La presidenta de Perú Dina Boluarte encabezó una delegación de alto nivel hacia la República Popular China en una visita de siete días del 23 al 30 de junio. Acompañada de 9 ministros, Boluarte mantuvo conversaciones con Xi Jinping y otros hombres de estado chinos así como con empresas que tienen importantes inversiones en Perú.

Desde el 2014, China desplazó a EE.UU. como el principal socio de comercio de Perú. El país sudamericano es altamente dependiente de la demanda mundial de commodities, principalmente minerales. Actualmente, las exportaciones hacia China triplican a las que van a EE.UU.

El viaje de Boluarte toma lugar en medio de una crisis política e institucional de larga data en la nación. Dos días después de que dejara el país, dos ONGs de derechos humanos solicitaron oficialmente a la Corte Penal Internacional que investigue la masacre de 49 civiles durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023 que ocurrieron a raíz de la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo.

Las ONGs tuvieron que apelar a cortes internacionales porque internamente, Boluarte y el ex primer ministro Alberto Otárola, que renunció en marzo, han sido protegidos de ser denunciados judicialmente por la facción ultraderechista del Congreso y las fuerzas armadas. Boluarte claramente ha realizado un pacto criminal de coexistencia mutua con la extrema derecha, a quién le ha dado la libertad total de asaltar y reestructurar los poderes del Estado a cambio de que se bloqueen las investigaciones y demandas contra ella y le permitan permanecer en el poder.

Esta facción ultraderechista está conformada por individuos de diferentes partidos (Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza por el Progreso) que constituyen una minoría en el congreso. Sin embargo, su poder e influencia provienen de ser los representantes directos del Gran Capital nacional, el ejército, los inversionistas extranjeros y la embajada de EE.UU. Ellos garantizan el control y uso del poder legislativo a favor de estas fuerzas y a expensas de la clase trabajadora y la gente pobre del campo.

Boluarte no sólo depende de estos sinvergüenzas en el poder legislativo para no ser destituida e ir a la cárcel, como su predecesor, sino es la extrema derecha quién le impone su agenda. Careciendo de un partido y una bancada –y, si vamos al caso, las competencias y aptitudes necesarias para gobernar un país– Boluarte difiere al Congreso, el cual dicta en gran parte la política económica del país y no el propio Ministerio de Economía.

El pueblo trabajador peruano es abrumadoramente hostil al carácter criminal del gobierno de Boluarte y las sucias maquinaciones del Congreso. Ninguno posee legitimidad popular. Boluarte tiene 5% de aprobación –el más bajo de un presidente desde 1980– mientras que el Congreso tiene 8%. Cuando el expresidente Martin Vizcarra disolvió constitucionalmente el congreso en 2019, durante otra crisis con otro congreso igualmente reaccionario, hubo considerable apoyo popular, se realizaron masivas marchas celebrando su decisión y congresistas fueron atacados físicamente en las calles.

Castillo intentó capitalizar el enorme vacío político creado por la desconfianza en todas las instituciones capitalistas. Un otrora profesor rural y líder sindical, Castillo llegó al poder gracias al abrumador apoyo en las urnas de las empobrecidas regiones de la sierra a las que apeló con sus llamados por mejorar sus estándares de vida. Sin embargo, pronto dejó claro que sus promesas eran falsas y que era, en realidad, el peón y Caballo de Troya del exgobernador de la región Junín Vladimir Cerrón, líder de su partido y un caudillo regional sentenciado por corrupción que tenía ambiciones de controlar al estado.

No obstante, nada de estuvo detuvo a las principales figuras de pseudoizquierda del país de alabar la llegada de un 'hombre del pueblo' al más alto nivel estatal. Tales como la excandidata presidencial Verónika Mendoza, la actual congresista Sigrid Bazán y el ex ministro de economía de Castillo Pedro Francke quién luego de renunciar afirmó que se unió al gobierno de Castillo porque pensaba que iba a ser como el de Evo Morales en Bolivia; esto es, la continuación de la dominación capitalista y la opresión de la clase trabajadora asegurada por una figura pseudoizquierdista que aplacaría a las masas apelando a la identidad indígena.

Castillo permanece encarcelado desde hace más de un año, acusado de intentar disolver inconstitucionalmente el Congreso en diciembre de 2022. No ha sido formalmente procesado.

Uno de los principales puntos de las conversaciones en China debe haber sido indudablemente las finalizaciones del Megapuerto de Chancay. Un proyecto cuya construcción fue iniciada en el año 2011 por el consorcio chino COSCO Shipping que ha costado USD3.6 mil millones y que una vez terminado será el puerto más grande de Sudamérica y 'una de las principales vías para el intercambio comercial entre Sudamérica y Asia', según un representante. Éste reducirá el transporte de fletes marítimos de 10 a 15 días entre las regiones.

En abril, COSCO envío una carta al Ministerio de Economía buscando una 'solución amistosa' a una demanda presentada por la Autoridad Portuaria Nacional que cuestiona la otorgación de la exclusividad de la explotación de los servicios portuarios a COSCO. En su reunión con Xi, Boluarte seguramente le aseguró personalmente a él y sus empresarios que no tienen nada que temer de esta demanda y que el estado fallará a su favor. El propio Xi vendrá a inaugurar el megapuerto en noviembre de este año durante la cumbre de APEC que se celebrará en Lima.

El megapuerto de Chancay reestructurará las rutas del orden marítimo en la región a expensas de EE.UU., quién ha visto como su zona de influencia ha sido aprovechada por China en las últimas décadas. Actualmente las exportaciones e importaciones hacia Asia desde las costas del Pacífico sudamericano tienen que pasar por los puertos de Manzanillo y Long Beach, en México y California respectivamente. Una vez que Chancay opere, los países de la región podrán exportar a China desde Perú sin ninguna escala.

Esto es alarmante para Washington ya que Argentina, Bolivia y Chile forman parte del denominado Triángulo del Litio, en dónde se ubica el 80% de las reservas mundiales de ese metal. El litio es crucial para producir vehículos electrónicos y armas modernas.

Es por ello que en julio de 2023 la comandante del Comando Sur (SOUTHCOM) del ejército estadounidense Laura Richardson declaró a Newsweek que la influencia de China en la región ya ha entrado a una 'zona roja'. Newsweek citó al megapuerto de Chancay como el 'centro de la inquietud' de Washington en este tema.

Richardson ya dejó claro los verdaderos intereses que representa cuando en una entrevista al Atlantic Council – think tank ligado a a la OTÁN– declaró que Latinoamérica es importante por sus 'ricos recursos y elementos de tierras raras'.

El Comando Sur realizó el pasado abril el juego de operaciones bélicas 'Southern Seas 2024'. Según su sitio web, 'Está previsto que los portaviones George Washington [armado nuclearmente], Porter y John Lenthall realicen ejercicios de paso y operaciones en el mar con fuerzas marítimas de países socios en América del Sur durante el despliegue 'Southern Seas 2024'. Están previstos compromisos con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, con visitas a puertos programadas para Brasil, Chile y Perú'.

La clase trabajadora tiene que ser advertida. Como lo dijo el discurso del mitin del primero de mayo ni Latinoamérica ni ninguna otra parte del mundo se salvará de la rapacidad del imperialismo en su búsqueda de la opresión de los pueblos y el robo de sus recursos naturales. La construcción de los Partidos Socialistas por la Igualdad es la tarea primordial de hoy día en América.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de julio de 2024)