La gira latinoamericana del secretario de Estado, Marco Rubio, fue un ejercicio clásico de diplomacia del “Gran Garrote”, amenazando a las naciones más débiles con imposiciones del Gobierno fascistizante de Trump.

La primera parte de su viaje fue el domingo en Panamá, cuyo presidente de derecha, José Mulino, acordó bajo la amenaza de una invasión poner fin a su participación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, revisar la concesión de puertos cercanos al Canal de Panamá a una corporación con sede en China y aumentar las medidas contra migrantes.

En una clara señal de que la Administración de Trump no se detendrá ante nada hasta que obtenga el control total de lo que Washington ve despectivamente como su “propio patio trasero”, el Departamento de Estado afirmó más tarde que los barcos del Gobierno estadounidense, incluidos los militares, transitarán gratis. Esto fue negado rotundamente por la Autoridad del Canal de Panamá.

En el que quizás fue el tramo más significativo del viaje, Rubio se reunió el lunes con el presidente fascistizante salvadoreño Nayib Bukele, cuya reverencia hacia Trump solo ha sido superada por su homólogo argentino, Javier Milei. Bukele se ofreció a poner gran parte del Estado salvadoreño al servicio de las deportaciones y las operaciones represivas de Trump.

A cambio de dinero, El Salvador acordó recibir a un número indefinido de deportados de todas las nacionalidades y detener a los presuntos delincuentes enviados por los Estados Unidos en la nueva megaprisión Cecot (Centro de Confinamiento contra el Terrorismo), la más grande de las Américas, que tiene una capacidad oficial de 40.000 reclusos.

“Podemos enviarlos y él los meterá en sus cárceles”, dijo Rubio durante una conferencia de prensa. “Y también se ofreció a hacer lo mismo con los delincuentes peligrosos actualmente bajo custodia y cumpliendo sus condenas en los Estados Unidos aunque sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales”.

A pesar de la flagrante inconstitucionalidad de deportar a ciudadanos estadounidenses, Rubio dijo que la propuesta sería “estudiada”, destacando el bajo costo de subcontratar las cárceles salvadoreñas. La única posibilidad que podría “estudiarse” sería la de pasar por alto la Constitución de los Estados Unidos, arrogando a la Casa Blanca el poder de despojar de la ciudadanía a quien considere “indeseable”.

Trump no pudo contener su entusiasmo el martes, despotricando ante los reporteros en el Despacho Oval: “Si pudiéramos sacar a estos animales de nuestro país y ponerlos en un país diferente bajo la supervisión de alguien que cobrara una pequeña tarifa para mantener a estas personas, porque ya saben, los llaman criminales endurecidos, han estado en la cárcel 40 veces, hay uno que estuvo 42 veces... Y, francamente, pueden quedárselos porque estas personas nunca servirán para nada”.

Elon Musk, el multimillonario no elegido que dirige gran parte de la Administración de Trump detrás de escena, escribió en X que era una “¡Gran idea!”.

Susan Akram, profesora de derecho migratorio, explicó al Miami Herald que el derecho estadounidense e internacional prohíbe al Gobierno de los Estados Unidos enviar “a cualquier persona a un país donde sería sometida a tortura, trato cruel, inhumano o degradante”, delitos de los que tanto el Departamento de Estado de los Estados Unidos como los grupos de derechos humanos han atribuido a las cárceles salvadoreñas.

Desde marzo de 2022, Bukele ha mantenido un estado de excepción supuestamente para combatir a las pandillas, declarando la ley marcial y desplegando tropas en todo el país. Alrededor del 2 por ciento de la población adulta u 83.000 personas han sido arrestadas, en muchos casos sin ninguna sospecha creíble de pertenecer a una pandilla. La mayoría han permanecido tras las rejas indefinidamente sin juicios y otros han sido sometidos a juicios masivos similares a los de la época medieval.

Hay innumerables informes de detenidos que sufren tortura, privación de alimentos y medicamentos, abortos forzados y otros abusos, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos descubrió que las cárceles están superpobladas a una tasa de ocupación del 130 por ciento a pesar de la nueva prisión. Grupos de derechos humanos han documentado 349 muertes en cárceles durante el estado de excepción.

El país tiene la tasa de encarcelamiento per cápita más alta del planeta, con 1.659 presos por cada 100.000 habitantes, más del doble de la tasa del segundo país más alto.

El Gobierno de Bukele, que está enfrentando dificultades para implementar las demandas de Wall Street y la oligarquía local, busca el apoyo de Estados Unidos para fortalecer el aparato estatal represivo y consolidar una dictadura personalista contra la oposición en la clase trabajadora. Este será el uso final de los fondos otorgados por la Administración de Trump destinados a pagar por la detención de deportados.

A pesar de una reducción drástica de la actividad de las pandillas, la economía salvadoreña no experimentó una recuperación económica significativa después de la crisis inicial por el COVID-19 en 2020, mientras que las reservas de divisas se mantienen por debajo de los niveles previos a la pandemia. Esto ha obligado al Gobierno a recurrir al FMI para obtener un nuevo préstamo de 1.400 millones de dólares, que implicó el fin del experimento de Bukele de la aceptación obligatoria de la criptomoneda Bitcoin como forma de pago.

En medio del aumento de la pobreza, Bukele también ha aceptado medidas de austeridad draconianas exigidas en el acuerdo con el FMI. Para 2025, San Salvador ha implementado importantes recortes en educación (eliminando $31 millones del presupuesto) y salud ($91 millones) y eliminado más de 11.000 empleos del sector público. En respuesta a las huelgas y protestas en noviembre pasado contra los recortes planificados, en los que participaron familiares de detenidos inocentes, la Administración de Bukele lanzó una campaña de represión para romper los sindicatos, despidiendo a líderes sindicales y manifestantes.

Como parte de un paquete legislativo directamente asociado con la implementación del acuerdo con el FMI, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, aprobó la semana pasada un proyecto de ley constitucional que habilita cualquier cambio, incluso límites de reelección presidencial que Bukele ya violó para ganar un segundo mandato. Los cambios requerirían 45 votos en la legislatura de 60 miembros, y su partido tiene 54 escaños, en gran parte gracias a los cambios electorales y estructurales impuestos el año pasado. La primera modificación prevista es el recorte de todos los fondos públicos a los partidos políticos para socavar aún más a la oposición.

Excepto por un par de excepciones, los medios corporativos salvadoreños no han comparado los planes de Trump con la deportación masiva de miles de convictos bajo la Administración de Clinton, que efectivamente exportó pandillas establecidas en Los Ángeles a El Salvador, donde proliferaron en condiciones de desesperación económica generalizada.

El acuerdo alcanzado para convertir a El Salvador en una mazmorra deja en claro la conexión entre las políticas exterior e interior de Trump, en la medida en que el giro hacia una dictadura abierta y el colonialismo están profundamente entrelazados.

El World Socialist Web Site ha descrito acertadamente la política exterior de Trump como “un retorno al tipo de agresión imperialista desnuda practicada por última vez en la cancillería del Reich de la Alemania nazi”. Al abandonar cualquier pretensión de respetar el derecho internacional, el WSWS explica: “Ha de ser reemplazado por la ley de la selva, en la que los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que deben”.

La expansión de la detención de migrantes en la bahía de Guantánamo en Cuba y el enfoque hacia el resto de la región lo confirman.

El lunes, mientras Rubio se tomaba fotos con Bukele con una puesta de sol en la playa, los gobiernos de México y Canadá anunciaron acuerdos para suspender por 30 días los devastadores aranceles del 25 por ciento amenazados por Trump, a cambio de que cada lado despliegue 10.000 soldados en la frontera contra el narcotráfico y los migrantes.

El martes, el presidente de derecha de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció en una conferencia de prensa conjunta con Rubio que tenían un plan para cooperar en migración y seguridad, involucrando la intervención directa en el país centroamericano de la Agencia Antidrogas y el FBI.

En Costa Rica, Rubio también arremetió contra aquellos que durante mucho tiempo han sido blanco de operaciones de cambio de régimen: “Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado la crisis migratoria, si no hubiera sido por estos tres regímenes no habría crisis migratoria en el hemisferio”.

Esta acusación de la Administración de Trump de que el flujo de migrantes hacia la frontera de los Estados Unidos constituye una “invasión” dirigida por ciertos Gobiernos, también se ha lanzado contra Colombia y México. Tiene la intención de ser un pretexto pseudolegal para la avalancha de órdenes ejecutivas dictatoriales, así como los planes de agresión militar.

Un enviado de Trump recibió garantías del presidente venezolano Nicolás Maduro sobre la recepción de deportados, pero claramente esto solo ha envalentonado al fascista en la Casa Blanca.

El miércoles, Rubio se reunió con el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, un títere patrocinado por Estados Unidos y promovido por la pseudoizquierda como “progresista”, y llegó a un acuerdo para aumentar en un 40 por ciento los vuelos de deportación a Guatemala con migrantes de cualquier nacionalidad. Han llegado varios vuelos militares con deportados esposados y encadenados como esclavos en la última semana.

Rubio terminó su gira el jueves en la República Dominicana, cuyo presidente multimillonario de extrema derecha, Luis Abinader, espera recibir apoyo para que su Gobierno intensifique la represión racista contra los inmigrantes haitianos y la construcción de un muro fronterizo.

Si bien el Gobierno de Trump destaca las concesiones en materia de migración, Rubio tuvo mucho menos éxito en el avance del objetivo central de la política exterior de Estados Unidos: alejar a la región de la influencia económica y política china. Las realidades económicas de la pérdida de la influencia económica relativa y absoluta de los Estados Unidos en toda la región no se pueden desaparecer con solo intimidación y deseos. No se alcanzaron acuerdos significativos en este frente en El Salvador o Costa Rica, mientras que los barcos chinos y las concesiones en el canal de Panamá hasta ahora permanecen intactos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 6 de febrero de 2025)