En la noche del miércoles, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela emitió un fallo despojando de sus poderes a la Asamblea Nacional—la rama legislativa del país, controlada por la oposición—aparentemente por su insistencia en instalar a tres legisladores cuya elección fue anulada por supuestas irregularidades electorales.

Los medios de comunicación corporativos internacionales han calificado la medida de “golpe de Estado”, alegando que el gobierno de Nicolás Maduro ha establecido una dictadura. En un importante editorial publicado ayer en Internet, el diario español El País dijo que la decisión es “extremadamente seria, sin paralelo desde que comenzó la crisis institucional de Venezuela” y marca un paso hacia el establecimiento de dictaduras similares a las apoyadas por Estados Unidos que plagaron América del Sur y Centroamérica en los años setenta y ochenta. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una fuerte condena pública de la decisión de la Corte.

En la maniobra de Maduro, destinada a apuntalar el apoyo institucional a un gobierno que es profundamente impopular entre la clase obrera venezolana, no hay nada de progresivo.

A pesar de sus pretensiones de promover el “socialismo bolivariano”, Maduro encabeza un estado capitalista cuyo programa nacionalista ha producido una crisis social conduciendo al empobrecimiento de la inmensa mayoría de la clase obrera venezolana. Bajo Chávez y Maduro, el gobierno reprimió brutalmente la oposición social en la clase obrera, la cual hasta ahora ha tomado la forma de disturbios por la escases alimentos y huelgas aisladas.

Pero el principal peligro para la clase trabajadora venezolana proviene de esas mismas fuerzas que denuncian el movimiento como un “golpe de Estado”. Bajo la superficie de la creciente intensidad de la crisis, el imperialismo estadounidense está reuniendo a las fuerzas de la extrema derecha en una tentativa de abrir el país a la explotación sin restricciones por parte de las compañías petroleras estadounidenses.

La oposición venezolana, una mezcla derechista de conspiradores oportunistas y Activos de la CIA, ha respondido a la maniobra amenazando con la dictadura militar. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, declaró a El Nacional que “Nosotros tenemos que llamar a las Fuerzas Armadas Nacionales, ellos no pueden permanecer en silencio, ellos no pueden permanecer en silencio frente a la violación de la Constitución.”

Otro legislador opositor dijo al New York Times que “el pueblo nos eligió a través de un voto popular”. Pero el voto popular no impidió que la oposición intentara orquestar un golpe de Estado contra el gobierno de Chávez elegido democráticamente en 2002, lo cual condujo a la muerte de docenas de manifestantes.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha aumentado la presión sobre Venezuela en una indicación que la administración Trump está tratando de forzar a Maduro a actuar contra su voluntad y provocar una crisis que conduzca a la caída del gobierno.

El martes el senador Marco Rubio hablando por adelantado en una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, (OEA) dijo que el gobierno suspendería la ayuda a Haití, El Salvador y la República Dominicana a no ser que estos países voten por la suspensión de Venezuela de la OEA.

La prensa alineada con el Partido Demócrata ha liderado el camino para pedir una postura más agresiva hacia Venezuela.

Como para anticipar las tensiones, un editorial del New York Times del 29 de marzo dijo que Venezuela debe implementar “reformas macroeconómicas” dirigidas a abrir el país a la explotación de Wall Street. “Estas propuestas podrían ser más difíciles de rechazar si una gran coalición internacional las presenta al pueblo venezolano como una ayuda que no debe interpretarse como una afrenta a la soberanía de su país”.

El 19 de marzo, el Washington Post publicó un editorial titulado “Trump tiene la oportunidad de corregir el error de Obama en Venezuela’, argumentando que la estrategia de Obama de mediación con el gobierno venezolano fue “un fracaso irresponsable y que la acción colectiva es imperativa para restaurar la sociedad venezolana”. El editorial del Post alentó al gobierno de Trump a tomar una línea más dura contra el gobierno de Maduro.

En febrero, el gobierno de Trump lanzó una nueva ronda de sanciones contra el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, acusándolo de narcotráfico y lavado de dinero. Michael Fitzpatrick, Subsecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, dijo: “Tenemos que actuar con urgencia y claridad de propósito, porque, como se dice, el mundo entero está observando, las sanciones son importantes para la OEA, que está cumpliendo con su responsabilidad de salvaguardar la democracia”.

Al movimiento siguió a una carta firmada por un grupo bipartidista de 34 senadores y congresistas dirigida a Trump, que decía: “Le instamos a ejercer [sus] autoridades y envíe una fuerte señal al régimen de Maduro y a otros malos actores de la región indicando que los abusadores de los derechos humanos serán los responsables por la miseria y el sufrimiento que han traído innecesariamente al pueblo de Venezuela”.

Cuando se trata de infligir “miseria y sufrimiento” a la población de América Latina, nadie puede compararse ni de cerca al gobierno de los Estados Unidos. A lo largo del siglo XX, Estados Unidos invadió la región docenas de veces, supervisó muchos golpes de estado, apoyó a los dictadores militares y a los derechistas escuadrones de la muerte. Millones de trabajadores y campesinos latinoamericanos han sido asesinados para asegurar el lucro y de las corporaciones estadounidenses.

Una empresa estadounidense, ExxonMobil, tiene un interés particular en Venezuela. El aumento de la presión está indudablemente relacionado con el hecho de que el Secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, fue Director Ejecutivo de ExxonMobil.

En enero, la publicación sin fines de lucro La Conversación escribió un artículo titulado “La larga y turbulenta historia de Rex Tillerson en Venezuela”.

El artículo señala que ExxonMobil y su predecesor Standard Oil han estado explotando el petróleo de Venezuela desde 1921. El acceso se redujo de 1976 a 1990 y de nuevo en 2007 debido a los esfuerzos de nacionalización del gobierno. En 2007, ExxonMobil rechazó la oferta del gobierno de pagar el valor razonable de los activos de la compañía al país.

La corporación ha iniciado provocadoramente la perforación de petróleo frente a la costa de Guyana en el territorio reclamado por Venezuela durante más de un siglo. Recientemente, una subsidiaria de ExxonMobil firmó un contrato de 10 años por 200 millones de dólares para desarrollar aún más sus métodos de extracción en la región. La corporación ha puesto su mirada en recuperar el acceso irrestricto al petróleo del país.

La intensificación de la presión imperialista contra Venezuela marca una continuación y una escalada de las políticas de la administración Obama, las cuales incluyeron sanciones y fuertes presiones diplomáticas y económicas. Sin embargo, la crisis que se desarrolla en los próximos días, permanece dentro del ámbito de la posibilidad de que los Directores Ejecutivos de las corporaciones y los Generales militares que llevan a cabo la operación diaria del gobierno puedan evitar la diplomacia del “poder blando” y optar por la invasión militar.