Doce trabajadores siderúrgicos murieron la mañana del miércoles cuando una fundición explotó en el estado mexicano de Tlaxcala, al este de Ciudad de México. Un trabajador más sufrió graves quemaduras en su rostro y brazos.

Según un informe preliminar del Gobierno estatal, alrededor de las 3:15 a.m., el acero vertido desde una “torre” entró en contacto con agua y “generó una reacción”, incendiando un sector de la empresa acerera. Hubo 35 trabajadores en el turno de la noche. Otros informes en los medios de comunicación mencionan sobrecalentamiento y equipos defectuosos.

Varios vecinos de la localidad de Xaloztoc se despertaron ante el incendio inicial y filmaron el momento en que una enorme bola de fuego estalló en la planta. Las imágenes en redes sociales muestran una estructura y cuerpos calcinados, que se asemejan a escenas de una guerra.

La gerencia perdió tiempo vital al bloquear la entrada de los equipos de emergencia, alegando que las brigadas de la compañía ya estaban manejando la situación.

El último cuerpo no fue recuperado hasta casi las 7 p.m. y tuvieron que ser identificados a través de muestras de ADN.

La empresa multinacional Simec, con sede en México, ya firmó un acuerdo para una respuesta conjunta con la gobernadora estatal Lorena Cuéllar Cisneros, quien pertenece al partido nominalmente “izquierdista” Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cuéllar inmediatamente defendió a la empresa el miércoles, destacando que la última inspección de seguridad tuvo lugar en abril. “Todo está en norma en esta empresa, hay revisiones de manera permanente, sabemos que hubo ahí una situación que no podemos todavía comentar, pero estamos haciendo las investigaciones de cuáles fueron las causas”, dijo.

Con el respaldo del Gobierno, Simec ordenó a los trabajadores de otras áreas que se presentaran a la mañana siguiente a trabajar a pocos metros de donde sus compañeros habían sido incinerados horas antes.

Sin embargo, la ira entre los trabajadores era tal que se negaron a regresar al trabajo. El sindicato local, que pertenece a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), un brazo gansteril del Estado y las empresas, dijo que los 259 miembros del sindicato en la planta no trabajarían hasta que las autoridades laborales “certifiquen” que las condiciones son seguras.

Sin embargo, la declaración del sindicato es simplemente un intento de esquivar su propia responsabilidad por el accidente, sugiriendo que todo está en manos del Gobierno. Esto también abre la puerta a un rápido regreso al trabajo, ya que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del estado se está apresurando para realizar una inspección extraordinaria para dar luz verde.

Los familiares de las víctimas y sus compañeros de trabajo han dicho a los medios de comunicación que la empresa ignoró las advertencias sobre equipos defectuosos y exigen que la planta se cierre hasta que las condiciones sean realmente seguras.

Reyes Gutiérrez García, familiar de uno de los trabajadores fallecidos en la planta, Juan Avendaño, de 35 años, dijo: “Yo sé que anteriormente se reportó que una grúa viajera donde se transporta el recipiente de escoria ya estaba a punto de desplomarse; y no hicieron caso, les valió hasta que llegó a su límite, se cayó, se derramó desde las alturas sobre los compañeros, que en gloria estén”.

Añadió: “Cómo es posible que no actúen en el momento en que los señores operadores les estén señalando que hay una falla de un equipo. Lo que me dicen a mí [es] que ya se había reportado ese equipo tres semanas donde ya estaba totalmente averiado”.

Dijo que ha habido otros accidentes causados por la falta de protocolos de seguridad, lo que ha llevado a muchos a renunciar.

“Perdí un familiar, no perdí cualquier cosa”, dijo, destacando que Avendaño deja tres hijos.

Dulce, la pareja de un joven trabajador muerto en la explosión, Leonardo Saldívar, dijo al diario mexicano Milenio que “no fue un accidente”. Explicó: “Mi pareja me había comentado que la maquinaria ya presentaba fallas y él era el que trabaja en estas. Lo único que pido a la gobernadora de Tlaxcala y a las instancias, es que cierren la empresa, ahora fueron ellos, pero ¿y más adelante? ¿cuantos más?... yo no quiero dinero, solo quiero justicia, no es la primera vez que pasan ese tipo de cosas, es una empresa que no tiene las medidas de seguridad correctas”.

Como indicaron los familiares, se ha demostrado que no es posible confiar en las inspecciones del Gobierno, y esto se aplica a cualquier investigación supervisada por las mismas autoridades.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Sheinbaum, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, demostraron ser totalmente indiferentes a la seguridad y la vida de los trabajadores y se comprometieron a salvaguardar las cadenas de suministro clave de las transnacionales estadounidenses y canadienses y sus socios mexicanos a toda costa. A principios de 2020, López Obrador y Sheinbaum acordaron reabrir las empresas críticas de suministro a Norteamérica como Simec, sacrificando cientos de miles de vidas por el COVID-19.

El propietario de Simec, Rufino Vigil González, conocido en México como el “Rey del Acero”, fue uno de los que más se benefició de esta política criminal. Su fortuna aumentó de 1.200 millones de dólares en 2020 a 3.400 millones de dólares este año, según Forbes.

Simec dice ser el único productor de acero con plomo en América del Norte y fabrica productos largos de acero de calidad especial para barras (SBQ, por sus siglas en inglés), alambre de acero, barras de refuerzo y acero comercial y estructural. Es un proveedor clave de acero especial para las industrias automotriz, aeronáutica, de válvulas y tuberías de energía, equipos agrícolas, entre otras. Mantiene cuatro plantas en México y siete en Estados Unidos, así como filiales en Brasil y Holanda.

En agosto del año pasado, Simec anunció el despido de 500 trabajadores en su sucursal estadounidense, Republic Steel, cuando cerró las fábricas de acero en Canton, Ohio y Lackawanna, Nueva York, para “consolidar” la producción en sus instalaciones de “vanguardia” en Tlaxcala, donde las estructuras se desmoronan e incineran a los trabajadores.

El acuerdo firmado por la empresa y el Gobierno el miércoles se compromete a pagar unos escasos 100.000 pesos (4.930 dólares) como compensación y 20.000 pesos por gastos funerarios (986 dólares) por trabajador, lo que los familiares no han aceptado. Solo cuatro trabajadores sindicalizados recibirán un pago adicional de seguro de vida de la CTM, cuya cantidad el sindicato se niega a revelar.

La explosión en Tlaxcala no fue un “accidente” sino un asesinato social causado por la política deliberada de perseguir la “competitividad” empresarial y nacional mediante el deterioro de la seguridad y las condiciones laborales. Esta política no podría aplicarse sin que los sindicatos y los políticos enfrentaran a los trabajadores de diferentes países en una carrera hacia el abismo.

Para que las familias sean recompensadas y se asegure el derecho a un trabajo seguro y un salario digno independientemente del país de operaciones, la fortuna mal habida de Vigil González y la empresa Simec deben ser expropiadas y transformadas en propiedad pública bajo el control de los trabajadores. Además, una investigación sobre la explosión mortal, con expertos independientes, debe ser organizada y supervisada por los propios trabajadores para establecer la responsabilidad penal.

Para avanzar en estas demandas es necesario que los trabajadores siderúrgicos de Simec en todo el continente establezcan líneas de comunicación y comités de base opuestos a las burocracias sindicales y a todos los partidos capitalistas como parte de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB).

(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de noviembre de 2024)