Solo seis semanas después de su inauguración, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha suspendido los derechos democráticos y ordenado que tanques y miles de tropas lleven a cabo operaciones militares en todo el país.

El lunes, tras un puñado de motines carcelarios y la fuga del narcotraficante Adolfo Macías, alias “Fito”, Noboa ordenó un estado de excepción a nivel nacional por 60 días. La medida suspende la libertad de reunión, expresión y movimiento, impone un toque de queda nocturno y “brinda apoyo político y legal” para que los militares intervengan con impunidad.

Ante una cacería humana con miles de soldados y policías, el martes las bandas criminales lanzaron al menos 30 ataques en nueve ciudades diferentes, contra mercados, centros comerciales, hospitales, universidades, estaciones de policía y tomando brevemente como rehenes a un noticiero de televisión en vivo.

Los videos en las redes sociales han mostrado escenas de caos, con multitudes de estudiantes y ciudadanos huyendo de los ataques.

El Gobierno anunció que los incidentes del martes dejaron 13 muertos, incluyendo a tres policías, y que aún hay guardias penitenciarios y policías como rehenes.

Noboa luego intensificó el conflicto, declarando la guerra a 22 bandas criminales. “He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos”, afirmó.

Los eventos del lunes fueron precedidos por los pasos de Noboa para implementar un plan de seguridad que implica el despliegue de los militares contra las pandillas, la construcción de cárceles de máxima seguridad y la colocación de los líderes de las bandas en “barcos prisión”.

Cinco días antes, Noboa propuso un referéndum pidiendo a los ecuatorianos que permitieran a las Fuerzas Armadas intervenir en la seguridad interna con inmunidad ante cualquier crimen que cometan, pero la clase dominante decidió simplemente prescindir de tales hojas de parra “democráticas”.

La narrativa oficial, presentada en una conferencia de prensa el martes por la noche por el almirante Jaime Vela, jefe de las FF.AA., es que el plan de seguridad funcionaba, lo que llevó a represalias “sin precedentes” de las pandillas. Junto a ministros y soldados enmascarados, Vela dijo: “El futuro de nuestra nación está en juego”.

El Gobierno de Biden manifestó su apoyo tras este discurso, mediante un tuit del subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols, que afirmó: “Estamos listos para brindar asistencia al Gobierno ecuatoriano y permaneceremos en estrecho contacto con el equipo del presidente Daniel Noboa con respecto a nuestro apoyo”.

La realidad es que los militares ecuatorianos ya actúan en estrecha coordinación con el Pentágono. En octubre, Biden y el expresidente Guillermo Lasso firmaron un acuerdo para permitir el despliegue de militares estadounidenses en suelo ecuatoriano. Luego, el mes pasado, la Casa Blanca anunció un paquete de ayuda de $200 millones para armar al ejército ecuatoriano.

Los Gobiernos de la “marea rosa” de Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile y Nicolás Maduro en Venezuela se unieron a Washington para expresar su apoyo a la declaración de guerra de Noboa.

Dentro de Ecuador, toda la élite política se ha alineado. El martes, todos los partidos en el Congreso anunciaron un acuerdo que otorga a los militares y la policía una amnistía legal o indultos por cualquier delito.

El expresidente Rafael Correa, quien lidera desde el exilio el partido más grande del Congreso, Revolución Ciudadana, tuiteó: “Todo el apoyo, presidente. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe salir triunfador. Es hora de la unidad nacional “. Su partido ya había formado una coalición legislativa para darle a Noboa una mayoría parlamentaria.

Todos los frentes dirigidos por el Partido Comunista (PCMLE) estalinista, incluyendo la Unidad Popular, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Juventud Revolucionaria (JRE) han llamado a la “unidad” detrás del apoyo a las operaciones militares, limitando sus críticas a la ineficiencia.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) en representación de la burguesía indígena dijo: “Llamamos a la unidad nacional, para sumar esfuerzos entre todos los sectores de la sociedad”.

En su última declaración después de la elección de Noboa, el Movimiento Revolucionario de Trabajadores (MRT) del Secretariado Unificado pablista había elogiado a la CONAIE y a FUT por su “oposición radical al nuevo gobierno” y pidió que se encargaran de “rehacer la unidad del campo popular”.

Al llamar a la unidad nacional detrás de los militares ecuatorianos entrenados por Estados Unidos y con las manos ensangrentadas, todas estas organizaciones se han expuesto por completo como agencias de derecha de la burguesía y el imperialismo.

Washington está nuevamente tratando de aprovechar la violencia de las bandas de narcotráfico para justificar una nueva “guerra contra las drogas”. El Plan Colombia y el Plan Mérida en México muestran que esto solo puede resultar en cientos de miles de muertes sin hacer mella en el narcotráfico, que en última instancia está anclado en las fuerzas armadas, los funcionarios del Gobierno y las élites financieras.

Antes de eso, durante el siglo XX, Ecuador y América Latina se vieron asolados por dictaduras militares patrocinadas por Estados Unidos, que reprimieron la oposición de abajo y que en varios casos fueron respaldadas directamente por los estalinistas.

Tan recientemente como en junio de 2022 y octubre de 2019, Ecuador presenció las mismas escenas de tropas marchando y tanques entrando en las ciudades, imponiendo toques de queda y llevando a cabo redadas y puestos de control sin restricciones. Pero en esas ocasiones los soldados mataron y mutilaron a decenas de trabajadores, campesinos y jóvenes en protestas masivas contra la desigualdad social, la inflación, el desempleo y el colapso de la educación pública y la salud. En ambos casos, los medios de comunicación y las autoridades criminalizaron a los manifestantes como “narcoterroristas”.

Hoy en día, el imperialismo estadounidense está intensificando su intento de aprovechar su poderío militar para contrarrestar el declive de su posición económica en América Latina y en todo el mundo, como se refleja en su guerra por delegación contra Rusia en Ucrania y su apoyo al genocidio israelí en Gaza, que a su vez es parte de un conflicto que se está expandiendo en todo Oriente Próximo.

El Pentágono ha declrado abiertamente su objetivo de recolonizar América Latina. Durante una audiencia del Senado de los Estados Unidos el 2 de diciembre titulada “¿Pasando por alto a Monroe? ¿Proteger nuestro hemisferio y nuestra patria?”, varios líderes militares y políticos invocaron la necesidad de hacer cumplir la Doctrina Monroe de 1823, que se oponía la influencia de otras potencias en las Américas.

En el evento, la jefa del Comando Sur, la general Laura J. Richardson, mencionó los “recursos naturales infinitos y estratégicos” en la región y dijo que “es hora de actuar” contra la creciente influencia económica china.

Sin embargo, como lo demuestran los estallidos sociales en los últimos años, que en Ecuador y otros países bloquearon campos petroleros y minas, es precisamente la amenaza revolucionaria de la históricamente combativa clase trabajadora latinoamericana la que constituye el principal obstáculo y causa de temor para el imperialismo estadounidense y sus élites clientelares en la región. Esto ocurre en medio de una crisis de gobierno burgués en toda la región, donde todos los sectores del establishment político se encuentran fatalmente desacreditados.

El 6 de diciembre, Fitch Ratings, la agencia de Wall Street, emitió un informe especial sobre Chile, Perú, Colombia y Ecuador, advirtiendo sobre otro posible “estallido político y social”, subrayando las protestas de 2019, “la creciente desilusión con los líderes políticos” y “las demandas cada vez mayores de gasto social en medio de una gran desaceleración económica después de un breve repunte posterior a la pandemia”. Lo único que ha repuntado son los casos de COVID-19 en medio de la pandemia en curso.

Cuando Rafael Correa llegó al poder en 2007, el “boom” de los precios del petróleo y los minerales impulsado por el crecimiento chino permitió el aumento tanto del gasto social como de las ganancias corporativas. Su Gobierno convocó una Asamblea Constituyente y adoptó el lema chavista del “socialismo del siglo XXI” para sacar provecho de esta breve expansión económica para maquillar un Estado capitalista en grave crisis.

Una vez que los precios petroleros cayeron en 2014, Correa y su sucesor Lenín Moreno procedieron a imponer medidas brutales de austeridad social y aprobar préstamos del FMI. Moreno entregó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a la policía británica y llegó a un “acuerdo de cooperación” con el Pentágono en 2019.

En octubre del año pasado, Noboa logró una victoria sorpresiva en elecciones tempranas activadas por la caída política del presidente derechista Guillermo Lasso, quien había disuelto el Congreso y su Gobierno invocando una cláusula de “muerte mutua”.

La oligarquía local y el imperialismo llegaron a la conclusión de que Lasso no podía cumplir con su agenda favorable a los inversores debido a su impopularidad. En cambio, la clase gobernante optó por un borrón y cuenta nueva, a fin de instalar un Estado policial militarizado dirigido sobre todo contra la oposición de la clase trabajadora.

Noboa, el descendiente de 36 años de una de las familias más ricas de Ecuador, ya aplicó recortes de impuestos corporativos y anunció un plan para reducir el gasto público en $1 mil millones y solicitar un nuevo préstamo del FMI. “Queremos resetear la economía”, dijo en una entrevista la semana pasada.

El fuerte aumento de la violencia y los homicidios vinculados al crimen organizado en Ecuador en los últimos años tiene raíces históricas e internacionales. No se pueden resolver a través de reformas sociales nacionales –que, de por sí, la clase dominante rechaza— ni mucho menos por medio de la guerra y una dictadura capitalista.

La profundización de las crisis sociales y de salud pública en América Latina y en los mercados finales de las drogas en los Estados Unidos y Europa solo puede abordarse mediante la lucha independiente de la clase trabajadora internacional para derrocar al capitalismo y reorganizar la economía global sobre bases socialistas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de enero de 2024)