El viernes, exactamente un mes después del incendio de la torre Grenfell en Londres que les cobró la vida a al menos 80 residentes, tres personas murieron en otro incendio en un edificio sin una medida de seguridad básica que lo pudo haber evitado: un sistema de rociadores contra el fuego.

El desastre en Honolulu deja claro que el incendio en Londres no fue una anomalía, sino que la élite financiera trata a los trabajadores de todo el mundo como seres descartables para aumentar sus ganancias y riquezas.

El viernes en Honolulu, Hawái, un incendio en la planta 26 del edificio residencial Marco Polo de 35 pisos, matando a Britt Reller, de 54 años, una directora de los servicios de vuelo para Hawaiian Airlines, junto a su madre de 85 años de edad, Melba Jeannine Dilley, así como Joanna Kuwata de 71 años.

Aparte de la falta de rociadores, varios residentes del edificio le indicaron a la agencia Associated Press que no escucharon ni vieron alarmas de fuego, lo que sugiere que el sistema de alarmas antiincendios no estaba funcionando.

“Sin duda, si hubiera aspersores de agua en el apartamento, el fuego se habría contenido en la unidad de origen”, declaró el jefe de bomberos en Honolulu, Manuel Neves.

Los sistemas de rociadores o aspersores son reconocidos universalmente como un método altamente efectivo para apagar o contener el fuego de forma rápida y efectiva y salvar vidas tanto de residentes como de los bomberos. “Una muerte por incendio en un edificio con rociadores es una ocurrencia extremadamente inusual en todo el mundo... Qué mueran múltiples personas es algo prácticamente desconocido”, dijo Ronnie King, exjefe de bomberos en West Wales, Reino Unido.

En casos de incendio en edificios totalmente protegidos con sistemas de rociadores antiincendios, más del 96 por ciento terminan con sólo los aspersores controlando el fuego, mientras que se ha encontrado que reducen los daños potenciales por el fuego en 97 por ciento de los casos.

Sin embargo, EE. UU. no tiene ningún código nacional que ordene la instalación de rociadores contra fuego en edificios y viviendas. Sólo los estados de California y Maryland y el distrito capitalino Washington D.C. requieren la instalación de estos sistemas en casas nuevas.

A pesar de que, desde 1975, Honolulu ha hecho obligatoria la instalación de aspersores en edificios altos nuevos, el Marco Polo fue construido cuatro años antes y las leyes locales no requieren que sean puestos en todos los edificios.

Un estudio solicitado por el ayuntamiento de Honolulu en el 2005 encontró que la instalación de rociadores en el edificio habría costado $4305 por apartamento, menos de uno por ciento del precio promedio de cada vivienda.

Los bomberos y sus asociaciones, incluyendo la Organización Nacional de Protección Contra Incendios, han luchado por décadas por leyes que exijan sistemas de riego. Sin embargo, las empresas constructoras han podido cabildear efectivamente contra estas medidas. Organizaciones como la Asociación Nacional de Constructores de Casas gastan millones cada año en donaciones políticas y cabilderos para debilitar los códigos de construcción, incluyendo el de dispositivos de seguridad antiincendios como rociadores.

En Reino Unido, el 99 por ciento de los complejos de viviendas sociales son como la torre Grenfell, no tienen aspersores contra fuego.

Mientras tanto, las víctimas del incendio de Grenfell han sido tratadas con indiferencia y crueldad. Un mes después del infierno que vivieron, sólo cuatro de las familias evacuadas han sido reubicadas de forma permanente, según el Equipo de Respuesta Grenfell. La gran mayoría ha recibido ofertas de alojamientos temporales, inasequibles o que no cubren sus necesidades. La mayoría de los residentes permanece en moteles o refugios.

Los residentes y varios expertos les habían advertido a los funcionarios reiteradamente que el material de bajo costo que fue utilizado para revestir el bloque de apartamentos era de mala calidad y que, junto con numerosas violaciones de normas antiincendios, constituía un desastre esperando a pasar.

A pesar de la evidente negligencia criminal implicada en el incendio de Grenfell, los investigadores del Estado no han siquiera solicitado órdenes de cateo, entrevistado a algún sospechoso, ni mucho menos presentado cargos penales.

En una reunión pública el miércoles en la que oficiales de la policía metropolitana explicaron que las investigaciones podían durar años, la ira de los residentes y sobrevivientes estalló, exigiendo que los responsables sean procesados. “Ellos sabían categóricamente que [el revestimiento] se iba a prender en llamas así de rápido. Se puede identificar a esa persona así nomás; esa persona tiene que ser arrestada”, declaró un residente.

Otro le comentó a la prensa británica afuera: “No hay ninguna conexión entre la clase alta y la clase obrera y eso se está volviendo más y más grande, y Kensington y Chelsea [donde tuvo lugar el incendio] tiene la división más grande que verás”.

Desde el desastre, numerosos informes de prensa han detallado la correlación entre la pobreza y las muertes por incendio. Citando un estudio reciente sobre las lesiones de niños en Reino Unido, el diario Guardian informó que “los niños cuyos padres estaban desempleados por un tiempo largo, fueron, impactantemente, 26 veces más propensos a morir de lesiones relacionadas con el fuego que niños cuyos padres tienen ocupaciones altas directivas y profesionales”.

La forma en la que han tratado a los sobrevivientes del incendio de Grenfell y el amparo oficial para los responsables reflejan que la tragedia es parte integral de una política sistemática de subordinar todas las necesidades sociales a los intereses de lucro de los especuladores de bienes raíces y de la clase gobernante en su conjunto. Si tienen que morir trabajadores para engrosar la base de ganancias de la oligarquía financiera, que así sea.

El acceso a viviendas seguras y de calidad es un derecho social fundamental que tiene que ser garantizado para todos. La tecnología y los recursos necesarios para prevenir tragedias como las del infierno en la torre Grenfell Tower y el incendio en Honolulu existen. Sin embargo, la disponibilidad de esos recursos para satisfacer las necesidades sociales básicas de la población mundial entra en conflicto con su control a manos de una élite financiera y corporativa loca por aumentar sus ganancias y que insiste en que la sociedad debe estar organizada para satisfacer sus intereses y no las de la inmensa mayoría de la población.

Desde los planes para desmantelar el programa de salud para los pobres Medicaid en Estados Unidos, a los recortes draconianos al gasto social por parte del gobierno de Theresa May en Reino Unido y los esfuerzos del gobierno de Emmanuel Macron en Francia para utilizar el estado de emergencia para imponer a la fuerza rebajas salariales y aumentos de la carga laboral, la clase gobernante está imponiendo políticas de contrarrevolución social en todo el mundo.

Para defender sus derechos sociales y, en última instancia, sus vidas, los trabajadores deben ser movilizados y organizados detrás de un programa internacional de lucha por el socialismo.