Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) del Perú, más de 1,5 millones de jóvenes entre 15 y 29 años son conocidos como “ninis”, porque ni estudian ni trabajan.

Entre los más joven, dos de cada cinco jóvenes entre 15 y 19 años “no tienen oportunidades laborales ni acceso a la educación”, muestra el estudio del Iedep. Este retrato de las condiciones que enfrenta la juventud peruana se vuelve aún más cruda si se considera que en 2023 uno de cada tres de ellos era oficialmente pobre, lo que representa un aumento del 12,8 por ciento respecto al año anterior.

Debido a la continua desaceleración de la economía peruana, estas cifras siguen siendo peores que los niveles anteriores a la pandemia de COVID: pasaron de 1,3 millones de ninis en 2019 a 2,2 millones en 2020, el peor año de la pandemia, lo que sin duda refleja que Perú tuvo la mayor tasa de mortalidad por COVID per cápita en el mundo. La cifra cayó a 1,6 millones en 2021, cuando la economía mostró algunos signos de recuperación, solo para volver a caer a niveles prepandémicos, aumentando un 2,4 por ciento a finales de 2023.

Las mujeres han constituido un porcentaje desproporcionado de ninis:72,1 por ciento en 2019, 57,4 por ciento en 2022 y 52,4 por ciento en 2023.

Según el titular del Iedep, Óscar Chávez, existe un alto riesgo de que el número de ninis siga aumentando en el futuro cercano.

Esta evaluación es respaldada por Carolina Rivelli, economista del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En su artículo para el periódico económico Gestión, dijo: “Los jóvenes que están llegando a la edad de trabajar lo están pasando mal; no ven un futuro prometedor y el 62 por ciento quiere abandonar el país, una cifra un 20 por ciento superior al promedio nacional. Esta cifra es alarmante teniendo en cuenta que dos tercios informan que no planean regresar”.

Los factores que explican la elevada tasa de emigración, de acuerdo al IEP, son la adversa situación del empleo, las malas previsiones económicas, la falta de oportunidades educativas y el deterioro de las instituciones democráticas.

Datos recopilados por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) muestran que en Lima metropolitana, donde reside aproximadamente el 43 por ciento o 657.000 ninis, el número de jóvenes menores de 24 años que buscan empleo cayó casi un 3 por ciento respecto al año pasado, y 10 por ciento desde 2019.

La llamada recuperación económica de la pandemia sólo ha beneficiado marginalmente a los jóvenes. Las encuestas indican que el 57 por ciento cree que la economía peruana continúa deteriorándose, y otro 37 por ciento cree que no ha mejorado en el último año. En cuanto al futuro inmediato, el 46 por ciento cree que la situación empeorará aún más.

Carolina Trivelli vincula el empobrecimiento general de millones de familias en todo el país con el deterioro de las instituciones educativas y la enseñanza.

Por lo demás, el gobierno peruano ha fracasado rotundamente en reducir la pobreza a largo plazo, así como el empleo informal. Siete de cada 10 trabajadores no están en nómina regular, no disfrutan de vacaciones pagadas ni seguro médico, y no reciben los tradicionales dos meses de salario: bonificaciones en julio por Fiestas Patrias y en diciembre por Navidad.

No sorprende que las encuestas muestren que la juventud peruana desconfía abrumadoramente de las instituciones organizadas y los partidos políticos.

Los jóvenes desempeñaron un papel central en las protestas masivas que siguieron al derrocamiento del presidente Pedro Castillo tras su fallido “autogolpe” y encarcelamiento en diciembre de 2022, y las masacres llevadas a cabo durante el gobierno de su sucesora y exvicepresidenta, Dina Boluarte.

Boluarte ahora se opone masivamente. Tiene sólo un índice de aprobación del 5 por ciento en encuestas recientes, la cifra más baja de cualquier presidente desde 1980, cuando regresó la democracia después de 12 años de dictadura militar. El Congreso es igualmente detestado: el 91 por ciento desaprueba el desempeño de los legisladores.

Boluarte también ha sido acusado por el fiscal general de Perú de genocidio en relación con la represión masiva, así como de soborno y corrupción.

Un informe publicado por Amnistía Internacional la semana pasada encontró que Boluarte y otros altos funcionarios tienen responsabilidad penal por la muerte de 50 manifestantes que murieron en lo que equivalía a ejecuciones extrajudiciales y como resultado del uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía y el ejército. Otras 1.300 personas resultaron heridas en la represión.

Como reflejo de un descontento masivo con todo el sistema político, 30 candidatos ya se están postulando para las elecciones presidenciales de 2026. Los partidos tradicionales de la burguesía peruana, como el APRA y Acción Popular, están al borde del colapso y buscan nuevos candidatos dentro de los sectores más derechistas y reaccionarios.

El Perú es un polvorín económico, social y político. Las condiciones prevalecientes que enfrentan las masas, que son compartidas por muchas regiones del planeta, podrían dar lugar rápidamente al tipo de erupciones juveniles masivas observadas en las últimas semanas desde Kenia hasta Bangladesh.

La única solución para las masas de trabajadores y jóvenes del Perú que enfrentan esta catástrofe social es organizarse para tomar el poder, en alianza con la clase trabajadora de las Américas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de julio de 2024)