El miércoles, el vocero del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, dijo que el Gobierno de Biden había dado la bienvenida y se había reunido en Washington D.C. con Ana Cecilia Gervasi, la canciller del régimen golpista peruano de Dina Boluarte.

La secretaria adjunta de Estado, Wendy Shermna, “expresó el apoyo estadounidense a Perú y la presidenta Boluarte, y sus esfuerzos para defender la democracia peruana y garantizar la paz, la estabilidad y la unidad de pueblo peruano”, según una declaración oficial emitida por Price. Además, la Casa Blanca de Biden “animó al Gobierno a seguir tomando pasos para imputar a los responsables de la violencia”.

Acompañada de raídas referencias a los “derechos humanos” y la “paz”, la Administración de Biden está avalando y proporcionando ayuda material a un régimen autoritario instaurado en un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en diciembre. La declaración afirma abiertamente su apoyo a la actual escalada de represión militar y policial de Boluarte, que ya ha supuesto la muerte de casi 60 manifestantes desarmados, la mayoría con munición real.

El régimen renovó recientemente el estado de emergencia, que autoriza el despliegue de tropas contra los manifestantes y la suspensión de los derechos democráticos, entre ellos la libertad de reunión y de expresión y el derecho a la vida y a la seguridad.

Solo cuatro días antes, la capital, Lima, confirmó la primera muerte de un manifestante a manos de la policía. Han aparecido al menos dos vídeos que muestran a la policía disparando una bomba lacrimógena directamente y a quemarropa contra Víctor Santisteban, quien quedó con un agujero de 4 centímetros en el cráneo. El gasfitero y electricista de 55 años protestaba días antes de un viaje a Argentina para conocer a su nieto.

Reflejando los niveles de bestialidad empleados por las fuerzas de seguridad, el general de la policía Víctor Zanabria respondió a la autopsia de Santisteban y a los vídeos afirmando que las bombas lacrimógenas no son “objetos duros” e insistió en que un manifestante que se encontraba cerca de la víctima debió ser el responsable de la lesión.

Cabe señalar que el Gobierno de Biden se está haciendo eco de los mismos llamamientos de la extrema derecha peruana para detener a más “instigadores” bajo cargos fraudulentos como medio de aterrorizar aún más a los manifestantes.

Más recientemente, los fiscales del Estado exigieron que la líder del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Rocío Leandro Melgar, permaneciera bajo custodia durante 18 meses por pertenecer supuestamente a una organización “terrorista” y participar en un asesinato en 1992. No se han presentado más pruebas que supuestos informes de “inteligencia”. El Frente de Defensa de Ayacucho ha respaldado las protestas y ha seguido dando apoyo político al depuesto presidente Pedro Castillo, a quien también se le impusieron de forma vengativa 18 meses de prisión preventiva

El lunes, 20 miembros demócratas del Congreso estadounidense emitieron una carta abierta en la que pedían al Gobierno de Biden que denunciara las “violaciones de derechos humanos” en Perú y suspendiera el envío de ayuda en seguridad.

Aunque se refiere de forma hipócrita a la pretensión del imperialismo estadounidense de que defiende la democracia y los derechos humanos, los firmantes sabían que la Administración de Biden simplemente los ignoraría. Anticipándose a esto, la carta enturbia las aguas y ofrece una cubierta para las políticas criminales de Boluarte. Declara: “Aunque reconocemos que un pequeño número de manifestantes han participado en actos violentos, el Gobierno de Boluarte tiene la responsabilidad de distinguir a los delincuentes de los manifestantes pacíficos...”.

La petición sin principios y fútil, que fue firmada por los diputados que pertenecen a los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), responde únicamente a los intereses del imperialismo estadounidense de sostener la hipocresía sobre los “derechos humanos” utilizada por Washington para justificar la escalada de sus campañas bélicas contra sus rivales geopolíticos como Rusia y China.

Miles de manifestantes de los departamentos sureños de Junín, Apurímac, Arequipa, Cuzco, Puno y Tacna siguen desafiando el estado de emergencia y participan en bloqueos de carreteras y marchas pacíficas, mientras que centenares continúan manifestándose en la capital, Lima.

El jueves, la Defensoría peruana dijo que las protestas y los bloqueos de carreteras continúan en 27 provincias que representan el 13,8 por ciento del territorio nacional, y que las muertes confirmadas en torno a las protestas han ascendido a 66.

Los bloqueos han provocado una importante escasez de combustible y han afectado a la producción de gas natural en todo el sur, mientras que Bloomberg advirtió la semana pasada de que está en peligro el 30 por ciento de la producción de cobre del país, el segundo productor mundial, “en un momento de bajas existencias mundiales y precios altos”.

El 1 de febrero, alegando problemas de transporte y suministro, la empresa MMG Limited, de capital chino, paralizó las operaciones de la mina de cobre de Las Bambas, la tercera mayor del país y responsable del 2 por ciento de la producción mundial.

La multinacional minera estadounidense Freeport declaró la semana pasada que su mina de cobre Cerro Verde, la mayor del país, ha tenido que reducir sus operaciones entre un 10 y un 15 por ciento debido a los bloqueos. La importante mina de Antapaccay, propiedad de la estadounidense Glencore, permanece cerrada desde que los manifestantes la invadieron a principios del mes pasado.

“Debido a las protestas”, la canadiense American Lithium paralizó sus estudios hidrológicos en el proyecto Falchani, en Puno, que podría albergar uno de los mayores yacimientos de litio del mundo.

Según los informes, las minas del norte y los puertos no se han visto afectados, y las organizaciones empresariales locales han pedido el despliegue del ejército en el corredor minero del sur para despejar los bloqueos.

Enfrentados a una crisis política terminal en Perú, marcada por la destitución de seis presidentes en cinco años, el imperialismo estadounidense y la Unión Europea están preocupados sobre todo por la posibilidad de que los trabajadores de la minería, la energía, el transporte marítimo y otros sectores clave de la clase obrera intervengan y afecten aún más la salida de minerales estratégicos y gas natural de Perú.

Como demuestran las recientes declaraciones del Pentágono y el viaje del canciller alemán Olaf Scholz a la región, las potencias imperialistas ven en América Latina una fuente clave de recursos naturales y mano de obra barata como parte de sus continuos esfuerzos por aislar y subyugar a Rusia y China y redividir el mundo.

En Perú, y cada vez más en toda la región y fuera de ella, no quedan instituciones ni partidos políticos creíbles. Dado que gran parte de la elite política peruana se enfrenta a enjuiciamientos y arrestos por corrupción, la clase dominante no encuentra otra respuesta que la violencia desnuda ante el resurgimiento de la lucha de clases, impulsada sobre todo por la oposición a la desigualdad social, la inflación y la austeridad.

Las encuestas recientes muestran que el 71 por ciento de la población apoya la celebración de elecciones este año y el 74 por ciento quiere que Boluarte renuncie. En respuesta, Boluarte insistió en que su dimisión no es una opción, pero prometió seguir exigiendo al Congreso que apruebe elecciones en 2023.

En un discurso televisado a nivel nacional el 30 de enero, Boluarte repitió incongruentemente la mentira de que las manifestaciones están siendo instigadas por “un grupo organizado de individuos que quieren sembrar el caos”, al tiempo que advertía de “la imperiosa necesidad de mejorar los niveles de legitimidad democrática de la representación política del país” para “canalizar institucionalmente” las demandas populares.

Sin embargo, los partidos de extrema derecha que controlan el Congreso exigen una represión aún más brutal, insistiendo en que el adelanto de las elecciones no resolverá la crisis política. Tras reunirse el pasado fin de semana con el gabinete de Boluarte, el congresista fascistizante y exjefe militar José Cueto declaró a RPP Noticias que pidió “más fuerza de autoridad para que no se vuelvan a generar estos actos terroristas”.

Cueto también exigió que los militares sigan desplegados incluso después de que cesen las manifestaciones, proclamando una “guerra” internacional contra “hordas comunistas.”

El Congreso “está para trabajar, legislar y fiscalizar”, dijo, confirmando que ellos mandan, mientras que el poder ejecutivo está para “mantener el orden”. Con la esperanza de utilizar el régimen actual para aplastar la oposición a su reaccionaria agenda económica y social a instancias de las empresas transnacionales y la oligarquía local, la extrema derecha en el Congreso insiste en que Boluarte y los legisladores deben terminar el mandato hasta 2026. Estas son las fuerzas políticas fascistizantes respaldadas por la Administración de Biden en Perú.

(Publicado originalmente en inglés el 5 de febrero de 2023)