El Partido Demócrata está gastando millones de dólares en abogados, operadores y propaganda para garantizar que los trabajadores y jóvenes no tengan otra opción en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 que Joe Biden, responsable del genocidio en Gaza, y Donald Trump, quien aspira a dictador.
En las últimas dos semanas, se han publicado varios artículos importantes en la prensa describiendo el plan del Partido Demócrata para bloquear, en la medida posible, que cualquier tercer partido o candidato independiente aparezca en la papeleta en noviembre. Esto incluye la campaña de Joseph Kishore y Jerry White.
Los informes emplean el lenguaje de una ofensiva militar, refiriéndose a una “guerra total” que está preparando el partido, un “ejército de abogados” siendo movilizado, un “plan de contrainsurgencia de estado por estado” siendo implementado.
La elección de palabras es reveladora. Efectivamente, el Partido Demócrata y la clase gobernante en su conjunto están librando una “guerra” contra los derechos democráticos y sociales de la clase trabajadora. En un país de 330 millones, la oligarquía financiera exige que el acceso a la papeleta se limite a sus partidos patronales.
El desdeño extremo por los principios democráticos más básicos es evidente. “Existen preocupaciones [en el Partido Demócrata] que darles a las personas más opciones en la papeleta perjudique más probablemente a Biden”, escribió el New York Times en un argumento propio de una dictadura. El Times cita a Robert Lenhard, un abogado externo de los demócratas, que afirma que el intento de limitar el acceso a la papeleta busca “garantizar que las personas en la papeleta tengan bases de apoyo legítimas”, por lo que se refiere al respaldo de la oligarquía corporativo-financiera.
Una encuesta de Pew Research llevada a cabo en 2022 descubrió que el rechazo a los demócratas y republicanos “alcanzó su nivel más alto en las más de dos décadas de la encuesta”. En estas condiciones, es necesario prevenir que los votantes tengan “más opciones en la papeleta”, es decir, la capacidad de votar por candidatos que realmente apoyan.
No hay un entendimiento amplio, incluso entre los trabajadores de Estados Unidos, de lo profundamente antidemocrático que es el sistema electoral estadounidense.
La cantidad de firmas que deben reunir los terceros partidos en algunos estados es colosal: 219.403 en California, 145.040 en Florida, 113.151 en Texas, 82.452 en Carolina del Norte, 45.000 en Nueva York, 43.000 en Arizona, 36.944 en Indiana, 25.000 en Illinois, 23.737 en Oregón, y al menos 10.000 en Massachusetts, Misuri, Maryland, Míchigan, Nevada, Carolina del Sur y Colorado. En conjunto, los candidatos independientes y los terceros partidos tendrían que reunir más de 900.000 firmas para entrar en la papeleta electoral en todos los estados y en Washington D.C.
Además, para superar las despiadadas impugnaciones de los demócratas y republicanos contra las firmas recogidas, los terceros partidos están obligados a reunir al menos un 50 por ciento más del requisito oficial, es decir, aproximadamente 1,5 millones de firmas en todo el país. Por el contrario, en Rusia, denunciada constantemente por los medios de comunicación estadounidenses como el país más autoritario y antidemocrático del mundo, para entrar en la papeleta electoral a nivel nacional es necesario reunir 100.000 firmas.
Estas medidas han sido aplicadas por ambos partidos con el objetivo específico de excluir a la oposición de izquierda a su régimen. Como ha señalado el experto en acceso a las urnas Richard Winger, muchos de los requisitos más onerosos se promulgaron después de la década de 1930, durante la Gran Depresión y en el periodo posterior, para impedir que el Partido Comunista y otros partidos de izquierdas accedieran a las urnas.
Entre 1929 y 1960, 10 estados aumentaron “drásticamente” las restricciones para aparecer en la boleta electoral, señala Winger en su ensayo “Cómo afectan las leyes de acceso a la boleta electoral el sistema de partidos de Estados Unidos”, mientras que solo tres estados ampliaron el acceso. Entre 1961 y 1983, este proceso se aceleró, y 25 estados restringieron el acceso a las papeletas.
A pesar de las repetidas y costosas impugnaciones de terceros partidos, los fallos de los tribunales estatales y de la Corte Suprema de los Estados Unidos han sostenido frecuentemente las leyes antidemocráticas sobre el acceso a la boleta. Durante las elecciones de 2020, los tribunales de Míchigan y California rechazaron las demandas presentadas por los candidatos del Partido Socialista por la Igualdad, el cual argumentó que los requisitos masivos de firmas son inconstitucionales en condiciones de una pandemia mundial.
Más allá de las propias leyes de acceso a la boleta, el Estado y los medios de comunicación están configurados para mantener el control institucional de los demócratas y los republicanos. Esto ha ido acompañado de otras medidas antidemocráticas, como la creciente campaña de censura en línea, incluido el ataque al World Socialist Web Site por parte de Google y todas las redes sociales, que se encuentran controladas por oligarcas multimillonarios.
El actual esfuerzo de los demócratas para frustrar las campañas de terceros partidos e independientes supone una gran aceleración de este proceso.
Los demócratas afirman, por supuesto, que sus conspiraciones antidemocráticas son necesarias para detener a Trump y a los republicanos. Esto es un fraude cínico.
En primer lugar, la respuesta de los demócratas y del Gobierno de Biden al golpe de Estado fascista del 6 de enero de 2021 fue insistir en la necesidad de un Partido Republicano “fuerte”. Y mientras Biden declara ocasionalmente que “la democracia reside en las urnas” en noviembre, ha ofrecido repetidamente apoyar prácticamente toda la agenda antiinmigrante de sus “amigos” republicanos a cambio de un acuerdo bipartidista para financiar la guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania.
Además, la capacidad de Trump para sacar provecho de los agravios sociales está ligada a la exclusión sistemática del sistema político impuesta por los demócratas de cualquier expresión genuina de los intereses sociales del grueso de la clase obrera.
En una declaración en Twitter/X ayer, el candidato presidencial del Partido Socialista por la Igualdad (SEP, sigla en inglés), Joseph Kishore, condenó la “guerra total” del Partido Demócrata contra los terceros partidos y candidatos independientes, afirmando: “El SEP apoya el derecho de todos los candidatos independientes y de terceros partidos a aparecer en la boleta electoral, incluyendo la campaña del SEP y las de Jill Stein, Cornel West y otros”.
Kishore añadió: “La defensa de los derechos democráticos es imposible sin abordar la causa fundamental de la dictadura: la concentración impactante de la riqueza en las manos de la oligarquía capitalista. La riqueza de los milmillonarios debe ser expropiada y las gigantes corporaciones deben ser transformadas en servicios públicos administrados con base en las necesidades sociales, no el lucro privado”.
La guerra de los demócratas a los terceros partidos y candidatos independientes es, en realidad, una guerra contra el derecho democrático más básico: el derecho al voto. Es parte de una ofensiva más amplia contra los derechos democráticos y del giro de la clase gobernante hacia el autoritarismo y el fascismo. Estos derechos solo pueden garantizarse mediante una ofensiva política contra los demócratas y republicanos y el sistema capitalista que defienden. Es decir, la defensa de los derechos democráticos es inseparable de la lucha por el socialismo.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de marzo de 2024)