En las dos semanas desde que Donald Trump asumió el poder, se ha vuelto innegable que su Gobierno se caracteriza por ser de, por y para la oligarquía. Se le ha entregado un poder extraordinario al hombre más rico del mundo, Elon Musk, con total indiferencia a la legalidad y el proceso democrático.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), la entidad a cargo de Musk, está encabezando una operación de demolición masiva para desmantelar los programas sociales, destruir empleos y consolidar la dictadura corporativa sobre todos los aspectos de la sociedad estadounidense.

Trump le ha otorgado a Musk un control sin precedentes de los datos personales de prácticamente todos los ciudadanos estadounidenses. Dos de los principales asesores de Musk, ahora designados como empleados temporales del Tesoro, han recibido acceso completo a la Oficina de Servicios Fiscales, que procesa más de mil millones de transacciones federales al año, incluyendo el seguro social y otros pagos de jubilación, pagos y reembolsos de impuestos sobre la renta y los cheques de pago de todos los empleados del Gobierno federal.

Una orden judicial emitida el jueves por la tarde prohibió temporalmente a los ayudantes de Musk compartir esta información con él u otros agentes de DOGE, a la espera de una audiencia completa el viernes. Sin embargo, la trayectoria de la política de Trump y las actividades de Musk son inconfundibles. Si bien la Casa Blanca y el Tesoro insisten en que el acceso de DOGE es de “solo lectura”, el propio Musk se jactó de que sus ayudantes ya estaban interviniendo en el sistema federal de pagos para detener lo que arbitrariamente consideraba transacciones ilegales o fraudulentas.

Se ha expresado la preocupación de que los asesores tecnológicos de Musk estén creando una “puerta trasera” en el sistema del Tesoro, lo que permitirá a Trump eludir al Congreso en la próxima crisis fiscal, que se espera que ocurra cuando el gasto federal alcance el techo de la deuda legal a mediados de marzo. Esto le daría a la Casa Blanca un control unilateral sobre los pagos federales. Esto permitiría a Trump proceder como hubiera querido cuando hubo cierres en su primer mandato, garantizando que se cumplan las obligaciones con los tenedores de bonos, los fabricantes de armas y el aparato militar y de inteligencia mientras incumple programas esenciales como la financiación de la educación, los reembolsos de Medicaid e incluso los pagos del seguro social.

Aumentando aún más su alcance, DOGE obtuvo acceso el miércoles a bases de datos seleccionadas de los Centros de Medicare y Medicaid, que administran $1.5 billones en pagos, una cuarta parte del presupuesto federal. Sin proporcionar ninguna evidencia, Musk afirmó en X que “el gran fraude económico” se produce con el seguro médico Medicare. Si bien los ayudantes de DOGE han comenzado a revisar los sistemas de pago y contratación, aún no han obtenido acceso a las bases de datos que contienen información personal y de salud de casi 150 millones de estadounidenses.

En otro frente importante de la contrarrevolución social de Musk-Trump, un juez federal bloqueó temporalmente el plazo de la medianoche del jueves para un plan de “renuncia diferida” dirigido a 2,3 millones de trabajadores federales. Un memorando de la Oficina de Administración de Personal el lunes dio a los empleados solo tres días para optar por un paquete de indemnización, ofreciendo sus salarios regulares hasta el 30 de septiembre de 2025, a cambio de dejar sus trabajos.

Los sindicatos de empleados federales impugnaron la “oferta” en los tribunales, argumentando que era ilegal ya que no hay garantía de financiamiento federal más allá de mediados de marzo, cuando se espera que se rompa el techo de la deuda. Dado que el Congreso aún no ha aprobado un presupuesto para el año fiscal en curso, que finaliza el 30 de septiembre, los trabajadores perderían efectivamente sus empleos por una promesa que podría rescindirse en cuestión de semanas.

El Gobierno de Trump afirmó que 50.000 trabajadores se han inscrito en el paquete de renuncia diferida, pero esto es menos de una cuarta parte de los 200.000 puestos de trabajo que la Casa Blanca ha previsto eliminar. La oferta de separación aparentemente fue redactada por DOGE y se inspiró en un memorando similar que Musk emitió a los empleados de Twitter después de su adquisición, lo que resultó en despidos masivos y retiros voluntarios.

El plan de destrucción de empleo está dirigido a destripar los programas sociales críticos. Por ejemplo, el grupo más grande de empleados federales, los más de 100.000 enfermeros que atienden a veteranos militares a través del Departamento de Asuntos de Veteranos, ya están sobrecargados de trabajo, como ocurre con los enfermeros en todo el sistema de salud de EE.UU. Recortar el 10 por ciento de estas posiciones bajo el plan de Trump-Musk sería catastrófico para los pacientes y podría llevar al colapso efectivo del sistema de salud para veteranos.

Los agentes de DOGE también han llegado a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), que desempeña un papel crucial en el monitoreo de huracanes y otros eventos climáticos extremos. Mientras tanto, en la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), el jefe recién confirmado Lee Zeldin ya ha puesto en la mira 1.000 puestos de trabajo, ordenando que todos los trabajadores con menos de un año de antigüedad sean notificados de su posible despido.

El papel de Musk en esta operación de demolición social tiene una enorme importancia. No solo es un simpatizante abierto del fascismo, evidenciado por su respaldo al partido neonazi alemán AfD, y uno de los patrocinadores financieros más poderosos de Trump. El espectáculo obsceno del hombre más rico del mundo cortando la ayuda a los pobres, enfermos y ancianos con el pretexto de eliminar “el despilfarro, el fraude y el abuso” no es ignorado por la clase trabajadora. Musk se ha convertido en la encarnación del dominio de la oligarquía financiera sobre la sociedad estadounidense.

La Casa Blanca ha clasificado a Musk como un “empleado especial del gobierno”, eximiéndolo de la mayoría de las reglas de conflicto de intereses y divulgación financiera. Es “especial” de otra manera, como lo demostraron los republicanos de la Cámara de Representantes al bloquear una propuesta para que Musk testifique ante el Comité de Supervisión del Gobierno de dicha cámara sobre su papel en la reestructuración del Gobierno federal.

En este contexto, que no basta describirlo como una “pesadilla” u “orwelliano”, el papel del Partido Demócrata combina la colaboración con posturas vacías.

Los líderes demócratas del Congreso han afirmado oponerse a los ataques de Trump contra los trabajadores federales y los programas de gasto social, aunque han hecho poco o nada para detenerlos. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, condenó a DOGE, diciendo: “Un Gobierno en la sombra no elegido está llevando a cabo una toma hostil del Gobierno federal”. Pero Schumer y otros importantes demócratas han atacado a Musk, no como representante de la clase de oligarcas multimillonarios, sino como alguien cuyos amplios intereses comerciales en China ponen en cuestión su lealtad al imperialismo estadounidense.

El presentador de MSNBC, Lawrence O’Donnell, un aliado clave de los demócratas, planteó la pregunta: “¿Cuáles son las posibilidades de que Elon Musk permita que sus amigos en el Gobierno chino sepan un poco más o mucho más sobre el funcionamiento interno del Tesoro de los Estados Unidos? ¿Alguien cree que hay cero posibilidades de que eso suceda?”.

Mientras tanto, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, se reunió con Trump en la Casa Blanca durante una hora el miércoles, discutiendo la recuperación tras los desastrosos incendios forestales en Los Ángeles.

Newsom emitió una declaración: “Gracias, presidente Trump, por venir a nuestras comunidades para ver esto de primera mano y reunirse conmigo hoy para continuar nuestros esfuerzos conjuntos para apoyar a las personas afectadas”. El gobernador no reveló si su discusión con Trump incluyó el despliegue militar masivo para vigilar la frontera entre Estados Unidos y México, incluyendo en California, o la intensificación de las redadas en las comunidades de inmigrantes.

El asalto masivo a los programas sociales, de los cuales los eventos de la semana pasada son solo un paso inicial, no es fundamentalmente un producto de las características personales de Trump o Musk. Más bien, refleja la fisonomía social de la propia oligarquía capitalista. Los esfuerzos de la Administración de Trump por establecer el marco de un régimen dictatorial, encabezados por el ataque a los inmigrantes, son, en esencia, un ataque a toda la clase trabajadora.

Como ha subrayado el World Socialist Web Site, el Gobierno de Trump representa un realineamiento violento del Estado para corresponder al carácter social del capitalismo estadounidense.

No puede haber lucha contra Trump y sus políticas fascistas dentro del marco del Partido Demócrata, que, como el republicano, es un instrumento político de Wall Street y del aparato militar y de inteligencia.

La alternativa radica en la movilización independiente de la clase trabajadora. El Partido Socialista por la Igualdad está encabezando la lucha por establecer comités de base en los lugares de trabajo, barrios, universidades y comunidades de inmigrantes para librar una contraofensiva contra este Gobierno fascista. Proponemos que la oposición en desarrollo al régimen de Trump debe basarse en la unidad internacional de la clase trabajadora y dirigirse hacia la lucha por el socialismo, el único programa que puede derrotar a la dictadura de los oligarcas y reorganizar la sociedad para satisfacer las necesidades humanas, no el lucro privado.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 6 de febrero de 2025)