El Partido Socialista por la Igualdad denuncia la ejecución programada de Melissa Lucio en el estado de Texas. Llamamos a los trabajadores y jóvenes en EE.UU. e internacionalmente a organizar protestas para exigir que Lucio no sea ejecutada y la liberen del corredor de la muerte y que se convoque inmediatamente un nuevo juicio para demostrar su inocencia.

Lucio, de 53 años y la madre de 14 hijos, fue sometida a un juicio y condenada a muerte en 2007 bajo el cargo de asesinato de su hija Mariah de dos años. Su caso desenmascara de forma devastadora la podredumbre del “sistema de justicia penal” en Estados Unidos y la brutalidad de la pena capital.

Como ocurre en incontables casos criminales, el camino de Lucio hasta al pabellón de condenados a muerte comenzó con un interrogatorio amenazador e intimidante. Durante casi seis horas, esta mujer mexicana-estadounidense, embarazada con mellizos y poco después de perder a su hijita, fue reprendida y hostigada por los oficiales policiales hasta que obtuvieron la confesión que buscaban. Quizás lo más impactante del caso es que, al examinar la evidencia, no cabe duda de que la niña no fue asesinada, sino que murió como resultado de una caída accidental por unas escaleras.

Cuando Lucio estaba siendo interrogada por los detectives, sus otros hijos (tenía nueve en ese momento) también estaban siendo interrogados y les dijeron a los investigadores que su madre nunca había sido ni abusiva ni violenta.

Los detectives involucrados en el interrogatorio de Lucio en el condado de Cameron utilizaron la “técnica Reid”, un método de interrogatorio desarrollado durante la era de las cacerías de brujas mccarthistas y que sigue siendo utilizado por los departamentos policiales de todo EE.UU. para extraer confesiones falsas. Durante el interrogatorio de Lucio, que se prolongó hasta tarde en la noche, los Rangers de Texas, al menos uno de los cuales estaba armado, le gritaron cerca de la cara que tenía “abundante evidencia” de que ella era la culpable de la muerte de su hija, mientras la obligaban a ver fotografías del cuerpo muerto de su hija.

Los policías cambiaron entonces bruscamente de táctica, asegurándole a Lucio que podría “acabar con esto” si confesaba su culpa. Después de insistir más de 100 veces en que era inocente, empezó a repetir la frase que los agentes le habían transmitido a la fuerza. “No sé qué quieren que diga”, les dijo, y finalmente se derrumbó. “Soy responsable de ello... supongo que lo hice”. Esta confesión ambigua y coaccionada sin escrúpulos fue la prueba central presentada en su juicio por homicidio capital.

Los abogados de Lucio en su juicio de 2008 refutaron las afirmaciones de la fiscalía sobre la causa de la muerte y presentaron el testimonio de un neurocirujano que sugería que Mariah murió de un traumatismo craneal causado por la caída de un tramo inclinado de escaleras exteriores dos días antes de su muerte. El jurado no escuchó que la niña tenía una discapacidad física que la hacía caminar con dificultad.

Después de que se presentara la supuesta confesión de Lucio, el juez de primera instancia se negó a permitir que su defensa presentara un testimonio experto que explicara su historial de toda la vida como víctima de abusos sexuales y violencia doméstica. Sandra Babcock, miembro del actual equipo de defensa de Lucio, declaró a The Guardian que Lucio había sido objeto de agresiones sexuales y abusos físicos desde los seis años, y que se casó a los 16 en un intento de escapar de los abusos. Pero después de casarse, sufrió largos años de abusos domésticos. Estas experiencias contribuirían a su vulnerabilidad ante los inflexibles esfuerzos de los interrogadores por coaccionar su confesión.

En el juicio, Lucio fue procesada por un fiscal de dudosa reputación y representada por un abogado defensor que, en el mejor de los casos, fue ineficaz. El fiscal Armando Villalobos está cumpliendo actualmente una condena de 13 años de prisión por aceptar más de 100.000 dólares en sobornos que influyeron en sus decisiones como fiscal del distrito entre 2006 y 2012. El abogado original de Lucio, Peter Gilman, ahora trabaja para la Oficina del Fiscal del Condado de Cameron.

En 2019, un panel unánime de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito concedió a Lucio un nuevo juicio. Sin embargo, un tribunal de apelaciones completo dividido revocó esta decisión en febrero de 2021. En octubre de 2021, el Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó una petición para conocer su caso, lo que despejó el camino para que el estado de Texas fijara la fecha de su ejecución por inyección letal el 27 de abril.

Lucio lleva ya casi una década y media detenida en condiciones que equivalen a tortura. Como dijo Sabrina Van Tassel, directora de la película El Estado de Texas contra Melissa, en una entrevista al WSWS el año pasado:

No ha tenido ningún contacto físico con nadie durante 13 años, desde que está en el corredor de la muerte. Están en celdas diferentes. Solo se conocen porque hablan a través de las paredes. Se le permite salir al exterior durante una hora, dos veces a la semana. Cada una de estas mujeres tiene un pequeño jardín y así se mantienen cuerdas. Cuando estás en el corredor de la muerte, no se te permite ni siquiera poner una foto en la pared porque tienes que estar preparada para que te maten cualquier día”.

El equipo de defensa de Lucio ha presentado una petición de clemencia ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, en la que se argumenta que las nuevas revisiones periciales de las pruebas de su caso demuestran que la niña murió por una caída accidental por unas empinadas escaleras fuera de la casa de alquiler de la familia. Incluye declaraciones de apoyo de jurados, expertos médicos, activistas contra la violencia doméstica, exonerados, hermanos e hijos de Lucio y otros.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, puede conceder un aplazamiento único de 30 días en un caso de pena de muerte. Abbott solo ha concedido clemencia a un preso condenado desde que asumió el cargo en 2015. Según la ley estatal, el gobernador solo puede conceder el aplazamiento por recomendación mayoritaria de la junta de indultos, formada por personas elegidas a dedo por el propio Abbott.

El gobierno de Biden ha indicado que no intervendrá para pedir a Abbott que detenga la ejecución. Cuando el periódico británico Independent le preguntó a principios de este mes si la Casa Blanca se pronunciaría sobre la ejecución, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió que no tenía “nada que predecir” en el caso.

La concesión de clemencia es poco frecuente en los casos de pena de muerte en Estados Unidos. En promedio, se ha concedido clemencia a menos de dos acusados al año desde 1976, cuando la Corte Suprema restableció la pena capital, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés). Durante este tiempo, se han llevado a cabo más de 1.500 ejecuciones en todo el país.

Si Melissa Lucio es ejecutada el 27 de abril, todos los que participaron en el asesinato de esta mujer –desde los agentes de policía que la interrogaron, hasta los fiscales, la Junta de Indultos y Libertad Condicional, el gobernador Abbott, la Corte Suprema de Estados Unidos y la Casa Blanca de Biden— tendrán su sangre en las manos.

La clase obrera no puede dejar el destino de Lucio en manos de los tribunales capitalistas ni de los políticos de ambos partidos patronales. Los trabajadores y los jóvenes deben organizar protestas y otras acciones para exigir que se le conceda una suspensión de la ejecución y que sea liberada hasta que se realice un nuevo juicio en el que se presente toda la evidencia exculpatoria en su caso para probar su inocencia.

Según el DPIC, el 1 de enero había 2.436 presos languideciendo en los corredores de la muerte en todo Estados Unidos. Hasta la fecha, al menos 187 de los condenados a muerte en Estados Unidos han sido exonerados. Es una certeza que se ha ejecutado a personas inocentes.

La pena capital, apoyada tanto por los demócratas como por los republicanos, no puede hacerse más “justa” o humana: debe ser abolida como una reliquia bárbara y antidemocrática del pasado y prohibida como una violación de las protecciones constitucionales contra los castigos crueles e inusuales.

La lucha por abolir la pena de muerte debe desarrollarse como un movimiento de la clase obrera contra todo el sistema capitalista y el aparato de represión, el cual existe para defenderlo y refleja de forma monstruosa la realidad del dominio de clase en Estados Unidos.

(Publicado originalmente en inglés el 22 de abril de 2022)