Un juez federal en Texas presentó un fallo el martes que confirma una prohibición previa a la huelga de 17.000 conductores e ingenieros de BNSF Railway (Burlington Northern Santa Fe). El fallo original fue emitido el mes pasado, después de que los trabajadores votaran contundentemente a favor de hacer huelga contra la nueva política de asistencia “Hi Viz” de la empresa, un sistema basado en puntos y diseñado a exprimir más el tiempo disponible de la fuerza laboral, además de preparar despidos y recortes de costos.

Casi inmediatamente después, los abogados de BNSF acudieron a los tribunales para bloquear una huelga en virtud de la reaccionaria Ley Laboral Ferroviaria (RLA) de 1926. En la sentencia del martes, el juez Mark Pittman admitió francamente que el propósito expreso de esta ley era prácticamente prohibir las huelgas y “[establecer] un proceso obligatorio y 'prácticamente interminable' de 'negociación, mediación, arbitraje voluntario y conciliación'“.

La orden judicial es un gran ataque a los derechos democráticos de los trabajadores. Equivale a obligar a los trabajadores de BNSF a ir al trabajo a punta de pistola: “¡Cierren la boca! ¡A trabajar!”. No solo prohíbe las huelgas y cualquier paro laboral, sino también “los piquetes, los paros con bajas de enfermedad u otros actos de autoayuda”.

La sentencia no solo es vinculante contra los sindicatos, sino también contra los miembros individuales y “todas las personas que actúen en concierto o participación con cualquiera de ellos”. Los tribunales podrían intentar utilizar este lenguaje para atacar actividades que están claramente protegidas por la Primera Enmienda, incluyendo a los trabajadores que hablan entre ellos o incluso que leen sobre su lucha en el World Socialist Web Site.

Ante el resurgimiento masivo de la lucha de clases, impulsado por la propagación descontrolada del COVID-19 en los lugares de trabajo, la inflación desbocada y los horarios de trabajo imposibles, la clase gobernante capitalista está reviviendo todos los métodos antidemocráticos que utilizó para aplastar la resistencia de los trabajadores en generaciones anteriores.

Esto incluye tanto las amenazas de la gerencia como la intervención directa del Estado. Los hospitales y las escuelas se han mantenido abiertos este invierno mediante el uso de tropas de la Guardia Nacional e incluso de policías como esquiroles. Un juez de Wisconsin emitió este año una orden judicial contra los trabajadores de la salud que abandonen sus puestos de trabajo, alegando el “interés público”.

El juez Pittman justificó su sentencia original declarando igualmente que prohibir una huelga en nombre de las cadenas de suministro también era de “interés público”. En otras palabras, los derechos de los trabajadores, incluido su derecho a la huelga y su derecho a la libertad de expresión según la Primera Enmienda, se declaran inferiores al supuesto “derecho” de las empresas a obtener ganancias.

El afán de la firma Berkshire Hathaway y los demás propietarios en Wall Street de los ferrocarriles de clase I por exprimir hasta el último céntimo mediante recortes de puestos y otras medidas ha llevado a las cadenas de suministro de los ferrocarriles a condiciones deplorables, sufriendo descarrilamientos y accidentes mortales con regularidad y retrasos de horas e incluso días.

Pero la referencia a la inviolabilidad de las “cadenas de suministro” tiene otro significado más dados los avanzados planes de la Administración de Biden de irse a la guerra con Rusia en relación con Ucrania. El objetivo de esta campaña es intentar suprimir las enormes tensiones sociales en casa y dentro de Washington mediante una avalancha de propaganda patriótica y belicista, reforzando la “unidad nacional” y poniendo a la sociedad estadounidense en pie de guerra.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, lo expresó con la mayor contundencia en sus comentarios del año pasado. Refiriéndose a la posibilidad de un conflicto con China, cuando declaró: “El nuevo desafío de China nos brinda la oportunidad de unirnos por encima de la división política. Al menos la mitad de la batalla está en casa”.

Hay una asombrosa hipocresía en la profunda preocupación que Washington profesa por los derechos nacionales de Ucrania mientras ataca salvajemente los derechos democráticos de los trabajadores en casa.

Los sindicatos corruptos y proempresariales son fundamentales para la estrategia de Biden. Los sindicatos BLET (Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen) y SMART-TD (International Association of Sheet Metal, Air, Rail and Transportation Workers-Transportation Division) de BNSF, obviamente conscientes de la profunda oposición y frustración entre los trabajadores ferroviarios, emitieron una carta criticando el fallo pero pidieron a los trabajadores que dejaran que el proceso se se llevara a cabo. Sin embargo, como admitió el propio juez Pittman, todo el proceso legal establecido por la RLA y otras leyes laborales está diseñado de principio a fin para beneficiar a las empresas.

Ni siquiera se respetan los derechos contractuales de los trabajadores en este marco. A BNSF se le permitió cambiar unilateralmente su política de asistencia sin siquiera la pretensión de negociar. Los abogados de BNSF se regodearon arrogantemente en el tribunal de que ningún juez había permitido que los trabajadores hicieran huelga en más de tres décadas. Compararon la oposición de los trabajadores a la política Hi Viz con Don Quijote luchando contra los molinos de viento. Los sindicatos aconsejan a los trabajadores a tener paciencia y fe en este proceso, pero los trabajadores de BNSF llevan más de dos años sin contrato.

Sin embargo, las leyes no solo benefician a las empresas, sino que también protegen a los sindicatos contra la oposición de las bases. A pesar de sus tibias críticas a la sentencia, no cabe duda de que los burócratas sindicales la han acogido con satisfacción porque la orden judicial les da municiones contra los trabajadores militantes.

El fallo pone en evidencia la pretensión de Biden de ser el presidente más “prosindical de la historia de Estados Unidos”. Biden quiere en todas partes el mismo tipo de “movimiento sindical” controlado por el Estado que ha existido por muchas décadas en la industria ferroviaria.

Los sindicatos existentes son criaturas del Estado que dependen del apoyo estatal para su propia existencia. Hace cuatro años, esta relación fue quedó constatada durante las declaraciones de un abogado sindical que argumentaba ante el Tribunal Supremo a favor de las leyes que obligan a los trabajadores públicos no sindicalizados a pagar el equivalente a las cuotas. Declaró que “la seguridad para los sindicatos es la compensación de que no haya huelgas”, y advirtió al tribunal que, sin los servicios de los sindicatos, “se puede despertar un espectro incalculable de disturbios laborales en todo el país”.

Los trabajadores necesitan los medios para formular una estrategia sin la intimidación de la burocracia sindical, de forma independiente de todo el marco corporativista obrero-patronal-sindical en el que están incrustados los sindicatos.

Esto significa la expansión del Comité de Base de los Trabajadores de BNSF, que emitió su declaración fundacional la semana pasada. El objetivo del comité, explicó la declaración, es formar “una fuente de poder alternativa contra la gerencia, los burócratas sindicales acomodados y el 'gobierno por orden judicial'“.

Pero sobre todo, los ataques del Gobierno demuestran la necesidad de construir un movimiento político socialista dentro de la clase obrera contra el sistema capitalista. La orden judicial y otras medidas similares muestran a los trabajadores que no están luchando contra una u otra empresa codiciosa, sino contra el propio sistema de lucro y el Gobierno capitalista que lo defiende.

(Publicado originalmente en inglés el 24 de febrero de 2022)