Los documentos oficiales obtenidos por la abogada Kellie Tranter en virtud de una serie de solicitudes de libertad de información (FOI) han expuesto en detalle el conocimiento y la complicidad del gobierno australiano en la negación de los derechos humanos, democráticos y legales fundamentales del editor de WikiLeaks, Julian Assange.

El material, recopilado en una línea de tiempo producido por Tranter y presentado en un artículo de Grayzone por Kit Klarenberg a principios de este mes, demuestra que altos funcionarios australianos han sido informados repetidamente, por Assange y otros, del deterioro de su condición médica y ataques a sus derechos básicos.

Sin embargo, públicamente los ministros del gobierno, junto con la oposición laborista, continuaron insistiendo en que todo estaba bien con Assange. Han proclamado su 'respeto' por el proceso legal británico, ya que supervisa su detención indefinida en una prisión de máxima seguridad sin cargos, y facilita una solicitud de extradición a Estados Unidos destinado a encerrar a Assange para toda la vida por el 'crimen' de exponer guerras ilegales de Estados Unidos, vigilancia masiva y conspiraciones diplomáticas.

Los cables tratan sobre el período posterior al brutal arresto de Assange por parte de la policía británica el 11 de abril de 2019. El gobierno ecuatoriano puso fin ilegalmente al estatus de Assange reconocido internacionalmente como refugiado político, ya que cultivó mayores vínculos con Estados Unidos. La administración de Trump reveló de inmediato una acusación contra el fundador de WikiLeaks por actividades de publicación, reivindicando sus advertencias por una década, y Assange fue llevado a la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, conocida como la bahía británica de Guantánamo.

La primera correspondencia, de abril de 2019, detalla las advertencias de Assange y su abogado Gareth Pierce a los funcionarios del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (DFAT) de que las posesiones del fundador de WikiLeaks en la embajada estaban en el poder de las autoridades ecuatorianas.

DFAT se pondría en contacto con las autoridades ecuatorianas sobre esto. Pero cuando se les informó en mayo de 2019 que las posesiones de Assange estaban 'bajo la autoridad y jurisdicción del Sistema Judicial de la República del Ecuador', los funcionarios australianos declararon que no tenían poder para intervenir. Como había advertido Assange y WikiLeaks, las posesiones, incluyeron los documentos legales privilegiados, que se entregarían a Estados Unidos, ya que buscaba la extradición y el enjuiciamiento de Assange.

Otras cuestiones planteadas por Assange y sus abogados en abril de 2019 incluyeron la tardanza de la administración de Belmarsh en la organización del tratamiento para un problema dental prolongado y las draconianas condiciones del confinamiento de Assange.

El 18 de abril, Pierce escribió a DFAT: “Además de plantear la preocupación particular sobre la urgente necesidad de que lo vea un dentista, agradeceríamos su intervención en relación con el régimen actual bajo el cual se encuentra recluido, de aislamiento en una sola celda durante 23 horas al día. Somos conscientes de que Assange ya está afectado por los años que pasó en la Embajada'. Mientras DFAT estuvo en contacto repetido con Belmarsh, las condiciones permanecerían durante la sentencia de casi seis meses de Assange por delitos de fianza inventada.

Los documentos más significativos se relacionan con el fuerte deterioro de la salud de Assange, que comenzó en mayo de 2019 y continuó durante los meses siguientes. Tranter resume un informe del DFAT del 17 de mayo sobre una visita de funcionarios australianos a Belmarsh: “Assange expresó su preocupación por sobrevivir al proceso actual y teme que muera si lo llevan a los Estados Unidos ... Los funcionarios consulares notaron que parecía haber perdido peso ... Assange declaró que no había podido comer durante un largo período y que ahora solo estaba comiendo pequeñas cantidades de comida ... '

Al día siguiente, el 18 de mayo, Assange fue trasladado al ala médica de Belmarsh, después de que una revisión de la prisión descubriera que tenía dificultades para controlar los pensamientos de autolesión y suicidio.

El 20 de mayo, hubo una entrada en el archivo consular australiano de Assange que fue redactado por completo cuando se entregó a Tranter. El día 30, una entrada citó un tuit de WikiLeaks ese día, anunciando el traslado de Assange a la ala médica y expresando serias preocupaciones por su salud. El mismo día, los funcionarios del DFAT en Canberra escribieron a sus colegas en Londres: “WikiLeaks tuiteó hoy que Assange ha sido trasladado a la sala de salud y que tiene 'graves preocupaciones' por su salud. Agradecido mensaje contacte a la prisión e intente determinar la veracidad del informe y obtener una actualización sobre su salud y bienestar”.

Luego, el 1 de mayo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, emitió un informe explosivo, encontrando que Assange había sido víctima de tortura psicológica médicamente verificable. Melzer denunció la persecución de Assange durante una década por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y Suecia como responsable de las condiciones médicas de Assange, y condenó un 'acoso público' del fundador de WikiLeaks por parte de las principales potencias y gran parte de los medios corporativos.

Melzer escribió que Australia fue cómplice de la tortura psicológica, dado su abandono del fundador de WikiLeaks. También afirmó que el confinamiento en curso de Assange, en condiciones draconianas y en una prisión de máxima seguridad, constituía una continuación de la tortura estatal.

Ese mismo día, DFAT publicó un comunicado rechazando el hallazgo. “El gobierno australiano es un firme defensor de los derechos humanos y un firme defensor del trato humano en el curso de los procesos judiciales. Confiamos en que el señor Assange está siendo tratado adecuadamente en la prisión de Belmarsh”, declaró.

La declaración hizo referencia a los intercambios anteriores entre Assange, DFAT y las autoridades de Belmarsh sobre sus problemas dentales y otros, declarando que DFAT había 'planteado previamente cualquier problema de salud identificado con las autoridades de la prisión de Belmarsh y que se han abordado'. Señaló que se habían realizado consultas con Belmarsh sobre los informes del día anterior de que Assange había sido transferido al ala médica, pero 'debido a las consideraciones de privacidad que extendemos a todos los clientes consulares, no revelaremos más detalles relacionados con el examen físico del Sr. Assange o su salud mental'.

Esta fue una elusión cínica. Los archivos obtenidos por Tranter muestran que desde el 30 de mayo, los funcionarios australianos se comunicaron repetidamente con Belmarsh durante seis días seguidos. Sus preguntas fueron ignoradas. En otras palabras, cuando emitió su declaración de confianza en el tratamiento de Assange en Belmarsh, las autoridades penitenciarias estaban ignorando al DFAT, que no le estaban proporcionando ninguna información sobre la crisis médica de Assange.

A pesar de los obstáculos, el gobierno australiano no intervino para determinar el estado médico de Assange ni para asegurarse de que estaba recibiendo el tratamiento adecuado.

Durante los meses siguientes, las apelaciones de la familia y los abogados de Assange para una intervención del gobierno australiano fueron rechazados, incluso para obligar a Belmarsh a permitir una evaluación médica independiente.

El 21 de octubre de 2019, Assange asistió a una audiencia judicial previa al juicio, y los observadores se sorprendieron por su apariencia frágil y confusión, incluso en respuesta a preguntas básicas. Un informe del DFAT no dijo nada sobre el deterioro de Assange.

Después, Pierce escribió a la Alta Comisión de Australia en Londres, advirtiendo de una 'crisis inminente' de la salud de Assange. Señaló que “estaba claro para todos los que estaban presentes en el tribunal observar (y fue informado por la mayoría de la prensa presente) que el señor Assange se encuentra en condiciones sorprendentemente malas y que él, una persona de gran inteligencia, está luchando no solo para sobrellevar la situación sino para articular lo que desea articular'. Se ignoraron las advertencias a la prisión sobre la salud de Assange.

El 1 de noviembre, los funcionarios del DFAT se reunieron con Assange. El fundador de WikiLeaks condenó a la entonces ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Marise Payne, por afirmar públicamente que lo trataban como a todos los demás prisioneros. Según el informe consular sobre la reunión: “Assange declaró que sufría de privación sensorial y que se estaba muriendo. Dijo que su estado psicológico era tan malo que su mente se estaba apagando'. En el período previo a las audiencias de extradición, Assange 'dijo que no tenía acceso a una computadora, no tenía bolígrafo y, por lo tanto, no podía escribir ni hacer ninguna investigación para preparar su defensa'.

Sin embargo, después de la visita, ni el DFAT ni el gobierno australiano intentaron alterar las condiciones de Assange de ninguna manera. En diciembre, el grupo Doctors4Assange, compuesto por cientos de expertos médicos, escribieron al gobierno australiano condenando su inacción y exigiéndole que interviniera para asegurar el traslado de Assange a un hospital universitario de aprendizaje.

La declaración, que también fue enviada al Partido Laborista, quedó sin respuesta durante meses. En marzo de 2020, un representante de DFAT respondió a un seguimiento de los médicos expresando su confianza en que el tratamiento de Assange en Belmarsh fue 'apropiado'; que recibiría el 'debido proceso'; y las autoridades australianas no pudieron hacer nada.

Los documentos obtenidos por Tranter son en sí mismos una demostración de lo que Melzer identificó correctamente como la complicidad del gobierno australiano en la tortura de Assange. Con su falta de reaccionar a la crisis médica de Assange a fines de 2019, el gobierno australiano y los laboristas indicaron claramente que permanecerían al margen y observarían, incluso si su persecución resultara en la muerte del fundador de WikiLeaks.

Como ha explicado repetidamente el WSWS, el gobierno australiano tiene una clara responsabilidad política y legal de intervenir en defensa de los ciudadanos que son objeto de persecución en el extranjero. El hecho de que no lo haya hecho en el caso de Assange está relacionado con la alianza entre Estados Unidos y Australia y el ataque cada vez más intenso de la élite gobernante australiana hacia los derechos democráticos en respuesta a la creciente oposición social y política contra la guerra, la desigualdad y el autoritarismo. Los documentos muestran que un gobierno australiano solo mantendrá su responsabilidad de intervenir en defensa de Assange, si se ve obligado a hacerlo por un movimiento de masas desde abajo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de noviembre de 2021)