Casi tres años después de que el partido gobernante de Grecia, Syriza (Coalición de la Izquierda Radical) desafiara despectivamente un abrumador “no” en un referéndum sobre sus políticas de austeridad, una vez más se prepara para imponer duras medidas a los trabajadores, jubilados y jóvenes.

La semana pasada, el 14 de junio, el parlamento griego votó a favor de un paquete legislativo que afirma marcar la salida de Grecia del llamado “programa de rescate” fijado para el 20 de agosto. Pero, de hecho, la nueva legislación es el preludio de más ataques sociales que van más allá de todos los programas de austeridad anteriores.

De los 298 diputados presentes, los 154 representantes de la coalición gobernante de Syriza y Anel (griegos independientes) votaron a favor del paquete, mientras que los partidos de oposición votaron en contra. Según el diario financiero alemán Handelsblatt, Grecia debe implementar un total de 88 medidas de reforma y austeridad exigidas por sus acreedores internacionales: la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las medidas darán lugar a unos recortes adicionales de las pensiones de hasta el 18 por ciento a partir del 1 de enero de 2019. Al mismo tiempo, se aumentarán las contribuciones a las pensiones. Los pensionistas griegos ya han sido afectados por al menos 23 rondas de recortes en los últimos años. Han protestado contra los recortes en varias ocasiones, solo para ser atacados por la policía con gases lacrimógenos. Debido al nivel drástico de desempleo, familias enteras dependen ahora de las pensiones de los padres o abuelos. Los nuevos recortes de pensiones afectarán a toda la sociedad.

El 1 de enero de 2020, la asignación libre de impuestos se reducirá de alrededor de 8.600 euros al año a entre 5.700 (solteros) y 6.600 (para familias con tres o más hijos). Esto significa que los trabajadores o jubilados con un ingreso mensual de solo 500 euros deberán pagar impuestos. Esta medida pretende ahorrar 1,9 mil millones de euros.

El reducido nivel del impuesto al consumo del IVA, anteriormente válido para las cinco islas del Egeo que fueron más afectadas por la crisis de los refugiados, también será derogado el 1 de julio. El primer ministro Alexis Tsipras espera recaudar 32 millones de euros con esta medida.

El paquete de austeridad también prevé un aumento en el odiado impuesto inmobiliario de Enfia para algunas regiones. Syriza siempre había exigido la abolición del Enfia antes de llegar al poder. Este impuesto afecta a numerosas familias de clase trabajadora que han estado ahorrando durante años para comprar su propia casa. Además, el mercado energético del país debe ser desregulado.

Sin embargo, las medidas más completas del proyecto de ley del gobierno son las amplias garantías para los acreedores consagradas en el paquete legislativo. Si Grecia no puede pagar una o más cuotas en su enorme factura de deuda al PIB del 180 por ciento en los próximos años, los acreedores podrán obtener directamente el dinero del fondo de privatización y vender hasta 25 mil millones de euros de propiedad estatal griega. En efecto, el gobierno está hipotecando al país y entregándolo en bandeja a sus acreedores.

El fondo de privatización Hellenic Corporation of Assets and Participations (HCAP), que se estableció en 2016 y se espera que opere durante al menos 99 años, ahora controla 70.000 activos y al menos 14 compañías e instalaciones públicas: la Autoridad de Transporte de Atenas, el Estadio Olímpico de Atenas, la Oficina de Correos, las compañías de agua de Atenas y Salónica, el proveedor estatal de electricidad DEI, el Aeropuerto Internacional de Atenas, las salinas griegas, los negocios nacionales y parques industriales, la compañía del canal corintio, la organización de los mercados centrales y la pesca, el mercado central de Salónica, la Feria Internacional de Salónica y las tiendas libres de impuestos.

El fondo está controlado de facto por los acreedores con los recursos utilizados principalmente para el pago de la deuda. El HCAP y su fondo predecesor, TAIPED, ya han llevado a cabo numerosas privatizaciones, de las cuales muchas compañías, por ejemplo, la empresa alemana Fraport, se han beneficiado.

En su plan fiscal a mediano plazo acordado junto con el paquete, el gobierno anunció un superávit primario que superó el objetivo de austeridad internacional del 3,5 por ciento del PIB. Supuestamente, este superávit se utilizará para financiar “contramedidas” para beneficiar a la población trabajadora, incluido un aumento en el salario mínimo. De hecho, tales promesas son inútiles y son simples escapatorias destinadas a disimular la verdadera naturaleza de la política de austeridad.

Aunque se implementaran las medidas tan enérgicas proclamadas por Syriza y los medios progubernamentales, serían unos pocos duros en comparación con los enormes recortes sociales anunciados por el gobierno en el mismo sentido. De hecho, es muy poco probable que alguna vez se implementen.

Según el periódico en línea griego ThePressProject, las contramedidas entrarían en vigencia en 2021 y 2022, y solo cuando se logren los altos superávit primarios, los acreedores creen que hay suficiente margen financiero y el objetivo del 3,5 por ciento no se ve comprometido. Los acreedores también pueden exigir valores adicionales del superávit para pagar la deuda.

Hablando en el Parlamento el jueves, el primer ministro Alexis Tsipras destacó los intereses que él y Syriza representan: no los de los trabajadores griegos, sino el capital financiero europeo e internacional.

“Hemos cumplido con nuestros compromisos, hemos restaurado la confianza de las instituciones en nuestro país”, dijo Tsipras. Su gobierno se había apoderado de un país “en el cual el griego promedio equiparaba la palabra reforma con la palabra recortes”. Hoy, hemos lanzado importantes reformas estructurales de proporciones históricas, hemos tomado decisiones audaces y estamos a la vanguardia de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] con la agenda de reformas más importante”.

Tsipras se jactó de que él y el gobierno de Syriza “están siendo felicitados por todos en la UE, ¡especialmente el comisario Juncker!”. Todos reconocerían que hoy Grecia “ya no es un problema permanente, sino parte de la solución”. El “final de la crisis” también es un “éxito europeo”. Los acreedores premiaron prontamente la disposición de Tsipras para implementar nuevos recortes con el pago de un tramo de mil millones de euros del Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM) el mismo día. Klaus Regling, director del ESM, felicitó al gobierno por su rumbo.

En términos de política exterior y de defensa, Tsipras también elogió a su gobierno como un leal servidor del imperialismo: “Nos habíamos apoderado de un país que estaba aislado internacionalmente, y hoy está restaurando su liderazgo internacional tanto en los Balcanes como en la inestable región de Europa sudoriental”. Aparentemente se refería a la mayor participación del país en la OTAN y el reciente acuerdo alcanzado con Macedonia sobre el nombre del país, que ahora allana el camino para la adhesión del pequeño Estado balcánico a la UE y la OTAN.

El enfoque del gobierno para negociar y hacer cumplir el nuevo paquete siguió un patrón típico: por temor a la oposición popular a la agenda de austeridad apenas se discutió públicamente y se apresuró a través de los comités, a pesar de su tamaño y las implicaciones de largo alcance. El ministro de Finanzas Euclid Tsakalotos (Syriza) publicó el gigantesco paquete de 321 páginas solo cinco días antes de la votación.

Los trabajadores respondieron airadamente a la nueva ronda de austeridad impuesta por Syriza (que ahora está por debajo del 20 por ciento en las encuestas) llevando a cabo una serie de huelgas y protestas el jueves pasado.

Los sindicatos están tratando desesperadamente de mantener la resistencia bajo control. A fines de mayo, convocaron una huelga general de un día que tuvo poco efecto, al igual que todas las otras innumerables huelgas generales de los últimos años. El jueves, pidieron un paro laboral de cuatro horas en el servicio público y una manifestación en el centro de Atenas, a la que asistieron 3.000 personas. Todo el sector del transporte público también se unió a la huelga.

Los taxistas en Atenas y Thessaloniki también realizaron una huelga de 24 horas. Temen una flexibilización de las normas de alquiler de automóviles que amenaza sus trabajos. A partir del 1 de junio, los alquileres de automóviles podrán alquilar automóviles con conductores para viajes cortos, lo que abrirá el acceso al mercado de viajes para compañías como Uber. Hasta ahora, se requería un alquiler mínimo de tres horas para evitar la competencia con los taxis. Según la convocatoria de huelga del sindicato de taxis, los acreedores, en particular el FMI, han exigido que se derogue la regulación. Los taxistas han amenazado con extender la huelga hasta que se retire el cambio en la ley.

(Publicado originalmente en inglés el 21 de junio de 2018)