La AFL-CIO está expandiendo sus operaciones en Latinoamérica a niveles no vistos desde los setenta, cuando entrenó y patrocinó a miles de funcionarios sindicales para que apoyaran golpes de Estado y dictaduras respaldadas por la CIA.

La federación sindical estadounidense opera a nivel internacional a través de su mal llamado Centro de Solidaridad (Solidarity Center) al que se le otorgó un presupuesto de $15 millones para América Latina y el Caribe en 2022, según su último informe anual. Esto representó un salto masivo de entre 58 y 138 por ciento sobre todos los demás años informados en su sitio web desde 2010. A nivel mundial, el Centro también ha duplicado con creces su presupuesto en este período y ha abierto oficinas en numerosos países nuevos.

Más del 95 por ciento de los ingresos del Centro de Solidaridad provienen del Gobierno federal de los EE. UU., bajo demócratas y republicanos por igual, y es uno de los cuatro institutos afiliados del Fondo Nacional para la Democracia (NED, sigla en inglés) que se creó bajo Ronald Reagan para organizar abiertamente el tipo de operaciones que la CIA había patrocinado previamente de forma encubierta.

Mientras promueve el nacionalismo bajo el lema “Compra productos hechos en USA” y utiliza a los trabajadores de otros países y a los inmigrantes como chivos expiatorios, culpándolos por los contratos propatronales y los cierres de plantas que ella misma ha impuesto a los trabajadores en el país, la burocracia sindical estadounidense ha estado saboteando durante mucho tiempo las luchas de los trabajadores en el extranjero contra las corporaciones y ayudando al imperialismo estadounidense a someter a los trabajadores a condiciones desesperadas.

La AFL-CIO nunca ha reconocido formalmente sus crímenes históricos en el extranjero y continúa manteniendo a los miembros de base desinformados sobre sus operaciones porque actuaba y sigue actuando de mala fe.

Esto lo demuestran más claramente los esfuerzos del Centro de Solidaridad y el Gobierno de Biden para fortalecer sus lazos con la dirección peronista de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Argentina, especialmente desde la elección del presidente fascistoide Javier Milei.

Del 2 al 4 de septiembre, el Centro de Solidaridad copatrocinó un seminario en Buenos Aires sobre “Negociación colectiva en el sector público” con la participación de sindicatos de casi todos los países de América Latina. Actuando como anfitriones, los líderes de la CGT se jactaron de cómo se rehúsan a convocar huelgas y manifestaciones, ayudando a sofocar la oposición a la “terapia de choque” económica de Milei y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Hubo oradores que celebraron como una victoria que Milei haya correspondido abandonando los recortes iniciales a las fuentes de ingreso de la burocracia, como las “cuotas solidarias” automáticas de no miembros.

En reuniones poco publicitadas, la Administración de Biden y el FMI dieron órdenes directas a la CGT y Casa Rosada para que colaboraran.

Un líder de la CGT que participó en una reunión reciente con el personal del FMI dijo anónimamente a La Nación: “El Fondo está preocupado, quiere que haya garantías de que no va haber un quilombo social. Además, está interesado en que no avancen las inversiones chinas en la región”.

No es de extrañar que la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, dijera el año pasado que la CGT argentina era un “modelo” de sindicalismo. Esto está totalmente en línea con la reciente descripción de Biden de la AFL-CIO como su “OTAN nacional”.

En el país y en el extranjero, el aparato sindical es visto como un instrumento para salvaguardar los recursos naturales e insumos manufacturados clave para la industria y defensa estadounidenses frente a posibles interrupciones de la clase trabajadora y la competencia de China y otros rivales. Especialmente en América Latina, la burocracia sindical ha de evitar que las superganancias se conviertan en superpérdidas.

El predecesor del Centro de Solidaridad, el Instituto Estadounidense para el Desarrollo Laboral Libre (AIFLD, sigla en inglés), comenzó a promover las corrientes más derechistas dentro de la burocracia sindical peronista en Argentina desde principios de la década de 1960. La historiadora laboral Larissa Rosa Correa cita estimaciones de que 80.000 miembros sindicales participaron en cursos de “sindicalismo empresarial” del AIFLD durante este período, con un grupo selecto recibiendo patrocinios y siendo enviado a Front Royal Virginia, la Universidad de Georgetown y la Universidad de Loyola para convertirse en líderes anticomunistas.

Los círculos peronistas de derecha participaron en la creación del escuadrón de la muerte Triple A, que mató a cientos de trabajadores y sindicalistas de izquierda bajo el Gobierno peronista que precedió el golpe militar respaldado por Estados Unidos en 1976. Luego, escribe Correa, “una proporción significativa de los líderes sindicales que pudieron desarrollar una actividad más estable durante las dos últimas dictaduras militares argentinas (1966-1973 y 1976-1983) fueron entrenados en programas en los Estados Unidos”.

Milei ha defendido abiertamente los crímenes de la segunda dictadura, que incluyeron el asesinato de 30.000 izquierdistas y la tortura de muchos más, y ahora la AFL-CIO está siguiendo los mismos pasos para facilitar tales crímenes.

Después de su creación en 1961, la AIFLD patrocinó sindicatos en toda América Latina, organizó purgas de trabajadores y funcionarios sindicales de izquierda, financió huelgas y cierres patronales para instigar golpes militares respaldados por Estados Unidos, rompió huelgas contra regímenes respaldados por Estados Unidos, recopiló información sobre trabajadores y campesinos sospechados de ser de izquierda y se la entregó a dictadores fascistas, organizó directamente fuerzas de choque fascistas y, en la República Dominicana, respaldó la invasión de los marines estadounidenses.

En junio de 1978, la AIFLD se jactó de haber capacitado a 338.000 miembros sindicales y de mantener oficinas en 18 países de América Latina. Resumiendo el contenido del entrenamiento, uno de sus primeros financiadores, el magnate Peter Grace, quien controlaba negocios extensos en minería, agricultura, transporte marítimo y otras industrias en América Latina, dijo que el AIFLD “enseña a los trabajadores a ayudar a aumentar el negocio de su empresa”.

El AIFLD fue creado específicamente como parte del impulso del Gobierno de John F. Kennedy para pisotear la creciente influencia de la burocracia estalinista de Moscú y el miedo a una revolución social después del derrocamiento en 1959 del régimen de Batista que apoyaba Estados Unidos en Cuba.

El asesor de Kennedy, Arthur Schlesinger Jr., escribió al presidente: “Si las clases poseedoras de América Latina imposibilitan la revolución de la clase media, harán inevitable una revolución de ‘trabajadores y campesinos’”. Tal “revolución de la clase media” significaba la organización de golpes de Estado respaldados por Estados Unidos para instalar dictaduras fascistas-militares a través de “activos” en sindicatos, organizaciones estudiantiles y campesinas, pequeños partidos políticos y medios de comunicación. En países como Brasil, Chile y Argentina, el AIFLD, trabajando como un brazo de la CIA, fue un jugador importante en estas operaciones.

“Los trabajadores en EE.UU. se deben oponer al uso de sus cuotas e impuestos para esto”

Un foco del trabajo del Centro de Solidaridad en el último período ha sido la formación de burócratas sindicales en México, que alberga empresas completamente integradas con la industria estadounidense y canadiense.

El Centro destacó en su último informe que los sindicatos que patrocina firmaron contratos para 20.000 trabajadores en los últimos dos años. Esto siguió al anuncio de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, de un fondo de $130 millones para “sindicatos democráticos” durante una visita al país en 2021.

Estas operaciones tienen lugar en el marco de la reforma laboral de 2019, que fue exigida por los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá como parte de las negociaciones comerciales. La reforma ordenó a los sindicatos mexicanos ratificar sus contratos en cada lugar de trabajo a través de votaciones. Fue un paso destinado a ayudar a canalizar la creciente rebelión contra los sindicatos “charros” de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) detrás de supuestos “sindicatos independientes” patrocinados por los Estados Unidos.

El primer reemplazo exitoso de la CTM por un sindicato “independiente” bajo las nuevas reglas tuvo lugar en febrero de 2022 en el complejo de General Motors en Silao. Un trabajador activo de la planta resumió cual fue el resultado al World Socialist Web Site: “Cambios como tal significativos para beneficio del trabajador no ha habido. Los trabajadores no son quien acepta esto. Lo aceptan los dirigentes sindicales en complicidad con las empresas, aceptando contratos colectivos muy charros favoreciendo los intereses de los empresarios”.

No hay democracia, dijo, indicando que las decisiones se ratifican en asambleas donde participa una fracción diminuta de los miembros, mientras que la dirección es manipulada por su secretaria general Alejandra Morales, un bufete de abogados patrocinado por el Centro de Solidaridad llamado CILAS.

Luego, el trabajador hizo un llamado: “Los trabajadores en EE.UU. se deben oponer al uso de sus cuotas e impuestos para esto. Ya no le brinden ayuda. Ella y el CILAS, todo el apoyo solo lo han usado para beneficio de ellos mismos no para los trabajadores”.

La historia del nuevo sindicato, llamado SINTTIA, muestra que la AFL-CIO no intervino para promover “solidaridad” contra el capital transnacional, sino para romper el impulso inicial de los trabajadores para expandir su lucha internacionalmente.

En 2019, un grupo de trabajadores de base llamado “Generando Movimiento” que se oponía al sindicato de la CTM entró en contacto con el WSWS y los trabajadores estadounidenses de GM, que estaban a punto de lanzar una huelga nacional. El grupo en Silao hizo un llamado a oponerse a las horas extras y el trabajo acelerado que podrían usarse para socavar la huelga estadounidense. Esto llevó al despido de varios trabajadores.

El Centro de Solidaridad, en colaboración con los abogados del CILAS, se puso en contacto con el grupo para ofrecer capacitación y pagos en efectivo de 6.000 pesos por semana para una campaña para expulsar a la CTM. Una vez logrado esto, CILAS seleccionó a un puñado de los trabajadores como planilla para registrar un nuevo sindicato, que llamó SINTTIA. En el proceso, marginó al resto del grupo, en particular a los trabajadores que habían sido despedidos.

Un caso más reciente tuvo lugar en la maquiladora Delta Staff en Nazareno, Durango, en el norte de México, donde casi 1.000 trabajadores confeccionan pantalones para marcas como Levi's, Dockers, Old Navy y GAP.

Una abogada y un organizador que trabajó para el Centro de Solidaridad estableciendo un sindicato en la planta se acercaron al World Socialist Web Site para hablar sobre el verdadero carácter del proceso de “organización” impulsado por el Comité Fronterizo de Obrer@s (CFO) y su sindicato asociado La Liga, que “depende económicamente al 100 por ciento del Solidarity Center”.

Según la abogada, el CFO primero elige un lugar de trabajo y comienza a organizar seminarios, dirigidos a residentes y trabajadores cercanos, sobre temas como empoderamiento de la mujer y sindicalización, para establecer redes de contactos y seleccionar posibles organizadores.

Explicó: “Se cuelgan del tema del feminismo para ganar todavía un plus sobre otras organizaciones y decir que hacen trabajo de base. Pero jamás han hecho trabajo de base, es lo menos que les interesa. Buscan trabajadores que tengan alguna necesidad económica o una situación muy particular donde se genere un vínculo de dependencia hacia la organización”.

En Delta Staff de Nazareno, las principales organizadoras fueron abordadas, capacitadas como sindicalistas y luego introducidas en la planta.

Refiriéndose a la jefa de la CFO, Julia Quiñonez, la abogada dice: “Te lo puedo confirmar de mi experiencia, no es el interés del CFO el de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. El interés de la organización es mantenerse y mantener los salarios de su directora que son por arriba de los 100 mil pesos mexicanos (US$6,000), que no ganan ni siquiera los directivos de las empresas”.

En Delta Staff, los trabajadores ganaban un salario mínimo de 257 pesos (US$ 15.45) por día, y el CFO estaba pagando a los principales organizadores 1.000 pesos adicionales por semana. Para registrar el sindicato, hicieron que los trabajadores firmaran un documento sin comprender claramente lo que estaban firmando y pagaron para que firmaran en algunos casos.

En enero, los trabajadores votaron favor de reemplazar la CTM con el sindicato recién registrado afiliado a La Liga, que impuso un nuevo contrato propatronal a fines de agosto, con nueve niveles salariales, ninguno por encima de salarios de pobreza.

El organizador del CFO en Delta Staff dijo al WSWS que, el Gobierno de los EE.UU. interviene “no lo hace para realmente incitar o despertar procesos de sindicalización. Mediadoras como el Centro de Solidaridad, CFO, CILAS, lejos de promover un sindicalismo democrático, real y horizontal, se tornan en gestores de un sindicalismo controlable y manipulable que siempre les es redituable, repercute en un beneficio para ellos y se busca seguir teniendo el control de los trabajadores”.

La campaña para formar “sindicatos independientes” entrenados por Estados Unidos ha servido con frecuencia para identificar y despedir a los trabajadores más militantes. En los últimos meses, VU Manufacturing y Caterpillar simplemente cerraron sus plantas automotrices sin molestarse con pagar indemnización después de que los trabajadores eligieron sindicatos de este tipo.

Una historia de financiar el sindicalismo proimperialista

La abogada en Durango hizo el paralelo histórico con las purgas de la CTM después de su creación, “cuando se fue expulsando a los trabajadores con una ideología de clase, comunista y combativa, siempre se fue segregando de esta manera. Los sindicatos rojos y sus manifestaciones, siempre los querían aislar de las fábricas. Ahora es una prevención para tener una situación más controlable”.

La Federación Estadounidense del Trabajo (AFL, sigla en inglés) estableció por primera vez vínculos importantes en la región con los sindicalistas mexicanos, comenzando con los esfuerzos del presidente de la AFL, Samuel Gompers, para subordinar a algunos de los primeros sindicatos gremiales del país establecidos durante la Revolución mexicana (1910-1920) a un sector de la burguesía tras otro, incluyendo el despliegue de trabajadores para combatir los ejércitos campesinos de Emiliano Zapata y Francisco Villa.

Después de la creación de la CTM, la AFL entrenó y respaldó a una facción de derecha liderada por Fidel Velásquez, quien finalmente desplazó al líder cercano a Moscú, Lombardo Toledano, en 1941. Velázquez y la AFL procedieron a purgar los sindicatos de izquierdistas durante varias décadas.

El modelo de sindicalismo promovido por Gompers, quien mantuvo una relación corporativista, proguerra y personal con el presidente Woodrow Wilson, fue elogiado por el exsocialista y fundador del fascismo italiano, Benito Mussolini, en ese momento. Después de que Mussolini asumiera el poder en 1921 e instalara sindicatos corporativistas, Gompers lo aplaudió durante una visita a Italia, declarando que el líder fascista estaba “reconstruyendo rápidamente una nación de unidades colaboradoras de utilidad”.

Completando el círculo, fue el corporativismo de Mussolini el que inspiró al general Juan Domingo Perón, cuando el futuro presidente argentino era agregado militar en Italia, y que condujo al “modelo” peronista de sindicalismo en la CGT, ahora celebrado por el Gobierno de Biden.

La burguesía mexicana integró el aparato sindical en el Estado casi desde que aparecieron los sindicatos. En 1940, León Trotsky, quien vivía en el exilio en el país, escribió:

En México los sindicatos han sido transformados por ley en instituciones semiestatales y han asumido de modo natural, un carácter semitotalitario. La estatización de los sindicatos, según la concepción de los legisladores, se introdujo para favorecer a los obreros otorgándoles influencia en la vida económica y gubernamental. Pero, en tanto que el capitalismo imperialista domine el Estado nacional, y en tanto pueda derribar, con ayuda de las fuerzas reaccionarias internas, la poca estabilidad democrática, y reemplazarla con una dictadura fascista abierta, en esa misma medida, la legislación relativa a los sindicatos puede convertirse fácilmente en un arma en las manos de la dictadura imperialista.

Una y otra vez, la burocracia sindical estadounidense ha trabajado con la CIA en toda América Latina para fomentar una mayor integración de la burocracia sindical tanto en el Estado como las empresas, a fin de emplear el aparato sindical como un arma en manos de dictaduras proimperialistas.

En 1997, la AFL-CIO buscó barnizar la imagen del AIFLD cambiando su nombre a Centro de Solidaridad. Sus apologistas, incluyendo publicaciones como Labor Notes y Jacobin, harían creer a los trabajadores que el Gobierno estadounidense continúa financiando a la AFL-CIO por ser un faro para los derechos laborales y el “internacionalismo obrero”, incluso mientras envía miles de millones de dólares en armas para el genocidio sionista en Gaza.

Lo contrario es cierto. Como lo resume David North en “El último año de Trotsky”, la existencia de sindicatos como “organizaciones obreras” es cosa del pasado:

El proceso de degeneración corporativista durante un período de ochenta años impide, en todas las circunstancias menos en las más excepcionales, la resucitación de los antiguos sindicatos. La alternativa estratégica planteada por Trotsky en El programa de transición en 1938, es la política que se ajusta a las condiciones actuales; es decir, “crear en todos los casos posibles organizaciones militantes independientes que correspondan más estrechamente a las tareas de la lucha de masas contra la sociedad burguesa y, si es necesario, no titubear incluso ante una ruptura directa con el aparato conservador de los sindicatos”.

La globalización y la financiarización desde la década de 1980 han intensificado el impulso del imperialismo para controlar los minerales estratégicos, combustibles y nódulos de las redes de producción globales a través de la recolonización y la guerra. La respuesta de todas las facciones de las élites gobernantes nacionales y las burocracias sindicales a la globalización ha sido volverse más “competitivas” para las inversiones a toda costa.

La lucha contra la desigualdad, la guerra, el fascismo y la opresión imperialista hoy significa rebelarse contra todo el aparato sindical y construir la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base. Para liderar esta lucha, se necesita construir una nueva dirección revolucionaria en la forma de secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en América Latina y todo el mundo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12 de septiembre de 2024)