El Gobierno estalinista y de pseudoizquierda de Gabriel Boric está empujando al país a una peligrosa carrera por la ley y el orden. Bajo el pretexto de ser duros con la delincuencia, el narcotráfico, la inmigración irregular y otros tropos de la derecha, todos los partidos de la coalición gobernante han apoyado la aprobación en un tiempo récord de 15 leyes que consagran aún más un Estado policial.

La más importante de estas leyes concede a los brazos represivos del Estado licencia para matar, protegiendo sus acciones con una hoja de parra legal. Estos poderes autoritarios, que no se veían desde los días más oscuros del régimen militar, se conceden en un contexto de renovación de la oposición masiva a la guerra, la dictadura y la austeridad en todo el mundo.

El Estado ha contado con la ayuda de todos los medios de comunicación corporativos, que actúan como taquígrafos del aparato de inteligencia y militar. Han cultivado un clima de terror para justificar los desenfrenados llamamientos a imponer el estado de excepción en Santiago y Valparaíso, las dos ciudades más pobladas de Chile.

Meganoticias, T13, 24 Horas, CVH Noticias han bombardeado durante meses a la población, a diario e incluso cada hora, con actualizaciones destinadas a describir un verdadero diluvio de delitos cometidos por inmigrantes y bandas que asolan el país, afirmaciones que desmienten las estadísticas.

La campaña xenófoba y patriotera contra los inmigrantes, uno de los sectores más oprimidos de la clase trabajadora, se combina con informes sobre una fuerza policial supuestamente infradotada e incapaz de hacer frente a la situación.

El enfermizo y reaccionario intento de endiosar a la policía alcanzó su punto álgido esta semana con el tiroteo mortal de otro policía, el agente Daniel Palma, la tercera muerte en el espacio de un mes. El agente Alex Salazar murió atropellado por un conductor ebrio el 14 de marzo, mientras que la sargento Rita Olivares recibió un disparo mortal el domingo pasado tras responder a un supuesto robo en una casa que resultó ser un atraco de drogas de una banda contra otra.

'Hoy, todos los chilenos y chilenas lloran la muerte de Daniel. Hace pocos días fue por Rita, antes por Álex, quienes lamentablemente también se sumaron a una lista ya demasiado larga de mártires de Carabineros de Chile', dijo Boric en un discurso televisado el jueves.

¡Mártires! Miembros de las mismas instituciones que entre 1973 y 1990, los años de la junta militar del general Augusto Pinochet respaldada por Estados Unidos, fueron responsables de la desaparición forzada, ejecución y tortura de decenas de miles de personas, ¡ahora son aclamados como 'mártires'!

Continuó Boric: 'Es hora de actuar unidos y así lo hemos estado haciendo. ... En esto no existen izquierdas o derechas. Estamos unidos en esta cruzada y como @GobiernodeChile seguiremos hablando con hechos....'

Todos los demás ministros de Gobierno, senadores, diputados y funcionarios de Estado de la coalición gobernante han tuiteado en una línea similar, llamando a la unidad nacional con la derecha y la extrema derecha para ampliar las atribuciones de Carabineros, la PDI (policía civil), la Gendarmería y las Fuerzas Armadas.

'Los recursos adicionales', se jactó Boric 'serán financiados con fondos de emergencia del erario público, no con reasignaciones, no con fondos ya destinados a otra cosa, y otros fondos que no han sido comprometidos en el presupuesto para el año 2023.'

En el 50 aniversario del golpe militar respaldado por Estados Unidos, el gobierno de seudoizquierda de Boric está erigiendo un Estado policial, destinando 1.500 millones de dólares más al año al presupuesto de seguridad, lo que representa un aumento extraordinario de más del 40 por ciento. Estos recursos financiarán proyectos piloto como la operación policial masiva que se llevará a cabo contra 30 municipios obreros, que en conjunto concentran un tercio de la población de Santiago y a los que se acusa de ser responsables de la mitad de los delitos violentos.

La Ley Nain-Retamal

Esta ley tiene dos aspectos. El primero es punitivo, aumentando drásticamente las penas para los civiles acusados de poner en peligro la vida e integridad física de Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Fuerzas Armadas y sus dependientes.

A pesar del alarmismo de los medios de comunicación, el número de policías muertos en Chile es relativamente bajo: seis agentes han muerto en 11 meses.

Varias de las muertes han sido el resultado de enfrentamientos con el crimen organizado que siguen siendo turbios. Los que dispararon al oficial Palma, por ejemplo, conducían un coche que habían alquilado a un militar retirado, lo que plantea la cuestión de su relación. Según una investigación del sitio de noticias CIPER, en la última década hubo 38 casos en que personal de Carabineros, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estuvieron involucrados en el tráfico de armas al crimen organizado.

El principal objetivo del aspecto punitivo de la ley es intimidar a la población con la amenaza de penas de cárcel más largas y multas más elevadas por oponerse a una desigualdad social profundamente arraigada. El Gobierno está especialmente preocupado por las crecientes luchas de estudiantes y jóvenes, docentes, profesionales de la salud y otros trabajadores, pensionistas y comunidades indígenas, que han sufrido el peso de las políticas regresivas de libre mercado.

Miles de jóvenes y trabajadores fueron detenidos durante las manifestaciones anticapitalistas de 2019, muchos de ellos inculpados bajo falsas acusaciones de actos contra la policía.

Durante el mismo periodo, se presentaron 11.000 denuncias de violaciones de derechos humanos contra las fuerzas del orden y el ejército. Las denuncias contra los organismos estatales incluían encarcelamientos ilegales, torturas, violaciones y agresiones sexuales, mutilaciones, simulacros de ejecución, intentos de asesinato y homicidios. Sin embargo, sólo 17 agentes han sido condenados, mientras que otros 101 han sido formalizados, entre ellos el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Sólo el martes pasado, decenas de profesores y padres que protestaban fueron violentamente agredidos por Carabineros, y Andrés Ojeda, líder de la comunidad, fue detenido durante la protesta. Resumen informó que la protesta fue iniciada por los centros de padres de la isla de Chiloé tras la decisión de la Corporación Municipal de pagar a 500 profesores el 58 por ciento de sus sueldos. 'Fue violento, aquí en Chiloé uno no está acostumbrado a este comportamiento por parte de Carabineros', dijo Pamela Carrasco, del Colegio de Profesores de la comuna de Ancud, al sitio de noticias regional. 'Fue una situación muy tensa.'

El segundo aspecto de la ley otorga a las fuerzas del orden y a las fuerzas armadas protección legal, o 'legítima defensa privilegiada', cuando utilizan fuerza letal. En un giro orwelliano, la legítima defensa se presumirá automáticamente para los agentes del Estado, mientras que las víctimas de la violencia y la represión estatales tendrán que demostrar su inocencia.

Esto es en previsión de protestas, huelgas y movilizaciones en las que la represión policial-estatal está garantizada.

Desde 2019, la administración derechista del expresidente Sebastián Piñera y la administración Boric han decretado no menos de cinco estados de excepción, permitiendo el despliegue de las Fuerzas Armadas. Estos han sido en respuesta a la erupción de manifestaciones masivas anticapitalistas, los disturbios durante el primer año de la pandemia COVID-19, contra las reivindicaciones territoriales de las comunidades indígenas mapuches en la Macrozona sur durante los mega incendios de plantaciones en verano, y más recientemente contra la afluencia irregular de refugiados y migrantes en las regiones fronterizas del norte.

Además de los estados de emergencia, el Congreso ha aprobado el uso del ejército para proteger 'infraestructuras críticas' públicas y privadas, como bancos, servicios públicos, comunicaciones y logística. Ha permitido que los militares ayuden a vigilar las regiones fronterizas. Además, a instancias de los partidos fascistas UDI y Republicano, se están tomando medidas para desplegar las fuerzas armadas en las comunidades de clase trabajadora para controlar supuestamente el tráfico de drogas, la delincuencia y el crimen organizado.

La Ley Nain-Retamal establece que los funcionarios policiales o militares que 'hiciere uso de su arma de servicio, armamento menos letal o elementos no letales, para rechazar alguna violencia o vencer la resistencia contra la autoridad, no podrá ser separado de sus funciones ni ver afectada su remuneración, mientras no concluya la investigación administrativa respectiva (énfasis añadido)'.

'Se presumirá legalmente' que se cumple la eximente de persecución cuando la fuerza pública y los militares cumplan funciones de orden y seguridad públicos interior. 'En dichos casos se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa (énfasis añadido)'.

'En las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público' Carabineros, la PDI, Gendarmería y las Fuerzas Armadas y sus dependencias 'serán considerados como víctimas o testigos ... para todos los efectos legales, a menos que las diligencias permitan atribuirles participación punible, caso en el cual adquirirán la calidad de imputado... (énfasis agregado)'.

Si se demuestra que no hubo necesidad racional de utilizar el arma de servicio o el armamento menos letal, el Tribunal ' deberán considerar esta circunstancia como atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en uno, dos o tres grados ... (énfasis añadido)'.

Por último, la ley Nain-Retamal castigará el uso de la tortura con un tirón de orejas: 'El empleado público que... aplicare, ordenare o consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen por su gravedad a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo...'

Diputados y senadores del Frente Amplio pseudoizquierda y del estalinista Partido Comunista (PC), los dos principales bloques de la coalición gobernante, declararon públicamente que llevarían la ley Nain-Retamal al Tribunal Constitucional con la convicción de que 'la lucha contra la delincuencia debe llevarse a cabo con respeto irrestricto a los derechos humanos'.

Abandonaron esta cruzada militante a los pocos minutos de que Boric promulgara la ley, dando 'su apoyo al gobierno en la lucha contra la delincuencia'. No insistirá ante el Tribunal Constitucional y espera que los proyectos de ley anunciados por el gobierno consideren nuestras objeciones a la ley, en la reafirmación de la vigencia de los derechos humanos'.

Frente al peligro cada vez mayor de una conflagración nuclear en Europa y Asia, en medio del aumento vertiginoso del coste de la vida, el desempleo masivo, la depresión económica y la creciente amenaza de un régimen dictatorial, la lógica de la lucha de clases conduce necesariamente a una lucha por el poder, como atestiguan los recientes acontecimientos en Francia, Israel, Sri Lanka y otros lugares.

Es en estas condiciones que el gobierno de seudoizquierda ha ido más allá de todo lo que se ha promulgado en los últimos 30 años de gobierno civil y se está preparando conscientemente para utilizar a la policía y a las fuerzas armadas contra la próxima erupción revolucionaria de las masas en Chile. Los trabajadores y la juventud deben prepararse en consecuencia. La tarea más urgente es la construcción de un auténtico partido internacionalista, socialista y revolucionario en Chile como sección del Comité Internacional de la IV Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 07 de abril de 2023)