El miércoles, la Universidad de Míchigan anunció una propuesta para una nueva política administrativa que podría utilizarse para prohibir en efecto las protestas públicas en el campus, como parte de una represión nacional y global cada vez mayor a la oposición al genocidio en Gaza.
El documento de política declara:
Nadie tiene el derecho de infringir el discurso y las actividades de otros interrumpiendo las celebraciones, actividades y operaciones normales de la universidad (“operaciones universitarias”).
Los estudiantes que han sido hallados culpables de violar esta política serán sometidos a acciones disciplinarias, incluso expulsiones.
Este ataque a la libertad de expresión se produce después de que el rector de la universidad, Santa Ono, denunciara públicamente una protesta del 26 de marzo contra el genocidio en Gaza. Ono afirmó:
Todos debemos entender que, mientras se valora y protege la protesta, las alteraciones del orden público no. El derecho de un grupo a protestar no antecede el derecho de otros a participar en un evento de celebración.
La prohibición de la protesta con el pretexto de evitar la “alteración del orden público” y la “vida económica” es pan de todos los días para los regímenes autoritarios en la historia moderna. Por esa razón, desde un punto de vista legal democrático, la permisibilidad de la “alteración del orden” siempre se ha entendido como un factor esencial para la libertad de expresión.
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha explicado:
Se puede esperar que las entidades privadas y la sociedad en general... acepten algún nivel de alteración del orden público, si esto es necesario para el ejercicio del derecho de reunión pacífica.
Según el borrador del texto distribuido el miércoles, que invita a la “retroalimentación” hasta el 3 de abril, la nueva política prohibiría cualquier acción que “interrumpa” las actividades universitarias de cualquier tipo, incluso “obstruyendo las líneas de visión, haciendo ruidos fuertes o amplificados, proyectando luz o imágenes, o creando distracciones sustanciales”. También sería una violación de la política “prevenir o impedir el libre flujo de personas en el campus”, o negarse a abandonar el campus cuando así lo ordene un funcionario de la universidad.
¿Un piquete de trabajadores en una huelga “previene o impide” el tráfico peatonal? ¿Levantar una pancarta fuera de un evento “obstruye las líneas de visión”? ¿Gritar “boo” en lugar de aplaudir cuando un criminal de guerra sube al escenario constituye una “distracción sustancial”?
La ambigüedad de la política es deliberada. El efecto previsto es dar a la universidad una licencia para prohibir cualquier protesta, ya que todas las protestas por su propia naturaleza implican “distracciones sustantivas”.
La política también establece que en caso de una presunta violación, los estudiantes serán notificados sumariamente de los cargos y alentados a “aceptar voluntariamente la responsabilidad” o enfrentar un “proceso” unilateral controlado por la universidad para determinar su castigo. La política también amenaza con remitir a los estudiantes a la policía y a los fiscales locales mediante “solicitudes de cargos por delitos menores en virtud del Artículo XII de la Ordenanza de los Regentes y la ley estatal de allanamientos”.
La amenaza de la universidad de involucrar a la policía y los fiscales se dirige particularmente contra los muchos estudiantes internacionales de la universidad, cuyo estatus de visa a menudo es precario y puede ser revocado por cualquier número de razones, o sin ninguna razón en absoluto.
Además de los estudiantes, la nueva política sobre “alteración del orden público” también se aplica expresamente al personal, los profesores y los visitantes. Los estudiantes que violen la política pueden enfrentar una “expulsión”, mientras que los docentes pueden enfrentar un “despido”. La política también pretende anular todas las demás políticas “conflictivas” en sentido contrario. Esto presumiblemente incluye la Declaración de Derechos de los Estudiantes, que defiende la “larga tradición de activismo estudiantil y valora la libertad de expresión, que incluye expresar puntos de vista impopulares y disidentes”.
La Universidad de Míchigan, de hecho, fue un centro de protestas estudiantiles durante la guerra de Vietnam y el movimiento por los derechos civiles. La política propuesta, si hubiera estado vigente en ese momento, habría criminalizado virtualmente a generaciones enteras del cuerpo estudiantil.
Los Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (JEIIS o IYSSE, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Michigan emitieron una declaración el jueves condenando los “últimos pasos de la administración para intimidar y silenciar la oposición al genocidio estadounidense/israelí en Gaza”.
El IYSSE declaró:
Defendemos incondicionalmente a todos los estudiantes, profesores y personal que son blanco de la policía del pensamiento universitario y víctimas del “crimen” de protestar contra un genocidio en curso que recuerda el Holocausto nazi.
Pronunciándose en una manifestación contra la administración universitaria en Ann Arbor ayer, a la que asistieron más de 1.000 estudiantes, el candidato presidencial del Partido Socialista por la Igualdad, Joseph Kishore, calificó la política propuesta como un “ataque escandaloso a los derechos democráticos y al derecho a protestar”.
Kishore continuó:
Es una continuación y una escalada de los esfuerzos para criminalizar y desprestigiar las protestas contra el genocidio en Gaza. Esta es una respuesta de la clase dominante a la creciente oposición entre los trabajadores y entre los jóvenes a los horribles crímenes que se están llevando a cabo con el apoyo activo, financiero y político del Gobierno de Biden y el Partido Demócrata.
La represión actual se produce a medida que cambian drásticamente las opiniones de la población estadounidense, cuya desaprobación de las acciones de Israel en Gaza pasaron de un 45 por ciento en noviembre a un 55 por ciento en marzo, según una encuesta de Gallup publicada el miércoles. Entre los estudiantes y los jóvenes, que están más expuestos a la información directa desde Gaza en las redes sociales, el cambio ha sido aún más abrumador. En Facebook, TikTok e Instagram, las etiquetas críticas al Gobierno israelí superan regularmente aquellas proisraelíes en proporciones de veinte a uno, treinta a uno y más.
La respuesta de las autoridades universitarias, corrompidas por innumerables vínculos con los partidos políticos capitalistas gobernantes y el aparato de inteligencia y militar, ha sido generalmente con mano dura.
La administración de la UM dio a conocer su nueva política contra la “alteración del orden público” la misma semana en que unas dos docenas de estudiantes y un periodista fueron victimizados en una manifestación contra el genocidio en la Universidad de Vanderbilt en Tennessee. Esa protesta se convocó después de que la administración bloqueara una votación sobre una resolución que habría impedido que los fondos del Gobierno estudiantil se gastaran en empresas que apoyan a Israel.
Estas medidas represivas son solo las últimas manifestaciones de un proceso acelerado. Desde que se lanzó el inicio de la ofensiva contra Gaza en octubre, se han emitido demandas para la represión de las protestas en los campus desde los niveles más altos de los partidos demócrata y republicano bajo el falso pretexto de combatir el “antisemitismo”. Como parte de esta campaña, varias rectoras universitarias fueron llevadas ante audiencias inquisitoriales en Washington, durante las cuales fueron soflamadas por legisladores por no hacer más para censurar el discurso estudiantil, lo que llevó a la renuncia de la exrectora de Harvard, Claudine Gay.
Más recientemente, el Partido Demócrata anunció que este año libraría una “guerra total” contra terceros partidos y candidatos independientes, específicamente para evitar que aparezcan en las boletas electorales. Este proceso se refleja en todo el mundo, incluyendo con la nueva legislación de “extremismo” de Rishi Sunak en el Reino Unido y la prohibición de manifestaciones relacionadas con Argelia en París.
Estos esfuerzos cada vez más desesperados de censura y represión no son características de un orden social estable y seguro de sí mismo. Son un signo de debilidad, una función de la crisis del capitalismo mundial y todas sus instituciones tradicionales, especialmente en los Estados Unidos, que está hirviendo con agravios sociales sin resolver.
Incapaz de generar un verdadero apoyo de las masas a sus políticas, o de ofrecer algo parecido a una reforma, la clase dominante está recurriendo a una represión más directa. En los Estados Unidos, esto es cierto para la facción encabezada por Trump y los republicanos, no menos que para la facción encabezada por Biden y los demócratas.
El genocidio en curso en Gaza se produce en medio de una sangrienta escalada del conflicto global que ya se está librando en Ucrania y que amenaza con expandirse a otras partes de Europa del este, Oriente Próximo y el sudeste asiático, involucrando el uso de armas nucleares. En este contexto, el genocidio de Gaza ha desenmascarado al imperialismo de Estados Unidos y la OTAN. Los políticos de Estados Unidos, que pretenden ser “paladines de la democracia” y del llamado “orden internacional basado en reglas”, para la población mundial, se ven como una manada de hipócritas y asesinos en masa empapados de sangre.
Igualmente queda desenmascarado el orden social que representan. No muestra una tendencia hacia la igualdad y el progreso, sino hacia la represión y la destrucción. Todos los grandes problemas históricos asociados con el capitalismo, que produjeron dos guerras mundiales, el fascismo y el genocidio en el siglo pasado, han vuelto con fuerza, a pesar de las pretensiones de que esos problemas habían sido “resueltos” y que nunca volverían a repetirse.
En este contexto, todas esas tendencias políticas e individuales que han buscado sembrar ilusiones de que el Partido Demócrata puede ser “presionado” y el capitalismo “reformado” también han quedado al descubierto. El presidente estadounidense que había sido aclamado por estos sectores como uno de los más “izquierdistas” y “prosindicales” de la historia probablemente será recordado por su merecido apodo de “Genocida Joe”.
A medida que el barniz democrático del capitalismo se borra y su esencia reaccionaria se vislumbra cada vez más, la fuerza social capaz de defender y expandir los derechos democráticos y de librar una lucha contra el capitalismo mismo, la clase obrera internacional, debe ocupar un lugar central. Esto requiere abandonar los llamados desesperados a todos los cómplices y facilitadores desacreditados del genocidio. En cambio, todos los esfuerzos deben centrarse en desarrollar la conciencia de clase colectiva y la organización necesarias para una lucha contra el propio sistema capitalista.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de marzo de 2024)