El nuevo Gobierno del presidente Donald Trump intensificó sus ataques fascistas contra los derechos democráticos y sociales del pueblo estadounidense el miércoles, mientras que los líderes del Partido Demócrata advirtieron exasperadamente que no debía haber una respuesta demasiado agresiva a la ofensiva de Trump e incluso afirmaron que Trump ya había comenzado a retirarse.

La lista de acciones sustantivas anunciadas, tomadas o amenazadas por la Casa Blanca de Trump requiere una actualización diaria. La lista del miércoles incluye algunas acciones tomadas el lunes por la noche o el martes, pero solo confirmadas por la Casa Blanca el miércoles:

• Afirmar la autoridad absoluta de Trump en todo el Gobierno federal, independientemente de la ley y los precedentes. Esto incluye la facultad de despedir a los demócratas nombrados a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, todas las siglas en inglés) y la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), destituir por la fuerza a la inspectora general del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de su oficina después de que desafiara su despido como ilegal, despedir a los abogados de carrera del Departamento de Justicia que trabajaban en la oficina del fiscal especial Jack Smith, quien presentó cargos contra Trump por el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio y la retención ilegal de documentos clasificados, y finalizar el enjuiciamiento contra dos empleados de Trump, su ayudante Walt Nauta y Carlos De Oliveira, un administrador de propiedades en Mar-a-Lago, por su participación en el caso de los documentos.
• Reafirmar la prohibición del uso de fondos federales para cualquier programa que no cumpla con las definiciones establecidas en una orden ejecutiva anterior de Trump contra los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), al tiempo que requiere que las escuelas participen en una “educación patriótica” que glorifique cómo “los Estados Unidos se han acercado admirablemente a sus nobles principios a lo largo de su historia”. Cuatro altos funcionarios del gabinete, incluido, ominosamente, el secretario de Defensa, tienen el mandato de proporcionar un plan dentro de los 90 días para “eliminar el financiamiento o apoyo federal para el trato ilegal y discriminatorio y el adoctrinamiento en las escuelas de prescolar a doceavo año, incluyendo aquel basado en la ideología de género y la ideología de equidad discriminatoria...”.
• Una orden ejecutiva que incorpora como política oficial del Gobierno las demandas del comité de la Cámara de Representantes que investigó las protestas universitarias contra el genocidio israelí en Gaza de emprender una cacería de brujas. La orden requiere que todas las agencias federales informen dentro de los 60 días qué autoridad tienen para contraatacar las protestas “derivadas del antisemitismo en las universidades posterior al 7 de octubre de 2023”. Esto incluiría “recomendaciones para familiarizar a las instituciones de educación superior con los motivos de inadmisibilidad... para que dichas instituciones puedan monitorear e informar las actividades de los estudiantes y el personal extranjeros relevantes para esos motivos y para garantizar que dichos informes sobre extranjeros conduzcan, según corresponda y de conformidad con la ley aplicable, a investigaciones y, si se justifica, acciones para expulsar a dichos extranjeros”. En otras palabras, los estudiantes extranjeros identificados como opositores al genocidio de Gaza y otros crímenes del Estado de Israel serán deportados. Esto de un presidente que en 2017 dijo que los neonazis, que marcharon y corearon “¡Los judíos no nos reemplazarán!”, eran “personas muy buenas”.
• Un memorándum al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para “tomar todas las medidas apropiadas para expandir el Centro de Operaciones Migratorias en la Estación Naval de la bahía de Guantánamo a plena capacidad para proporcionar espacio de detención adicional para los extranjeros criminales de alta prioridad que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos, y para abordar las necesidades de las autoridades migratorias identificadas por el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional”. La bahía de Guantánamo se convertirá en un campo de concentración para migrantes detenidos, particularmente aquellos de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua que se niegan a aceptar vuelos de deportación estadounidenses.

El carácter dictatorial de estas acciones, y en particular de las dos últimas, apenas necesita explicación. Trump se arroga la autoridad para decidir qué leyes obedecerá y cuáles ignorará, ordena la transformación de la educación de prescolar a doceavo año en un lavado de cerebro patriótico, donde el Pentágono tendrá un rol sin precedentes de supervisión, y extiende la persecución de inmigrantes para incluir a aquellos que estudian legalmente en los Estados Unidos si expresan opiniones políticas a las que se opone la Casa Blanca. Y finalmente, el presidente fascista exige el establecimiento de un vasto campo de concentración, administrado por la Marina de los Estados Unidos, donde los inmigrantes detenidos pueden ser encarcelados indefinidamente.

Ante tal arremetida contra los derechos democráticos y los precedentes constitucionales y legales, la dirección del Partido Demócrata en el Congreso se ha postrado. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, hizo un llamado a una “contraofensiva integral de tres frentes”, que parece consistir en “no ver el mal, no oír el mal y no hablar sobre el mal”. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, celebró una conferencia de prensa con poca antelación, después de que la Casa Blanca rescindiera el memorando emitido el lunes ordenando una pausa en todas las subvenciones y transferencias federales, afirmando ridículamente que Trump ahora estaba “sintiendo el calor”, supuestamente generado por las presiones de los demócratas.

En realidad, después de que un juez federal emitiera una suspensión temporal del memorando emitido por la Oficina de Administración y Presupuesto, la Casa Blanca retiró la orden y reafirmó la política descrita en ella, citando la “confusión” creada por la implementación repentina y aleatoria de la orden.

Más importante aún, Trump ha seguido reuniendo el apoyo del Partido Demócrata para sus ataques reaccionarios contra la clase trabajadora. Mencionó por primera vez el plan de la bahía de Guantánamo, elaborado más tarde en la noche en un mensaje formal, en la ceremonia de la Casa Blanca para la firma de la Ley Laken Riley. Esta es una medida antiinmigrante viciosa, que requiere la detención con el propósito de deportar a cualquier persona indocumentada acusada de cualquier delito, incluso una citación de tráfico menor. El proyecto de ley fue respaldado por docenas de demócratas de la Cámara de Representantes y suficientes demócratas del Senado para superar una obstrucción. El senador de Pensilvania, John Fetterman, uno de los demócratas que votó a favor, asistió a la firma del proyecto de ley, y Trump hizo repetidas referencias al carácter bipartidista de la legislación y agradeció a los demócratas que votaron a favor.

Los demócratas afirman que están “conmocionados” por la velocidad de las acciones de Trump, y sus apologistas de los medios afirman que los demócratas son “impotentes” para detenerlo. Ambas afirmaciones son mentiras. Trump había dicho repetidamente que sería “un dictador desde el primer día”, y los demócratas citaron estas amenazas durante la campaña electoral de 2024. ¿Cómo pueden “sorprenderse” de que Trump esté haciendo lo que dijo que haría?

En lugar de ser “impotentes” a la hora de oponerse a Trump o de “esperar el momento correcto hasta que el sentimiento popular se vuelque potencialmente contra Trump”, como afirmó Politico, los demócratas han hecho cálculos políticos muy diferentes. No temen el supuesto apoyo de Trump en la población. Su principal temor es lo contrario: que la resistencia popular en la clase trabajadora estalle a medida que las políticas de guerra de clases de Trump comiencen a surtir efecto. Ya ha habido protestas por las redadas ordenadas por Trump de trabajadores inmigrantes y sus familias. Estas protestas crecerán exponencialmente a medida que quede claro que toda la clase trabajadora está bajo ataque.

Las medidas anunciadas el lunes como consecuencia de la pausa en el financiamiento, y solo retrasadas ligeramente por la orden judicial, afectarán a decenas de millones de trabajadores. Todas las familias que tengan un hijo que esté en Head Start o que esté recibiendo almuerzos y desayunos escolares; todos los que estén en Medicaid y otros programas federales que involucren subvenciones a Gobiernos estatales y locales o agencias de caridad, quedarán devastados. Una explosión política es inevitable.

El papel del Partido Demócrata, como uno de los dos principales instrumentos políticos de la oligarquía financiera, es sofocar esta oposición política o desviarla hacia canales seguros que no amenacen las ganancias y la riqueza de los súper ricos. El comentario de Político menciona la preocupación de un estratega demócrata de que “hay un espacio por ahí para que alguien lo llene”.

De hecho, lo hay, y puede y debe ser llenado por el partido socialista revolucionario, el Partido Socialista por la Igualdad. Existe un enorme vacío político en los Estados Unidos, e internacionalmente, entre el sistema político capitalista oficial, que se precipita hacia la derecha y empodera a fascistas descarados como Trump, y la gran mayoría de la población, la clase trabajadora, que se orienta hacia grandes luchas para defender empleos, niveles de vida y derechos democráticos y oponerse a la creciente amenaza de la guerra global.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de enero de 2024)