Cientos de trabajadores y estudiantes participaron en una “Gran Marcha” contra la privatización en marcha de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que administra el sector de salud pública y el sistema de pensiones. La manifestación siguió a dos huelgas de los trabajadores de salud el 5 y 13 de julio y a una marcha masiva en defensa de las universidades públicas el 21 de junio, donde hubo miles de trabajadores y estudiantes.

El actual recrudecimiento de las luchas en el país centroamericano de 5 millones de habitantes forma parte de una creciente ofensiva de la clase obrera internacional para resistir los ataques de las élites gobernantes contra el nivel de vida y los derechos sociales en medio de niveles altos de inflación, la pandemia continua de COVID-19, la guerra de Ucrania y el estancamiento económico. En las últimas semanas se han producido importantes huelgas y protestas de los trabajadores sanitarios en Argentina, Brasil, Reino Unido y otros países, mientras continúan las grandes luchas en Francia contra los recortes de las pensiones y en Sri Lanka contra el programa de austeridad del FMI.

Costa Rica, a menudo presentada como un modelo de democracia y estabilidad en Centroamérica, es uno de los países más desiguales del mundo, y la élite gobernante está intensificando su impulso de décadas para desmantelar los sistemas universales de salud pública, pensiones y educación.

Especialmente desde la década de 1980, estas instituciones se han visto diezmadas en términos de infraestructura, finanzas y personal.

Merceditas, una enfermera del Hospital de Salud Mental y Psiquiatría, explicó al World Socialist Web Site en la protesta, “No estamos en condiciones de que privaticen los servicios médicos. Es una trama que se provoca para decir que la Caja está quebrada pero eso no es cierto. Nosotros los trabajadores la mantenemos con nuestros salarios. A nosotros nos rebajan bisemanalmente de nuestro salario. Es que el Gobierno no paga la deuda que tiene con la Caja que es millonaria y les perdona a los grandes deudores, grandes evasores”.

En medio de la pandemia de COVID-19, dijo, “nosotros dimos la vida y seguimos dándola. La vamos a seguir dando. Nosotros somos trabajadores que somos muy responsables y siempre vamos a estar al frente acompañando al paciente. Las enfermeras de Costa Rica han estado al frente en esta pandemia lo han dado todo. Salimos muy dolidas con todo el dolor humano que hemos vivido y seguimos”. Añadió: “Ya van tres años de que no nos aumentan el salario y todo sube, la gasolina, la comida, todo sube, y tenemos que mantenernos”.

Doris, una nutricionista con 30 años de experiencia en la Caja, dijo al WSWS: “No es una caridad, es solidaria. Si no tiene trabajo y hace un trámite y se asegura por el Estado, aunque no aporte ni 5 colones, igual tiene derecho a ser atendido, a ser tratado. Desde la promoción, la prevención, la curación y la rehabilitación. Esta lucha conlleva a que la Caja tenga la solvencia económica para atender a todos por igual, para que aumente la calidad de la atención”.

Como resultado de las décadas de dictados de austeridad del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los trabajadores se han visto cada vez más obligados a gastar más en servicios privados de seguros, clínicas, pensiones y educación.

Más de tres cuartas partes de los costarricenses ahora utilizan frecuentemente la salud privada, debido a las largas esperas de meses e incluso años para exámenes, citas médicas, tratamientos y cirugías en la Caja. Sin embargo, la gran mayoría de los costarricenses aún depende de los más de 30 hospitales y 1.000 ebáis, clínicas locales, bajo la Caja.

Jonathan, un trabajador del sector privado en la protesta, explicó: “Yo recibo tratamiento de la Caja entonces estoy apoyando. Estamos viviendo una crisis en que todo lo quieren recortar como con tijera. No es muy bueno porque la economía no se mueve, hace que no haya empleo. Los costarricenses tenemos que entender que necesitamos gente preparada para todo con un buen salario, gente de calidad y que gane bien. Si usted tiene suficiente dinero para pagar una clínica privada para hacer ciertos exámenes, no a todos, menos una operación… Hay que luchar”.

Luis, un estudiante de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que todos los sectores de trabajadores y jóvenes necesitan defender la Caja. “Muchas personas no tenemos acceso a pagar un hospital privado y cuando salgamos de la universidad y tengamos una opción laboral decente, podremos cotizar para la Caja y fortalecer el sistema de salud para aquellas personas que no tienen la misma oportunidad que nosotros, sino que les toca trabajar y en empleos sumamente precarios, que ellos tengan acceso a una institución como la Caja que les llegue a asegurar una salud digna y una pensión digna”.

En Costa Rica, el 12 por ciento de la fuerza laboral está desempleada y el 44 por ciento trabaja en el sector informal, que significa que no están afiliados a la CCSS. “Los ataques actualmente”, añadió Luis, “lo único que van a generar es que en un momento todas esas personas que tanto les ha costado y las próximas generaciones que les vaya a costar tener acceso a derechos tan básicos como a la salud o una pensión dignas para salud porque no vivimos en una sociedad equitativa ni igualitaria”.

Mariel, otra estudiante de la UCR en la manifestación, añadió: “Es una problemática que necesita mucha fuerza [para resolver]. Se necesita que la gente se enoje, se frustre, que entienda la gravedad de la situación de la Caja, la gravedad laboral, de la educación pública, de cómo el Gobierno se están haciendo los locos con respecto a eso. Es necesario que la gente se involucre más, que el movimiento estudiantil y el movimiento de fuerza laboral se levante contra este tipo de movimientos”.

En 2018, una huelga de tres meses de los trabajadores del sector público –la más larga de la historia del país— desembocó en una huelga general y en las mayores manifestaciones vistas en décadas en contra de impuestos regresivos y ataques al gasto social. El Gobierno del entonces presidente Carlos Alvarado (Partido Acción Ciudadana; PAC) respondió con represión policial, la imposición del impuesto regresivo sobre el valor agregado, límites de gasto, recortes a las pensiones y otros ataques sociales, así como una agresiva ley antihuelga.

A pesar de esto, 2018, 2019 y 2020 se caracterizaron por huelgas masivas, bloqueos de carreteras extendidos por parte de los trabajadores de los barrios más empobrecidos y las comunidades rurales, y ocupaciones de facultades por parte de los estudiantes contra estos ataques. Pero en cada instancia los sindicatos y sus apologistas de pseudoizquierda, principalmente el Frente Amplio, han traicionado estas luchas. Estas capas de la clase media-alta han priorizado consistentemente mantener un asiento en la mesa y disfrutar de la puerta giratoria entre los sindicatos, la política, los puestos en la burocracia, las ONG y el mundo académico.

En particular, el Frente Amplio, que se incorporó al Gobierno de Alvarado, ha desempeñado un papel clave en encadenar la oposición social a la burocracia sindical y las negociaciones con el Gobierno y las mismas fuerzas políticas que han impuesto una ola de ataques tras otra.

Un joven trabajador del sector privado en la marcha, Diego, señaló que el Gobierno está buscando “crear un Estado fallido y lo que termina pasando es que muchos sectores de la sociedad no tienen ningún incentivo para defender un Estado que de por sí ya les está fallando. Si ya de por sí la salud les está fallando, si ya de por sí la educación les está fallando, qué incentivo pueden tener para acudir al llamado de un sindicato cuando sienten que no les está sirviendo, en la medida en que los movimientos políticos son incapaces de hacer que el funcione”. Añadió: “Está llevando a una situación semejante a la de otros países de la región en la que efectivamente es por la fuerza que se impone la política”.

Cuando se le preguntó sobre el aumento de luchas internacionalmente y el establecimiento de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB), incluso entre trabajadores de la salud, Diego respondió: “Esos comités de base, me parece una forma de organización legítima y con gran capacidad para movilizar fuerzas y sensibilidades, deberían acompañarse de otros comités específicamente en resistencia de lo que se va formando al otro lado que sin duda tiene como misión destruir y aplastar”, refiriéndose al giro hacia el fascismo y la dictadura.

Rodrigo Chaves, el exministro de Hacienda bajo Alvarado, fue elegido presidente en 2022 como candidato del nuevo Partido Progreso Social Democrático. Un exfuncionario del Banco Mundial, Chaves ya había dejado en claro que la CCSS sería su principal blanco, declarando poco después del comienzo de la pandemia de COVID-19 en 2020 que “el país no podía quebrar para salvarla”.

Desde que llegó al poder, ha atacado repetidamente a la Caja, la salud pública—incluso apoyando a activistas antivacunas—, las universidades, el Banco de Costa Rica y otras instituciones públicas. Una Ley de Empleo Público entró en vigor en marzo estableciendo un “salario global” para la mayor parte de los trabajadores de instituciones públicas, eliminando prestaciones y ajustes salariales según la inflación y antigüedad que fueron conquistados en numerosas luchas en el siglo veinte. Las medidas congelarán muchos salarios por décadas hasta que el “salario global” suba lentamente cada año y alcance sus niveles actuales.

Los trabajadores en la marcha, así como varios analistas, indican que estas medidas son inconstitucionales e impactarán desproporcionadamente a los trabajadores de los niveles salariales más bajos. Además, acelerarán la privatización, creando incentivos para que los empleados y usuarios se vuelquen al sector privado.

Una de las causas inmediatas de las protestas recientes en defensa de la Caja fue el anuncio de que una tercera parte de sus empleados, aproximadamente 20.000 de ellos, fueron calificados como “no esenciales” y serán desprovistos de su “exclusividad”, que involucra ingresos y prestaciones mayores. Más allá, el Gobierno central se ha rehusado abiertamente a cumplir con su obligación de pagar la deuda de ¢2,9 billones (US$5,5 mil millones) a la CCSS derivada del cuidado a pacientes sin seguro, como parte de su modelo de “solidaridad” establecido constitucionalmente desde que la institución fue creada en 1941.

Mientras los medios de comunicación corporativos y Chaves han alegado que los trabajadores del sector privado son privilegiados y que su nivel salarial relativamente más alto es la causa de la deuda del Gobierno y de la “necesidad” de hacer recortes sociales, este Gobierno y sus predecesores han actuado como títeres de los bancos internacionales y locales que lucran de los pagos sobre la deuda, así como de las empresas que disfrutan exenciones fiscales y mano de obra barata en las “zonas francas”.

Según la propuesta del Ministerio de Hacienda de 2023, el 47 por ciento del presupuesto nacional sería asignado a pagar la deuda, que ha sido el componente que más rápido ha crecido en los últimos años, mientras que solo el 22,5 por ciento iría a remuneraciones de los empleados públicos.

(Publicado originalmente en inglés el 17 de julio de 2023)