El 13 de julio, después de pocos días de debate, la Asamblea Nacional de Francia aprobó el proyecto de ley habilitante presentado el 10 de julio por el gobierno del presidente francés Emmanuel Macron 1e autoriza modificar drásticamente las leyes laborales por decreto, sin tener que ser aprobadas por el Parlamento. Los periódicos del país notaron que esta decisión marca el inicio del mandato de Macron.

La ley laboral que Macron pretende reescribir fue impuesta en julio del 2016 por parte del entonces presidente François Hollande sin recurrir a la Asamblea, utilizando la disposición de emergencia del artículo 49-3 de la Constitución.

La ley habilitante pasó con 270 votos de legisladores de La República en Marcha (LRM) de Macron y de la llamada sección "constructivista" (pro-Macron) del partido de derecha Los Republicanos (LR). Hubo 50 votos en contra, incluyendo los de Francia Insumisa (FI) de Jean-Luc Mélenchon y del Partido Comunista de Francia estalinista (PCF).

Durante la campaña electoral, Macron planteó como uno de los puntos clave de su gobierno modificar la legislación laboral. Desde su formación, el gobierno ha tratado de involucrar a los sindicatos en sus decisiones, quienes no se han opuesto al principio de que Macron gobierne por decreto.

A través de estos decretos ejecutivos, Macron pretende ante todo evitar una discusión más amplia sobre sus políticas entre los trabajadores y jóvenes, lo que podría provocar una oposición política de masas contra su gobierno. Los decretos autorizados por la ley habilitadora sólo indican en líneas generales los cambios que Macron le quiere hacer a la legislación laboral. Su contenido real podrían ser medidas aún más drásticas que las descritas hasta ahora y que se determinarán en las próximas semanas a través de discusiones con los sindicatos.

La Asamblea Nacional le ha dado al gobierno un cheque en blanco para modificar la ley laboral como crea conveniente; no es posible enmendarlo después de la votación. El gobierno tiene seis meses para especificar qué medidas tomará.

El hecho de que estas primeras grandes leyes del gobierno de Macron sean impuestas por decreto crea un precedente para el resto de su mandato. El último gobierno francés que utilizó los decretos fue el de Alain Juppé, quien impuso algunos de sus ataques contra el sistema de pensiones y el seguro social a través de estas medidas en diciembre de 1995, después de que las burocracias sindicales arrinconaran al movimiento de protestas de masas a un callejón sin salida.

Entre las medidas que está preparando el gobierno se encuentra la llamada "inversión de la jerarquía de normas". Es decir, las empresas ahora pueden negociar contratos con sindicatos que violen los contratos a nivel de industria y la legislación laboral nacional. Esto les dará a los empresarios pleno poder para implementar condiciones de trabajo flexibles y precarias, chantajeando a los trabajadores constantemente a través de la amenaza de un cierre de planta si rechazan peores condiciones que las especificadas por la legislación laboral sectorial y nacional.

Otra medida es el denominado "contrato de proyecto", que en realidad es un contrato temporal limitado a la duración de una "misión" específica, especificada por la empresa, el cual basaron en los contratos de obreros de construcción para edificios específicos. Con ellos pretenden sustituir al Contrato de Duración Definida (CDD), que la burguesía considera demasiado inflexible. También tenderá inevitablemente a reemplazar el estándar, el CDI de duración indefinida que ofrece mayor seguridad en el empleo, lo que significa un enorme aumento en la precariedad laboral.

Prácticamente se eliminará la cláusula sobre el trabajo extenuante que les permitía a capas de trabajadores, cuyo trabajo es físicamente exigente o peligroso, retirarse antes del límite de edad legal bajo ciertas condiciones —una política que los patrones sabotearon sistemáticamente y trataron de suprimir—. El gobierno de Macron ha recortado la mitad del contenido de esta cláusula, echando abajo cualquier impacto que alguna vez tuvo.

Los decretos también impondrían un tope a las multas que los empresarios están obligados a pagar a los trabajadores si son demandados y declarados culpables de "despidos abusivos" por parte de los tribunales laborales. Lo que están considerando es una reducción del 50 por ciento de la indemnización máxima, que a menudo tenía un efecto disuasorio para los empleadores. Una reducción importante privaría a los tribunales laborales de todo poder real y les daría luz verde a los patrones para que despidan a los trabajadores.

En un gesto dirigido directamente a incentivar a los fondos de inversión a que coloquen su capital en Francia, el gobierno pretende permitir despidos económicos debido sólo a las consideraciones de rentabilidad que enfrenta una empresa a nivel nacional o europeo, en lugar de global. Una empresa transnacional tendrá la libertad de crear artificialmente problemas contables en sus filiales francesas para justificar despidos masivos. Esta disposición fue eliminada de la legislación laboral el año pasado ante las protestas de masas.

La intención del gobierno Macron es reforzar radicalmente la ya profunda desregulación introducida por la ley del año pasado en el mercado de trabajo. Esto volvería a los trabajadores totalmente "flexibles" en respuesta a las necesidades de las empresas, creando condiciones para alentar a los fondos de cobertura y casas de inversión de la oligarquía financiera francesa e internacional que andan en busca de la mayor tasa de retorno a invertir en el país. Esto abre la puerta a una intensificación masiva de la explotación de los trabajadores en el país.

Los sindicatos desempeñan un papel crítico y traicionero en este proceso. Es por eso que los decretos de Macron están programados para darles aún más poder y dinero a nivel de cada empresa, con el fin llevar a cabo la destrucción de los derechos sociales básicos. Macron está considerando en particular la creación de un "cheque sindical". En sus propias palabras, esta propuesta pretende reforzar "la posibilidad de que los trabajadores tengan que traer al sindicato de su elección recursos financieros provenientes en su totalidad o parcialmente por el empleador". Esto finalizaría la transformación de los sindicatos en órganos de los jefes y del Estado capitalista.

Bajo el pretexto poco creíble de luchar contra la "discriminación sindical", el gobierno pretende oficializar un estatus privilegiado para los delegados sindicales en comparación con otros trabajadores. Propone "reforzar el entrenamiento de los delegados sindicales, promover el cambio de carrera [por ejemplo, después de un cierre de planta] para los trabajadores que tienen responsabilidades sindicales o mando de representante electo, favoreciendo la evolución de las condiciones en las que se lleva a cabo la militancia sindical y promoviendo el reconocimiento del significado de un mandato por elección en el desarrollo de una carrera y de las competencias adquiridas a través de esta militancia".

Tomando en cuenta los decretos y medidas que se están preparando y que ponen en tela de juicio los derechos sociales adquiridos por la clase obrera durante décadas de lucha, cada vez es más claro por qué necesita la aristocracia financiera un estado de emergencia y por qué Macron quiere hacerlo permanente al convertirlo en ley.

El estado de emergencia —una medida impuesta bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo después de una serie de ataques perpetrados por redes islamistas que fueron armadas y financiadas por las agencias de inteligencia occidentales para librar sus guerras de cambio de régimen en Libia y Siria— tiene como objeto ahora la represión de toda oposición a los ataques sociales de la aristocracia financiera francesa.

La enorme abstención en las elecciones legislativas pasadas, alcanzando el 57,4 por ciento en la segunda vuelta, demuestra que la mayoría parlamentaria de LRM no tiene legitimidad alguna para poner en vigor su agenda reaccionaria. En la primera ronda, recibió sólo el 16 por ciento del voto del electorado francés.