El saqueo y la expoliación de Puerto Rico alcanzaron nuevas alturas esta semana cuando el gobernador Ricardo Rosselló se dirigió al territorio estadounidense el lunes para anunciar formalmente su intención de desmantelar y privatizar el sistema de educación pública en la isla.

El anuncio televisado en vivo de Rosselló dio una idea general de un asalto a gran escala contra maestros, estudiantes y el derecho a una educación pública gratuita y de calidad. Incluido en su “amplio proyecto de ley de reforma educativa” está la introducción de escuelas concertadas (charter schools), un sistema de vales, la descentralización del sistema administrativo, cierres masivos de escuelas y despidos de maestros.

El anuncio de Rosselló es solo el punto de inflexión más reciente en una batalla de décadas contra la educación pública en la isla, que se ha acelerado enormemente desde el huracán María. A pesar de la resistencia significativa de la clase trabajadora, los jóvenes y los estudiantes, las preparaciones para la próxima “transformación educativa” de Rosselló han avanzado constantemente durante la última década.

Privatizar el sistema de educación pública de Puerto Rico ha sido un objetivo de largo plazo de la clase gobernante local, que tiene rastros desde el padre de Rosselló en la década de 1990. El Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó un programa de cupones similar propuesto por su padre en 1994, diciendo que la Constitución de la isla prohibía el uso de dinero público para financiar escuelas privadas. Todavía no se ha aclarado cómo evitará esta ley el nuevo plan. Dada la derrota constante de las formas democráticas de gobierno en niveles locales y federales, y la institución de la Junta de Supervisión Financiera en tiempos de Obama, se puede suponer que la clase dominante no tendrá problemas para eliminar todas las barreras legales que puedan detener sus planes.

Utilizando una estrategia muy parecida al ataque contra la Autoridad de Energía Eléctrica de la isla, AEE, la clase dominante ha retenido recursos y fondos al sistema escolar público con el objetivo de llevarlo a un estado de tal deterioro que podrían parecer necesarios los cierres masivos de escuelas y su privatización.

Esta destrucción intencional de escuelas ha tenido consecuencias devastadoras en toda una generación de jóvenes en Puerto Rico. Entre el 2008 y el 2012, las escuelas puertorriqueñas de kínder a doceavo año perdieron 45.000 estudiantes y 5.000 maestros. La tasa de deserción escolar se incrementó durante este período, y el 60 por ciento de los estudiantes de décimo grado no se graduaron de la escuela secundaria. Entre el 2010 y el 2015, 100 escuelas públicas fueron cerradas.

Cuando el huracán María llegó a la isla en septiembre, fue visto por la clase gobernante local y federal, respaldada por varios intereses corporativos y financieros, como una oportunidad de oro para implementar estos planes que tanto deseaban. La secretaria de educación, Julia Keleher, calificó los esfuerzos para privatizar la educación en Nueva Orleáns como un “punto de referencia” solo un mes después de que María tocara tierra, tuiteando que los puertorriqueños “no deberían subestimar el daño o la oportunidad de crear escuelas nuevas y mejores” y que las secuelas de María ofrecen una “oportunidad real para presionar el botón de reinicio”. Keleher es experta en tales esfuerzos, involucrada a través de su firma Keleher and Associates en innumerables ataques a la educación pública, incluida la Autoridad de Logros Educativos de Detroit.

En los meses posteriores a la tormenta, cientos de escuelas se consideraron “no aptas para volver a abrir” sin que un inspector las visitara. Los maestros, estudiantes y residentes acusaron al departamento de educación y al Gobierno local de utilizar el reclamo de “daños por huracanes” para cerrar las escuelas previamente seleccionadas. Para contrarrestar este pretexto para el cierre de las escuelas, los maestros, estudiantes y residentes de toda la isla han trabajado incansablemente para limpiar los escombros y reparar los daños a sus propias escuelas. En un valiente acto de desafío, muchos incluso han reabierto sus escuelas y continúan operando sin autorización oficial. Sin embargo, la resistencia de los maestros aún no ha sido capaz de frenar la ofensiva.

Apenas unas semanas antes del anuncio del gobernador, Keleher dio a conocer sus propios planes para descentralizar el Departamento de Educación de Puerto Rico e introducir “escuelas autónomas”. En todo Estados Unidos, el movimiento hacia la “autonomía” o “control local” ha significado la incorporación de los sindicatos y los empresarios locales al programa nacional de privatización, concediéndoles posiciones lucrativas en la multimillonaria industria de la educación.

El gobernador reforzó esta idea en el discurso del lunes, diciendo que la reforma educativa promueve la creación de agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés), que son estructuras con autonomía fiscal y administrativa. Según Rosselló, esto resultará en “reducir la burocracia y aumentar la responsabilidad”.

En realidad, esto significa que cualquier organización autónoma, sin fines de lucro u otra entidad educativa que controle el área, tendrá prácticamente total libertad sobre cada aspecto de cómo se ejecutan las escuelas. En Nueva Orleáns, las LEA recibieron control de la programación escolar, currículo, instrucción, materiales y textos, calendarios escolares anuales y horarios diarios, contratación y despidos de personal, gestión y evaluación del desempeño de los empleados, términos y condiciones de empleo, certificación de maestros o administradores, salarios y beneficios, jubilación, negociación colectiva, elaboración de presupuestos, compras y contratación de servicios que no sean reparaciones de capital y construcción de instalaciones, todo con poca o ninguna supervisión.

Muchos de los criminales responsables de la destrucción de la educación pública en Estados Unidos en las últimas dos décadas tienen su parte en la crisis de Puerto Rico. Jeanne Allen, fundadora y directora ejecutiva del Center for Education Reform, quien fue parte clave en los esfuerzos de “reforma escolar” de Nueva Orleáns, informalmente anunció en noviembre que los operadores de las escuelas concertadas en todo el país y los “proveedores de educación virtual” deberían pensar cómo puede involucrarse en el “paisaje post-María” de Puerto Rico. Keleher permitió dar un vistazo al tipo de organizaciones que respondieron a la invitación de Allen, cuando anunció después de la propuesta del gobernador que el nuevo plan permitiría universidades u organizaciones sin fines de lucro como Knowledge is Power Program (KIPP) para abrir campus en la isla.

El KIPP es famoso por sus prácticas en los distritos urbanos de EUA. Un estudio publicado por la Universidad de Western Michigan en el 2014 encontró que el 15 por ciento de todos los estudiantes de KIPP simplemente desaparecen de los grados cada año, con más del 40 por ciento de los estudiantes afroamericanos entre sexto y octavo simplemente desapareciendo. Después de esta “atrición”, los estudiantes son devueltos a las llamadas escuelas públicas en quiebra, con KIPP embolsándose los fondos restantes por alumno otorgados por el Gobierno. A pesar de esta revelación y de muchas otras, KIPP ganó una beca del programa Race to the Top (Carrera hasta la cima) de la Administración Obama.

Dentro de la letanía de ataques presentada por Rosselló el lunes, el más desdeñoso fue el intento de sobornar a los maestros con un patético aumento anual en el salario de $1.500. El dinero para pagar este soborno vendría del despido de cientos de otros maestros y el cierre de 300 escuelas. Los maestros en el territorio estadounidense ganan un promedio de $27.000 al año y no han recibido un aumento en 10 años.

La realidad [ultima de la agenda de Rosselló será la eliminación de las juntas escolares elegidas, sin transparencia en términos de cómo se gasta el dinero ni reuniones públicas sobre cómo se deben administrar las escuelas y, sobre todo, la transformación de fondos públicos en ganancias privadas. La experiencia en Detroit, Nueva Orleáns y Filadelfia debe ser una clara advertencia a la clase trabajadora de Puerto Rico sobre lo que le espera si la clase trabajadora no se moviliza contra el plan de Rosselló.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de febrero de 2018)