A principios del mes pasado, la población chilena votó abrumadoramente en contra de un nuevo borrador de la Constitución que algunos sectores de los medios de comunicación corporativos internacionales promocionan como la carta 'más progresista' jamás redactada. En medio de la disparada del coste de la vida y el aumento de la pobreza, el rechazo representa un reproche popular al gobierno de coalición pseudoizquierda encabezado por el presidente Gabriel Boric y su aquiescencia a todas las exigencias del capital financiero internacional seis meses después de asumir el cargo.

El 4 de septiembre, más de 13 millones de personas, es decir, el 85 por ciento del electorado, acudieron a votar en el plebiscito, en el que se preguntaba si aprobaban o rechazaban el proyecto de Constitución que sustituye a la elaborada por la dictadura militar en 1980. La inusual alta participación se debió a que el voto fue obligatorio por primera vez desde 2012.

En lo que se ha calificado como una derrota contundente de la coalición gobernante Apruebo Dignidad, sólo el 38,1% del electorado respaldó el proyecto, mientras que más del 61% lo rechazó. La derrota fue tan amplia que la opción del Rechazo ganó en las 16 regiones de Chile.

El resultado más estrecho entre los votos de Rechazo y Apruebo tuvo lugar en la capital, Santiago, que cuenta con la mayor concentración de población. Sin embargo, sólo cinco de sus 52 municipios aprobaron el proyecto de Constitución. El único otro municipio de todo el país que aprobó el proyecto fue la ciudad portuaria de San Antonio, en la región de Valparaíso, y allí sólo por la mínima diferencia.

La brecha entre los votos de rechazo y los de apruebo se amplía cuanto más se aleja de la capital. En las regiones mineras del norte -Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo- ningún municipio aprobó la nueva Constitución, mientras que en el sur rural los márgenes fueron aún más pronunciados. En la Araucanía, donde se concentran las empobrecidas comunidades indígenas mapuches, el proyecto de carta magna fue rechazado por el 73 por ciento de los votantes.

Casi desde el inicio del proceso, los principales periódicos nacionales e internacionales dieron voz a la oposición de la derecha y la ultraderecha a la convención constitucional. Su principal preocupación eran las expectativas creadas en la población por una pléyade de elementos de pseudo-izquierda que afirmaban que acabarían con la carta de libre mercado de la dictadura militar que imponía la superexplotación del trabajo y la superganancia en todos los ámbitos de la economía.

No es de extrañar que los portavoces de los intereses imperialistas se deleitaran con el resultado.

'La decisión de Chile en un plebiscito el domingo de rechazar decisivamente una constitución imposiblemente utópica se destaca como un notable ejemplo de madurez cívica', declaró el Financial Times el día después de la votación. 'Lo que probablemente vendrá después es un nuevo intento de reescribir la constitución. Esto corregirá los errores del pasado asegurando que los delegados de una nueva asamblea constituyente sean más representativos de un país que está ampliamente dividido entre la izquierda y la derecha.'

La revista Time afirmó que 'Algunos chilenos argumentan que los delegados no eran representativos de la sociedad chilena —la mayoría provenía de bloques políticos de izquierda o independientes con una inclinación política similar'— y 'el proyecto de documento, que comprende 388 artículos, fue demasiado lejos, consagrando una larga lista de derechos e igualdades inviables en la ley que ahuyentarían a los inversores y conducirían al caos'.

The Wall Street Journal comentó: 'Los chilenos... rechazaron una nueva constitución que habría dado poder a la izquierda para restringir los derechos de propiedad y la libertad individual... Si (Gabriel Boric) espera salvar su presidencia, tendrá que responder a las necesidades del público moviéndose hacia el centro y reconociendo los intereses más allá de su base de élites urbanas de izquierda'.

El referéndum para sustituir la carta magna de la época de la dictadura militar y redactar una nueva constitución surgió de un intento desesperado de disipar una situación revolucionaria.

La oposición popular a los obscenos niveles de desigualdad social de Chile y contra una casta política civil cada vez más despreciada afloró inicialmente en 2006 y de nuevo en 2011 con masivas protestas estudiantiles que exigían el fin del sistema educativo basado en el mercado. Progresivamente, los profesores, los trabajadores portuarios, los mineros, los profesionales de la salud y los jubilados entraron en la lucha exigiendo cambios radicales en las amargas protestas que surgieron entre el segundo gobierno de la presidenta del Partido Socialista, Michele Bachelet (2014-2018), y el segundo gobierno del multimillonario de derecha, Sebastián Piñera (2018-2022).

Un punto de inflexión se alcanzó a finales de 2019, cuando, tras años de tensiones burbujeantes, la oposición al capitalismo y sus servidores estalló en masa. Durante varios meses se produjeron las mayores manifestaciones de la historia del país, con millones de personas saliendo a las calles a pesar de la imposición del estado de excepción, con las Fuerzas Armadas y las fuerzas especiales de Carabineros matando a 36 personas, mutilando a cientos y deteniendo a miles en las consiguientes redadas masivas.

Se abrió una verdadera crisis del régimen burgués. El atribulado gobierno de Piñera convocó a discusiones de 'unidad nacional' para poner fin a las masivas manifestaciones anticapitalistas a finales de 2019 y principios de 2020. Pero tenía un problema: los partidos de centroizquierda, tras haber gobernado durante 24 de los 30 años transcurridos desde el retorno al régimen civil en 1990, eran una fuerza agotada.

Resucitados en la década de 1980 con la financiación y la ayuda del imperialismo estadounidense y europeo, el Partido Socialista chileno, el Partido por la Democracia, la Democracia Cristiana y el Partido Radical formaron una coalición de gobierno de centroizquierda que sólo reformó algunos de los aspectos más autoritarios de la constitución del general Augusto Pinochet, y sólo después de que el dictador recibiera una orden de detención por parte de un magistrado español en 1998.

Sin embargo, intensificaron las políticas capitalistas extremas de libre mercado de la dictadura, lo que condujo a niveles obscenos de desigualdad social, al surgimiento de barrios de chabolas, a escuelas y hospitales en mal estado, al aumento de la deuda de los hogares y de los estudiantes y, en última instancia, al estallido social.

La burguesía respondió a una amenaza existencial desde abajo, como lo ha hecho en otros momentos críticos, apoyándose en los sindicatos corporativistas y en la pseudo izquierda chilena —en este caso el Partido Comunista estalinista y el Frente Amplio— para desorientar y desviar el sentimiento anticapitalista tras los llamamientos a cambiar la constitución autoritaria. Fueron ayudados por una plétora de organizaciones pablistas cuya función principal ha sido históricamente impedir que los trabajadores y la juventud se vuelvan hacia el socialismo revolucionario, subordinándolos a la política nacional reformista en bancarrota de los sindicatos y el estalinismo o al guerrillerismo pequeñoburgués igualmente reaccionario.

¿Cómo se ha conseguido esta vez? En primer lugar, los partidos de pseudo-izquierda afirmaron oponerse al pacto de unidad nacional de Piñera. Gabriel Boric fue el único representante de la coalición del Frente Amplio que entró en las conversaciones de unidad. Pero a través de su control de los sindicatos, estos partidos suspendieron la huelga tras el acuerdo para aislar a los manifestantes de sectores más amplios de la clase trabajadora que habían participado previamente en las protestas anticapitalistas.

Al mismo tiempo, los parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio aprobaron una serie de leyes de estado policial. Estas leyes aumentaron los poderes de las agencias de inteligencia y reforzaron el aparato policial y militar, mientras que otras leyes criminalizaron todas las protestas sociales. Ahora, el gobierno de pseudoizquierda de Boric está utilizando todo esto contra las protestas estudiantiles y los trabajadores en huelga.

En segundo lugar, con el inicio de la pandemia de coronavirus en marzo de 2020, estas mismas fuerzas abrazaron una respuesta militarizada a la crisis sanitaria votando a favor de declarar el Estado de Catástrofe que puso a los jefes de la defensa nacional a cargo de las 16 regiones del país. La preocupación principal era poner fin a la protesta social. Días antes del decreto de Estado de Catástrofe, entre uno y dos millones de personas se manifestaron en el Día Internacional de la Mujer, echando por tierra las afirmaciones de que los infames debates sobre la unidad nacional tenían apoyo popular.

Además, mientras los parlamentarios de pseudo-izquierda votaban el despido de cientos de miles de trabajadores, obligándoles a consumir sus propios ahorros sólo para sobrevivir, la Central de Trabajadores dominada por los estalinistas, la CUT, acorraló a los trabajadores de nuevo en lugares de trabajo inseguros en las industrias orientadas a la exportación que habían sido clasificadas como 'esenciales.' Mientras los gigantes de la minería registraban ganancias récord en 2021, los trabajadores de las regiones mineras del norte siguen sufriendo hasta hoy altos niveles de infecciones y muertes por COVID-19.

El virus se propagó rápidamente en barrios obreros y poblaciones marginales densamente pobladas, especialmente entre los trabajadores informales que carecían de ahorros y se veían obligados a seguir trabajando para ganarse la vida. Cuando estallaron los disturbios por hambre en los barrios empobrecidos, Piñera reprimió con las leyes antimanifestación aprobadas por la pseudoizquierda.

En octubre de 2020, la pseudoizquierda, a través de los sindicatos y las organizaciones de protesta y comunitarias que controlan, había logrado disipar una situación revolucionaria y canalizar el sentimiento de izquierda hacia los canales parlamentarios. Ese mes, un abrumador 78 por ciento del electorado votó a favor de la redacción de una nueva constitución que sustituyera la odiada carta de Pinochet.

Durante los siete meses siguientes, su atención se centró casi exclusivamente en la elección de los delegados a la convención constitucional, incluso mientras los cadáveres se acumulaban debido a la criminalmente negligente respuesta oficial a la pandemia. Durante ese periodo, el país registró 1,5 millones de casos de COVID-19 y 35.000 muertes, mientras las familias más ricas duplicaban su riqueza, pasando de 21.000 a 42.700 millones de dólares.

Las elecciones de mayo de 2021 para los 155 escaños de la convención constitucional supusieron una aplastante derrota para los partidos de derecha y el viejo centroizquierda. Aunque sólo votó el 40 por ciento del electorado con derecho a voto, los que lo hicieron buscaron abrumadoramente candidatos que prometieran inscribir en la nueva carta magna de la nación garantías a la salud pública, la educación pública, una pensión decente, el fin de la desigualdad social, la redistribución de la riqueza, la protección del medio ambiente, así como los derechos indígenas y otros derechos democráticos.

Como explicó en su momento el World Socialist Web Site, ninguna constitución capitalista podría garantizar tales demandas porque tales documentos existen fundamentalmente para proteger un sistema basado en la acumulación de beneficios privados, fuente de la desigualdad social y la explotación. Cualquier ilusión en los mitos reformistas reaccionarios es aún más peligrosa hoy en día, ya que los gobiernos, tanto en las poderosas naciones imperialistas como en los países semicoloniales, responden a todas las crisis sociales, sanitarias y medioambientales 'dejándose reventar'.

Fue en esta etapa cuando los pablistas cumplieron su tradicional papel. María Rivera, del Movimiento Internacional de los Trabajadores (MIT), la sección chilena de la Liga Internacional de los Trabajadores morenista-Cuarta Internacional (LIT-CI), fue elegida para la convención constituyente junto con una gama de académicos, profesionales y 'activistas' vinculados de una u otra manera con los estalinistas y la pseudoizquierda.

Durante el año siguiente, estos charlatanes políticos se hicieron pasar por revolucionarios, haciendo llamamientos a la nacionalización de la minería y a la abolición de la educación y la sanidad privatizadas, incluso cuando todo este ejercicio recibió el imprimátur de portavoces imperialistas como la revista The Economist y el think tank estadounidense el Council of Foreign Relations. El hecho de que The Economist cambiara más tarde de tono tuvo que ver con la preocupación por las expectativas que estaba creando el proyecto de constitución con su 'lista de deseos de la izquierda fiscalmente irresponsable'.

Aunque el alarmismo anticomunista y la campaña de desinformación de los principales medios de comunicación y de las redes sociales han desempeñado un papel importante en la formación de la opinión, especialmente entre las capas más atrasadas de la población, lo que ha asegurado la derrota de la Constitución en la clase trabajadora han sido las acciones del gobierno de Boric desde su llegada al poder.

La política de identidad fue una pieza central de la campaña de la pseudoizquierda desde el principio tanto de la convención constitucional como de las elecciones presidenciales de finales del año pasado. La Constitución, considerada como la más 'progresista' por parte de la pseudoizquierda internacional y de sectores de la clase media profesional y del mundo académico, tenía como eje central el aumento del tamaño del Estado, la creación de una nueva burocracia de carácter indígena y la garantía de la paridad de género en la administración pública y en el Estado.

Después de ganar la segunda vuelta contra José Antonio Kast, del facistoide Partido Republicano, Boric promocionó mucho su selección de 14 mujeres para su gabinete de 24 ministros.

Desde que llegó al poder, el gobierno de pseudoizquierda ha recurrido a los mismos métodos de estado policial de los gobiernos anteriores. En los últimos siete meses, ha enviado a la policía antidisturbios contra los estudiantes que protestaban y ha encarcelado a trabajadores en huelga. Las comunidades indígenas del sur se encuentran bajo un estado de emergencia, con el ejército desplegado para controlar las carreteras y las vías públicas. Ha aumentado tanto la financiación como el tamaño de la policía de Carabineros, notoria por sus violaciones de los derechos humanos, y ha comprado vehículos blindados de grado militar para su uso.

La administración de pseudoizquierda también ha cumplido con las demandas del capital financiero integrando aún más a la vieja casta política de centroizquierda en su gobierno y aplicando una política monetaria fiscalmente estricta, poniendo fin a los programas de estímulo para ayudar a las familias de la clase media y trabajadora mientras la inflación alcanza niveles no vistos desde 1992.

Bajo la mirada de Boric, el Banco Central ha aumentado progresivamente su tasa de interés hasta el 10,75 por ciento. Mientras tanto, los ingresos reales cayeron un 3 por ciento, mientras que el coste de los artículos domésticos esenciales aumentó un 15 por ciento anual hasta agosto, empujando a más de la mitad de las familias trabajadoras a la pobreza.

El papel político desempeñado por los estalinistas, el Frente Amplio y los pablistas no ha hecho más que envalentonar a las fuerzas más derechistas y fascistas, que sienten que tienen la sartén por el mango. Mientras Boric hace débiles llamamientos al diálogo, la derecha impulsa más medidas de estado policial, incluyendo más policías y soldados en las calles y una ampliación del uso de los estados de excepción.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de octubre de 2022)