La campaña oficial para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela comenzó la semana pasada. El actual presidente Nicolás Maduro y el candidato de la oposición respaldado por EE.UU., Edmundo González Urrutia, se presentan como los principales contendientes para un mandato de seis años, pero ninguno representa una solución a la creciente catástrofe social que mantiene a millones en absoluta miseria.

Maduro y González hablaron el jueves en mítines masivos en Caracas y afirmaron que su victoria era prácticamente segura. La caravana opositora se concentró en los barrios relativamente más ricos del este de Caracas, pero el tamaño de la manifestación y la participación de capas más amplias apuntan a un cambio de apoyo. La capital ha sido durante mucho tiempo un bastión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que ha gobernado el país durante 25 años bajo Hugo Chávez y su sucesor designado, Maduro.

González Urrutia, un político desconocido con pasado diplomático, ha sido respaldado por los principales partidos de oposición como sustituto de María Corina Machado, la líder de la Plataforma Unitaria cuya candidatura fue descalificada por los tribunales.

Se han concentrado multitudes similares en decenas de ciudades a favor del PSUV y la oposición. El sábado, miles inundaron Barinas, la cuna de Chávez, en apoyo a González-Machado.

En poco más de una década, la economía se ha reducido en más de tres cuartas partes, y 7,7 millones de venezolanos, una cuarta parte de la población, han abandonado el país. El sentimiento abrumador es de desesperación por un “cambio”. Todos, excepto el 6 por ciento más rico, viven por debajo del umbral de pobreza, según la Universidad Católica Andrés Bello. El salario promedio en el sector privado es de 210 dólares por mes, en comparación con estimaciones de una canasta básica de bienes de 380 a 500 dólares.

La sequía económica es el resultado principalmente de una caída en los precios del petróleo y las sanciones económicas de EE.UU. La corrupción y la mala gestión han sido factores significativos. Bajo Chávez y Maduro, el Gobierno priorizó el pago a los tenedores de bonos extranjeros por encima de las necesidades básicas de la población, mientras que las sanciones han privado al país de reservas extranjeras para importar medicamentos, alimentos, repuestos y maquinaria. Se han publicado estudios que han vinculado las sanciones estadounidenses con decenas de miles de muertes, incluso antes del inicio de la pandemia del COVID-19.

De manera hipócrita, una de las partidarias más fervientes de las sanciones de EE.UU. y el cambio de régimen, Machado ha tratado de sacar provecho del sentimiento de cambio al vincular la imagen de Maduro con el hambre y la migración, haciendo promesas turbias de salarios dignos, una reapertura económica y libertad.

Sin embargo, no hay mucho cariño por estos títeres del saqueo imperialista, ya que una encuesta mostró que el 70 por ciento de los venezolanos cree que aquellos que han respaldado las sanciones de EE.UU. deberían rendir cuentas. El apoyo a Machado, consecuentemente, es aún más bochornoso para Maduro y todo el proyecto nacionalista burgués del “bolivarianismo”, que fue fraudulentamente presentado como “socialismo” a pesar de mantener a una “boliburguesía” superrica que lucra a través del Gobierno.

Los trabajadores en Venezuela no deben confundirse. Ni Maduro ni la oposición respaldada por EE.UU. tienen nada que ofrecer más que un giro hacia una dictadura militar abierta y formas fascistizantes de gobierno.

La oposición de derecha, al igual que los políticos capitalistas en todo el mundo, teme generar expectativas populares de grandes mejoras sociales que harían casi seguro un enfrentamiento explosivo con la clase trabajadora. Como resultado, la oposición ha vuelto a lanzar sus llamados a la “comunidad internacional” —es decir, las potencias imperialistas y sus lacayos— y al ejército venezolano.

Tan pronto se inició la campaña oficial, González Urrutia hizo una declaración el viernes apelando a los militares: “El pueblo cuenta con que su institución militar respete y haga respetar su voluntad soberana. Los convoco a la nueva etapa que se abrirá en nuestro país, en la cual nuevamente tendrán un papel destacado”. Luego, Machado escribió en X: “Miembros de la Fuerza Armada, la nación los necesita, la Constitución debe ser su norte y guía. Estamos convencidos de que nuestros militares garantizarán una transición legítima y ordenada”.

En varios intentos previos de presionar a las fuerzas armadas para que apoyen un cambio de régimen, la cúpula militar ha permanecido leal al régimen del PSUV. Sin embargo, aunque no se dice abiertamente, el cálculo del imperialismo estadounidense y sus títeres es sencillo: una victoria electoral de la oposición mostraría que el PSUV ya no sirve para sofocar la oposición popular desde abajo y mantener a la clase trabajadora bajo control. En otras palabras, salvaguardar el dominio capitalista, que es fundamental para proteger los privilegios y la riqueza mal habida de los jefes militares, requiere un cambio de régimen y colaboración con el imperialismo estadounidense.

Por otro lado, el imperialismo estadounidense y sus aliados fascistoides en la región están cada amenazando cada vez más con la posibilidad de provocaciones militares y de otro tipo contra Venezuela para derrocar a Maduro.

La amenaza de una incursión militar estadounidense no está descartada en el contexto de una tercera guerra mundial en expansión y el empuje imperialista para recolonizar el mundo. Los lazos económicos y militares entre Caracas y Moscú, Beijing y, en menor medida, Teherán, son intolerables para Washington en su “propio patio trasero” mientras se prepara para un conflicto militar contra China y Rusia.

Mientras miles marchaban en Barinas el sábado, unos 3.500 fascistas vitoreaban a González y Machado en la conferencia fascista CPAC organizada por Jair Bolsonaro en Brasil, después de que el excandidato presidencial chileno José Antonio Kast —un defensor abierto del dictador fascista Augusto Pinochet— llamara a formar una coalición internacional para derrocar a Maduro y hacer que los expatriados venezolanos regresen. “Tenemos que usar todas nuestras herramientas para desalojar a ese narcodictador, entre las cuales está la creación de una coalición para ayudar a los venezolanos a liberarse de la dictadura,” dijo.

Mientras tanto, seis líderes de campaña de la oposición buscados por el régimen de Maduro han recibido asilo político durante más de 100 días en la Embajada argentina en Caracas. El presidente argentino Javier Milei, quien junto con Machado pertenece al Foro de Madrid fascistizante y ha legitimado los crímenes bajo la última dictadura militar argentina, se ha dedicado agresivamente a empujar a la región hacia el campo de EE.UU.-OTAN.

Donald Trump, quien lidera las encuestas antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. en noviembre, intensificó las sanciones económicas y lanzó un intento fallido para secuestrar a Maduro y la dirigencia venezolana con mercenarios estadounidenses e instalar al autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó.

Por su parte, el Gobierno de Maduro ha combinado la retórica “antiimperialista” habitual, amagos militares sobre la toma de territorio disputado en la vecina Guyana y acuerdos con Moscú con llamamientos al imperialismo estadounidense para llegar a un nuevo arreglo.

La semana pasada, Maduro aceptó una solicitud de la Administración de Biden para reanudar las negociaciones en Doha, Qatar, al margen de las negociaciones de Israel y Hamás supervisadas por la CIA.

Según Geoff Ramsey del centro de pensamiento imperialista Atlantic Council, Washington teme que Maduro pueda prohibir la candidatura de González en el último momento y espera presentar una oferta de alivio de sanciones a cambio de dejar que las elecciones sigan su curso. Se han presentado recursos legales ante el Tribunal Supremo de Venezuela para descalificar a González, arrestar a Machado y suspender las elecciones.

El Gobierno venezolano ha insistido en que las discusiones deben limitarse al acuerdo bilateral del año pasado en Qatar, lo que significa que Caracas ni siquiera quiere discutir las elecciones.

Las sanciones sobre el comercio de petróleo venezolano fueron reinstauradas en abril tras la prohibición de Machado, pero el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha otorgado licencias especiales a ciertas compañías estadounidenses y europeas. El Gobierno de EE.UU. se ha convertido en la autoridad de facto sobre la mayor parte de la producción del crudo venezolano.

Por otro lado, un tribunal de apelaciones de EE.UU. dictaminó el miércoles que el activo extranjero más valioso de Venezuela, la compañía petrolera CITGO, no puede ser utilizado como garantía para las corporaciones y tenedores de bonos estadounidenses que exigen compensación de Caracas.

CITGO, que sigue controlando más de 4.000 estaciones de servicio y dos importantes refinerías de petróleo, permanecerá así en manos de la oposición respaldada por EE.UU., que no es más que una fachada para la inteligencia estadounidense. En 2019, Washington tomó la decisión flagrante e ilegal de robarle la empresa a Caracas y entregársela a Guaidó y sus séquito para financiar el cambio de régimen y llenar sus bolsillos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 08 de julio de 2024)