El recién instalado presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, está ampliando la represión estatal de las principales figuras del levantamiento popular que ya ha obligado a Gotabhaya Rajapakse a huir del país y a dimitir como presidente. Ya se está pidiendo la dimisión de Wickremesinghe, que está decidido a imponer las exigencias de austeridad del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no harán más que empeorar las ya intolerables condiciones de los trabajadores.

El Partido Socialista por la Igualdad (SEP, por sus siglas en inglés) y su rama juvenil y estudiantil, los Estudiantes y Jóvenes Internacionales por la Igualdad Social (IYSSE, por sus siglas en inglés) condenan enérgicamente esta represión estatal. A pesar de nuestras diferencias políticas fundamentales con los líderes de la protesta, llamamos a los trabajadores y a la juventud a salir en su defensa. La represión del gobierno es la preparación de una represión mucho más amplia contra la clase obrera y las masas rurales.

Tras su toma de posesión como presidente el pasado jueves, Wickremesinghe supervisó una violenta represión militar-policial en Galle Face Green, en Colombo, el principal lugar de la protesta, en las primeras horas de la mañana siguiente. Miles de policías y soldados atacaron a los manifestantes que dormían, entre ellos mujeres y niños, y algunos fueron golpeados duramente. Sus estructuras temporales, incluidas las tiendas de campaña, fueron destruidas y nueve fueron detenidos.

Después se produjeron otras detenciones. El martes por la noche, el líder estudiantil Dhaniz Ali fue detenido en el aeropuerto internacional de Colombo mientras embarcaba en un vuelo con destino a Dubai. El miércoles, la policía anunció la detención de otros dos activistas antigubernamentales, Kusal Sandaruwan y Weeranga Pushpika, acusados de reunión ilegal.

Ayer, el activista de los medios de comunicación social Pathum Kerner, que ha desempeñado un papel destacado en las protestas, fue detenido por la División de Delitos de Colombo, que le acusó de participar en una protesta en una carretera de entrada al Parlamento a principios de este mes. El mismo día, un equipo policial asaltó una iglesia católica en Ratnapura, a 85 kilómetros de Colombo, en busca de un sacerdote, el padre Amila Jeewantha Peiris, otro destacado líder de las protestas, alegando que tenía una orden de detención.

El gobierno se está preparando claramente para una redada policial. El 27 de julio, el Departamento de Investigación Criminal (CID) anunció que sus equipos de investigación habían identificado a unas 150 personas implicadas en la irrupción en el Palacio Presidencial, en Temple Trees (la residencia oficial del primer ministro), en la Secretaría Presidencial y en las oficinas del primer ministro, y en los daños a la propiedad.

El contralmirante retirado Sarath Weerasekera, ex ministro de Seguridad Pública del gobierno de Rajapakse, declaró ayer a los medios de comunicación que las huellas dactilares encontradas en los edificios de la administración pública ocupados por los manifestantes se enviarían al aeropuerto para impedir que los implicados salgan del país. Ayer, un magistrado de Colombo ordenó la prohibición de viajar a 21 manifestantes.

The Morning informó ayer de que otros activistas de las protestas, como el abogado Nuwan Bopage, el sacerdote católico Jeewantha Peiris, el convocante de la Federación de Estudiantes Interuniversitarios (IUSF) Wasantha Mudalige y el antiguo convocante de la IUSF Lahiru Weerasekara, estaban siendo intimidados por las fuerzas de seguridad, que pinchaban sus teléfonos y les seguían. Los manifestantes declararon al periódico que se les había impedido volver a montar tiendas en el lugar de la protesta, en Galle Face Green, tras la redada del viernes pasado.

El gobierno aprovechó el debate parlamentario del miércoles sobre la prórroga del estado de emergencia para justificar sus medidas de estado policial. En su discurso de investidura como primer ministro, Dinesh Gunawardena, hombre de estrecha confianza de Gotabhaya Rajapakse, denunció efectivamente a los manifestantes antigubernamentales como 'terroristas'. Dijo que el gobierno escucharía las demandas de los manifestantes pacíficos, pero que no cedería ante los actos de 'terrorismo'.

La policía y los soldados que descendieron al lugar de la protesta de Galle Face Green el pasado viernes no hicieron tal distinción, y todos, incluidos mujeres y niños, fueron tratados como 'terroristas'. El término es simplemente el burdo pretexto para la represión policial en curso.

'El terrorismo es la mayor amenaza para la democracia, y el parlamento, que defiende la democracia, no apoyaría tales actos de terrorismo', añadió Gunawardena. Lejos de defender la democracia, el parlamento sostiene el dominio de la clase capitalista y defiende los intereses de la élite rica del país y del capital financiero internacional.

El fraude de la democracia parlamentaria se puso de nuevo de manifiesto la semana pasada, cuando una votación parlamentaria instaló como presidente a Wickremesinghe, que no tiene ningún apoyo público y es el único parlamentario del Partido Nacional Unido, que está en crisis. A continuación, Wickremesinghe instaló a Gunawardena como primer ministro y volvió a nombrar en sus puestos a prácticamente todo el odiado gabinete de Gotabhaya Rajapakse. Los millones de personas que se han sumado a las protestas y huelgas de los últimos tres meses no tuvieron nada que decir.

Ni que decir tiene que el parlamento prorrogó el estado de emergencia un mes más, otorgando amplios poderes a los militares para prohibir las protestas y las huelgas, arrestar y detener arbitrariamente a personas, registrar propiedades y vehículos y censurar a los medios de comunicación.

Wimal Weerawansa, uno de los parlamentarios que se separaron del Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) de Rajapakse, explicó sin rodeos que estos llamados 'independientes' habían votado a favor del estado de emergencia para evitar la destrucción del Estado capitalista. Sin el estado de excepción, dijo, 'si los activistas siguen protestando para desalojar a todos los que están en el poder, no podremos hacer nada. Tenemos que aceptar que éste es un gobierno legítimo, nos guste o no'.

No hicieron tal distinción los policías y soldados que descendieron al lugar de la protesta de Galle Face Green el pasado viernes, donde todos, incluidos mujeres y niños, fueron tratados como 'terroristas'. El término es simplemente el burdo pretexto para la represión policial en curso.

'El terrorismo es la mayor amenaza para la democracia, y el parlamento, que defiende la democracia, no apoyaría tales actos de terrorismo', añadió Gunawardena. Lejos de defender la democracia, el parlamento sostiene el dominio de la clase capitalista y defiende los intereses de la élite rica del país y del capital financiero internacional.

El fraude de la democracia parlamentaria se puso de nuevo de manifiesto la semana pasada, cuando una votación parlamentaria instaló como presidente a Wickremesinghe, que no tiene ningún apoyo público y es el único parlamentario del Partido Nacional Unido, que está en crisis. A continuación, Wickremesinghe instaló a Gunawardena como primer ministro y volvió a nombrar en sus puestos a prácticamente todo el odiado gabinete de Gotabhaya Rajapakse. Los millones de personas que se han sumado a las protestas y huelgas de los últimos tres meses no tuvieron nada que decir.

Ni que decir tiene que el parlamento prorrogó el estado de emergencia un mes más, otorgando amplios poderes a los militares para prohibir las protestas y las huelgas, arrestar y detener arbitrariamente a personas, registrar propiedades y vehículos y censurar a los medios de comunicación.

Wimal Weerawansa, uno de los parlamentarios que se separaron del Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) de Rajapakse, explicó sin rodeos que estos llamados 'independientes' habían votado a favor del estado de emergencia para evitar la destrucción del Estado capitalista. Sin el estado de excepción, dijo, 'si los activistas siguen protestando para desalojar a todos los que están en el poder, no podremos hacer nada. Tenemos que aceptar que éste es un gobierno legítimo, nos guste o no'.

Los partidos de la oposición parlamentaria --Samagi Jana Balawegaya (SJB), Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), la Alianza Nacional Tamil (TNA) y el Partido de la Libertad de Sri Lanka (SLFP)--, aunque han votado en contra del estado de emergencia, no tienen diferencias fundamentales con el gobierno de Wickremesinghe y, si estuvieran en el poder, aplicarían el salvaje programa de austeridad del FMI con la misma crueldad.

Los partidos de la oposición piden un gobierno interino de todos los partidos como medio de desviar la oposición pública hacia canales parlamentarios seguros y apuntalar el dominio burgués. El SJB y el SLFP, aunque critican al gobierno, mantienen abiertas sus opciones para algún tipo de colaboración con él. Una delegación del SLFP encabezada por el presidente del partido y ex presidente Maithripala Sirisena mantuvo ayer conversaciones con Wickremesinghe sobre la propuesta de un gobierno de todos los partidos.

Las organizaciones de pseudoizquierda, como el Partido Socialista de Primera Línea (FSP), también apoyan la formación de un gobierno interino de todos los partidos burgueses. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario de educación del FSP, Pubudu Jagoda, atacó al gobierno y a las normas de emergencia no desde el punto de vista de la defensa de los derechos democráticos, sino por 'socavar aún más la credibilidad de Sri Lanka'.

Jagoda criticó a Wickremesinghe por no garantizar la 'estabilidad política', es decir, la estabilidad del régimen burgués exigida por el FMI como condición previa a la ayuda financiera. 'Nadie va a ayudar a un hombre como Wickremesinghe. Es evidente que es incapaz de garantizar la estabilidad política. Países como la UE, China o Japón no ayudarán a un Estado sumido en la inestabilidad política', dijo.

El SEP es el único partido que ofrece un programa y una perspectiva socialista revolucionaria independiente para que la clase obrera y las masas rurales luchen por asegurar sus derechos sociales y democráticos contra todo el establishment político, así como contra sus pseudo-izquierdas y agentes sindicales. El SEP llama a los obreros y trabajadores rurales a formar sus propios comités de acción independientes de todos los partidos capitalistas y de los sindicatos.

En una importante declaración emitida el 20 de julio, el SEP ha lanzado una campaña para construir 'un Congreso Democrático y Socialista de Trabajadores y Masas Rurales' para proporcionar 'una estrategia política para que la clase obrera consolide sus fuerzas, gane el apoyo activo de las masas rurales y siente las bases para su propio gobierno a través de un gobierno de trabajadores y campesinos comprometido con la reestructuración de la sociedad en líneas socialistas'.

(Publicado originalmente en inglés el 28 de julio de 2022)