El Gobierno de Biden confirmó el lunes que “pausará” al finalizar esta semana el programa que envía pruebas rápidas de antígeno gratuitas a millones de estadounidenses por correo. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) realizó un anuncio breve en su sitio web, culpando al Congreso por no asignar los fondos necesarios.

Además de poner fin al envío de pruebas gratis por correo, el Gobierno pondrá fin a las pruebas gratis en las escuelas, los albergues para personas sin hogar, los alberques para víctimas de violencia doméstica y las prisiones. Los niños y las secciones más pobres y oprimidas de la clase obrera tendrán que navegar a ciegas durante una pandemia que sigue produciendo variantes más infecciosas y letales por el SARS-CoV-2.

El HHS guardará una cantidad relativamente pequeña de pruebas para distribuirlos en el otoño, cunado esperan una nueva ola de contagios de COVID-19, según indicaron los oficiales. En otras palabras, mientras se dejan de distribuir las pruebas del todo, las infecciones aumentarán significativamente.

Según el programa establecido en enero, todos los estadounidenses podían solicitar 16 kits de pruebas gratis por medio de una plataforma del Gobierno federal. Ahora las pruebas gratis se limitarán a sitios “replegables” de pruebas del Gobierno federal y las autoridades estatales y para aquellos con seguros médicos que cubran este servicio.

La acción del HHS forma parte de una serie de acciones tomadas por la Casa Blanca para eliminar cualquier intento de mitigar el impacto del COVID-19 y permitir que el virus se propague y haga su mortal labor libremente. Bajo lemas como “aprender a vivir con el virus”, el Gobierno de Biden ha adoptado plenamente la misma política de contagios masivos que su predecesor, Trump.

El director de operaciones de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), Jonathan Blum, escribió recientemente que el Departamento de Salud y Servicios Humanos se está preparando para poner fin a la emergencia de salud pública declarada por primera vez en 2020 en las etapas iniciales de la pandemia, a pesar de que las infecciones, las hospitalizaciones y las muertes están en niveles mucho más altos. Escribió: “Mientras tanto, los CMS animan a los proveedores de atención sanitaria a prepararse para el fin de estas flexibilidades lo antes posible y a empezar a avanzar en el restablecimiento de las normas sanitarias y de seguridad y las prácticas de facturación anteriores”.

Se acabó la mascarilla obligatoria, se acabó el distanciamiento social, se acabó el rastreo de contactos, se acabaron los confinamientos y las clases a distancia, se acabaron las pruebas rápidas. Las escuelas vuelven a abrir este mes a las clases presenciales a gran escala, con las aulas abarrotadas sirviendo como placas de Petri para infecciones masivas y el desarrollo de nuevas y más peligrosas variantes.

Las terribles consecuencias de esta política ya quedaron demostradas. Bajo Trump, 400.000 estadounidenses murieron de COVID-19. Bajo Biden, han muerto otros 670.000, y se espera que el número de muertos acumulado supere los 1,2 millones en otoño. Es probable que todas estas cifras sean significativamente incompletas. Mientras que la Organización Mundial de la Salud reporta oficialmente 6,5 millones de muertos, las estimaciones publicadas por fuentes tan conservadoras como la revista The Economist sitúan el número de muertos en más de 20 millones.

La declaración del HHS y las innumerables declaraciones de la Casa Blanca han tratado de atribuir el fin de las pruebas gratuitas al Congreso, y en particular a la intransigente oposición a entregar más fondos a la respuesta al COVID-19 por parte de los 50 republicanos del Senado. Bloquearon la aprobación de fondos adicionales para la compra de kits de pruebas, tratamientos profilácticos como Paxlovid de Pfizer, y nuevas vacunas modificadas para hacer frente a las nuevas mutaciones de la variante ómicron del SARS-CoV-2.

Se trata de un esfuerzo transparente para encubrir la decisión de ambos partidos capitalistas de permitir que expiren todos los fondos para el COVID-19. Biden y los líderes demócratas del Senado recortaron repetidamente este financiamiento, que habían ligado a la misma legislación que incluía la ayuda militar adicional a Ucrania para asegurar su aprobación. Finalmente, en el curso de una prolongada disputa en el Senado, los demócratas abandonaron por completo la parte del proyecto de ley que involucraba el COVID-19 y aprobaron la ayuda militar a Ucrania, la friolera de 40.000 millones de dólares. Luego alegaron que no habían podido superar las objeciones de los republicanos.

Luego, un vehículo legislativo diferente, la llamada Ley de Reducción de la Inflación, estuvo disponible, proporcionando más de 400.000 millones de dólares en fondos para el seguro Medicare y la mitigación del cambio climático. Esta ley era inmune a una maniobra obstruccionista republicana porque se promulgó a través de la “reconciliación” presupuestaria, un proceso que se realiza una vez al año y que solo requiere 50 votos. Pero los líderes demócratas del Senado y la Casa Blanca se negaron a incorporar los fondos para el COVID-19 en el proyecto de ley.

El Dr. Ashish Jha, coordinador de la respuesta a COVID-19 en la Casa Blanca, ha dejado claro que la Administración de Biden está dejando de lado cualquier pretensión de luchar contra la pandemia a medida que se agrava al acercarse el otoño. En su intervención en un acto de la Cámara de Comercio de EE.UU. este mes, dijo: “Una de las cosas en las que hemos pensado mucho en los últimos meses, y en la que vamos a continuar trabajando, y de la que se pronunciará más el Gobierno, es sacarnos de esa fase de emergencia aguda en la que el Gobierno de EE.UU. compra las vacunas, compra los tratamientos, compra las pruebas de diagnóstico”.

Y añadió: “Mi esperanza es que en 2023 se comercialicen casi todos estos productos. Parte de eso va a comenzar este otoño, en los próximos días y semanas”.

No cabe duda de que su público empresarial agradeció la decisión de entregar al sector privado las pruebas, la vacunación y los tratamientos profilácticos contra la pandemia, dando a las empresas farmacéuticas y a los proveedores de atención sanitaria un mercado garantizado de decenas de millones de personas. Los que puedan pagar, ya sea de su bolsillo o a través de un seguro, serán una lucrativa fuente de beneficios. Los que no puedan pagar, incluyendo a las personas mayores, pobres y enfermas que son las más vulnerables al COVID-19, se quedarán sin estos servicios, pagando quizás con su vida o su salud.

Incluso los que pueden pagar pueden encontrarse con que las vacunas y las pruebas necesarias no están disponibles. Sin el Gobierno federal como un comprador garantizado para miles de millones de dosis de vacunas y sin los fondos públicos para los enormes costes del desarrollo, los ensayos y la distribución de los productos, Pfizer, BioNTech, Moderna y otras empresas farmacéuticas no hubieran podido desarrollar las vacunas originales con tanta rapidez.

La disminución de las ayudas federales para nuevas vacunas y pruebas ya se está notando, al dificultar los esfuerzos para desarrollar vacunas modificadas que permitan hacer frente a las nuevas variantes y subvariantes generadas por la propagación incontrolada de un virus altamente adaptable. Los fondos asignados solo alcanzan para entregar nuevas dosis de refuerzo a la mitad de la población estadounidense, y la tendencia disminuye, no aumenta.

En última instancia, la industria farmacéutica, basándose en consideraciones de mercado y no en el imperativo de salvar todas las vidas, desarrollará sólo aquellos medicamentos y tratamientos que sean rentables, sin importar cuántos millones queden excluidos, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo.

Solo la intervención de la clase trabajadora puede evitar un resultado tan horrible para una crisis de salud pública histórica en el mundo. Como declara la resolución adoptada a principios de este mes por el Séptimo Congreso Nacional del Partido Socialista por la Igualdad:

Las dos alternativas que se le presentan a la humanidad son la infección masiva, el debilitamiento y la muerte sin fin, o el derrocamiento revolucionario del capitalismo y la implementación de una política de eliminación global, para poner fin a toda transmisión de persona a persona del SARS-CoV-2. La estrategia de eliminación requiere el despliegue universal de todas las armas del arsenal de medidas para combatir el virus, incluida la vacunación masiva, las pruebas, el aislamiento y el rastreo de contactos, junto con el cierre temporal de las escuelas y la producción no esencial, con ingresos completos para los trabajadores. y apoyo a las pequeñas empresas. La experiencia en China, donde el apoyo popular a la estrategia de eliminación cero COVID ha permitido a las autoridades suprimir brotes en repetidas ocasiones, demuestra en la práctica que la eliminación es posible y que debe expandirse en todo el mundo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de agosto de 2022.)