La Cámara de Representantes levantó la sesión la noche del miércoles aún estancada en la selección de un presidente legislativo. Un grupo de 20 republicanos fascistas se han rehusado a apoyar al nominado del partido, Kevin McCarthy, y le han negado los 218 votos que necesita para su elección. Hubo seis votos el martes y el miércoles y el total para McCarthy de hecho cayó por dos, de 203 a 201, a lo largo de las votaciones nominales. Dado el estrecho margen de la mayoría republicana entrante, de 222 a 213, McCarthy tan solo puede perder el apoyo de cuatro republicanos, pero perdió cinco veces más.
McCarthy no es un republicano moderado. Respaldó a Trump y votó en contra de certificar la elección de Joe Biden, incluso después de que la turba atacara el Capitolio federal el 6 de enero de 2021. Sus oponentes tienen pocas diferencias políticas con él. Están bloqueando su elección como parte de un esfuerzo de secciones de la élite gobernante estadounidense para empujar el Partido Republicano y todo el entramado de la política capitalista estadounidense aun más hacia la derecha.
La selección de un presidente legislativo tiene consecuencias enormes para el funcionamiento del Congreso y todo el Gobierno estadounidense. No es para nada una posición meramente formal. El presidente legislativo es el principal oficial político y administrativo de la Cámara de Representantes, una posición consagrada en la Constitución de EE.UU. y es está en el segundo lugar en la línea de sucesión a la Presidencia, después de la vicepresidenta. Hasta que sea seleccionado, la cámara baja permanecerá paralizada, los otros miembros no podrán ser formalmente investidos ni tomar sus escaños, no se podrán formar comités ni se podrán celebrar audiencias.
El presidente nombra a la mayoría de los miembros del Comité de Normas, el cual establece las condiciones para los debates, las enmiendas y las votaciones sobre todos los proyectos de ley. Él o ella decide cuál comité manejará cada legislación y cuándo se debatirá y votará. Elige a los miembros de los comités selectos y de los comités de conferencia, preside la selección de los miembros de cada comité regular y gestiona a los oficiales administrativos de la Cámara de Representantes, incluyendo el sargento de armas.
Los oponentes de McCarthy han hecho demandas cada vez más agresivas sobre cambios en las reglas de la Cámara de Representantes que les darían el control efectivo de sus operaciones tanto legislativas como investigativas. McCarthy ya acordó restaurar una norma que permite deponerlo, es decir, una nueva votación para presidente legislativo, en cualquier momento durante su sesión de dos años y solo requiere el apoyo de cinco diputados.
El líder republicano también acordó a establecer un comité especial sobre la “transformación del Gobierno federal en un arma”. El comité tendrá la potestad de investigar cualquier acción federal que la derecha fascista represente como un ataque político. Entre otras cosas, esto podría incluir represalias contra cualquier proceso del Departamento de Justicia contra Trump o cualquier miembro del Congreso por sus papeles en el ataque del 6 de enero al Capitolio. También “investigaría” cientos de casos de los matones fascistas que ya fueron imputados y condenados a prisión por su participación en la violencia.
McCarthy tan solo se opuso a la demanda del diputado Scott Perry, quien pertenece al grupo de los 20 y fue uno de los organizadores del golpe del 6 de enero, a ser nombrado titular del comité especial y tener el poder de seleccionar a todos los demás miembros, usurpando así la facultad del presidente legislativo.
Tales demandas demuestran la conexión directa entre los acontecimientos del 6 de enero y la crisis en marcha en el Capitolio. Los mismos miembros de la Cámara de Representantes que ayudaron a organizar el intento de golpe y luego suplicaron a Trump, tras su fracaso, que les concediera indultos generales, encabezan ahora la campaña contra McCarthy: Andy Biggs de Arizona, Matt Gaetz de Florida, Perry de Pensilvania y figuras similares.
Significativamente, el Conservative Action Project emitió una declaración el martes por la noche, condenando a McCarthy y respaldando a sus 20 oponentes republicanos. Fue firmada por docenas de líderes de grupos de ultraderecha, incluyendo a tres participantes clave en la conspiración golpista del 6 de enero: Virginia (Ginni) Thomas, esposa del juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas; John Eastman, el abogado que ideó la “teoría” de que el vicepresidente Pence tenía autoridad para anular las elecciones de 2020; y Cleta Mitchell, una de las abogadas electorales de Trump, que preparó la tristemente célebre llamada telefónica en la que Trump exigió al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que “encontrara” suficientes votos para ganarle las elecciones.
El resurgimiento político de los antiguos golpistas refuta el informe del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el atentado del 6 de enero, que culpó exclusivamente a Trump y trató de minimizar el papel de las principales instituciones del Estado capitalista, como el aparato de inteligencia y militar y el Partido Republicano.
El propio Trump respalda a McCarthy, al menos por ahora, pero eso no ha resuelto la crisis para los republicanos. Lejos de sentirse escarmentados por el fracaso del golpe del 6 de enero, los fascistas se sienten fortalecidos por la negativa de la Administración de Biden y de los demócratas a tomar medidas serias contra ellos. Deberían estar en celdas de la cárcel por conspiración para derrocar la Constitución y anular unas elecciones, pero en lugar de eso intentan dictar el funcionamiento de la Cámara de Representantes.
Una atmósfera de caos, incertidumbre y violencia potencial se cierne de nuevo sobre el Capitolio. Una de las medidas más ominosas fue la retirada de los detectores de metales a las puertas del hemiciclo el martes al mediodía, al expirar la norma adoptada por la cámara baja tras el atentado del 6 de enero. Algunos fascistas como la representante Lauren Boebert, de Colorado, que se quejaron públicamente de la prohibición de armas en la cámara, van ahora sin duda armados durante los debates y las votaciones. Esto presenta la posibilidad del tipo de violencia que estalló en los pasillos del Congreso antes de la guerra civil estadounidense, pero con resultados mucho más sangrientos.
La crisis del Capitolio, que no tiene precedentes en los últimos 100 años, plantea enormes peligros. No se trata de la insignificante cuestión de las fortunas personales de McCarthy ni de la disfunción del Congreso, que es una de las instituciones clave del Estado capitalista. Lo que se revela es el aumento del poder y la agresividad de la derecha fascista, que en última instancia amenaza a la clase obrera y todos los derechos democráticos.
Estos peligros son ignorados por los medios de comunicación corporativos y encubiertos por el Partido Demócrata, que ha respondido a la crisis de una manera totalmente poco seria, tratándola como una broma, que perjudicará políticamente a los republicanos, o como un obstáculo para el tipo de colaboración bipartidista con la que Biden y la dirección demócrata del Congreso están comprometidos.
Biden pasó el miércoles en un acto de relaciones públicas en el que él y el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, celebraron una ley bipartidista de infraestructuras, que financia un puente sobre el río Ohio conectando Covington, Kentucky, y Cincinnati, Ohio. De camino, Biden lamentó el impacto del bloqueo de la Cámara de Representantes en la posición global de Estados Unidos. “Sé que conocen las relaciones internacionales”, dijo a los periodistas. “No tiene buena pinta, no es algo bueno. Esto es Estados Unidos de América y espero que se pongan las pilas”.
La única preocupación de Biden y los demócratas, así como de la aristocracia financiera que ambos partidos representan, es que la agitación en la Cámara de Representantes no interrumpa la guerra por delegación de Estados Unidos en Ucrania, ni ponga en peligro los pagos de la deuda federal. Mientras se cuiden estos intereses vitales, están dispuestos a hacer concesión tras concesión a la ultraderecha.
La agresividad de la derecha fascista no significa que cuenten con más apoyo político en la población estadounidense. Si las elecciones de 2022 mostraron algo, fue que les fue mal a los candidatos estrechamente asociados con las acusaciones de Trump sobre unas “elecciones robadas” y con el violento ataque al Capitolio, a pesar de que los demócratas solo hicieron esfuerzos simbólicos para mencionar la cuestión del golpe.
En cambio, los fascistas sienten un apoyo cada vez mayor dentro de la clase dominante estadounidense. Las tensiones de clase están saliéndose de control, con una ola de huelgas provocada por el aumento desenfrenado del coste de la vida, el impacto en la clase obrera de una nueva ola de COVID y otras infecciones respiratorias, y la amenaza de una guerra imperialista cada vez más amplia en Ucrania.
El Estado capitalista ya ha recurrido a acciones abiertamente autoritarias, con una legislación bipartidista aprobada por el Congreso el mes pasado y firmada por el gobierno.
El Estado capitalista ya ha recurrido a acciones abiertamente autoritarias, incluyendo la legislación bipartidista aprobada por el Congreso el mes pasado y promulgada por Biden para ilegalizar una huelga ferroviaria e imponer a 115.000 trabajadores ferroviarios las condiciones contractuales que habían rechazado, recortando drásticamente sus salarios reales y empeorando las condiciones de trabajo.
A medida que la clase dominante recurre cada vez más a métodos de represión y dictadura, requiere la movilización de las fuerzas de extrema derecha contra la clase obrera. Para defenderse de esta amenaza, la clase obrera debe extraer las lecciones de toda la experiencia vivida desde el 6 de enero de 2021 hasta el presente.
La respuesta del Partido Demócrata al intento de golpe para mantener a Trump en el poder --el primer intento en la historia de Estados Unidos de anular los resultados de unas elecciones presidenciales-- fue encubrir la responsabilidad del Partido Republicano y culpar únicamente a Trump. Biden proclamó su deseo de un “Partido Republicano fuerte” para preservar el sistema bipartidista del que depende el dominio político de la patronal.
La defensa de los derechos democráticos solo puede llevarse a cabo mediante la movilización de la clase obrera contra todas las instituciones del Estado capitalista, incluyendo el Partido Demócrata y el Partido Republicano, el aparato militar y de inteligencia, el Congreso y los tribunales.
La clase obrera debe movilizar su propia y vasta fuerza de clase mediante la construcción de un movimiento político de masas independiente, basado en un programa socialista y contra la guerra.
(Publicado originalmente en inglés el 5 de enero de 2023)