El libro de 1974 Todos los hombres del presidente de Bob Woodward y Carl Bernstein detalló el papel de docenas de asesores de Nixon y oficiales estatales en orquestar y encubrir el allanamiento de la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata en el Complejo Watergate en 1972.

Veintidós asesores de Nixon y oficiales gubernamentales fueron imputados, sentenciados y encarcelados por su participación en la conspiración de Watergate.

Más allá de las implicaciones criminales y antidemocráticas de esta operación de “trucos sucios”, no acerca para nada a la magnitud de la intentona golpista de plena escala, violenta y casi exitosa encabezada por Donald Trump el 6 de enero de 2021.

Pero, a pesar de la montaña cada vez más alta de evidencia que incrimina a Trump, al Partido Republicano y a secciones importantes del ejército, la policía y las agencias de inteligencia por su participación en un intento de anular la elección de 2020 e instalar a Trump como dictador presidencial, ni Trump ni sus principales cómplices, excepto Steve Bannon, ha sido sometido a cargos, ni hablar de ser encarcelado. Bannon solo se enfrenta a un cargo por un delito menor.

Con base en la audiencia del Comité Selecto sobre el 6 de enero, la cual fue televisada a nivel nacional durante el horario de mayor audiencia el jueves, el libro demócrata sobre la insurrección de Trump llevaría el título El golpe de Estado de un solo hombre: cómo el malvado presidente desafío a sus asesores buenos .

El manejo de las audiencias por parte de los demócratas se ha basado en una enorme contradicción. Las audiencias han revelado evidencia condenable de que una poderosa red que abarcaba todas las ramas del Gobierno casi abolió la Constitución y estableció una dictadura y varios personajes rindieron testimonio de que Trump y sus aliados están activamente planificando su próxima intentona. Pero, al mismo tiempo, los demócratas han utilizado las audiencias para promover el Partido Republicano, incluyendo a figuras como Liz Cheney, y para proteger a los cómplices de Trump de un proceso penal. Su objetivo es salvaguardar la institución política del sistema bipartidista, en la cual depende la estabilidad del dominio capitalista.

Esto fue lo que pasó el jueves. Durante casi tres horas, el Comité controlado por los demócratas utilizó un relato el relato absurdo de que el asedio fascista del Capitolio pudo prolongarse porque Trump rechazó los repetidos llamados de cancelarlo de varios funcionarios de la Casa Blanca, familiares, líderes congresistas y otros leales que respaldaron sus acusaciones infundadas de una “elección robada” pero heroicamente defendieron la Constitución.

Un clip de video escalofriante muestra al entonces vicepresidente Mike Pence, su personal y guardaespaldas del Servicio Secreto escapando por sus vidas de la multitud, la cual estuvo a pocos metros de donde Pence se estaba escondiendo en el Capitolio. Un audio describe a los agentes del Servicio Secreto haciendo lo que pensaban que eran sus últimas llamadas a sus esposas y familiares.

El hecho de que el golpe eventualmente se diluyó no fue por nada que Biden y los demócratas hicieran. El presidente electo esperó en silencio por varias horas y solo apareció para pedirle a Trump que cancelara su propio golpe de Estado en televisión. Los legisladores demócratas se ocultaron bajo sus escritorios en el Capitolio. No hicieron ningún llamado a la población para que se levantara y detuviera el golpe de Estado.

Esta octava audiencia televisada constituyó un paso más del intento de concentrar toda la atención en Trump y un puñado de compinches —Bannon, Rudy Giuliani, John Eastman— y proteger a secciones más amplias de la burguesía y el Estado que estuvieron involucrados en el golpe de Estado.

Lo que Trump hizo o no en los 187 minutos entre el final de su discurso en el parque Ellipse en el que llamó a sus partidarios a marchar al Capitolio y su declaración a las 4:17 pm pidiéndoles a sus “personas especiales” y “patriotas” que dejaran el Capitolio y se fueran a casa no pudo haber sido una sorpresa para cualquiera que siguiera seriamente la crisis política en torno a la elección. En su debate con Joe Biden a fines de septiembre, Trump se rehusó a garantizar un traspaso de poderes pacífico y ordenó a los Proud Boys a “retroceder y esperar” en caso de ser declarado el perdedor de la elección.

El World Socialist Web Site describió con una gran precisión lo que Trump haría antes y después de la elección y advirtió a la clase trabajadora del peligro de un golpe de Estado.

Los demócratas han tratado de formular políticamente la oposición al golpe de Trump de la manera más conservadora y patriótica posible. Han permitido que la belicista Liz Cheney, una de las dos republicanas del panel, domine los procedimientos. En sus comentarios finales alabó a Ronald Reagan y Margaret Thatcher y dijo que los insurrectos del 6 de enero habían actuado por un “amor a la patria” extraviado.

El Comité eligió a dos veteranos militares, Elaine Luria, de Virginia, comandante de la Marina desde hace mucho tiempo, y el republicano Adam Kinzinger, de Illinois, piloto de las Fuerzas Aéreas en las guerras de Afganistán e Irak, para dirigir el interrogatorio. El discurso de clausura de Luria personificó la línea política de la audiencia. Dijo: “El presidente Trump se sentó en su comedor y vio el ataque en la televisión, mientras su personal de mayor rango, sus asesores más cercanos y sus familiares le rogaban que hiciera lo que se espera de cualquier presidente estadounidense”.

Como en las anteriores comparecencias, los testigos fueron antiguos colaboradores de Trump: Matthew Pottinger, un veterano de la Marina de las guerras de Oriente Próximo que llegó a ser asesor adjunto de Seguridad Nacional, donde ayudó a formular la política belicosa de Trump contra China, y Sarah Matthews, vicesecretaria de Prensa de la Casa Blanca bajo Trump.

En apoyo del principio de la “transferencia pacífica del poder”, Pottinger elogió la capitulación de Al Gore ante el robo de las elecciones de 2000 por parte de la Corte Suprema.

No se mencionó el escándalo en el que está sumido el Servicio Secreto, que a primera hora del jueves fue informado por el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional que su oficina había iniciado una investigación penal sobre el borrado masivo de mensajes de texto enviados y recibidos por los agentes en la época del golpe de Estado del 6 de enero. El Servicio Secreto borró los mensajes después de que el Congreso le ordenara conservar todos los registros del 6 de enero, y el Comité del 6 de enero había citado a la agencia para que entregara los mensajes.

El mismo 6 de enero, los agentes Servicio Secreto asignados a Pence intentaron sacarlo del Capitolio, lo que habría hecho imposible la certificación oficial de los votos del Colegio Electoral y habría abierto el camino para que Trump declarara una emergencia y se robara las elecciones.

En ninguna de las comparecencias se ha intentado explicar por qué el Capitolio quedó tan mal protegido el 6 de enero. O por qué el FBI no emitió una evaluación de la amenaza antes de la certificación oficial de la victoria de Biden. O por qué el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés) no declaró la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero como un Evento Nacional de Seguridad Especial, a pesar de la magnitud de las amenazas detectadas por el FBI, el DHS y otras agencias estatales contra Pence y los legisladores.

La Comisión se enfocó en los 187 minutos que transcurrieron entre el discurso de Trump en el parque Elipse y su llamado a las 4:17 p.m. para que su turba desalojara el Capitolio. Sin embargo, no ha dicho nada sobre los 199 minutos que transcurrieron entre la solicitud del entonces comandante de la Guardia Nacional de Washington, William Walker, para autorizar el despliegue de sus tropas y asegurar el Capitolio, hecha a la 1:49 p.m., y la aprobación del secretario de Defensa en funciones de Trump, Christopher Miller, a las 5:08 p.m. Durante ese período, la dirección del Pentágono elegida a dedo por Trump, junto con los mandos uniformados, incluido el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, estaban observando el sangriento asalto al Congreso mientras no hacían nada para detenerlo.

Este encubrimiento masivo, dirigido por el Partido Demócrata y el Gobierno de Biden, que siguen apelando a la “unidad” con sus “colegas” republicanos, tiene como objetivo desarmar políticamente a la clase trabajadora. Mientras tanto, Trump, el Partido Republicano y sus aliados en el aparato estatal y la oligarquía financiera se envalentonan y se les da carta blanca para intensificar sus planes de anular las próximas elecciones e imponer una dictadura.

Es fundamental que la clase obrera intervenga en la crisis terminal de la democracia estadounidense con su propio programa independiente y socialista. La democracia no puede existir dentro del sistema capitalista, que engendra niveles asombrosos de desigualdad social y guerra. El desarrollo de la lucha de clases debe ir acompañado de una ruptura con los demócratas y todo el sistema bipartidista del capitalismo estadounidense, y de la lucha por el poder de los trabajadores.

(Publicado originalmente en inglés el 23 de julio de 2022)