Ante la ola internacional de ómicron, los Gobiernos capitalistas de todo el mundo están dejando de pretender que intentan contener este mortal virus o incluso mitigar sus peores efectos. Abiertamente, su política declarada es permitir que haya contagios masivos indefinidamente, lo que se traduce a olas continuas de enfermedad y muerte a nivel global, algo sin precedentes fuera de tiempos de guerra.

El cambio en la situación global se refleja claramente en os países que habían suprimido previamente la transmisión a través de medidas de salud pública pero han adoptado desde entonces un programa de “vivir con el virus”.

Australia es un caso evidente. En los primeros dos años de la pandemia, hasta el último 15 de diciembre, había registrado solo 235.000 casos. En las cinco semanas y media desde entonces, ha habido 1,9 millones de casos confirmados en un país con una población de 25 millones.

A fines de julio del año pasado, es decir, en aproximadamente los primeros 18 meses de la crisis de COVID, el total de casos era 32.000. En la actualidad, se registran oficialmente dos o tres veces tantos casos a diario, variando entre 70.000 y 100.000 infecciones. Ante tal transmisión fuera de control, los epidemiólogos advierten que los números de casos reales podrían ser varias veces mayores.

La presencia del virus se ha generalizado en los estados más grandes de New South Wales (NSW) y Victoria, y los oficiales gubernamentales declaran que probablemente todos contraigan COVID o se expongan a este. Sin embargo, el cambio más impactante ocurre en aquellos estados que previamente habían tenido poca o ninguna transmisión. Por ejemplo, Queensland, con una población de cinco millones, tan solo había registrado 2.000 casos en toda la pandemia hasta mediados de diciembre y siete muertes. En las últimas seis semanas, ha registrado más de 300.000 contagios y 88 muertes.

La cifra cada vez mayor de muertes constituye un fenómeno nacional, refutando las afirmaciones de que ómicron es “leve” y que los casos severos y las muertes se habían “desacoplado” de las infecciones. En las primeras tres semanas de este año, hubo más de 800 muertes, comparado a 2.200 en los dos años anteriores, pero los doctores advierten que estas tragedias son solo una muestra de lo que se avecina.

Al igual que sus homólogos internacionales, loas autoridades australianas presentan las muertes como inevitables y la propagación desenfrenada de ómicron como un acto de Dios, sobre el cual no tienen ningún control. Su objetivo es encubrir el hecho de que la catástrofe actual es el resultado de su desmantelamiento de las medidas básicas de salud pública y así crear las condiciones para que las corporaciones lucren sin restricciones.

En Australia, la eficacia de las medidas de salud pública no es una cuestión teórica. Las bajas infecciones y muertes de los dos primeros años de la pandemia, en comparación con las catástrofes de Europa, Estados Unidos y otros lugares, fueron el resultado de las pruebas, el rastreo de contactos, el aislamiento y las medidas de confinamiento que contaron con un apoyo popular masivo.

Los Gobiernos australianos no aplicaron estas políticas porque se preocuparon generosamente por la salud pública. En las primeras fases de la pandemia, rechazaron un programa con base científica para tratar de eliminar el virus, alegando que sería demasiado “costoso”. Sin embargo, bajo la intensa presión de la clase trabajadora, especialmente de sectores clave como el personal sanitario y los profesores, adoptaron una política de “fuerte supresión” en medio de los brotes.

Si bien los Gobiernos adoptaron estas medidas a regañadientes, con retraso y con un sinfín de exenciones favorables a las empresas, las medidas de supresión y confinamiento lograron en repetidas ocasiones sofocar los brotes del virus. A pesar de no ser su objetivo declarado, estas políticas eliminaron la transmisión al menos una vez en cada jurisdicción australiana, en algunos casos durante largos periodos.

A mediados del año pasado, la élite empresarial y sus representantes políticos, que durante mucho tiempo habían protestado la “adicción a los confinamientos”, aprovecharon la aparición de delta para afirmar que las políticas anteriores ya no eran viables. En julio y agosto, todos los Gobiernos del país, tanto bajo los laboristas como bajo los liberales-nacionales, adoptaron una estrategia para acabar definitivamente con las restricciones sanitarias, a partir de una serie de objetivos arbitrarios de vacunación.

Los Gobiernos ignoraron las advertencias de los epidemiólogos de que la inoculación, por crítica que fuera, no puede acabar con la pandemia por sí sola. No siguieron los consejos a favor de la salud, sino los de los negocios, resumidos en una carta de 80 de las mayores empresas del mundo, publicada por el Financial Times, en la que se declaraba que Australia debía “abrirse”.

Con esta “reapertura” ya en marcha, la élite gobernante australiana respondió a la aparición de ómicron con regocijo. Menos de una semana después de que se identificara la nueva variante en un laboratorio sudafricano, el director médico de Australia, Paul Kelly, como un bombero convertido en pirómano, declaró que la propagación masiva de ómicron sería su “regalo de Navidad número uno”.

Cuando la nueva variante ya circulaba por la comunidad, el Gobierno de Nueva Gales del Sur celebró un “Día de la Libertad” el 15 de diciembre, fomentando la asistencia masiva a clubes nocturnos y otros eventos superpropagadores y poniendo fin a todas las restricciones, incluso a la de llevar mascarillas en interiores. El Gobierno laborista de Victoria adoptó políticas similares, mientras que los estados y territorios que se mantenían libres de COVID abrieron sus fronteras, dando literalmente la bienvenida a ómicron.

Las afirmaciones de los Gobiernos de que esto marcaría el comienzo de una nueva era de “libertad” y una “vuelta a la normalidad” quedaron expuestas como las justificaciones falsas de un crimen social masivo contra la población. El sistema de pruebas, dominado por las empresas privadas que reciben enormes subvenciones del Gobierno, se vino abajo en pocas semanas. Los hospitales atraviesan su peor crisis en 100 años. A los pacientes con cáncer y afecciones cardíacas potencialmente mortales ya se les está diciendo que su tratamiento se pospondrá indefinidamente.

La lucha contra la pandemia adopta cada vez más directamente la forma de una lucha de clases.

Las advertencias desesperadas de los trabajadores sanitarios sobre el colapso del sistema hospitalario se desestiman como “alarmistas”. El primer ministro Scott Morrison declaró la semana pasada que es tal la transmisión en los lugares de trabajo, que el 10 por ciento de toda la plantilla nacional podría verse fuera del trabajo en un momento dado. La respuesta oficial es obligar a los trabajadores que han estado expuestos al virus y podrían estar infectados a permanecer en sus puestos de trabajo.

Morrison advirtió que las clases a distancia añadirían otro “cinco por ciento de absentismo a la plantilla”, por lo que las escuelas deben reabrirse a finales de este mes y principios del próximo para garantizar que los padres puedan ir a sus peligrosos lugares de trabajo. En Nueva Gales del Sur y Victoria ya se está reuniendo una plantilla de reemplazo, compuesta por estudiantes universitarios y educadores jubilados en situación de vulnerabilidad, en previsión de que miles de profesores se vean afectados por la enfermedad.

Existe una oposición masiva, que se expresa en una hostilidad generalizada a la reapertura de las escuelas y en los primeros atisbos de acciones industriales. Los Gobiernos y los jefes de las empresas se lamentan de los intentos de los ciudadanos de instituir un “confinamiento en la sombra”, permaneciendo lo más aislados posibles

La ola ha demostrado que la lucha contra la pandemia requiere una lucha contra toda la élite política, incluidos los sindicatos, que están haciendo todo lo posible para mantener a los trabajadores en el trabajo y suprimir la oposición. Deben crearse comités de base en todos los centros de trabajo para luchar por las medidas necesarias para poner fin a toda transmisión, incluyendo el cierre inmediato de las industrias no esenciales, con una indemnización completa para los trabajadores y pequeños empresarios afectados, y clases en línea.

Los acontecimientos en Australia tienen una relevancia internacional, ya que demuestran que el periodo en el que los Gobiernos capitalistas seguían una vía intermedia de mitigación ha terminado. Nueva Zelanda, uno de los pocos países capitalistas que ha adoptado una estrategia de eliminación, la ha abandonado, y la primera ministra Jacinda Ardern ha declarado que la propagación de ómicron es inevitable, incluso antes de que la nueva variante entre en la comunidad. La exitosa política de Cero COVID en China es implacablemente denunciada y vilipendiada por los Gobiernos de todo el mundo y los medios de comunicación corporativos.

Estas experiencias en Australia subrayan el hecho de que la pandemia no puede acabarse en un solo país; que la vacunación por sí sola no es suficiente para acabar con la transmisión; y que las medidas de salud pública, anteriormente aplicadas y ahora abandonadas, son decisivas.

Sobre todo, demuestran que la lucha por la eliminación del virus requiere un movimiento internacional de la clase obrera, armado con conocimientos científicos y políticos. Las medidas de salud pública necesarias, incluido el cierre de las industrias no esenciales, son bloqueadas con el argumento de que repercutirían en las ganancias de las empresas. Esto no hace más que reforzar la idea de que hay que abolir el capitalismo, poner los grandes bancos y las empresas bajo propiedad pública y reorganizar la sociedad según criterios socialistas para satisfacer las necesidades sociales.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de enero de 2022)