollos dentro de la población. Ha expuesto la conspiración de la derecha en el aparato estatal y está luchando por un programa socialista en la clase obrera. En particular, se opuso al resurgimiento de ideologías extremistas y militaristas de derecha en las universidades por parte de profesores como Herfried Münkler y el apologista de Hitler Jörg Baberowski.

El SGP ha ganado un amplio apoyo entre trabajadores y estudiantes y ha podido ampliar enormemente el trabajo de su organización juvenil, los Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (JEIIS). En respuesta, los extremistas de derecha del Movimiento Identitario y AfD han atacado las reuniones públicas del SGP y los JEIIS. Los medios de derecha, como el principal periódico conservador, Frankfurter Allgemeine Zeitung, y la influyente revista política Ciceró han publicado artículos difamatorios.

Ahora todo el aparato estatal ha sido puesto en marcha contra el SGP. El Ministerio del Interior ha dedicado enormes recursos a calificar al partido como anticonstitucional. Ha encargado a un importante bufete de abogados que elabore un documento de 56 páginas, que se basa en un examen de las declaraciones políticas y el programa del SGP y sus partidos hermanos en el Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI).

Pero el ataque al SGP está, más ampliamente, dirigido contra todos los movimientos de izquierda y progresivos. El ataque invoca las tradiciones criminales del autoritarismo y el fascismo en Alemania. El ataque del Ministerio del Interior contra el SGP pretende sentar un precedente peligroso. Se utilizará para legitimar la acción estatal contra organizaciones, grupos e individuos que se oponen a la desigualdad social, la destrucción del medio ambiente, la represión estatal, la acumulación de las injusticias militares u otras de la sociedad capitalista.

Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todos aquellos que apoyan los derechos democráticos y se oponen al crecimiento de la extrema derecha para protestar contra el ataque de los Verfassungsschutz, apoyen la demanda presentada por el SGP y respaldamos su demanda de que el Gobierno cese la vigilancia del SGP y todas las demás organizaciones de izquierda, y que se disuelva Verfassungsschutz, un centro de conspiraciones antidemocráticas.

Lo que el Gobierno federal quiere prohibir

En su respuesta a la queja del SGP, El Gobierno alemán revivió el concepto reaccionario de enjuiciamiento legal de opiniones (Gesinnungsstrafrecht), sin la comisión real de un delito. Este proceso inquisitivo, que encontró su aplicación más brutal en el concepto nazi de Willenstrafrecht (castigo por pensamiento), en el cual el acusado podría ser condenado y sentenciado a muerte por simplemente indicar una actitud mental que podría sugerir, y posiblemente alentar la deslealtad en otros. El Gobierno no acusa al SGP de actos ilegales, incitación a la violencia o cualquier acto extremista. En todo el documento, no existe ningún reclamo de que el SGP haya cometido ningún acto que infrinja la ley existente. La denuncia del SGP como organización política cuya existencia es incompatible con el "orden democrático liberal" se basa exclusivamente en su visión de la sociedad, su teoría de la historia, sus análisis políticos y las conclusiones programáticas que extrae de ellos.

Sobre esta base, una amplia gama de pensamiento izquierdista y progresista está amenazada con la ilegalidad. El documento del Gobierno comienza con la afirmación de que "la lucha por una sociedad democrática, igualitaria y socialista" está en desacuerda con "los valores centrales de la Ley Básica". Las siguientes 50 páginas consisten en un largo catálogo de opiniones que, según el Gobierno federal, viola la constitución.

1. Las referencias positivas a Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, León Trotsky, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg son, según el Gobierno y sus abogados, anticonstitucionales. Esto también se aplica a la concepción marxista materialista de la sociedad y la historia. Refiriéndose a la prohibición del KPD (Partido Comunista Alemán) de 1956, que ahora se considera como un subproducto inconstitucional de la Guerra Fría, el documento declara explícitamente que la "idea de una sociedad de clases... y la concepción marxista-leninista de estado y la sociedad, que “está arraigada en el pensamiento en términos de clase y la lucha de clases resultante, es incompatible con el orden básico democrático liberal y su concepción del hombre”.

2. Desafiar la afirmación de que el capitalismo conduce a la reconciliación gradual de clases también viola la constitución, según el Gobierno. En una cita directa de la sentencia que prohíbe el KPD, el documento dice: "La democracia liberal está impregnada por la opinión de que es posible desarrollar gradualmente la libertad y la igualdad de los ciudadanos ... para lograr una eficacia cada vez mayor y elevar estos principios al máximo posible".

La oposición a esta creencia impuesta por el Estado en la armonía entre las clases, basada en un análisis de la desigualdad social, también puede considerarse un ataque a la constitución. Sobre esta base, los libros de sociólogos de izquierda como Thomas Piketty, el informe sobre la pobreza del propio Gobierno alemán y las numerosas estadísticas que muestran un aumento masivo de la pobreza y la desigualdad social pueden estar sujetos a proscripción.

3. La irreconciliable oposición del SGP a los partidos constituyentes, incluido el partido La Izquierda, y su negativa fundamental a participar en coaliciones con estos partidos, también son inconstitucionales, según el Ministerio del Interior.

La declaración ataca al SGP porque rechaza "los compromisos de la 'clase obrera' con los representantes de otras 'clases'" y porque acusa a los partidos constituyentes de "una conspiración contra la población" dirigida al "militarismo, armamento y austeridad social". Por otra parte, “la definición del SPD [Partido Demócrata Social] como un partido de derecha del Estado, que representa exclusivamente los intereses de los bancos, las grandes corporaciones, los servicios secretos y la Bundeswehr [Fuerzas Armadas] y ahora enfrenta el ‘merecido odio’ por las reformas que implementó o apoyó” también se declaran en violación de la constitución.

Esta creencia impuesta por el Estado en la armonía de clase reaviva la ideología nazi de "Volksgemeinschaft" (comunidad popular). Está imbuido del mismo espíritu criminal que animó las quemas de libros de mayo de 1933, que fueron acompañadas por el “juramento de fuego”: “¡Contra la lucha de clases y el materialismo, por el Volksgemeinschaft y una actitud idealista ante la vida! Envío a las llamas los escritos de Marx y Kautsky".

4. Pero el Ministerio del Interior no se detiene en Marx y Kautsky. Así como los nazis también quemaron los libros del escritor Kurt Tucholsky y el periodista Carl von Ossietzky, el Gobierno ahora declara que cualquiera que critique el creciente armamento y la guerra, o que se oponga a la Unión Europea, sea un enemigo de la constitución. Entre otras cosas, describe lo siguiente como "esfuerzos contra el orden básico democrático liberal": la "demanda por el derrocamiento del ‘capitalismo’ y el establecimiento del socialismo", la "agitación contra el presunto ‘imperialismo’ y el ‘militarismo’ así como el “rechazo de los estados nacionales y la Unión Europea”.

5. Cualquiera que justifique la lucha armada contra el régimen nazi es, en opinión del Gobierno alemán, también un extremista de izquierda. Para probar la supuesta disposición del SGP a utilizar la violencia, el documento cita, entre otras cosas, el programa fundador de la Cuarta Internacional de 1938, que aboga por el "armamento del proletariado" en la "lucha contra el fascismo". Los líderes de la resistencia contra los nazis, aquellos que intentaron quitarle la vida a Hitler, como Georg Elsner y los miembros del fallido complot del 20 de julio de 1944, aún terminarían hoy en la horca.

La consecuencia lógica del catálogo de prohibiciones del Ministerio del Interior es una dictadura fascista. Su objetivo es evitar por todos los medios posibles que la mayoría de la población intervenga activamente en los acontecimientos políticos y transforme la sociedad sobre la base de los principios socialistas. Por esta razón, el Ministerio del Interior afirma que una revolución socialista "no puede ser una expresión de la voluntad del pueblo, porque [en esta revolución] en la mayoría de las partes del pueblo afirma sus ideas, mientras que los derechos constitucionales de las otras partes del pueblo son suprimidos". Esto se aplica, el documento establece, "independientemente de si la violencia se utiliza o no en el curso de la revolución socialista".

Así, el derecho de una élite súper rica a poseer bancos y los medios de producción se declara como un bien supremo y cualquier crítica de esto se convierte en un acto de sacrilegio. Fueron dictadores como Hitler, Franco y Pinochet quienes sacaron la conclusión final de este tipo de argumentación: si la mayoría gravita hacia las ideas socialistas, incluso los métodos más brutales de represión se justifican para defender el capitalismo. Por "orden democrático liberal", el Gobierno alemán no se refiere a los derechos democráticos inalienables protegidos por la Ley Básica, sino a la propiedad capitalista y al aparato estatal que la protege.

Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior no se limita a perseguir acciones concretas dirigidas al derrocamiento del capitalismo. Incluso actividades como "celebrar eventos públicos, publicar contribuciones y participar en elecciones" son anticonstitucionales si sirven para propagar ideas socialistas. Se da la siguiente razón: "Si una asociación como el demandante [el SGP] se dirige, en sus objetivos, contra el orden básico democrático liberal, el comportamiento activo relevante constituye un esfuerzo contra el orden básico democrático liberal".

Como ejemplos de tal "comportamiento activo", el Gobierno alemán cita en particular "la publicación de análisis diarios de los desarrollos políticos y económicos mundiales en el World Socialist Web Site " y la publicación de "Las obras de Trotsky, así como las obras de David North" por La editorial del partido, Mehring Verlag, la "editorial de libros trotskista más grande del mundo de habla alemana". También se mencionan el sitio web del partido, las cuentas de Facebook y Twitter y el canal de YouTube.

Las leyes antisocialistas, Willenstrafrecht y la prohibición del KPD

Legitimando el procesamiento basado en opiniones (Gesinnungsjustiz), el gobierno alemán se está posicionando en una tradición antidemocrática que se remonta a mediados del siglo XIX. Ya en el Juicio comunista de Colonia de 1851 y el Juicio de alta traición de Leipzig contra August Bebel de 1872, los marxistas fueron acusados exclusivamente por sus convicciones. Desde 1878 hasta 1890, las leyes antisocialistas hicieron ilegal al Partido Demócrata Social (SPD). Estas leyes se dirigieron contra todas las organizaciones en las que salieron a la luz los esfuerzos socialdemócratas, socialistas o comunistas para derrocar al estado u orden social existente de una manera que pone en peligro la paz pública y, en particular, la armonía de las diferentes clases de la población.”

Esta tradición jurídica reaccionaria alcanzó su punto culminante en Willensstrafrecht, que desempeñó un papel crucial en el sistema legal nazi. Para que alguien sea sentenciado, ya no se requiere que se haya cometido un delito real. Más bien, fue suficiente simplemente para afirmar una "voluntad criminal (verbrecherischer Willen)" por parte del perpetrador. Para que el Gobierno pueda eliminar a todos los opositores políticos, encerrarlos en campos de concentración y matarlos, el procesamiento penal se fue separando cada vez más de las acciones concretas de los acusados.

En la década de 1930, el recién creado Tribunal Popular Nazi (Volksgerichtshof) interpretó el párrafo de alta traición de tal manera que los comunistas podrían finalmente ser condenados a muerte únicamente sobre la base de sus convicciones. Para la década de 1940, cualquier forma de insatisfacción que pudiera interpretarse como oposición al estado era suficiente para un juicio draconiano. Una broma sobre el "Führer", las dudas sobre la victoria final, incluso un comentario sobre los trenes con retrasos crónicos, tuvieron consecuencias fatales.

Después de la caída del régimen nazi, esta continuidad se rompió solo en la superficie. Después de un breve período de "desnazificación", las elites regresaron a sus antiguos cargos en el poder judicial, la policía, la administración, las universidades y los negocios. El coautor de las Leyes de la raza de Nuremberg, Hans Globke, se convirtió en el jefe de la Oficina del Canciller bajo Konrad Adenauer, el primer canciller de la Alemania occidental de posguerra. En esta capacidad, Globke era responsable de la política de personal, así como del establecimiento y control de los servicios secretos: la BND (Servicio Federal de Inteligencia, de inteligencia extranjera) y el Verfassungsschutz (inteligencia nacional).

En 1950, una enmienda integral al derecho penal reintrodujo el concepto de enjuiciamiento legal basado en opiniones (Gesinnungsjustiz). Esta enmienda había sido elaborada por el Dr. Josef Schafheutle, responsable del derecho político penal en el Tercer Reich como jefe de departamento en el Ministerio de Justicia. Los mismos jueces que habían gobernado injustamente bajo los nazis condenaron nuevamente a los comunistas sobre la base de sus convicciones. La caza de brujas de los comunistas culminó en la infame prohibición de KPD en 1956 por el Tribunal Constitucional Federal de Alemania. Ahora esta prohibición está siendo recuperada de los archivos por el Gobierno federal y utilizada contra el SGP. Sirve como el marco legal de referencia más importante para el documento del Ministerio del Interior.

Aunque el fallo de KPD nunca ha sido revocado formalmente, ha sido desacreditado por mucho tiempo. El presidente de la Corte Constitucional Federal, Jutta Limbach, declaró en 1996, basándose en las opiniones actuales del derecho constitucional, que ella habría rechazado la prohibición. En su libro Verfassungswidrig! (¡Anti-constitucional!) publicado en 2017, el profesor de historiador Josef Foschepoth, quien ha realizado un estudio exhaustivo del juicio contra el KPD basado en archivos previamente inaccesibles en los archivos estatales, concluye que el fallo del KPD violó flagrantemente la constitución y fue políticamente motivado "En este juicio ya no hubo separación de poderes, sino solo un estado que, bajo la presión del gobierno federal, insistió en que se prohibiera el KPD", escribe Foschepoth.

En este juicio, el Gobierno de Adenauer estuvo representado por abogados de los mismos círculos radicales de derecha que habían desempeñado un papel activo en la persecución de los comunistas bajo el nacionalsocialismo. El jefe de la Oficina de Litigios del gobierno (Prozessführungsstelle) fue Hans Ritter von Lex, quien, como miembro del Reichstag para el Partido Popular de Baviera (BVP), declaró su consentimiento a la Ley de Habilitación del 23 de marzo de 1933, que de facto entregó todo el poder legislativo a Adolf Hitler. Apenas unos días antes, le había asegurado a Hitler en una conversación personal que compartía su objetivo de "exterminar el marxismo en Alemania".

"La liberación del pueblo alemán de esta contaminación, incluso mediante la aplicación de los métodos más duros, es una demanda común de todos los círculos de mentalidad patriótica", dijo.

Una conspiración extremista de derecha

Con el retorno a la persecución basado en opiniones (Gesinnungsjustiz) y la reactivación de la prohibición del KPD, la clase dominante está adoptando estas tradiciones fascistas. El informe del Verfassungsschutz y el documento de los abogados del Ministerio del Interior son producto de una conspiración extremista de derechas en el aparato estatal destinado a intimidar a la opinión pública y criminalizar toda oposición al capitalismo, el nacionalismo, el imperialismo, el militarismo y la AfD como "extremistas de izquierda" y "anticonstitucionales".

Ahora se sabe que los círculos extremistas de derecha participaron en la redacción del informe Verfassungsschutz 2017. Hans-Georg Maaßen, entonces jefe de Verfassungsschutz, se había reunido varias veces con importantes representantes de la AfD y discutió el informe con ellos. En noviembre de 2018, Maaßen fue enviado a un retiro temporal después de que él había negado, a pesar de la abrumadora evidencia de lo contrario, que se habían producido disturbios radicales de derecha en Chemnitz y se había denunciado a “fuerzas radicales de izquierda dentro del SPD”. Ahora Maaßen, un miembro de la derecha de la CDU gobernante, está promoviendo abiertamente la formación de coaliciones gubernamentales con la AfD.

Bajo su nuevo presidente, Thomas Haldenwang, Verfassungsschutz continúa el mismo curso. Por lo tanto, una vez más no hay una sola sílaba en la AfD, su ala fascista dirigida por Björn Höcke o el entorno neonazi que rodea al partido, en el capítulo sobre el extremismo de derecha en el nuevo informe Verfassungsschutz de 2018. Se citan simplemente como "víctimas" de presuntos "extremistas de izquierda". El informe dice literalmente: "En 2018, además de los miembros de los partidos de derecha extremista, la Alternativa für Deutschland (AfD)... que dejó. Los extremistas de han declarado ser extremistas de derecha en todos los ámbitos, y siguen siendo el foco de la agitación extremista de izquierda".

El informe también ignora sistemáticamente las extensas redes terroristas de derecha en la policía y la Bundeswehr. Uno buscará en vano términos como Franco A., el jefe de una conspiración fascista en el ejército alemán, o NSU 2.0, la continuación de la red terrorista de extrema derecha NSU. El grupo terrorista Revolución Chemnitz, que no solo ha atacado a extranjeros y disidentes políticos, sino que también tenía planes para una "acción" armada y un derrocamiento radical de la derecha en el Día de la Unidad Alemana 2018, es menospreciado como una simple "milicia" por el Verfassungsschutz. La red terrorista extremista de derecha "Combat 18", que mantuvo estrechos vínculos con la NSU y con la que el presunto asesino de Lübcke estaba en contacto cercano, se eliminó del nuevo informe Verfassungsschutz.

En contraste, el SGP aparece nuevamente como un "partido extremista de izquierda" y "objeto de observación". En el espíritu de la persecución legal de las ideas políticas, el servicio secreto agregó a este capítulo relevante la observación de que la "izquierda dogmática" Los extremistas del ala "como el SGP" con sus extensos análisis "tenían" el potencial "de actuar" como "incendiarios intelectuales" (geistige Brandstifter) para inspirar ideológicamente a los grupos orientados hacia la violencia".

Mientras que Verfassungsschutz equipara los análisis marxistas y las ideas socialistas con "incendio provocado" y "violencia", ¡se está construyendo y cubriendo las pandillas de asesinatos neofascistas! Solo en el entorno alrededor de la NSU, las autoridades de seguridad han desplegado más de 40 informantes para el Verfassungsschutz. Uno de esos agentes estuvo presente en una de las escenas de asesinato de la NSU. El servicio de inteligencia nacional es "la agencia gubernamental más peligrosa de Alemania" y "no tiene capacidad de reforma", declaró el periodista Deniz Yücel, del diario alemán Die Welt durante una aparición pública a principios de julio. El semanario Stern ha pedido la abolición del Verfassungsschutz porque se ha convertido en "un estado dentro de un estado" y "ha demostrado ser incontrolable".

Con su ataque al SGP, esta agencia gubernamental criminal quiere establecer un precedente para un nuevo tipo de enjuiciamiento legal de crímenes de pensamiento que proporcionaría la base para el enjuiciamiento de cualquiera que critique la actual situación política y social reaccionaria. Los trabajadores en huelga serían procesados, así como los vendedores de libros que ponen a disposición literatura marxista, o artistas críticos, periodistas e intelectuales.

Mucha gente conoce el famoso poema del teólogo protestante Martin Niemöller, en el que describe su propio camino hacia el campo de concentración:

Primero vinieron por los comunistas, y no dije nada porque no era comunista.

Luego arrestaron a los socialdemócratas, y no dije nada porque no era un socialdemócrata.

Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada porque no era sindicalista.

Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada porque yo no era judío.

Luego vinieron por mí, y no quedaba nadie para hablar por mí.

Esta pregunta se está planteando de nuevo hoy. Si la conspiración de la derecha en el aparato estatal no se detiene y el SGP no se defiende, la represa se romperá para medidas de mayor alcance. Por lo tanto, hacemos un llamamiento una vez más a todos aquellos que quieren defender los derechos democráticos y oponerse al crecimiento de la derecha: protestar contra el ataque de los Verfassungsschutz y defender al SGP.

Exigimos que los Verfassungsschutz cesen la vigilancia del SGP y de todas las demás organizaciones de izquierda y que se disuelva este semillero de derechas de conspiraciones antidemocráticas.

(Publicado originalmente en inglés el 26 de julio de 2019