El 10 de marzo de 2017, los 13 trabajadores victimizados de Maruti Suzuki India Limited fueron declarados culpables de asesinato por la muerte de un gerente de la empresa en el 2012, la cual ocurrió durante un altercado e incendio provocados por la dirección de la planta de montaje de la compañía japonesa en Manesar, Haryana.

Ocho días después, los 13 trabajadores automotrices—Ram Meher, Sandeep Dhillon, Ram Bilas, Sarabjeet Singh, Pawan Kumar, Sohan Kumar, Ajmer Singh, Suresh Kumar, Amarjeet, Dhanraj Bambi, Pradeep Gujjar, Yogesh Kumar y Jiya Lal—escuchaban que el Juez Rajinder Pal Goyal los estaba condenando a cadena perpetua. Las mentes de los jóvenes obreros debieron haber estado dando vueltas. Al haber sido condenados a servir el resto de sus vidas en el infierno que es una prisión india, sólo podrán ver a sus esposas o niños a través de las rejas de una sala de visitas. Tampoco podrán apoyar o cuidar financieramente a sus padres enfermos y empobrecidos.

El Estado indio y la clase política conspiraron con la gerencia de Maruti Suzuki para robarles la vida a estos obreros por el “crimen” de desafiar sus condiciones de explotación laboral, incluyendo sueldos de miseria, trabajo por contrato y un régimen laboral despiadado.

Doce de los trece eran líderes electos del Sindicato de Trabajadores de Maruti Suzuki (MSWU, por sus siglas en inglés). En los dieciocho meses que precedieron el altercado y el incendio del 18 de julio de 2012, los trabajadores de la planta de Manesar construyeron el MSWU durante una férrea lucha contra el sindicato controlado por la empresa y patrocinado por el gobierno.

El Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) está organizando una campaña para movilizar a los trabajadores, jóvenes y todos aquellos que defiendan los derechos democráticos en apoyo de los 13 trabajadores de Maruti Suzuki: para ganar su liberación inmediata; la anulación de sus condenas y las de los otros 18 trabajadores de Maruti Suzuki condenados por cargos menores como parte de la misma incriminación de la empresa y el Estado; y el restablecimiento de los 2.300 trabajadores que Maruti Suzuki despidió y reemplazó en su planta de Manesar en una purga laboral en agosto del 2012 respaldada por el gobierno.

El World Socialist Web Site ha escrito extensamente sobre la colusión entre la compañía, las autoridades legales, el gobierno del estado de Haryana y los principales partidos empresariales de India para incriminar a los trabajadores de Maruti Suzuki y sus motivaciones políticas fundamentales. Los fiscales, los jueces y los políticos han declarado en varias ocasiones que los trabajadores deben ser duramente castigados con el fin de apaciguar a los inversionistas extranjeros. Para citar sólo un ejemplo reciente, cuando se le preguntó al fiscal especial Anurag Hooda por qué fue que la fiscalía le pidió al juez Goyal que condenara a los 13 trabajadores a ser ahorcados, declaró: “Nuestro crecimiento industrial se ha reducido, la IED [Inversión Extranjera Directa] se ha agotado. El primer ministro Narendra Modi pide el ‘Hecho en India’, pero estos incidentes son una mancha en nuestra imagen”.

El día de hoy, el WSWS está comenzando una serie de múltiples partes centrada en refutar las “pruebas” y los argumentos legales sobre los cuales el Estado indio basó su convicción de los 13. Se basan en gran parte en un análisis del veredicto de 535 páginas del juez Goyal.

Las investigaciones escrupulosas y la refutación sistemática de los casos legales del Estado siempre han sido una parte crítica de las campañas de defensa internacional. Exponer la justicia de clase que imponen las instituciones del Estado capitalista—el gobierno, la policía, la fiscalía y la judicatura—es vital para movilizar el apoyo popular. Además, esto enfatiza que la justicia para los trabajadores victimizados, los socialistas y otras víctimas de las tramas del Estado sólo puede ser asegurada mediante la movilización de la fuerza industrial y política independiente de la clase obrera.

Como lo mostraremos en este y otros artículos, la investigación policial y el juicio que resultaron en las condenas de los trabajadores de Maruti Suzuki fueron una farsa de principio a fin.

En su sentencia el 10 de marzo, el juez Goyal tuvo que admitir que la policía había conspirado con Maruti Suzuki en una flagrante violación de la ley y había fabricado pruebas en dos casos distintos.

Los testigos del fiscal fueron incapaces de identificar sistemáticamente a los implicados en los presuntos actos criminales.

El eje del caso de la fiscalía fue la afirmación de que los trabajadores iniciaron el incendio con la intención de quemar vivos a los gerentes de la compañía, pero no pudieron asociar a ningún trabajador con el incendio. Ni siquiera pudieron establecer cómo y cuándo se inició el incendio.

La policía no realizó pruebas forenses rutinarias en relación con pruebas críticas para el caso.

Hubieron incoherencias, brechas y contradicciones en los argumentos de la Fiscalía: incluyendo las armas que los trabajadores supuestamente usaron en el altercado y cómo cada uno de los gerentes y miembros del personal de seguridad de la empresa lograron escapar sin lesiones graves, con excepción de Avineesh Dev— el único gerente que apoyaba a los trabajadores.

En repetidas ocasiones, el juez tomó decisiones arbitrarias que distorsionaron el proceso legal y fortalecieron el esfuerzo de la fiscalía, incluyendo prevenir que testificaran los trabajadores que fueron testigos de los acontecimientos del 18 de julio de 2012.

El caso de la Fiscalía era tan indefendible que el juez Goyal tuvo que declarar inocentes a 117 de los 148 trabajadores ante el tribunal de todos los cargos contra ellos.

Pero incluso al hacer esto, el juez deliberadamente desfiguró la ley. En su decisión del 10 de marzo, el juez Goyal utilizó sofisterías repetidamente para encubrir los huecos del caso de la Fiscalía y sostuvo que los casos confirmados de mala conducta de la policía eran únicos y no parte de un patrón que afectaba el caso general. Por último, aunque no menos importante, en los puntos claves, solicitó que los trabajadores proveyeran pruebas en vez de la fiscalía y el Estado hacia los trabajadores. En otras palabras, el cargo de asesinato del juez Goyal se basa en la concepción falsa y antidemocrática de que es la obligación de los trabajadores demostrar su inocencia y no la responsabilidad del Estado de probar que son culpables más allá de una duda razonable.

El tribunal se negó a considerar la versión de los acontecimientos de los trabajadores

El altercado del 18 de julio de 2012 en la asamblea de automóviles Manesar de Maruti Suzuki surgió de una protesta en la planta.

Ese día, con el objetivo de intimidar a los trabajadores, los administradores de la planta llamaron a cientos de personas que describieron como "personal de seguridad", aunque los trabajadores los nombraron "gorilas" o matones. A continuación, la gerencia trató de obligar a los obreros a trabajar durante un descanso acordado contractualmente. Un trabajador que fue finalmente sentenciado a cadena perpetua, Jiya Lal, protestó.

En su veredicto, el juez, repitiendo la narrativa de la compañía, afirmó que Jiya Lal “empezó a comportarse mal” y que esto provocó una pelea entre él y un contratista, Sangram Manjhi. Según los trabajadores, Sangram Manjhi se burló de Jiya Lal por su pobreza y lo humilló con insultos de castas. Jiya Lal es un dalit, es decir, un descendiente de “Intocables”. Manjhi dejó la planta poco después de reportar el incidente a sus superiores.

La gerencia entonces anunció que iba a despedir a Jiya Lal, y un comité de trabajadores abandonó la planta para ir a discutir el asunto con los directores, quienes tienen una larga historia de despedir a trabajadores militantes.

Los trabajadores exigieron la rehabilitación de Jiya Lal y amenazaron con una huelga si la empresa se negaba. A medida que las noticias del enfrentamiento y el despido de Jiya Lal se extendieron, los obreros dejaron de trabajar.

Los trabajadores presentes en la reunión con los gerentes dicen que ellos fueron intransigentes y que insistieron que Jiya Lal debía ser despedido, afirmando que el contratista no había hecho nada malo al burlarse de sus orígenes, ya que en realidad sí era un dalit. Sin embargo, el director de recursos humanos, Avineesh Dev, disintió, lo cual llevó a “discusiones acaloradas” entre él y otros funcionarios de la compañía. Dev instó al resto de gerentes a reincorporar a Jiya Lal y darle una segunda oportunidad y, cuando estos negaron, anunció que iba a renunciar de la compañía.

Cuando la reunión se disolvió, los trabajadores dicen que fueron atacados por 25 a 30 “gorilas” de la compañía, armados con “bastones y dandas ” (palos pesados o bates), que los estaban esperando afuera. Según una denuncia oficial presentada por los trabajadores en el 2012, un gerente le ordenó que los gorilas “romperle las piernas de Avineesh Dev” y que lo llevaran “a una habitación y que le prendieran fuego”.

Los trabajadores dicen que lucharon contra el ataque de los gorilas. La gerencia afirma que cientos de trabajadores tomaron armas y llenaron las oficinas de administración, golpeando sin piedad a los funcionarios de la compañía. La compañía afirma que los trabajadores rompieron las piernas de Avineesh Dev y que comenzaron un incendio con la intención de quemar a Dev vivo.

El juez rechazó la versión de los trabajadores sin pensarlo dos veces. Determinó que la denuncia de los trabajadores hecha en el 2012 contra los ataques pandilleros de la compañía era “falsa” y “ficticia”. El juez Goyal dijo que debido a que la denuncia de los trabajadores detallando el transcurso de los acontecimientos fue presentada algunas semanas después de los acontecimientos del 18 de julio, los trabajadores inventaron la historia como una “reflexión tardía” para evadir su enjuiciamiento.

Al hacer este argumento, el juez omite cualquier consideración de lo que ocurrió en los días y semanas inmediatamente posteriores al altercado y al fuego del 18 de julio. La policía montó una cacería de brujas contra los trabajadores, saqueando sus casas y deteniendo a varios cientos. Por otra parte, muchos de los trabajadores encarcelados, como fue documentado posteriormente por grupos de derechos civiles, fueron sometidos a tortura, incluyendo a descargas eléctricas, estiramientos severos de las piernas e inmersiones en agua.

El juez Goyal afirmó que “no hay evidencia de que la gerencia haya tenido algún problema con [Avineesh Dev]”. Tendremos más que decir sobre este punto en la siguiente parte de esta serie, pero cabe señalar que el juez se burló de los trabajadores por no haber presentado la carta de renuncia de Dev, aunque tal carta tuvo que haber sido enviada a la empresa.

El juez también afirma que es legalmente significativo que el informe inicial de la policía, el Primer Informe de Información (FIR, por sus siglas en inglés), “no dijo que la gerencia estaba enojada con Avineesh [Dev]”. Pero, la FIR, como el propio juez fue forzado a admitir, no fue una investigación policial independiente, sino más bien una colusión entre la policía y la dirección de Maruti Suzuki. Por otra parte, este último no está interesado en declarar voluntariamente que, justo antes de su muerte, Dev había presentado su renuncia en protesta por el maltrato a Jiya Lal y a la fuerza laboral en su conjunto.

Aún más grave es la decisión del juez de excluir todo testimonio de los trabajadores que fueron testigos de los acontecimientos del 18 de julio, pero que no fueron implicados por la fiscalía en ningún acto ilícito.

Se les otorgó a los funcionarios de la administración rienda suelta para dar su versión de la historia, pero los trabajadores no pudieron dar testimonio.

El juez Goyal defiende esto en su sentencia del 10 de marzo con lo siguiente: “La polémica en relación con que ningún trabajador pudiese ser testigo en la corte no tiene validez porque queda claro que los trabajadores que no han sido acusados o que habían presenciado el incidente no podrían participar como testigos porque nunca dirán la verdad ni hablarán contra los asaltantes o miembros del sindicato”.

El hecho que Goyal haya excluido a todos los testigos obreros, alegando que invariablemente mentirían, es por sí sola una razón suficiente para declarar que el juicio fue una farsa. Oír e interrogar a los testigos para determinar la veracidad de su testimonio es precisamente el propósito de los procesos judiciales. Además, el tribunal tiene amplios poderes para ayudar a exponer falsos testimonios y a castigar a los que perjuren.

El hecho que el juez Goyal descartó arbitrariamente la evidencia presentada por los trabajadores quedó ejemplificado en su rechazo de la coartada de dos de los hombres que declaró culpables de asesinato, dos líderes del MSWU, Yogesh Kumar y Ram Bilas. Ambos presentaron pruebas considerables de que ni siquiera estaban en la fábrica el 18 de julio. Yogesh Kumar explicó que había viajado fuera de la ciudad a Yadav Dharamshala para celebrar la fiesta Kawar. El tío de Ram Bilas testificó que éste estaba visitando a su familia para una fiesta de cumpleaños el día del altercado y el incendio en la planta. El juez declaró que ambos trabajadores inventaron sus coartadas. Afirmó además que Ram Bilas “no llamó a ningún fotógrafo para tomarle una fotografía a través de un móvil o de otra manera” y declaró que esto constituía prueba suficiente de que no estaba con su familia ese día. La hoja de asistencia de la empresa se quemó en el fuego.