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El gobierno de pseudoizquierda de Chile envía a carabineros para romper el paro y detener a los trabajadores de la refinería

El pasado lunes, al menos 180 trabajadores subcontratados que realizaban piquetes en cinco entradas de la refinería de petróleo de Hualpén y en la terminal marítima de San Vicente, en la región del Bíobío, a 500 km al sur de Santiago, fueron atacados por decenas de policías antidisturbios con escudos, cañones de agua, gas pimienta y gas lacrimógeno. Once trabajadores fueron detenidos. El recién elegido gobierno chileno seudoizquierdista del exestudiante radical Gabriel Boric ordenó a las Fuerzas Especiales de Carabineros romper el piquete en una de las principales refinerías de petróleo de Chile.

Sicarios identificados hablando con Carabineros. Cinco personas fueron tiroteadas durante las manifestaciones del Primero de Mayo en Santiago de Chile (Crédito: Piensa Prensa)

Los preparativos para la represión fueron realizados por el gobierno durante el fin de semana después de que la empresa estatal, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), afirmara falsamente el 6 de mayo que el sur de Chile, desde la región del Biobío hasta la de la Araucanía, sufriría un desabastecimiento de gasolina, diesel y parafina en menos de una semana si la huelga continuaba.

En un comunicado, ENAP dijo que se veía obligada a detener 'el 100%' de las operaciones logísticas y de distribución de combustibles en el sur del país y afirmó que se había visto empujada a 'la situación extrema' por la 'falta de voluntad de diálogo de [el sindicato] FENATRASUB...'

Sin embargo, sólo unas semanas antes, Julio Aranis, el recién nombrado gerente general, informó a los medios de comunicación de las mantenciones programadas que se realizarían en las más de 20 plantas de la refinería de Hualpén, en el Biobío. Es decir, las interrupciones programadas exigen que la refinería haga acopio de combustible para varios meses.

'Este es el mantenimiento más grande y necesario que ha realizado ENAP en sus más de 70 años de vida', explicó Aranis, quien agregó que la operación de dos meses por US$87 millones 'generará, en su punto máximo, una oportunidad de trabajo para cerca de 2.000 trabajadores externos.'

El alarmismo provocó el fin de semana compras de pánico y colas de varias cuadras en las estaciones de servicio del sur de Chile.

Sabiendo muy bien que no había ni una remota posibilidad de desabastecimiento, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, retomó sin embargo los argumentos de la refinería. Declaró que el transporte de combustible es un área 'estratégica' para el país, prometiendo tomar las medidas que sean necesarias para 'mantener el suministro y mantener las carreteras despejadas para ENAP, que es una industria estratégica'.

'Nuestro delegado ha estado en conversaciones con los distintos equipos de trabajadores contratados (y) esperamos que esto tenga una pronta solución', continuó, 'pero indudablemente nuestro gobierno tiene el deber de asegurar el libre tránsito y obviamente el abastecimiento para todo el país'.

Los medios de comunicación informaron de que esto significaba que el gobierno seudoizquierdista-estalinista aplicaría la Ley de Seguridad del Estado, un instrumento de estado policial estrechamente identificado con la dictadura militar para criminalizar todo tipo de oposición social a su gobierno.

Boric respondió que eso era precisamente lo que amenazaba: 'Estamos trabajando primero en el camino, que es el espíritu de nuestro gobierno, que es precisamente el diálogo', dijo.

'Pero, por supuesto, como Estado, tenemos el deber de garantizar el suministro, en este caso de combustible, a todas las zonas del país. Espero que a través del diálogo lleguemos a un acuerdo, de lo contrario el gobierno, por supuesto, tendrá que proceder en consecuencia'.

En sus dos meses de gobierno, ha quedado claro para las masas que los interminables llamamientos de Boric al 'diálogo' son un eufemismo para reprimir la lucha de clases. La clase obrera, la juventud, las comunidades campesinas indígenas y los sectores populares creyeron erróneamente que la elección de un frente de partidos supuestamente de izquierda —el Frente Amplio, el Partido Comunista y otros que conforman Apruebo Dignidad— daría la bienvenida e incluso alentaría una lucha activa para mejorar su posición social.

Esa fue la ilusión que les vendió en este caso la FENATRASUB (Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados), que en septiembre pasado invitó al entonces candidato presidencial Boric a hablar con los trabajadores y le pidió su compromiso de interceder por ellos a cambio de su voto.

'Así nos paga el gobierno', dijo Víctor Sepúlveda el presidente del sindicato. 'El mismo gobierno por el que ustedes votaron hoy nos paga con esto, con represión. Todos los que hoy votaron por Boric están recibiendo esto a cambio para que lo tengan en la memoria de los trabajadores de Chile. Este es el pago de este gobierno. Un gobierno de trabajadores con un discurso falso, en vez de apoyarnos, los reprime'.

Pero al mismo tiempo el sindicato sigue haciendo llamamientos al gobierno para que participe en las negociaciones tripartitas.

A pesar de la represión, los trabajadores se niegan a retroceder y siguen en huelga.

Trabajadores en el piquete antes de la represión policial (crédito: FENATRASUB)

El eje de su demanda es eliminar la brecha entre los trabajadores subcontratados y los de planta a través de la renegociación de un acuerdo marco, que estipula los beneficios que las empresas contratistas deben incluir al inicio del proceso de licitación. En 2021, la refinería impuso un acuerdo que congelaba indefinidamente las condiciones existentes.

Como tantas otras políticas de libre mercado que despojaron a la clase trabajadora de sus derechos y condiciones, la dictadura militar abrió la puerta a la subcontratación en 1975. Pero fue bajo los gobiernos de centro-izquierda de la Concertación que esta forma de empleo se hizo omnipresente en todas las áreas de la economía, incluyendo la minería, la agricultura, la pesca, la construcción y el comercio minorista.

Algunos empleados subcontratados llevan en la empresa desde los años 80, y los ingresos, beneficios y condiciones no han mejorado en 15 años. Incluso carecen de un seguro médico completo, de becas para la escolarización, de bonos de Navidad adecuados y de vacaciones.

Esto se agravó durante la pandemia, cuando ENAP, alegando dificultades financieras, suspendió a los subcontratistas durante tres meses, obligando a estos trabajadores a vivir de sus propios ahorros. Además, a toda la plantilla se le negó el bono de Navidad, un pago indispensable para pasar las fiestas.

Los sindicatos, sin embargo, han hecho todo lo posible para mantener la huelga aislada.

La Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados aglutina a varios sindicatos que representan a cientos de trabajadores subcontratados en ENAP, que, además de Hualpén, tiene refinerías en las regiones de Magallanes y Valparaíso. Sin embargo, estos trabajadores no han sido convocados.

Tampoco los sindicatos que representan a los empleados permanentes de ENAP han apoyado la huelga. Después de guardar silencio durante los primeros días de la huelga, convocada el 2 de mayo, Nolberto Díaz, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo (FENATRAPECH), prácticamente condenó el piquete por considerar que 'pone en riesgo la entrega de los combustibles que la población necesita...' No se puede encontrar un argumento más derechista.

Desde la represión policial, en un acto de cinismo, la propia coalición del gobierno, Apruebo Dignidad, compuesta por el pseudoizquierda Frente Amplio y el estalinista Partido Comunista, han emitido varias declaraciones condenando la acción. Las burocracias sindicales también han salido a hacer declaraciones de apoyo a los trabajadores, sabiendo muy bien que guardar silencio sería consentir la represión policial de un gobierno que ellos promovieron.

Sin embargo, ni la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ni la burocracia sindical anarcosindicalista de oposición, la Central Clasista de los Trabajadores y Trabajadoras (CCTT), han llamado a sus miembros a defender a sus hermanos y hermanas de clase. Hacerlo sería saltarse su propio pellejo.

Han hecho falta dos meses para que el gobierno de Boric haga prácticamente trizas no sólo un acuerdo, sino su credibilidad política entre sectores cada vez más numerosos de la clase trabajadora.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de mayo de 2022)

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