En un incumplimiento descarado de la ley, el Gobierno de Trump intentó deportar a una madre y su hija a El Salvador el jueves antes de que se concluyera su audiencia en un tribunal federal en Washington, DC.

Los esfuerzos del Departamento de Justicia para expulsar a los dos inmigrantes desafiaron una orden judicial para suspender su deportación. El Gobierno trató de deportarlas mientras sus abogados estaban ocupados defendiendo su ante los tribunales.

Una escena inaudita se produjo el jueves por la mañana cuando la abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), Jennifer Chang Newell, recibió un correo electrónico informándole que dos de sus clientes, una madre llamada Carmen y su hija habían sido obligadas a abordar un avión con destino a El Salvador. Chang Newell le pidió al juez de distrito estadounidense, Emmet G. Sullivan, un receso, que el juez otorgó. Según el Washington Post, el abogado del Departamento de Justicia afirmó no tener idea de dónde se encontraban la madre y la hija.

Cuando el juez Sullivan supo que el avión que transportaba a la madre y la hija ya se dirigía a El Salvador, le ordenó a la Administración de Trump que "trajera al avión de regreso". Sullivan luego declaró, "Esto es bastante escandaloso. Qué alguien que busca justicia en tribunales estadounidenses sea desaparecida mientras sus abogados la defienden. No estoy nada feliz por esto. Esto no es aceptable".

El juez luego le otorgó la solicitud de la ACLU de posponer la audiencia y suspender las deportaciones. Amenazó con sancionar al fiscal general de Trump, Jefferson Sessions, por desacato al tribunal si el Gobierno violaba la orden.

Eunice Lee, una abogada que las representa a ambas junto a 10 otros inmigrantes que desafían las políticas de la Administración que les niegan el derecho al asilo, le dijo al Post:

"Debe haber sido absolutamente aterrador para ellas pensar que regresarían a un país donde plantearon reclamos muy creíbles de persecución y muerte. Para mí es una barbaridad el hecho de que mientras trabajábamos las 24 horas del día para la audiencia matutina de este caso, la gente del Gobierno estaba organizando activamente la deportación de Carmen”.

El Gobierno esperaba que, si las inmigrantes habían salido del territorio estadounidense cuando la corte se enterara de la deportación, habrían técnicamente perdido cualquier derecho al debido proceso relacionado con estar presente dentro de Estados Unidos.

El caso federal es una demanda civil presentada por 12 demandantes que impugnan las nuevas reglas de asilo de la Administración de Trump, que efectivamente impiden que las víctimas de violencia doméstica y violencia de pandillas obtengan asilo en los EUA.

En su demanda, la ACLU solicitó al tribunal detener las deportaciones pendientes de los demandantes, a quienes se les negó el asilo: "Sin una orden judicial, los Demandantes y miles de otros inmigrantes como ellos que buscan desesperadamente seguridad serán deportados ilegalmente a lugares donde temen ser violados, secuestrados, golpeados y asesinados,", dijo la ACLU en su denuncia.

En su decisión de junio titulada Matter of A-B-, el fiscal general Sessions dictaminó: "En general, los reclamos de extranjeros relacionados con violencia doméstica o violencia de pandillas perpetrados por actores no gubernamentales no calificarán para el asilo. El mero hecho de que un país tenga problemas para vigilar efectivamente ciertos delitos —como la violencia doméstica o la violencia de pandillas— o que ciertas poblaciones sean más propensas a ser víctimas de un delito, no puede por sí mismo establecer una solicitud de asilo".

La principal razón por la cual América Central es asechada por pandillas, escuadrones de la muerte dirigidos por el Gobierno y una policía nacional corrupta es el papel desastroso del imperialismo estadounidense en la región durante los últimos 125 años. Más recientemente, entre los años setenta y noventa, el imperialismo estadounidense directamente instaló o respaldó dictaduras que mataron a cientos de miles de campesinos y trabajadores pobres.

La región nunca se ha recuperado tras ser condenada por EUA a una tormenta de muertes. La corrupción, la ausencia de servicios sociales y los niveles más extremos de desigualdad en el mundo han resultado en altos niveles de esclavización infantil, tráfico sexual, asesinatos, violaciones y violencia de pandillas.

De los aproximadamente 3.000 niños que fueron separados de sus padres, la mayoría proviene originalmente del "Triángulo Norte" de Guatemala, Honduras y El Salvador. Hasta la fecha, 572 niños permanecen separados de sus padres. Los medios corporativos en los Estados Unidos han efectivamente realizado un apagón sobre la separación familiar a pesar de los crecientes informes de abusos sexuales y físicos en centros de detención y centros de acogida en todo el país.

A raíz de un fallo reciente de la jueza de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Dana Sabraw, el Gobierno ha renunciado a la mayor parte de la responsabilidad de ubicar a los padres ya deportados de niños que han estado solos en EUA durante semanas. La Administración de Trump afirma que 163 padres voluntariamente renunciaron a su derecho a unirse con sus hijos, una mentira falsa que oculta el hecho de que padres desesperados y aislados fueron obligados a firmar documentos que no entendían.

Ben Ferencz, el último miembro superviviente del equipo acusador en los juicios de Nuremberg, dijo en una entrevista con el saliente Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, que la política de separación familiar del Gobierno estadounidense es "un crimen de lesa humanidad".

Ferencz, ahora de 99 años, fue el fiscal principal durante el juicio Einsatzgruppen, en el que él y el abogado principal de la Fiscalia, Telford Taylor, procesaron con éxito a 22 líderes de escuadrones de la muerte de las SS por el asesinato de más de un millón de personas. Este abogado del ejército de EUA nacido en Hungría dijo:

"Fue escandaloso. Estaba furioso de que alguien pensara que está permitido llevar a niños pequeños de 5, 4, 3 años, y quitárselos a sus padres y decirles que los padres vayan a un país y los niños vayan a otro país, y los reuniremos, tal vez, en una fecha posterior.

"Enumeramos los crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Tenemos 'otros actos inhumanos diseñados para causar gran sufrimiento'. ¿Qué podría causar más sufrimiento que lo que hicieron en nombre de la ley de inmigración? Es ridículo".

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de agosto de 2018)