En una reunión a puertas cerradas el miércoles, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, anunció ante el Caucus Hispano del Congreso que probablemente será eliminado pronto el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), bajo el cual 800 000 inmigrantes indocumentados tienen permisos de trabajo.

El anuncio llegó dos semanas después de que oficiales de once estados le escribieran al fiscal general, Jefferson Sessions, para amenazarle que demandarán al gobierno federal si no se anula DACA antes del 5 de septiembre.

DACA fue promulgado a mediados del 2012 bajo Obama para mejorar su imagen ante los votantes latinos. Los funcionarios migratorios no se opusieron, considerándolo como una oportunidad para recibir listas de jóvenes indocumentados en el país. El WSWS escribió en el 2012:

La implementación del programa DACA vino tres meses antes de las elecciones presidenciales. Su implementación —dándole derechos limitados a una estrecha capa de la población inmigrante— no es más que un gesto cínico para cortejar a los votantes latinos. En el peor de los casos, podría utilizarse la información obtenida durante el proceso de solicitudes contra los mismos inmigrantes y sus familias. El gobierno de Obama ha seguido una agenda antiinmigrante agresiva, barriendo con inmigrantes en redadas grandes y deportándolos en cifras récord, y esta política no termina con DACA.

El peor de los casos es el que está pasando. Toda la información personal necesaria para deportar a estos niños y sus familias está en manos del Departamento de Seguridad Nacional. Los miles de niños que aplicaron para obtener derechos limitados dieron sus nombres, direcciones, países de origen, historias personales y firmaron un documento admitiendo que están en el país ilegalmente. El costo del programa, además, fue pagado por los propios inmigrantes a 465 dólares cada uno.

Más allá de los que forman parte de DACA, el gobierno de Trump también ha puesto en cuestión el estatus de un gran número de centroamericanos durante la reunión con Kelly. Los miembros del Caucus Hispano informaron que Kelly sugirió que muchos programas federales que les han concedido una protección legal temporal (TPS; temporary protected status) a haitianos, salvadoreños y hondureños a raíz de desastres en sus países de origen también están en riesgo de no ser renovados o ser eliminados en su totalidad por el gobierno de Trump. Para Haití y El Salvador, el TPS tiene que ser renovado en enero y marzo del 2018 respectivamente.

El programa de TPS busca prevenir que sean deportados migrantes a países envueltos en desastres ambientales, guerras u “otras condiciones extraordinarias y temporales”. En junio, los gobiernos de El Salvador y Honduras le pidieron a EE. UU. que lo extienda para sus países, temiendo que el regreso de cientos de miles de migrantes detone una explosión social.

Para muchas de estos inmigrantes, ser deportados a los países de los que huyeron como Haití, El Salvador y Honduras constituye una probable pena de muerte. Todos estos países comparten una historia de implacable intervencionismo del imperialismo estadounidense que los ha dejado en condiciones de extrema pobreza y miseria social.

Cinco por ciento de los menores no acompañados que cruzan la frontera vienen de San Pedro Sula en Honduras. La ciudad tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, 187 asesinatos por cada 100.000 personas en el 2012, más del doble que la del país de 90,4. Las tasas de homicidios en El Salvador (41,2) y Honduras (60) se encuentran entre las peores de América Latina.

Aquellos que deciden huir lo hacen por necesidad extrema. Muchos toman la decisión y arriesgan sus vidas para viajar con la esperanza de ofrecerles a sus hijos una vida mejor. Muchos de estos niños han crecido totalmente integrados en la cultura estadounidense, con algunos que ni siquiera recuerdan “su” país ni conocen sus normas o lengua.

Estos desarrollos marcan una escalada tremenda de las políticas antiinmigrantes de la Casa Blanca de Trump. A parte de las amenazas de Kelly esta semana, numerosos informes han salido de solicitantes de asilo que fueron intimidados e incluso ilegalmente rechazados en la frontera por agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE; Immigration and Customs Enforcement). Además, se ha puesto en marcha una operación para arrestar a los padres indocumentados que se sospeche que han contratado a coyotes para traer a sus hijos al país. Todas estas medidas buscan aterrorizar e intimidar no sólo a la población inmigrante, sino a la clase obrera en su conjunto.

El desmantelamiento de DACA, la anulación de los programas de asilo y las otras políticas antiinmigrantes del gobierno de Trump cuentan con muy poco apoyo del pueblo estadounidense.