La farsa anti-inmigrante que se desarrolla en Washington en vísperas de la fecha límite del 8 de febrero para un acuerdo sobre el presupuesto federal, da una idea del clima xenófobo que se derivará de cualquier acuerdo migratorio derechista que ambas partes produzcan.

Ayer, luego de una reunión con el líder de la mayoría republicana del Senado Mitch McConnell, el Jefe de Gabinete de Trump, John Kelly, denunció a 1,1 millones de jóvenes inmigrantes que no se inscribieron en Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), llamándolos “demasiado temerosos” o “demasiado vagos como para mover el culo”.

Kelly hizo estas declaraciones después de denunciar el programa DACA, que cubre aproximadamente a 800.000 de los 1,9 millones de jóvenes indocumentados traídos a los Estados Unidos en su niñez, calificándolo de “inconstitucional”. Trump no extenderá el programa más allá de la fecha límite del 5 de marzo, momento en el que los beneficiarios se enfrentarán a la deportación, dijo Kelly.

Esta fecha límite se acerca rápidamente, y el presidente Trump indicó ayer que estaba dispuesto a provocar un cierre de gobierno para asegurar las propuestas anti-inmigración de extrema derecha en cualquier acuerdo de apropiación. “Me encantaría ver un cierre si no podemos resolver esto”, dijo Trump en una junta en la que destacó los peligros de la pandilla salvadoreña MS-13 en un intento de representar a los inmigrantes como criminales.

Si “no tenemos un muro, nunca vamos a resolver este problema”, dijo ayer refiriéndose al MS-13. “Lo cerraría sobre este tema. Si no arreglamos nuestra frontera, no tenemos un país”.

Empleando un término usualmente reservado para el tema de la pesca, Trump dijo, “Entran tan lejos, tan fácil. Y luego tienes que atrapar y soltar. Atrapas personas, tienes que liberarlas de inmediato” para los procedimientos judiciales, se quejó. De hecho, el viaje a través de la frontera entre Estados Unidos y México no es “tan fácil”. Hasta 27.000 inmigrantes han muerto en la región fronteriza del desierto en los últimos veinte años.

Un cambio concreto surgió de la junta de ayer: Trump estableció el “Centro Nacional de Proceso de Selección”, que según la Casa Blanca “identificará mejor a las personas que buscan ingresar al país que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad fronteriza, la seguridad del país o la seguridad pública”. Juntado el lenguaje de la guerra bipartidista contra el terror con la campaña anti-inmigración, esta nueva rama del aparato de seguridad nacional seguramente bloqueará a miles de inmigrantes que escapan de la violencia y la pobreza para ingresar a los Estados Unidos.

Estos programas se justifican cada vez más al llamar la atención a la pandilla MS-13, una pandilla de narcotraficantes letal que se ha convertido en el terror central en la represión anti-inmigrante. Fundados en las cárceles de Los Ángeles, miles de deportados encontraron tierra fértil en el tráfico de drogas en Estados Unidos a través del empobrecido país centroamericano, devastado por décadas de dictadores respaldados por Estados Unidos y escuadrones de la muerte.

En su discurso del estado de la unión el mes pasado, Trump destacó un asesinato cometido por pandilleros de la MS-13 que “aprovecharon las obvias faltas en nuestras leyes para ingresar al país como menores no acompañados e ilegales”.

El ataque contra menores no acompañados, es decir, niños que cruzan la frontera sin sus padres, marca un nuevo golpe bajo bipartidista contra los inmigrantes. En la mesa redonda de ayer, el congresista republicano Peter King pidió una “investigación exhaustiva” no solo de los menores no acompañados, sino de sus familias anfitrionas, normalmente parientes lejanos de los jóvenes, su única conexión en los EUA.

“Una cantidad desproporcionada de miembros de MS-13 son menores no acompañados”, dijo King. Barack Obama encarceló a decenas de miles de menores no acompañados, muchos en cárceles con fines de lucro, que intentaron cruzar la frontera durante la oleada de violencia de 2014 en América Central.

Más recientemente, en 2017, la administración de Trump llamó la atención nacional sobre una violación violenta de una niña de 14 años, supuestamente cometida en un baño de la escuela secundaria por dos jóvenes indocumentados: Henry Sánchez de 18 años y José Montano de 17 años. La asistente del fiscal estatal, Mary Herdman, dijo en ese momento: “Nos han mostrado algunas fotos de los dos teléfonos de los acusados con letreros de pandillas del MS”. El gobierno retuvo a los jóvenes sin fianza y arrestó a uno de sus padres para su deportación como castigo.

El secretario de prensa Sean Spicer anunció en una conferencia de prensa televisada a nivel nacional el mayo pasado: “Es terrible, horrible y repugnante lo que le pasó a esta joven en Rockville [Maryland]”. Dijo que el plan de deportación masivo de Trump era una prioridad “debido a tragedias como esta” y que “la inmigración le pasa la factura a nuestra gente”.

Resultó que ambos muchachos eran completamente inocentes. Los cargos se cancelaron cuando las cámaras de vigilancia mostraron que la niña había mentido sobre la actividad de los chicos. Pero el daño ya estaba hecho: una campaña respaldada por la publicación en línea Breitbart aseguró una ola de amenazas anti-inmigrantes en el área de Virginia donde surgieron las acusaciones de violación.

Más allá de una serie de tuits por cortesía, el Partido Demócrata no ha movido un dedo para criticar las declaraciones racistas de Trump. La única razón por la cual los beneficiarios del DACA aún no tienen protección mientras que se acerca la fecha límite del 5 de marzo, es porque los demócratas terminaron el cierre de gobierno en enero sin obtener ninguna ganancia. Desde el cierre, el Partido Demócrata ha gastado todo su capital político denunciando a los republicanos por cuestionar el intento de los demócratas de acusar a Trump de ser un títere de Rusia.

Hablando ayer, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, no tuvo ninguna respuesta a los desvaríos anti-inmigrantes de Trump, solo dijo que la amenaza de Trump de cerrar el gobierno “habla por sí misma”. El mismo día, antes, Schumer dijo a la prensa que “estamos más cerca de un acuerdo de lo que nunca hemos estado”, refiriéndose a una propuesta republicana que aumentaría drásticamente el gasto militar pero que podría enfrentar un veto presidencial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de febrero de 2018)