El lunes, hubo manifestaciones en la Ciudad de México y Guerrero para protestar la negativa del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a llevar ante la justicia a los responsables del asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

Los padres de las víctimas y sus partidarios marcharon a lo largo de la calzada de Guadalupe en Ciudad de México con pancartas que decían “Ayotzinapa: 8 años” y “Vivos se lo llevaron, con vida los queremos”.

Simultáneamente, los normalistas de Guerrero bloquearon la principal avenida de la capital estatal, Chilpancingo, y se concentraron en el centro la ciudad para denunciar el “desinterés” del Gobierno de AMLO. “Porque Ayotzinapa no olvida ni perdona”, gritaron.

Melitón Ortega, vocero del Comité de Padres y Madres de los 43 de Ayotzinapa, indicó a Jornada que el Gobierno no se ha reunido con ellos desde el anuncio de los últimos hallazgos de la “Comisión de la Verdad” del Gobierno a fines de septiembre.

“El gobierno federal no le da el debido interés al caso, a pesar de que insiste que fue un crimen de Estado y que según tiene el compromiso y voluntad de esclarecer el tema. Sin embargo, en los hechos, es todo lo contrario”, dijo.

Vidulfo Rosales, el abogado de los padres, explicó a Aristegui Noticias: “Lo que vemos nosotros es que ese informe [de la Comisión de la Verdad] pretende de ser un cierre del caso. Ese ha sido como el parámetro del presidente de la República. Dice que todos los que ahí aparecen serán judicializados y los que no [aparecen], pues no. Eso nos preocupa”.

Esta protección continua de los funcionarios de mayor rango del Estado responsables de los asesinatos de Ayotzinapa demuestra el carácter reaccionario de los esfuerzos para perpetuar el despliegue nacional de los militares.

Estos esfuerzos incluyen las iniciativas de AMLO, aprobadas recientemente por el Congreso, para poner a la Guardia Nacional, la cual fue creada por su propio Gobierno, bajo el control del Ejército, y extender el despliegue del medio millón de soldados y marinos mexicanos en suelo nacional hasta 2028.

Tras quedar electos en gran parte gracias a su promesa de acuartelar a los militares, AMLO y su partido Morena insisten ahora en que estas medidas son necesarias para detener los niveles históricos de homicidios vinculados en gran medida a los cárteles de la droga. Sin embargo, su Gobierno registró 137.500 asesinatos y más de 30.000 desapariciones en sus primeros cuatro años, más que cualquier otro Gobierno en seis años.

AMLO afirma que un ejército entrenado para el combate es menos corrupto y propenso a abusar de su poder que la policía. Pero, hasta noviembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había recibido más de 1.250 quejas contra la Guardia Nacional, entre otras cosas por su uso arbitrario de la fuerza, tratos crueles e inhumanos, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

A pesar del conocido carácter represivo de los militares, como lo demuestra el papel central que desempeñaron en los acontecimientos de Ayotzinapa, la clase dominante mexicana y AMLO solo han podido continuar su fortalecimiento militar gracias a las organizaciones y publicaciones pseudoizquierdistas en México y a nivel internacional que han promovido al presidente como “progresista” y que ahora justifican el fortalecimiento del aparato represivo del Estado capitalista.

En un artículo del 29 de septiembre, Jacobin, una publicación asociada con los Socialistas Democráticos de EE.UU. (DSA, por sus siglas en inglés), trató de diferenciar a AMLO de sus predecesores. Dice: “La filosofía de AMLO es fundamentalmente diferente, ya que busca abordar las causas subyacentes de la violencia —la pobreza, la corrupción, la injusticia, la desigualdad— en lugar de tratar de mantener a raya el descontento social a través de la fuerza bruta”.

Si bien Jacobin quiere que sus lectores crean la demagogia de AMLO, el artículo no explica por qué su filosofía es diferente. ¿Son diferentes los intereses económicos y la superestructura política que defiende AMLO y, si vamos al caso, Jacobin ?

Las políticas más consecuentes de AMLO incluyen recortes fiscales históricos para las corporaciones y el sacrificio de cientos de miles al COVID-19 para mantener las ganancias capitalistas, mientras defiende incondicionalmente la propiedad privada y el lugar de México como plataforma de mano de obra barata para el capital financiero global. La primera tarea de AMLO para la Guardia Nacional fue detener y deportar a cientos de miles de migrantes, como lo solicitó el fascistizante presidente estadounidense Donald Trump.

En otras palabras, al igual que sus predecesores en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –de cuyas filas salió— su filosofía deriva de los servicios corruptos ofrecidos por el mismo Estado podrido a multimillonarios mexicanos como Germán Larrea y Carlos Slim, y a Wall Street. Tal política y filosofía son incompatibles con cualquier defensa de los intereses de los trabajadores en México, cuya pobreza es la base de las superganancias extraídas por los ricos.

Jacobin cita entonces un cable de WikiLeaks que indica que ya en la campaña presidencial de 2006 AMLO pidió dar “más poder y autoridad a los militares en las operaciones antinarcóticos.” Como cualquier político burgués tradicional, AMLO tiene un largo historial de pedir el fortalecimiento del Estado capitalista bajo la falsa premisa de que representa un árbitro imparcial entre las clases sociales.

Para alimentar esta mentira, Jacobin se une al encubrimiento de la masacre de Ayotzinapa, afirmando que las investigaciones parciales y el puñado de arrestos “no sugiere que el ejército actúe con la impunidad casi total del pasado”.

Tal afirmación es absurda, considerando que solo se está arrestando a oficiales militares locales. Menos de dos años antes, AMLO exoneró al exministro de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, quien había sido detenido en Estados Unidos por facilitar envíos de drogas. Cienfuegos era el jefe del ejército durante los asesinatos de Ayotzinapa y negó famosamente cualquier participación militar –“No tuvimos nada que ver”— pero AMLO ha seguido defendiendo su inocencia y la del ejército como institución.

“Fue el ejército: sí, se está actuando, pero el Ejército es una institución,” declaró AMLO el 26 de septiembre. Y añdadió: “¿Quiénes deben ser castigados? Eso es lo que estamos haciendo. Pero no: ‘Ah, todo el Ejército [fue responsable]’. ¿Qué quieren? ¿Que se debilite nuestro Ejército?”.

Dos días antes, Reforma reportó, con base en una copia inédita de documentos de la Comisión de la Verdad, que el Gobierno de AMLO estaba encubriendo el alcance de la participación de la cúpula militar. El artículo señaló: “En los chats donde antes habían coordinado los asesinatos, criminales, funcionarios y militares hablaban de cómo desenterraban cuerpos para llevarlos al 27 Batallón de Infantería. Allí no entraría nadie. A mediados de noviembre, seguían desenterrando y moviendo cuerpos”.

Solo se han girado órdenes de aprehensión contra dos altos funcionarios federales acusados de tortura, desapariciones forzadas y encubrimiento: el ex fiscal general Jesús Murillo Karam y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. Karam está en prisión, pero Zerón es un fugitivo bajo la protección de Israel. Entre todos los detalles macabros, Zerón había entregado a los periodistas fotos de las hogueras de los campos de concentración nazis para probar la mentira oficial de que los cuerpos de los normalistas habían sido quemados en un basurero.

Un “crimen de Estado” por parte de un Estado capitalista es un crimen al servicio del capitalismo: en ese momento buscaba aplastar la creciente ola de luchas contra una reaccionaria reforma educativa y otras medidas de recorte de gastos plasmadas en el “Pacto por México”. ¿De qué otra manera se puede explicar que los militares se habían infiltrado entre los normalistas de Ayotzinapa antes de los asesinatos, tal y como lo descubrieron las investigaciones?

La sistemática captura, asesinato y desaparición forzada de autobuses repletos de normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, y el encubrimiento coordinado al más alto nivel –durante el cual “toda la información fue obtenida mediante tortura” por los militares, se falsificaron órdenes de aprehensión y muchos testigos clave fueron sistemáticamente asesinados— dan a los sucesos de Guerrero el carácter de un ensayo general para una dictadura fascista.

La clase obrera mexicana e internacional solo puede ajustar cuentas con los responsables de este crimen y crear las condiciones para evitar futuras atrocidades y sufrimientos semejantes organizándose política e internacionalmente para abolir el sistema capitalista.

(Publicado originalmente en inglés el 30 de diciembre de 2022)