Asiste a las reuniones públicas del JEIIS ( IYSSE , siglas en inglés) esta semana, “¡Liberen a Mahmoud Khalil!”: viernes 14 de marzo a las 6:30 p. m. en The Center (208 W 13th St., Sala 310, Nueva York) y en línea el sábado con el Comité de Base de Educadores. Haz clic aquí para registrarte para la reunión en línea.

Mientras un juez federal celebraba el miércoles la primera audiencia judicial sobre el arresto y detención del activista palestino Mahmoud Khalil, la administración Trump admitió efectivamente que Khalil no había cometido ningún crimen y estaba siendo perseguido para su detención y deportación únicamente por expresar su oposición a la política exterior de Estados Unidos en relación con la guerra israelí en Gaza.

Una declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, citó su autoridad bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 (conocida también como la Ley McCarran-Walter, una infame legislación macartista) para ordenar la revocación de la “green card” de un residente legal en EE.UU. si se considera que su permanencia en el país “tendría graves consecuencias adversas para la política exterior de Estados Unidos”.

Khalil ingresó legalmente a EE.UU. en 2022 con una visa de estudiante para cursar estudios de posgrado en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia. Palestino nacido en un campo de refugiados en Siria y actualmente ciudadano argelino, posteriormente se casó con una ciudadana estadounidense y recibió la residencia permanente, convirtiéndose en residente legal en EE.UU. Completó su maestría en diciembre y esperaba graduarse en mayo.

En la audiencia del miércoles, mientras más de mil simpatizantes se manifestaban afuera del tribunal en apoyo a Khalil, el juez federal de distrito Jesse Furman ofreció a los abogados de Khalil la oportunidad de argumentar inmediatamente el habeas corpus, pero ellos se negaron porque las autoridades migratorias les habían impedido consultar en privado con su cliente.

El abogado Ramzi Kassem argumentó en la corte que Khalil “fue atacado por su defensa de los derechos palestinos”. Su traslado a Luisiana y la vigilancia de sus llamadas telefónicas “dificultan nuestra capacidad para defenderlo”, afirmó. Las autoridades del centro de detención privado, operado por GEO Corp., dijeron que no se le permitiría a Khalil una llamada privada hasta el 20 de marzo, casi dos semanas después de su arresto.

El juez Furman ordenó que los abogados de Khalil tuvieran acceso privado a él tanto el miércoles como el jueves y fijó para el viernes otra audiencia sobre el calendario para tratar las importantes cuestiones constitucionales y legales del caso. Anteriormente, el juez había ordenado al gobierno que no deportara a Khalil hasta que el caso se resolviera en su tribunal.

El fiscal federal adjunto Brandon Waterman, en representación de la administración Trump, reconoció que Khalil no podía ser deportado hasta que se resolviera el caso en el tribunal federal. Sin embargo, argumentó a favor de cambiar la jurisdicción a un tribunal federal en Nueva Jersey, donde Khalil fue llevado inicialmente tras su arresto, o en Luisiana, donde se encuentra detenido actualmente, en un intento transparente de separarlo de la comunidad en torno a la Universidad de Columbia, donde viven su esposa y sus seguidores.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indicó que seguiría adelante con una audiencia de deportación ante un juez de inmigración, separada del procedimiento federal de habeas corpus. La audiencia de deportación está programada para el 27 de marzo.

En una conferencia de prensa posterior a la breve audiencia, Kassem declaró:

Lo que le ha sucedido a Mahmoud Khalil es algo absolutamente extraordinario, impactante e indignante… Fue detenido por agentes del gobierno estadounidense en represalia, básicamente, por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda, por hablar en defensa de los palestinos en Gaza y en otros lugares, por criticar al gobierno de Estados Unidos y al gobierno israelí.

El traslado de Khalil a Luisiana fue “una represalia adicional”, agregó el abogado.

Khalil desempeñó un papel destacado en las protestas contra el genocidio en Columbia el pasado abril, pero nunca fue arrestado ni acusado de ningún delito. Actuó como mediador entre los estudiantes que establecieron un campamento de protesta en el campus y las autoridades universitarias.

El carácter abiertamente político de su arresto ha generado una amplia condena por parte de grupos de derechos civiles y de defensa de los derechos de los inmigrantes. Baher Azmy, director legal del Centro para los Derechos Constitucionales, declaró:

El arresto, detención e intento de deportación de un destacado activista palestino de derechos humanos por sus actividades protegidas constitucionalmente, con las cuales la administración no está de acuerdo, no solo es evidentemente ilegal, sino que representa un peligroso paso más hacia la represión macartista moderna. Los tribunales deben detener este abuso antes de que esta forma alarmante de represión avance aún más.

El descarado ataque contra la libertad de expresión ha provocado dos reacciones distintas dentro del Partido Demócrata—o, más precisamente, una división del trabajo entre los demócratas para evitar que las protestas masivas evolucionen hacia una revuelta abierta contra ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la administración Trump en su conjunto.

Un pequeño número de congresistas demócratas, incluidos el senador Chris Murphy de Connecticut y la representante Rashida Tlaib de Michigan, han denunciado el arresto de Khalil como una amenaza a los derechos democráticos de todos los estadounidenses. Tlaib, la única congresista palestina-estadounidense, publicó una carta de protesta calificando el arresto como un “intento de criminalizar la protesta política” y un “ataque directo contra la libertad de expresión”. Sin embargo, solo 13 congresistas de los 215 del caucus demócrata firmaron la carta.

El liderazgo del Partido Demócrata en el Congreso, encabezado por el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ambos de Nueva York, emitieron declaraciones tibias que comenzaron con condenas a las protestas estudiantiles contra el genocidio israelí en Gaza y las opiniones políticas de Khalil.

La vil respuesta derechista del Partido Demócrata solo subraya que la sociedad estadounidense ha llegado a un punto de inflexión. Tal como advirtió la junta editorial del World Socialist Web Site tras la detención de Khalil:

Nadie debería subestimar la magnitud de este ataque contra los derechos democráticos. Esto es el gobierno de la oligarquía en acción.

El mayor error sería depositar cualquier confianza en el Partido Demócrata o en la burocracia sindical. La lucha para liberar a Mahmoud Khalil es inseparable de la lucha más amplia contra la dictadura de la oligarquía financiera. La clase trabajadora debe intervenir con su propia fuerza independiente para defender los derechos democráticos y oponerse al giro hacia la guerra y la dictadura.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de marzo de 2025)