Esta semana marca tres años desde que las autoridades chinas comenzaron el confinamiento y aislamiento de Wuhan, una ciudad de más de 11 millones de personas, en respuesta a la aparición inicial del entonces desconocido coronavirus, ahora llamado COVID-19.

Es evidente que se ha producido una calamidad desde el 1 de diciembre, cuando el régimen de Beijing eliminó completamente esta política, que llamaría “cero COVID”. Si bien el Gobierno ha reportado hasta la fecha 73.000 muertes, que por sí sola es una cifra impactante, las estimaciones del modelo de la firma de análisis británica Airfinity indican que más de 700.000 personas han fallecido.

Vilipendiada por las potencias y la prensa occidentales desde el inicio, por tres años, la política de “cero COVID” contuvo y eliminó repetidamente la transmisión del virus en las metrópolis de China. Esta política, que se mantuvo por la demanda del público de protecciones ante la catástrofe que los Gobiernos capitalistas habían permitido en el resto del mundo, fue un logro histórico.

Demostró que es posible prevenir las infecciones por medio del uso de la mascarilla, las pruebas y el rastreo de contactos, los confinamientos y cierres temporales de escuelas y negocios no esenciales, la vacunación a escala masiva y otras medidas de seguridad.

En la actualidad, las masas chinas han pagado un precio terrible por la decisión del régimen de abandonar esta política, que representa una capitulación cobarde a las demandas de las grandes corporaciones como Apple y los Gobiernos imperialistas, especialmente Estados Unidos, para reabrir la economía china en nombre del lucro empresarial.

Por más de dos años, el imperialismo ejerció una presión implacable sobre China para que levantara su política de “cero COVID” como parte de los esfuerzos cada vez más intensos de Washington para colocar un cerco militar alrededor de China y subyugar el país. Se publicaron incontables artículos de opinión y editoriales denunciando las políticas de salud pública de China por su impacto sobre la economía capitalista global, exigiendo que fueran abandonadas sin importar el coste en vidas humanas.

El precio se conocía de antemano. Según un estudio publicado en mayo de 2022, si se permitía que ómicron se propagara libremente en China, en solo seis meses probablemente se producirían 112 millones de casos sintomáticos, 5,1 millones de ingresos hospitalarios, 2,7 millones de ingresos en la UCI y 1,6 millones de muertes.

Ese desastre ya está en marcha. El fraude de la “inmunidad colectiva” se ha infligido a la población china más rápidamente que en cualquier otra parte del mundo. En siete semanas, el país ha pasado de poco más de 5.000 muertes a más de la mitad del camino hacia el nivel más alto de muertes, el de EE.UU., donde han fallecido 1,128 millones de personas, según el último recuento del Worldometer.

Aunque es posible que nunca se conozca con precisión la verdadera magnitud del desastre que se está produciendo, lo que está ocurriendo solo puede calificarse como una política de asesinato social a escala masiva. Desde el 1 de diciembre, la cantidad de víctimas ha sido terrible y ahora se está extendiendo a las masas rurales a medida que millones de trabajadores emigrantes regresan de las ciudades a sus pueblos de origen para las festividades del Año Nuevo Lunar.

Según los cálculos de Airfinity, que han sido en gran medida ignorados por los medios de comunicación, las infecciones por COVID-19 podrían alcanzar un máximo de 4,8 millones al día, y las muertes llegarían a 36.000 al día el 26 de enero. El número de víctimas diarias sería más del doble de las muertes mensuales de la guerra civil estadounidense.

Se trata de un crimen monumental, no solo contra la clase obrera china, sino contra los trabajadores en todo el mundo. Como han advertido los expertos, la propagación descontrolada del virus en China aumenta la probabilidad de que evolucionen otras mutaciones del coronavirus, posiblemente más transmisibles y mortales a escala internacional.

Esto iniciaría una nueva fase grave de la pandemia mundial. Ya en los últimos tres años, según las estimaciones del exceso de mortalidad, más de 21 millones de personas han muerto directa o indirectamente a causa del COVID-19, aproximadamente igual al total de muertes de militares y civiles durante la carnicería de cuatro años de la Primera Guerra Mundial.

Las autoridades de Beijing afirman que el número de muertos en China es muy inferior a las estimaciones publicadas, aunque declaran que la pandemia ha infectado rápidamente al 80 por ciento de los 1.400 millones de habitantes del país, es decir, 1.100 millones de víctimas.

El CDC de China (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades) informó esta semana de unas 13.000 muertes relacionadas con la COVID-19 en hospitales entre el 13 y el 19 de enero, que se suman a las casi 60.000 que comunicó en las seis semanas anteriores. Sin embargo, estos datos excluyen a los fallecidos en el hogar. Las familias de las víctimas y los profesionales sanitarios han denunciado presiones oficiales para que no se incluya el COVID-19 en los certificados de defunción.

Perversamente, el Dr. Wu Zunyou, epidemiólogo jefe del CDC chino, y el gobierno chino han utilizado la admisión de que el 80 por ciento de las personas se han infectado para declarar falsamente, al igual que han hecho los Gobiernos de todo el mundo, que la mayoría de las personas están, por tanto, a salvo de una reinfección.

Esto contradice las pruebas científicas irrefutables de que las reinfecciones por COVID-19, cada vez más frecuentes en todo el mundo, multiplican el riesgo de hospitalización y muerte. La rápida evolución de las nuevas variantes también socava la efectividad de las vacunas y la inmunidad adquirida por las infecciones previas.

Después de tres años de la política de “cero COVID” que acabó repetidamente con la transmisión, Beijing ahora hace eco de las mismas mentiras y propaganda que los Gobiernos occidentales han utilizado para justificar sus políticas de “dejar correr” el virus.

Desde el presidente Xi Jinping hacia abajo, las autoridades chinas están instando cínicamente a la población a creer que lo peor de la pandemia ha pasado y a volver a la vida “normal”, incluso que celebren, gasten y viajen con motivo del Festival de Primavera de Año Nuevo. Los contagios masivos se permiten para reactivar la economía, que el año pasado cayó a una tasa de crecimiento del 3 por ciento, la más baja desde principios de la década de 1990.

El People's Daily, el periódico oficial del Partido Comunista, se jactó de que del 7 al 21 de enero, los primeros 15 días del periodo de viajes de 40 días del Año Nuevo Lunar, se realizaron 110 millones de viajes de pasajeros de ferrocarril. La mayoría de estos viajeros visitan a sus familias en zonas rurales, donde el acceso a la atención médica y a los medicamentos es especialmente deficiente, lo que vuelve inevitable que se extiendan los contagios.

Siguen apareciendo informes sobre hospitales y morgues desbordados y gran escasez de medicamentos. En Internet, a pesar de la censura estatal que busca bloquear los “sentimientos pesimistas”, hay muchos informes de tragedias personales: historias de personas que han contraído el COVID-19, que no pueden conseguir medicamentos o atención sanitaria y que han perdido a familiares ancianos a causa de la enfermedad.

Claramente consciente de la conmoción y el descontento, en su mensaje de la Fiesta de la Primavera Xi afirmó que su Gobierno se comprometía a “poner a las personas y sus vidas por encima de todo”, al tiempo que buscaría “minimizar el impacto del COVID-19 en los ámbitos económico y social”. Luego exhortó a la gente a crear un futuro mejor mediante un “trabajo sólido”.

¿Cómo y por qué se ha producido esta catástrofe? Aunque el régimen chino tiene una inmensa responsabilidad histórica, ha actuado a instancias de las grandes potencias capitalistas y las empresas transnacionales. Apple, Nike y otras empresas amenazaron con trasladar sus plantas de producción a otros países. Las pequeñas protestas de la clase media en noviembre contra las restricciones del COVID-19 fueron promovidas por los medios de comunicación occidentales y aprovechadas por la burocracia del Partido Comunista Chino para desmantelar todas las protecciones contra la propagación del virus.

Para tranquilizar a la élite mundial, el vice primer ministro chino Liu He compareció la semana pasada ante los multimillonarios del mundo en el Foro Económico Mundial anual de Davos para informarles de que China estaba abierta a los negocios porque “la vida ha vuelto a la normalidad en China”.

En el mismo lugar, por el contrario, junto con más de 5.000 guardias armados para mantener la reunión a salvo de las protestas, se tomaron todos los medios imaginables para proteger a los participantes contra una infección por COVID-19. Esto incluyó la vacunación con las últimas dosis de refuerzo antes de su llegada, pruebas de PCR obligatorias, mascarillas N95 gratuitas, ventilación de última generación y limpiadores de aire HEPA, así como luces ultravioleta y sistemas de desinfección.

El desmantelamiento del “cero COVID” por parte del PCCh para satisfacer las exigencias de los conglomerados mundiales y los gigantes financieros demuestra que no hay solución al desastre dentro de las fronteras nacionales.

Por sí solo, el hecho de que China suprimiera el virus durante tres años pero se enfrentara a la amenaza constante de la reintroducción del COVID-19 desde el extranjero demuestra el carácter criminal de la respuesta a la pandemia en los países capitalistas avanzados, ante todo en EE.UU. y la Unión Europea.

Al rehusarse a implementar la estrategia de eliminación elaborada por China, las élites capitalistas y sus representantes políticos son responsables de las mutaciones que han engendrado variantes del SARS-CoV-2 cada vez más transmisibles e inmunoevasivas, desde alfa hasta ómicron y las que sigan.

Para eliminar el COVID-19, es esencial un impulso globalmente unificado y encabezado por la clase obrera internacional, armada con información precisa suministrada por los científicos y profesionales médicos de principios. El sistema capitalista mundial, que es impulsado por las ganancias, amenaza el futuro de la humanidad por medio de la pandemia, el cambio climático, los niveles cada vez mayores de desigualdad social y la amenaza de una Tercera Guerra Mundial.

La pasmosa cantidad de muertos en China subraya la advertencia del WSWS en su declaración de Año Nuevo: “Al promover la ‘inmunidad colectiva’ como una respuesta legítima a la pandemia y arriesgar una guerra nuclear en su confrontación con Rusia, las potencias imperialistas están demostrando un desprecio asesino hacia las vidas de la gran masa de la población mundial. Solo la intervención de la clase trabajadora, armada con un programa internacional socialista, puede ofrecerle a la humanidad una salida del desastre creado por el capitalismo”.

(Publicado originalmente en inglés el 23 de enero de 2023)