La Corte Suprema del estado de Colorado publicó una decisión el martes para descalificar a Donald Trump de la papeleta en las primarias presidenciales porque participó en la insurrección del 6 de enero de 2021. El fallo, el cual se justifica completamente desde el punto de vista legal y constitucional y que incluye un resumen exhaustivamente detallado de 133 páginas, imputa al expresidente fascista como un dictador en potencia que instigó directamente el ataque de una turba contra el Capitolio para bloquear la certificación en el Congreso de su derrota electoral y aferrarse al poder.

El carácter tajante del fallo hace aún más flagrante la negativa del Gobierno de Biden y del Partido Demócrata a tomar medidas contra Trump durante casi tres años. Si los demócratas están ahora preocupados por un regreso de Trump al poder, no es porque teman por el futuro de la democracia estadounidense, sino porque temen por el futuro de la guerra contra Rusia en Ucrania y no confían en Trump como administrador de la política exterior de la clase dominante estadounidense.

Los siete magistrados de la Corte Suprema del estado coincidieron en que Trump fue responsable del ataque del 6 de enero y que ideó la violencia para permanecer en el cargo, desafiando la victoria de Biden tanto en el voto popular como en el colegio electoral. Tres de los siete, sin embargo, discreparon por diversos motivos procesales de la decisión de excluir a Trump de la votación.

Tras un examen exhaustivo de los hechos establecidos en un juicio de cinco días en el tribunal de distrito, junto con extensas presentaciones en escritos presentados a favor y en contra de Trump, la Corte Suprema estatal escribió:

Llegamos a la conclusión de que las pruebas anteriores, la mayor parte de las cuales no fue disputada en el juicio, establecieron que el presidente Trump participó en la insurrección. Los esfuerzos directos y expresos del presidente Trump, quien exhortó durante varios meses a sus partidarios a marchar al Capitolio para impedir lo que él caracterizó falsamente como un presunto fraude al pueblo de este país fueron indiscutiblemente manifiestos y voluntarios. Además, las pruebas demostraron ampliamente que el presidente Trump emprendió todas estas acciones para ayudar y promover un propósito ilícito común que él mismo concibió y puso en marcha: impedir que el Congreso certificara las elecciones presidenciales de 2020 y detener la transferencia pacífica del poder.

Por primera vez desde la guerra civil estadounidense, un funcionario público ha sido declarado culpable del intento de derrocar la Constitución. Y no un funcionario cualquiera, sino el expresidente, que, según las encuestas, mantiene una ventaja aplastante en la contienda para convertirse en el candidato republicano en 2024.

El tribunal dictaminó que la conducta de Trump antes y durante el 6 de enero lo inhabilitaba para la Presidencia en virtud de la sección 3 de la Enmienda 14, que impide ocupar cargos públicos a cualquiera que hubiera participado en una insurrección contra la Constitución (adoptada originalmente tras la guerra civil para excluir a los antiguos líderes de la Confederación). Rechazó las alegaciones de los abogados de Trump de que su llamamiento a atacar el Capitolio estaba protegido por la “libertad de expresión”, o que no previó las acciones de la turba cuando exigió que marcharan hacia el Capitolio y “peleen duro... o ya no tendrán país”.

La Corte Suprema estatal suspendió su propio fallo hasta el 5 de enero de 2024, fecha límite para ser incluido en la papeleta de las primarias estatales, dándole tiempo a Trump a apelar ante la Corte Suprema de EE.UU., entre cuyos nueve jueces se encuentran tres designados por Trump.

El fallo ha intensificado la crisis política que asola a la élite gobernante estadounidense, provocando demandas de represalias por parte de funcionarios republicanos, subrayando el hecho de que hay mucho más en juego que la personalidad fascistizante del propio Trump. El vicegobernador de Texas sugirió que su estado podría eliminar al presidente Biden de la papeleta electoral. En un mitin de campaña en Iowa antes de las primarias presidenciales republicanas del próximo mes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, barajóla posibilidad de retirar a Biden de la papeleta electoral.

La posibilidad de una división entre los estados sobre la validez de la elección ya estaba latente, ya que 19 estados controlados por los republicanos, principalmente en el sur y en las llanuras rurales, presentaron escritos amicus curiae ante el tribunal de Colorado apoyando a Trump. Mientras tanto, hay demandas pendientes en 16 estados, la mayoría de ellos ganados por Biden en 2020, que buscan, como en Colorado, excluir a Trump de la papeleta presidencial.

La posible división a lo largo de las líneas estatales, sobre una cuestión tan básica como qué candidato se permitirá en la papeleta, plantea la posibilidad de que el resultado de las elecciones de 2024 sea rechazado en grandes partes del país, no solo como algo políticamente inoportuno, sino como ilegal e inconstitucional. Se plantea directamente la ruptura de Estados Unidos.

El conflicto dentro del Estado no se libra entre una tendencia democrática “liberal” y Trump, sino entre dos facciones políticas brutalmente reaccionarias de la clase dominante capitalista.

El Partido Demócrata ha facilitado directamente el resurgimiento político de Trump desde el fracaso del golpe del 6 de enero y su posterior ascenso a favorito para la nominación presidencial republicana. Durante tres años, el Partido Demócrata ha negado la importancia de los acontecimientos del 6 de enero, afirmando que la principal lección es que las instituciones del Gobierno estadounidense “se mantuvieron firmes”, no que EE.UU. se acercó peligrosamente a la imposición de un Gobierno autoritario bajo un presidente-dictador.

Desde el principio de su presidencia, Biden ha declarado como uno de sus objetivos principales mantener un “Partido Republicano fuerte”, y en todo momento ha buscado la colaboración bipartidista y el fortalecimiento del sistema bipartidista, que equivale a una camisa de fuerza patronal sobre la política estadounidense.

El Gobierno de Biden está negociando actualmente con los republicanos una mayor intensificación de la represión de los inmigrantes a cambio de la última ronda de financiación para la guerra en Ucrania. Al mismo tiempo, ambos partidos están trabajando juntos en los esfuerzos por criminalizar la oposición popular masiva a la arremetida militar de Israel, respaldada por EE.UU., contra el pueblo de Gaza.

Hay un elemento de desesperación en la respuesta de los demócratas. No ven otra forma de derrotar a Trump en 2024 que mantenerlo fuera de las urnas. Están asombrados por la profunda hostilidad popular hacia el Gobierno de Biden, la respuesta entre los trabajadores a su programa de austeridad y recortes salariales en casa y el gasto de guerra masivo en el extranjero.

Un reciente titular del Washington Post dice “Biden se siente cada vez más frustrado por los pésimos resultados en las encuestas”. El presidente está preocupado no solo por su mala posición electoral, sino por el rechazo popular generalizado de la política principal de su Gobierno: ampliar e intensificar la intervención estadounidense en Ucrania, ahora acompañada del apoyo estadounidense al genocidio israelí en Gaza. Al parecer, está perplejo ante el hecho de que su entusiasmo por la guerra mundial no sea compartido por el pueblo estadounidense.

Los derechos democráticos no pueden garantizarse a través de los tribunales ni dentro del marco del podrido sistema bipartidista. Todo el sistema constitucional de Estados Unidos se está desmoronando porque en la disputa feroz dentro de la élite gobernante estadounidense, los bandos rivales ya no aceptan las reglas del juego.

La fuerza motriz de la crisis política en Estados Unidos es el colosal crecimiento de la desigualdad social, la polarización de la sociedad entre una pequeña minoría de especuladores superricos y jefes corporativos en la cima, y la gran mayoría de trabajadores, que tienen dificultades para sobrevivir día a día. Los dos partidos patronales, los republicanos y los demócratas, son instrumentos de esta oligarquía financiera, que ofrecen métodos contradictorios para la defensa de su dominio de clase en condiciones de un gran resurgimiento de las luchas de la clase obrera, tanto en Estados Unidos como a escala internacional.

La tarea de defender los derechos democráticos y de poner fin a la guerra imperialista corresponde a la clase obrera, en Estados Unidos y a escala internacional. Esta debe constituir la base política de todas las luchas de los trabajadores el próximo año. El movimiento ascendente de la clase obrera ha comenzado a mostrar su poder, al menos en forma embrionaria, a través de la ola de huelgas de los últimos dos años, y ahora con las protestas masivas sobre Gaza.

Este movimiento debe ser armado con un programa político socialista y revolucionario y una clara conciencia de la necesidad de la independencia política absoluta con respecto a todos los partidos capitalistas y sus apologistas. Para luchar por este programa y esta perspectiva, los trabajadores deben unirse a y construir el Partido Socialista por la Igualdad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de diciembre de 2023)