Un tribunal del estado de Nueva York ha dictado una orden de alejamiento que bloquea la votación de los miembros del sindicato de defensores públicos de la ciudad de Nueva York que se oponen al genocidio de Israel en Gaza. La orden se concedió después de que sus empleadores presentaran una demanda para impedir que se aprobara la resolución.

La medida supone un importante ataque legal al derecho a la libertad de expresión. Con esta sentencia, la patronal y los tribunales capitalistas intentan arrogarse el 'derecho' a determinar si la expresión pública de oposición al genocidio está legalmente permitida.

Se produce en medio de una creciente campaña de censura y represalias, mientras la clase dominante lucha por contener las masivas protestas mundiales contra el asalto a Gaza. Esto incluye la prohibición total de los grupos de estudiantes propalestinos, el acoso y las campañas de difamación de los opositores al sionismo e incluso propuestas para prohibir las manifestaciones propalestinas.

Además de proporcionar cobertura política al propio asalto, que los políticos israelíes han admitido que está deliberadamente dirigido a la muerte o expulsión de los 2,2 millones de habitantes de Gaza, la campaña de propaganda también ha servido para incitar al odio racial contra los palestinos en general. El fin de semana, en Vermont, tres adolescentes palestino-estadounidenses fueron tiroteados.

Los defensores públicos son miembros de la Association of Legal Aid Attorneys (ALAA), United Auto Workers Local 2325. El texto de su propuesta de resolución respalda el llamamiento de los sindicatos palestinos a la acción industrial para detener el suministro de armas al ejército israelí, pide un alto el fuego inmediato y el fin de la ayuda militar a Israel, exige el fin del régimen de apartheid de Israel contra los palestinos y apoya el derecho de los refugiados palestinos expulsados desde la creación de Israel en 1948 a regresar a su patria.

También rechaza 'todos los intentos de intimidar a los trabajadores por su discurso político' y resuelve 'organizarse contra cualquier intento de nuestros empleadores de conseguir fondos denegados a otros proveedores de servicios jurídicos debido al activismo político de su sindicato en apoyo de los palestinos y en oposición al régimen de apartheid y la ocupación israelíes'.

Después de que cuatro bufetes de abogados que emplean a miembros de ALAA presentaran una demanda para bloquear la resolución, un tribunal del condado de Nassau emitió una orden de restricción temporal en el último segundo de la mañana del 16 de noviembre, poco después de que la votación ya hubiera comenzado. El 21 de noviembre, el tribunal confirmó la orden de restricción tras una breve vista.

La demanda es una parodia legal que calumnia esta resolución como antisemita y equivalente al apoyo al terrorismo. Los demandantes no intentan justificar esta afirmación con una sola palabra de la resolución —ni podrían hacerlo— mientras que la denuncian regularmente con palabras como 'odiosa', 'chismorreante', 'vil', etc.

También reducen por completo la destrucción sistemática y selectiva de infraestructuras civiles en Gaza por parte de Israel, que se ha cobrado la vida de cerca de 20.000 personas, a los meros 'acontecimientos que rodearon' la incursión de Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel, que hipócritamente caracteriza como 'ataques terroristas y crímenes contra la humanidad sin precedentes, brutales e históricos'.

Afirman que una orden judicial no sólo es 'necesaria' sino 'primordial' para que el estado de Nueva York pueda seguir proporcionando defensores públicos a los clientes indigentes. La resolución pondría en peligro el derecho a la asistencia letrada, argumentan los bufetes, al desencadenar inevitables represalias por parte de grupos prosionistas. En la ciudad de Nueva York ya se ha desatado una furiosa campaña mediática que exige la desfinanciación de los Defensores del Bronx, después de que los miembros del sindicato aprobaran una resolución similar a favor de Palestina.

Esto da la vuelta a la realidad. Como afirma la propia resolución de ALAA, la verdadera amenaza proviene de la implacable campaña contra los defensores públicos —que incluye no sólo demandas de desfinanciación, sino doxxing, acoso y calumnias en los medios de comunicación— por expresar su oposición al genocidio. La demanda se alinea explícitamente con esto y cita incluso como precedente un escándalo anterior azuzado contra la abogada Victoria Ruiz, que se vio obligada a dimitir tras una campaña contra ella en el derechista New York Post .

La demanda alega que la resolución es contraria a la obligación profesional de los abogados de evitar la apariencia de conflicto de intereses. Increíblemente, sostienen que el hecho de que la resolución sea o no realmente antisemita es irrelevante: 'Lo anterior es cierto no sólo en la práctica, sino también en la percepción, en el sentido de que-independientemente de si se pueden presentar argumentos válidos en apoyo de la proposición de que la Resolución no es de alguna manera abiertamente antisemita-es percibida por los miembros del público en general como abiertamente antisemita'.

Pero los propios demandantes, al presentar la demanda y calumniar infundadamente la resolución de antisemita, han hecho todo lo posible por contribuir a crear esta 'percepción'. Este argumento arrollador y siniestro podría utilizarse para justificar prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, los grupos de derechas podrían lanzar una campaña racista contra las empresas que contratan abogados árabe-americanos por su 'percibida' asociación con el terrorismo.

En realidad, la 'percepción' mundial está abrumadoramente del lado de los palestinos, como demuestran las decenas de millones de personas que han participado en manifestaciones en todo el mundo. Esto incluye a innumerables judíos, incluso en el propio Israel, que están indignados por el intento de utilizar el Holocausto para justificar el genocidio contra los palestinos. También hay un creciente apoyo en la clase trabajadora a la acción industrial para detener el envío de armas a Israel. La 'percepción' de la que se ocupa la demanda es la que prevalece en el aislado y odiado establishment político y en los medios de comunicación corporativos.

La demanda también contiene una escalofriante amenaza implícita de incluir a los miembros de ALAA en una lista negra. 'El hedor del antisemitismo extremo y rancio se adherirá a todos y cada uno de los abogados [del sindicato], y les seguirá y perseguirá durante el resto de su vida y carrera'. Más adelante, afirma, 'en lo que respecta al daño a la reputación, en muy poco tiempo después de que tales declaraciones y Resoluciones se hagan públicas, la tendencia de los medios de comunicación y de las grandes cuentas de los medios sociales ... ha sido no sólo publicar el nombre de las personas y/u organizaciones pertinentes ... sino enumerar los nombres de todos y cada uno de los miembros de constitución de esas organizaciones ... lo que significa que incluso si un empleado actual de [Nassau County Legal Aid Society] buscara otras oportunidades de empleo dentro de unos 10, 15, 20 años o más, su nombre aparecerá en los resultados de búsqueda como asociado a la Resolución propuesta'.

De hecho, la historia demuestra que el 'hedor' se apoderará no de quienes adoptaron una postura valiente y de principios contra el genocidio, sino de quienes intentaron silenciarlos.

La importancia jurídica y política de este caso es inmensa. Si se aceptan los argumentos de los demandantes, los tribunales respaldarían la caza de brujas contra los partidarios de Palestina, que silenciaría a los afectados y les impediría expresarse o defenderse. También permitiría a los empresarios censurar el discurso político de sus empleados, incluso fuera del trabajo. Todo lo que un trabajador diga en una reunión sindical podría convertirlo en responsable de causar 'daños a la reputación' de su empresa.

La medida también recuerda los ataques judiciales contra figuras antibelicistas durante la Primera Guerra Mundial, incluido el encarcelamiento del líder socialista Eugene Debs por su famoso discurso en Canton, Ohio. La clase dominante está preparando el terreno para medidas similares en la actualidad.

En respuesta a la orden de alejamiento, la ALAA emitió un comunicado en el que la calificaba de 'violación de la libertad de expresión sin precedentes', 'propiciada por el derechista New York Post '. También reveló que uno de sus miembros ya había sido objeto de doxxing a raíz de un post que la persona hizo en una lista de correo interna del sindicato.

'En sus acciones, LAS [la Sociedad de Asistencia Jurídica] y NYLAG [Grupo de Asistencia Jurídica de Nueva York] recurrieron al alarmismo en su intento de silenciar las críticas a Israel calificándolas erróneamente de antisemitas ... al hacerlo, reflejaron que su lealtad a los financiadores corporativos tiene mayor prioridad que las misiones declaradas de las organizaciones de defensa pública progresista.'

En un hilo de Twitter/X sobre la audiencia del 21 de noviembre, un miembro de ALAA pidió al presidente del UAW, Shawn Fain, y al director del Distrito 9A, Brandon Mancilla, 'que den un paso al frente' contra este 'absurdo ataque a los miembros de @UAW y al proceso democrático del sindicato'. Pero el UAW no ha emitido ni una sola palabra de apoyo a los miembros de ALAA ni en las redes sociales ni en su sitio web.

En realidad, Fain dio su respuesta a principios de este mes en Illinois, cuando apareció junto al presidente Biden, mientras miles de manifestantes protestaban por el respaldo de la administración al genocidio, para promover los contratos de venta de los trabajadores del automóvil estadounidenses. Como miembro del Consejo Ejecutivo de la AFL-CIO, Fain también apoyó el mes pasado una resolución que dejaba claro el apoyo de la federación sindical a Israel.

Los responsables del UAW también han ignorado una declaración del trabajador automovilístico socialista Will Lehman, vista casi un millón de veces, en la que pedía una acción industrial para detener la producción de armas para Israel. También ha hecho caso omiso de una carta abierta de los afiliados en la que se pide que se tomen medidas para detener el asalto a Gaza, que se proteja a sus miembros de las represalias y que no se anulen las resoluciones aprobadas en apoyo de Palestina, como ha hecho el sindicato en el pasado.

La burocracia sindical ha apoyado al imperialismo estadounidense durante décadas y ha desempeñado históricamente un papel fundamental de ayudar a reprimir el sentimiento antibelicista y de izquierdas entre los trabajadores. El ejemplo más infame de esto fue durante el periodo McCarthy, cuando innumerables socialistas que antes habían ayudado a construir los sindicatos durante la Gran Depresión fueron expulsados de los sindicatos.

La respuesta a este ataque a los derechos democráticos debe venir de las bases. Todos los trabajadores deben acudir en apoyo de los miembros del ALAA y organizarse para forzar la retirada de esta indignante demanda. Esto debe conectarse con una estrategia para organizar a la clase trabajadora, la fuerza más poderosa de la sociedad moderna, para detener el genocidio en Gaza.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de noviembre de 2023)